STC208-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC208-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04451-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Oscar Dar\u00edo Molina contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el Juzgado Penal del Circuito de Fredonia y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la salvaguarda constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y dignidad humana, y de los principios de presunci\u00f3n de inocencia, favorabilidad y legalidad, que dice vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se le ordene a la Procuradur\u00eda accionada \u00abdar respuesta de fondo a [su] solicitud de mecanismo de insistencia e interponer el mismo ante la Corte Suprema de Justicia dentro del tr\u00e1mite de demanda de casaci\u00f3n\u2026\u00bb; as\u00ed como a la Sala de Casaci\u00f3n querellada \u00abadmitir la demanda de casaci\u00f3n interpuesta\u2026 por cumplirse a cabalidad con los requisitos legales exigidos para ello, especialmente lo establecido en el numeral 1 del art\u00edculo 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u2026\u00bb; y, en caso de \u00abno acceder a las peticiones incoadas\u2026 se ordene dejar sin validez ni efecto la sentencia de primera instancia\u2026 confirmada parcialmente\u2026 por el Tribunal Superior\u2026 por ser flagrante y evidentemente contrarias a la Constituci\u00f3n de 1991, los principios generales del derecho\u2026, las normas penales aplicables\u2026 y los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia especialmente la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso penal adelantado contra Oscar Dar\u00edo Molina, el Juzgado Penal del Circuito de Fredonia profiri\u00f3 sentencia el 23 de agosto de 2017, en la que lo conden\u00f3 a la pena de 68 meses de prisi\u00f3n por la comisi\u00f3n del punible de inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos. Esta decisi\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En fallo de 18 de diciembre de 2017 la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia modific\u00f3 la pena a 64 meses, confirm\u00f3 el inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n del contrato de dos murales y lo absolvi\u00f3 respecto de los dem\u00e1s por los que hab\u00eda sido condenado en primer grado. Esta determinaci\u00f3n fue recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Con prove\u00eddo de 7 de septiembre de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda, por lo que el accionante present\u00f3 mecanismo de insistencia, pero la Procuradur\u00eda no accedi\u00f3 a la misma. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que se desempe\u00f1\u00f3 como Concejal Municipal de Amag\u00e1 durante 8 a\u00f1os, siendo Presidente de ese ente en 3 ocasiones; y que en 2011 se inscribi\u00f3 como candidato para la Alcald\u00eda Municipal. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que en cumplimiento de sus facultades como concejal y presidente deb\u00eda participar en m\u00faltiples actividades; que fue investigado por la Procuradur\u00eda y Contralor\u00eda por presuntamente usar bienes p\u00fablicos con finalidades electorales y por la celebraci\u00f3n de contratos, tr\u00e1mites en los que fue absuelto por no encontrarse anomal\u00eda alguna. <\/p>\n
2.6. Adujo que cuando se dio apertura a la investigaci\u00f3n disciplinaria se compulsaron copias a la Fiscal\u00eda, la que inici\u00f3 el tr\u00e1mite penal; que la recolecci\u00f3n de evidencias fue mediocre y se efectu\u00f3 la acusaci\u00f3n en su contra; que no se demostr\u00f3 su presunta responsabilidad; y que si bien se hicieron unos murales, en estos no se plasm\u00f3 el slogan de su campa\u00f1a. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que el a-quo lo conden\u00f3 porque supuestamente tuvo inter\u00e9s en cinco contratos y lo absolvi\u00f3 de dos, decisi\u00f3n que fue ama\u00f1ada y caprichosa; que el Tribunal revoc\u00f3 la mayor\u00eda de los cargos, pero ratific\u00f3 el contrato atinente a la elaboraci\u00f3n de dos murales; y que los argumentos de segunda instancia eran infundados, gaseosos, falsos e irresponsables. <\/p>\n
2.8. Refiri\u00f3 que fue condenado de forma arbitraria, temeraria, subjetiva y sin pruebas; que interpuso la casaci\u00f3n desde el 2017, pero se neg\u00f3 el estudio de fondo, sin que se le otorgaran las garant\u00edas para la defensa de sus derechos menoscabados en los fallos de instancia, m\u00e1s cuando cumpl\u00eda con todos los requisitos para que se admitiera la casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.9. Asever\u00f3 que la Procuradur\u00eda no accedi\u00f3 a la insistencia, no ahond\u00f3 en el estudio del asunto y no resolvi\u00f3 todos los t\u00f3picos que plante\u00f3; que no contaba con otro mecanismo de defensa; que se incurri\u00f3 en defecto procedimental y f\u00e1ctico, en decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, en desconocimiento del precedente y en violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2.10. Manifest\u00f3 que se configuraba una v\u00eda de hecho, pues se le impuso una pena degradante y desproporcional; que el proceso fue tendencioso, subjetivo y con \u00e1nimo de hacerle da\u00f1o; y que hubo un procedimiento irregular, con vac\u00edos y falencias. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Coordinaci\u00f3n de los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema inform\u00f3 que como la casaci\u00f3n fue inadmitida el asunto no fue asignado a ning\u00fan fiscal de esa dependencia. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia refiri\u00f3 que se hab\u00edan respetado los derechos del accionante; y que remit\u00eda copia de la actuaci\u00f3n desplegada. <\/p>\n
3. El Juzgado Penal del Circuito de Fredonia remiti\u00f3 el expediente censurado. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda Tercera Delegada para Casaci\u00f3n Penal adujo que el procesado no tuvo en cuenta los requisitos de la ley, pues incurri\u00f3 en yerros de argumentaci\u00f3n y no present\u00f3 debate jur\u00eddico alguno frente a las razones que tuvo en su momento la Sala de Casaci\u00f3n Penal convocada para inadmitir la demanda, sino que por el contrario se limit\u00f3 a usar los mismos fundamentos expuestos; que la decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n esbozada fue adecuada y los fallos de instancia no menoscabaron los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
5. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que no se identific\u00f3 la relevancia constitucional, sino que se pretend\u00eda que el fallador abordara un juicio de correcci\u00f3n de la sentencia criticada; que la tutela no era una instancia adicional; que los aspectos referidos por el gestor fueron considerados por el Tribunal y en el auto inadmisorio de la demanda de casaci\u00f3n, empero, no se acredit\u00f3 la totalidad de los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
6. La Procuradur\u00eda Provincial de Instrucci\u00f3n de Amag\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso disciplinario iniciado contra el accionante, en el que fue absuelto de responsabilidad. <\/p>\n
7. La Procuradur\u00eda 204 Judicial I Penal asever\u00f3 que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alguna; y que solicitaba que se declarara improcedente el resguardo impetrado. <\/p>\n
8. La Fiscal 42 de la Unidad de Fiscal\u00eda Delegada ante los Jueces Promiscuos Municipales de Fredonia indic\u00f3 que no vulner\u00f3 ninguna prerrogativa esencial, pues no era la titular del caso, no adelant\u00f3 la investigaci\u00f3n y la \u00fanica audiencia a la que asisti\u00f3 fue suspendida. <\/p>\n
9. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la Sala de Casaci\u00f3n Penal acusada, en el prove\u00eddo de 7 de septiembre de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026Los diversos cargos de la demanda examinada no re\u00fanen los requisitos m\u00ednimos de orden formal necesarios para su estudio de fondo, ni satisfacen los presupuestos b\u00e1sicos de orden sustancial para la realizaci\u00f3n de los fines del recurso, motivo por el cual ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
En el primer cargo el actor denuncia a trav\u00e9s de la causal segunda del art\u00edculo 181 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, el desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa, por haber decretado el Tribunal la nulidad parcial de la sentencia\u2026 <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, la nulidad procede cuando se vulneran los postulados de validez que legitiman el ejercicio de la facultad sancionatoria del Estado, si se constatan, adem\u00e1s, los principios que le dan viabilidad al instituto, definidos por la Corte de la siguiente manera\u2026 <\/p>\n
La nulidad planteada por el recurrente desatiende estos fundamentos, tambi\u00e9n choca estrepitosamente con importantes principios que rigen el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, espec\u00edficamente los de inter\u00e9s para recurrir, correcci\u00f3n material y trascendencia. <\/p>\n
Rep\u00e1rese que la extensa argumentaci\u00f3n de la censura no se preocupa por exponer el origen de la determinaci\u00f3n que el actor cuestiona en el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Sucede que la defensa del acusado en la apelaci\u00f3n de la sentencia, fundamentalmente cuestion\u00f3 la labor de la Fiscal\u00eda en el juicio, pues, afirm\u00f3, no logr\u00f3 demostrar importantes hechos de la teor\u00eda del caso y, por tanto, fracas\u00f3 en su pretensi\u00f3n condenatoria\u2026 De igual manera aleg\u00f3\u2026 <\/p>\n
En respuesta a los cuestionamientos del recurrente el Tribunal, en primer lugar, abord\u00f3 el defecto de motivaci\u00f3n denunciado, sobre el cual manifest\u00f3\u2026 <\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, el Tribunal, teniendo en cuenta que es deber de todo servidor judicial pronunciarse integralmente en relaci\u00f3n a lo pedido por las partes, d\u00e1ndoles a conocer las razones de hecho y de derecho por las que se comparten o no sus peticiones, consider\u00f3 que proced\u00eda decretar la nulidad parcial de la sentencia, de manera que el juez de conocimiento tuviera oportunidad de exponer las razones que conducen a predicar, de ese espec\u00edfico convenio, la configuraci\u00f3n del delito de inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos que, en concurso con los restantes comportamientos, se le imput\u00f3 al acusado. <\/p>\n
En los t\u00e9rminos referidos, el Tribunal no hizo cosa diferente que atender el reclamo del defensor y dispuso enmendar el error a trav\u00e9s de la nulidad parcial de la sentencia, medida que, seg\u00fan el art\u00edculo 53-2 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, conduce al rompimiento de la unidad procesal. <\/p>\n
En esas condiciones, el cargo debe inadmitirse por cuanto desconoce el principio de correcci\u00f3n material, acorde con el cual las razones, fundamento y contenido del ataque deben corresponder en un todo con la realidad procesal y el contenido de la sentencia cuestionada, deber imposible de suplir a trav\u00e9s de manifestaciones subjetivas, gen\u00e9ricas e indemostradas como las que enuncia el actor en este caso, seg\u00fan las cuales la nulidad parcial decretada a instancia de la defensa y por el imperativo de asegurar los derechos del acusado, carece de motivaci\u00f3n y desconoce los principios de non bis in \u00eddem e in dubio pro reo, propuesta igualmente insostenible desde la \u00f3ptica del principio de protecci\u00f3n en materia de nulidades. <\/p>\n
Profundizando en el tema, t\u00e9ngase en cuenta que la estructuraci\u00f3n del cargo tampoco alude c\u00f3mo, a pesar de la liviandad de los argumentos de apelaci\u00f3n, el Tribunal valor\u00f3 en los planos sustancial y procesal, cada conducta involucrada en el concurso de delitos por el que fue condenado en primera instancia el procesado Oscar Dar\u00edo Molina. El examen de la segunda instancia deriv\u00f3 en que la condena dispuesta contra el procesado se mantuvo s\u00f3lo por una de los delitos que conformaban el concurso materia de acusaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Todo lo anterior, pone de presente como raz\u00f3n adicional para la inadmisi\u00f3n del cargo, la falta de inter\u00e9s para recurrir, tema en torno al cual la jurisprudencia de la Sala tiene establecido que\u2026, situaci\u00f3n evidente en este caso en el que parad\u00f3jicamente el actor repudia la decisi\u00f3n que solicit\u00f3 del Tribunal. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a los errores de postulaci\u00f3n se\u00f1alados, la censura no ser\u00e1 admitida a tr\u00e1mite. <\/p>\n
Sobre el segundo cargo en el que se denunciaba la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial mediante un error de hecho por falso juicio de identidad, puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026El actor se aparta de estos postulados y su propuesta desatendi\u00f3 la naturaleza del reparo formulado. En lugar de evidenciar la forma como el Tribunal deform\u00f3 el contenido de las aludidas fotograf\u00edas, se empe\u00f1a en cuestionar el valor probatorio que les otorg\u00f3 el juez colegiado, de modo que traslada la cr\u00edtica al proceso de ponderaci\u00f3n probatoria, obviando que ese tipo de censuras deben proponerse por la v\u00eda del falso raciocinio y no a trav\u00e9s del falso juicio de identidad seleccionado. <\/p>\n
En esas condiciones, los argumentos de sustentaci\u00f3n no est\u00e1n dirigidos a demostrar la deformaci\u00f3n de las pruebas, sino a censurar la apreciaci\u00f3n o el m\u00e9rito que les confiri\u00f3 el juzgador para condenar al acusado en su condici\u00f3n de autor del delito de inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos, sin demostrar ninguno de los errores que insin\u00faa ni de qu\u00e9 forma impactar\u00edan el sentido de la decisi\u00f3n recurrida. <\/p>\n
En realidad, el recurrente emplea la censura para extender a esta sede la discusi\u00f3n propuesta por la defensa en el recurso de apelaci\u00f3n. De esa manera, sin reparar el contenido de la sentencia, nuevamente en contrav\u00eda del principio de correcci\u00f3n material, porf\u00eda que las fotograf\u00edas de los murales fijados fotogr\u00e1ficamente, no contienen el slogan utilizado por el acusado en la campa\u00f1a a la alcald\u00eda, solo registran el nombre, lo cual, a su juicio, le era permitido por cuanto se trataba del presidente del concejo municipal, \u201ccabeza visible legal y contractualmente de dicha corporaci\u00f3n.\u201d\u2026 <\/p>\n
Sobre el punto, el Tribunal consider\u00f3 que\u2026 <\/p>\n
Por consiguiente, el cargo no ser\u00e1 admitido para estudio de fondo. <\/p>\n
Frente al tercer cargo en el que denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de la ley mediante falso juicio de existencia por omisi\u00f3n del informe rendido por la Contralor\u00eda Departamental de Antioquia, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u2026En la estructuraci\u00f3n del cargo el actor tampoco repar\u00f3 que el examen probatorio de los sentenciadores enfatiza que el reproche contra al acusado se funda en el inter\u00e9s personal que se fij\u00f3 para obtener beneficios electorales a trav\u00e9s del contrato para la elaboraci\u00f3n de dos murales, no por el desvi\u00f3, la apropiaci\u00f3n de dineros p\u00fablicos o por la desatenci\u00f3n de los requisitos esenciales de la contrataci\u00f3n p\u00fablica, comportamientos que aunque el procesado pudo haber desarrollado, f\u00e1ctica y jur\u00eddicamente no le fueron imputaci\u00f3n en la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
De esa manera, dado que los resultados de las actuaciones adelantadas por la Contralor\u00eda General de la Naci\u00f3n, esencialmente son prueba aut\u00f3noma de car\u00e1cter constitucional en los supuestos de detrimentos patrimoniales del Estado (SP 13790-2016 Oct 10-16 Rad. 41781), y en el presente caso otro es el sentido del reproche, carece de relevancia la manifestaci\u00f3n del Tribunal, seg\u00fan la cual, aunque en la gesti\u00f3n del organismo de control \u201cno se concluyera que existi\u00f3 desv\u00edo presupuestal para compa\u00f1a electoral, lo cierto es que el mismo hace un an\u00e1lisis de la aplicaci\u00f3n de las normas fiscales y contables, y aunque evidencia que para la \u00e9poca exist\u00eda diversas normativas \u2013 algunas de ellas contradictorias \u2013 que no fueron observadas en su totalidad, lo cierto es que tal informe concluye aspectos de responsabilidad fiscal, no de responsabilidad penal, por lo que lo all\u00ed probado en principio solo tiene tales efectos y no los de responsabilidad penal.\u201d <\/p>\n
Sobre el tema, la Corte igualmente ha razonado que\u2026 (CSJ AP, 23 Ene 2001, rad. 17.089), de tal suerte que al actor le correspond\u00eda persuadir que, con el informe de la Contralor\u00eda, adem\u00e1s de eventuales detrimentos patrimoniales, tambi\u00e9n se descartaba el indebido inter\u00e9s que asisti\u00f3 al acusado en el contrato 147 para la celebraci\u00f3n de los murales en los centros poblados Camilo C, y Minas; actividad que debi\u00f3 desarrollar evaluando la prueba que afirma omitida con los restantes medios de persuasi\u00f3n que les permitieron a los sentenciadores arribar al conocimiento requerido para condenar a Oscar Dar\u00edo Molina como autor del punible de inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos. <\/p>\n
La falta de fundamentaci\u00f3n del error denunciado conduce a la inadmisi\u00f3n del reproche. <\/p>\n
En cuanto al cargo cuarto sobre la violaci\u00f3n directa por indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 409 del C\u00f3digo Penal, refiri\u00f3: <\/p>\n
\u2026Aunque el recurrente propone esa causal, los argumentos de demostraci\u00f3n distan de evidenciar la falta de correspondencia entre los hechos acreditados en el tr\u00e1mite y la norma en la que el Tribunal los adecu\u00f3, pues se fundan en aspectos de orden f\u00e1ctico y se dirigen a exponer la personal concepci\u00f3n dogm\u00e1tica del actor sobre el delito de inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos. Es as\u00ed como sostiene la improcedencia de condenar al procesado al no haberse demostrado que desacat\u00f3 las normas o principios que rigen la contrataci\u00f3n p\u00fablica, ya que su condici\u00f3n de presidente del concejo lo facultaba para celebrar esos actos, no estando prohibido en norma alguna hacerlo y haberse demostrado, en el caso espec\u00edfico del contrato 147 del 24 de junio de 2011, que no estaba vigente la ley de garant\u00edas. <\/p>\n
El actor le atribuye a la sentencia un error del que no adolece. El Tribunal declar\u00f3 que el acusado, estando en campa\u00f1a electoral [recaudaba en el momento firmas para inscribirse por un movimiento diferente al partido conservador que no lo seleccion\u00f3 como candidato a la alcald\u00eda], contrat\u00f3 la elaboraci\u00f3n de los murales aqu\u00ed referidos con fines electorales, pues anunciaban, promocionaban su nombre, justo en desarrollo de una campa\u00f1a electoral de la que participaba, lo cual devela el inter\u00e9s que le asist\u00eda en la celebraci\u00f3n de ese contrato, conducta conminada por el art\u00edculo 409 del C\u00f3digo Penal, esto es, la utilizada por el juzgador para resolver el caso y aplicar las consecuencia que en ella se establecen. <\/p>\n
En forma adicional, frente a las acreditaciones probatorias extra\u00f1adas por el actor, la jurisprudencia de la Corte refiere\u2026 <\/p>\n
De lo anterior surge que el cargo es inadecuado para demostrar la incorrecci\u00f3n de la sentencia adoptada, carece, adem\u00e1s, de claridad, aptitud y trascendencia, raz\u00f3n por la cual ser\u00e1 igualmente inadmitido. <\/p>\n
En resumen, en la medida que los cargos formulados por el actor carecen de idoneidad formal y sustancial para acreditar la existencia de errores capaces de derruir la presunci\u00f3n de acierto y legalidad de la sentencia recurrida, se impone inadmitir la demanda, teniendo adem\u00e1s en cuenta que la actuaci\u00f3n no precisa la intervenci\u00f3n oficiosa de la Corte en orden a cumplir los fines del recurso extraordinario. <\/p>\n
Y al pronunciarse sobre la solicitud de insistencia, la Procuradur\u00eda convocada precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026en el presente caso, se observa que el procesado no tuvo en cuenta los requisitos de ley ni la observancia de las normativas que demanda la solicitud extraordinaria de insistencia, toda vez que, en el sustento de la misma, encuentra esta Delegada una falencia insalvable en el sentido que el censor en su escrito incurri\u00f3 en yerros de argumentaci\u00f3n de la petici\u00f3n y no present\u00f3 debate jur\u00eddico alguno frente a las razones que tuvo en su momento la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para inadmitir el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por el contrario, se limit\u00f3 a utilizar los mismos argumentos de interpretaci\u00f3n expuestos en la demanda. Lo anterior, desconociendo de esta manera el deber de debida sustentaci\u00f3n, conforme a lo consagrado por los art\u00edculos 183 y 184 de la Ley 906 de 2004\u2026 <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, se le debe especificar al recurrente que la insistencia no es un recurso propiamente dicho, sino un mecanismo especial al que puede acudirse luego de que la Sala decidi\u00f3 no seleccionar la demanda de casaci\u00f3n, con el fin de provocar que \u00e9sta reconsidere su decisi\u00f3n inadmisoria, conforme a lo preceptuado por el art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004\u2026 <\/p>\n
De conformidad con lo decantado por la Corte, la solicitud respectiva puede tener dos finalidades: i) la de rebatir los argumentos con fundamento en los cuales la Sala decidi\u00f3 no seleccionar la demanda y ii) para demostrar por qu\u00e9 a pesar de las incorrecciones del libelo demandatorio, es preciso que la Corte haga uso de su facultad oficiosa para superar sus defectos y decidir de fondo el asunto. <\/p>\n
Ninguno de los dos fines anotados se observan ni se persiguen en el escrito presentado por el recurrente en insistencia, pues, se itera, su escrito carece de sustentaci\u00f3n alguna cuando debi\u00f3, de un lado, rebatir los argumentos expresados en el auto de la Sala del 07 de septiembre de 2022, por el cual se decidi\u00f3 inadmitir la demanda de casaci\u00f3n presentada por el defensor de Osear Dar\u00eda Malina, se le impon\u00eda entrar a demostrar que a pesar de las incorrecciones que se hicieron patentes en su demanda de casaci\u00f3n, era necesario que la Corte ejerciera su facultad oficiosa, para de esa manera superar sus defectos y entrara a decidir de fondo el asunto bajo examen\u2026 <\/p>\n
De acuerdo con lo expuesto, esta Procuradur\u00eda Delegada de Intervenci\u00f3n Segunda para la Casaci\u00f3n Penal, al concluir que la decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n esbozada por la alta Corporaci\u00f3n fue la adecuada, considera que no existe m\u00e9rito para acudir al mecanismo de insistencia ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal del Corte Suprema de Justicia, en tanto que la solicitud elevada carece de presupuestos t\u00e9cnicos exigidos para tal postulaci\u00f3n y, finalmente, no se observa que las sentencias de primer y segunda instancia hayan menoscabado derechos y garant\u00edas fundamentales que ameriten que el Tribunal de Casaci\u00f3n supere los defectos de la demanda para decidir de fondo\u2026 <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio frente a las determinaciones con las que se inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n y se desestim\u00f3 la insistencia propuesta; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. En adici\u00f3n, encuentra la Sala que el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar, comoquiera que al alcance del promotor estuvo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, para exponer las quejas que por v\u00eda de tutela alega, medio de defensa que no aprovech\u00f3 adecuadamente, pues su libelo fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte el 7 de septiembre de 2022, siendo ese el escenario id\u00f3neo para rebatir la valoraci\u00f3n efectuada. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico o no se hace uso de los mismos en debida forma, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo <\/p>\n
(\u2026) desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC208-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC208-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04451-00 Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Oscar Dar\u00edo Molina contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70139","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70139","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70139"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70139\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70139"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70139"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70139"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}