STC211-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC211-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-02438-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Wilson Enrique D\u00e1vila Mojica contra el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado 51 Civil Municipal de esta ciudad y a los intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2018-01029-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y tutela judicial efectiva. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. En el proceso declarativo que el tutelante adelant\u00f3 contra la se\u00f1ora Luz Astrid Garz\u00f3n Lozano, el 20 de noviembre de 2019, el Juzgado 51 Civil Municipal de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia, en la que, entre otros, conden\u00f3 a la demandada al pago de los frutos reclamados. <\/p>\n
2.2. Por lo anterior, el 4 de noviembre de 2020 present\u00f3 demandada ejecutiva en contra de aquella, tr\u00e1mite en el que, despu\u00e9s de varias solicitudes de impulso, el 24 de enero de 2022, el Juzgado 51 Civil Municipal de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago y orden\u00f3 la notificaci\u00f3n personal del extremo pasivo, sin tener en cuenta, en criterio del tutelante, lo previsto en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.3. El actor afirma que, el 17 de febrero de 2022, su apoderado \u00abnotific\u00f3 personalmente (mediante correo electr\u00f3nico) el mandamiento de pago al apoderado de la parte ejecutada\u00bb, raz\u00f3n por la cual, el 11 de marzo siguiente, pidi\u00f3 al despacho que continuara con la ejecuci\u00f3n, dado que no se hab\u00edan propuesto excepciones. El 16 de junio posterior, afirma, \u00abprevia orden del Juzgado, nuevamente mi apoderado notifica a la ejecutada, esta vez directamente al correo obtenido para tal efecto\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 21 de junio de 2022, el Juzgado 51 Civil Municipal de Bogot\u00e1 dio por terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito, decisi\u00f3n que fue confirmada en sede de reposici\u00f3n por el Juzgado de primera instancia y en segunda por el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante pronunciamiento del 26 de octubre de 2022. <\/p>\n
2.5. El accionante alega que la decisi\u00f3n de terminar el proceso ejecutivo por desistimiento t\u00e1cito \u00abno se compadece con las disposiciones procesales aplicables\u00bb, m\u00e1xime cuando su apoderado ha \u00abrealizado todas y cada una de las gestiones pertinentes dentro del proceso\u00bb, desconociendo la notificaci\u00f3n surtida el 16 de junio de 2022 y las notificaciones realizadas \u00abpor estado de conformidad con el art\u00edculo 306 del C.G.P. [al comunicar el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, dado que la demanda se present\u00f3 en los 30 d\u00edas siguientes al fallo objeto de recaudo] y dos (02) de forma personal, la primera al apoderado de la ejecutada y la segunda a la ejecutada directamente\u00bb. Igualmente, destac\u00f3 que tambi\u00e9n se le ha negado el acceso al enlace del expediente. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene resolver el \u00abrecurso de apelaci\u00f3n interpuesto en contra del auto que termin\u00f3 el proceso por desistimiento t\u00e1cito, con estricto apego a las normas constitucionales y legales aplicables, concretamente el literal C) del numeral 2 del art\u00edculo 317 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 afirm\u00f3 que confirm\u00f3 el auto que declar\u00f3 terminado el proceso, por desistimiento t\u00e1cito, \u00aben virtud de encontrarse ajustada a las normas legales\u00bb. Sobre la solicitud de acceso al expediente, indic\u00f3 que no se alleg\u00f3, por \u00abno haber anotado con precisi\u00f3n el n\u00famero del expediente[,] pero se le inform\u00f3 que todas las actuaciones se publican en la en el micrositio web y en el Sistema Judicial Siglo XXI\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, tras establecer que la decisi\u00f3n cuestionada se sustenta en \u00abuna leg\u00edtima interpretaci\u00f3n del canon 317 del C.G.P., por cuanto el actor no cumpli\u00f3 oportunamente con la carga impuesta de notificar a la ejecutada\u00bb, siendo inviable la intervenci\u00f3n del juez de tutela, para anteponer el criterio del ejecutante, sobre el del funcionario censurado. <\/p>\n
Destac\u00f3, adem\u00e1s que, el 2 de noviembre de 2022, \u00abse envi\u00f3 a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico juacatm2@gmail.com, las instrucciones para acceder al prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial en lo relativo al desistimiento t\u00e1cito, enfatizando que el auto de apremio se notific\u00f3 en tres oportunidades, esto es, el 24 de enero, el 17 de febrero y el 16 de junio de 2022, aunado a que no se tuvo en cuenta que, con las actuaciones surtidas, el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas se hab\u00eda suspendido. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado con la decisi\u00f3n de terminar el proceso ejecutivo por desistimiento t\u00e1cito, adoptada por el Juzgado 27 Civil del Circuito de la misma ciudad el 26 de octubre de 2022, en tanto confirm\u00f3 la providencia emitida el 21 de junio anterior por el Juzgado 51 Civil Municipal de Bogot\u00e1, pues considera que el acto de enteramiento se efectu\u00f3 en tres oportunidades, esto es, por estado -al notificar el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago-, el 16 de febrero de 2022 -al correo electr\u00f3nico del apoderado de la ejecutada- y el 16 de junio de 2022 -a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de la accionada-. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Centrados en los argumentos de la impugnaci\u00f3n, de manera preliminar, observa la Sala que, el 24 de enero de 2022, el Juzgado 51 Civil Municipal de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento ejecutivo y orden\u00f3 surtir la notificaci\u00f3n personal a la ejecutada, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 290 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.1. El apoderado del tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n, afirmando que no era procedente la notificaci\u00f3n personal, sino por estado, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.2. El 10 de febrero de 20221, el Juzgado resolvi\u00f3 el recurso interpuesto, confirmando que la notificaci\u00f3n del juicio ejecutivo deb\u00eda hacerse en forma personal, pues solo era procedente el acto de enteramiento por estado cuando la solicitud de ejecuci\u00f3n del fallo base de recaudo se formula en los 30 d\u00edas siguientes, cuesti\u00f3n que no ocurri\u00f3 en este caso, pues el 3 de marzo de 2020 se acept\u00f3 el desistimiento del recurso interpuesto contra la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2019, pero solo hasta el 4 de noviembre de 2020 se formul\u00f3 la petici\u00f3n de ejecuci\u00f3n, de manera que, para esa fecha \u00abnotorio resulta que hab\u00edan transcurrido los 30 d\u00edas se\u00f1alados en el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 16 de febrero de 20222, el apoderado del actor envi\u00f3 al correo electr\u00f3nico del abogado Jos\u00e9 El\u00edas Puentes Mart\u00ednez, al correo electr\u00f3nico joespumar@hotmail.com, la notificaci\u00f3n del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago. <\/p>\n
2.4. Por auto del 19 de abril de 20223, el Despacho municipal de conocimiento decidi\u00f3 no tener en cuenta la notificaci\u00f3n anterior, porque el acto de enteramiento del juicio ejecutivo deb\u00eda realizarse a la accionada y no al abogado que la represent\u00f3 en el proceso declarativo anterior; en consecuencia, requiri\u00f3 al actor para que efectuara la notificaci\u00f3n personal de la demandada, so pena de aplicar la sanci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.5. En relaci\u00f3n con las actuaciones relatadas, en las cuales se resolvieron algunos de los aspectos que se alegan en esta tutela, esto es, (i) que proced\u00eda la notificaci\u00f3n por estado y que no era procedente la notificaci\u00f3n personal, pues la demanda ejecutiva se radic\u00f3 en los 30 d\u00edas siguientes que contempla el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso, y (ii) que el 16 de febrero de 2022 se notific\u00f3 al abogado de la ejecutante, argumentos que fueron negados por el Juzgado Municipal que tramit\u00f3 el asunto en primera instancia, la Sala no emitir\u00e1 pronunciamiento alguno. <\/p>\n
Lo anterior, porque corresponde a decisiones en firme, que no fueron objeto de tutela, pues la acci\u00f3n constitucional se formul\u00f3 \u00fanicamente contra la determinaci\u00f3n adoptada por el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 26 de octubre de 2022, en cuanto confirm\u00f3 el auto proferido el 22 de agosto anterior, y el tr\u00e1mite se admiti\u00f3 solo contra ese Juzgado del Circuito, a lo cual se suma que respecto de aquellas tampoco se cumplir\u00eda con el presupuesto de la inmediatez, porque la petici\u00f3n de amparo se radic\u00f3 el 4 de noviembre de 2022, es decir, pasados los 6 meses que la jurisprudencia ha estimado razonables para acudir a la acci\u00f3n de tutela4, lo cual impide hacer un an\u00e1lisis de fondo frente a lo all\u00ed determinado. <\/p>\n
3. Ahora bien, el 21 de junio de 20225, el Juzgado Municipal de primera instancia declar\u00f3 por terminado el proceso, por desistimiento t\u00e1cito, en raz\u00f3n a que no se hab\u00eda efectuado la notificaci\u00f3n a la accionada en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas, de conformidad con lo indicado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.1. El apoderado del ejecutante interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n, argumentando que el 16 de junio de 2022 envi\u00f3 correo a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica de la accionada, notificando el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago6. <\/p>\n
3.2. El 22 de agosto de 20227, el Juzgado mantuvo la decisi\u00f3n recurrida, porque la notificaci\u00f3n enviada el 16 de junio anterior fue extempor\u00e1nea, pues se realiz\u00f3 cuando hab\u00edan vencido los 30 d\u00edas otorgados al accionante en el auto proferido el 19 de abril del mismo a\u00f1o, t\u00e9rmino que era perentorio e improrrogable. <\/p>\n
3.3. El 26 de octubre siguiente8, el Juzgado 27 Civil del Circuito accionado confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n anterior, en raz\u00f3n a que \u00abel actor no realiz\u00f3 la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago a la demandada dentro del t\u00e9rmino que consagra el numeral lo. Del art.317 del CGP, ya que fue requerido para que lo hiciera, dentro de dicho termino, no cumpliendo dicha carga procesal\u00bb. <\/p>\n
En sustento, cit\u00f3 la normativa aplicable a la figura del desistimiento t\u00e1cito y jurisprudencia relacionada de la Corte Constitucional y concluy\u00f3 que, como la notificaci\u00f3n a la accionada no se hizo en el t\u00e9rmino otorgado, era procedente declarar la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
3.4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de la actuaci\u00f3n surtida por el accionante y la normatividad que gobierna el asunto, a partir de la cual el Juzgado del Circuito accionado estableci\u00f3 que al no cumplirse de manera oportuna la carga impuesta al tutelante, esto es, dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la providencia del 19 de abril de 2022, que le orden\u00f3 notificar personalmente a la ejecutada, proced\u00eda la terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Lo expuesto, toda vez que el acto de enteramiento realizado extempor\u00e1neamente -el 16 de junio de 2022- no pod\u00eda tenerse en cuenta, dado que, en efecto, el t\u00e9rmino ordenado en la providencia de abril del a\u00f1o anterior era perentorio y como desde aquella decisi\u00f3n y en los 30 d\u00edas siguientes no se ejecut\u00f3 el acto de enteramiento exigido ni actuaci\u00f3n id\u00f3nea para su suspensi\u00f3n, era viable declarar que hab\u00eda operado la figura que daba por finiquitado el litigio. <\/p>\n
Sobre el particular, en un asunto similar, la Sala9 neg\u00f3 el amparo constitucional reclamado con algunos argumentos an\u00e1logos a los aqu\u00ed expuestos, en raz\u00f3n a que: <\/p>\n
De lo expuesto, queda plenamente acreditado que el t\u00e9rmino de los 30 d\u00edas h\u00e1biles prescrito en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso qued\u00f3 superado con creces sin que obre prueba en el plenario de las diligencias de enteramiento del aludido auto a la Unidad Residencial Casablanca Sector IV P.H. Por tal raz\u00f3n, resulta razonable que el despacho querellado se halla decantado por la terminaci\u00f3n anormal del proceso, conforme a lo descrito por la norma adjetiva descrita y la jurisprudencia que le ha dado alcance\u2026 <\/p>\n
\u2026frente al argumento esgrimido por el promotor en cuanto a que no tiene \u00abasidero legal el decretar este desistimiento despu\u00e9s de haberle dado continuidad al tr\u00e1mite de la demanda y m\u00e1s de cuatro (4) meses de vencido el termino otorgado\u00bb, advierte la Sala que la norma no contempla un t\u00e9rmino para que el Despacho declare el desistimiento. <\/p>\n
Ciertamente, tal como se dijo en precedencia, la citada disposici\u00f3n \u00fanicamente indica que \u00abvencido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas\u00bb. Por ende, verificado el incumplimiento de la carga, el juzgador proceder\u00e1 con el decreto de la terminaci\u00f3n del proceso… (Resalta la Sala). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto neg\u00f3 la salvaguarda constitucional invocada, pero por las razones aqu\u00ed referidas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 34 del expediente digital del proceso ejecutivo. <\/p>\n
2\u0002 Folio 42 del expediente digital del proceso ejecutivo. <\/p>\n
3\u0002 Folio 50 del expediente digital del proceso ejecutivo. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en CSJ STC2414-2021. <\/p>\n
5\u0002 Folio 52 del expediente digital del proceso ejecutivo. <\/p>\n
6\u0002 Folio 53 del expediente digital del proceso ejecutivo. <\/p>\n
7\u0002 Folio 69 del expediente digital del proceso ejecutivo. <\/p>\n
8\u0002 Folio 69 del expediente digital del proceso ejecutivo. <\/p>\n
9\u0002 CSJ STC9945-2020. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC211-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC211-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-02438-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70142","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70142","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70142"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70142\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}