STC216-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC216-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-04385-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide el resguardo constitucional promovido por Liliana Mill\u00e1n Arango contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Tribunal de Arbitraje del Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso arbitral de radicado A-20201223\/0803. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora -a trav\u00e9s de apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Indic\u00f3 que el 30 de marzo de 2016, entre las sociedades Mar\u00eda S. Mill\u00e1n Arango y C\u00eda. S. en C. en liquidaci\u00f3n e Ingenio la Caba\u00f1a S.A. se suscribi\u00f3 un contrato de arrendamiento sobre el predio rural conocido como Santa In\u00e9s, ubicado en el municipio de Jamund\u00ed (Valle del Cauca). <\/p>\n
2.1. Resalt\u00f3 que la arrendadora le comunic\u00f3 a la arrendataria que el mismo d\u00eda en que fue suscrita la anterior convenci\u00f3n se realiz\u00f3 a su favor la cesi\u00f3n del 50% del contrato. Por tanto, la mitad de los c\u00e1nones de arrendamiento le deber\u00edan ser consignados directamente a su cuenta bancaria. <\/p>\n
2.2. Enrostr\u00f3 que, a partir de enero de 2020, Ingenio la Caba\u00f1a S.A. le dej\u00f3 de pagar la mitad del canon pactado. Al inquirirle la raz\u00f3n por la cual dej\u00f3 de cumplir con su obligaci\u00f3n, la arrendataria le manifest\u00f3 que la sociedad Mar\u00eda S. Mill\u00e1n Arango y C\u00eda. S. en C. en liquidaci\u00f3n -a trav\u00e9s de misiva del 26 de diciembre de 2019- le coment\u00f3 que la mentada cesi\u00f3n hab\u00eda terminado. <\/p>\n
2.3. Con ocasi\u00f3n de lo anterior y comoquiera que se hab\u00eda pactado una cl\u00e1usula arbitral en el convenio, Liliana Mill\u00e1n Arango present\u00f3 demanda por el incumplimiento contractual ante el Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Cali. <\/p>\n
2.4. El Tribunal Arbitral compuesto por \u00e1rbitro \u00fanico -con laudo del 26 de abril de 2022-1 despach\u00f3 desfavorablemente las pretensiones. Y declar\u00f3 probadas las excepciones de \u00abInexistencia de la cesi\u00f3n de contrato\u201d y \u201cFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, propuestas por Ingenio La Caba\u00f1a; as\u00ed como las denominadas \u00abFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y por pasiva\u201d e \u201cInexistencia del contrato de cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual \/ Falta de los elementos esenciales del contrato \/ Elemento formal conste por escrito\u00bb, propuestas por Mar\u00eda del Socorro Mill\u00e1n Arango y Mar\u00eda S. Mill\u00e1n Arango y C\u00eda. S. en C. en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. En t\u00e9rmino, la recurrente pidi\u00f3 la adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n del laudo, la cual fue desatada de manera negativa con auto del 9 de mayo ulterior2. <\/p>\n
2.6. Inconforme, interpuso recurso extraordinario de anulaci\u00f3n. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -con prove\u00eddo del 18 de octubre de 2022-3 declar\u00f3 infundado el medio impugnatorio. <\/p>\n
2.7. As\u00ed las cosas, la accionante adujo que los estrados convocados incurrieron en defecto f\u00e1ctico, puesto que interpretaron err\u00f3neamente las probanzas allegadas a la causa. Asimismo, resalt\u00f3 que se configur\u00f3 defecto sustantivo ya que se decidi\u00f3 el pleito base en normas inexistentes, comoquiera que no se calific\u00f3 a la accionante como parte del contrato de arrendamiento sino solo como una testigo, a pesar de que las conductas de las partes daban cuenta de ello. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se ordene a las autoridades accionadas que dejen sin efectos las providencias del 26 de abril y 18 de octubre de 2022. En consecuencia, profieran nuevas decisiones sin incurrir en v\u00edas de hecho. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali4 solicit\u00f3 que fuera negado el amparo. Estim\u00f3 la decisi\u00f3n reprochada no fue fruto de una arbitrariedad. <\/p>\n
2. Francisco J. Hurtado Langer5, en su calidad de \u00e1rbitro \u00fanico del Tribunal de Arbitraje accionado, manifest\u00f3 que la inconformidad de la gestora carece de relevancia constitucional, debido a que se busca plantear una disparidad de criterios con lo resuelto por las autoridades judiciales. Asimismo, resalt\u00f3 que no se configur\u00f3 ninguno de los defectos rese\u00f1ados en el libelo genitor. <\/p>\n
3. El apoderado de Mar\u00eda del Socorro Mill\u00e1n Arango6 apuntal\u00f3 que los falladores de instancia cumplieron su deber constitucional al desentra\u00f1ar la causa, sin que se haya desconocido las prebendas fundamentales de la promotora. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulner\u00f3 la prebenda fundamental aducida por la actora, con ocasi\u00f3n de los presuntos defectos f\u00e1ctico y sustantivo en que incurrieron los falladores de instancia. Ello pues, afirm\u00f3 que no fueron debidamente interpretados los medios suasorios arrimados a la causa y se aplicaron normas inexistentes, por cuanto no se le consider\u00f3 como parte en el contrato de arrendamiento sino como testigo. <\/p>\n
2. De manera preliminar se precisa que, si bien la censura se dirigi\u00f3 contra lo resuelto por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Cali el 26 de abril de 2022, fue la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad quien cerr\u00f3 el debate al resolver el recurso de anulaci\u00f3n incoado. Por ello, se analizar\u00e1 \u00fanicamente lo decidido por esa autoridad. <\/p>\n
3. Escrutado el material probatorio obrante en el expediente, se observa que la autoridad judicial accionada -con providencia del 18 de octubre de 2022-7 resolvi\u00f3 declarar infundado el medio impugnatorio elevado. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, trat\u00e1ndose del alcance del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, manifest\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) las facultades del juez que conoce del recurso de anulaci\u00f3n se limitan a la verificaci\u00f3n de las causales de nulidad invocadas por el actor, causales que han sido consagradas por el legislador y que son de interpretaci\u00f3n restrictiva. No se trata, entonces, de una nueva oportunidad para revivir el debate planteado ante el tribunal de arbitramiento, pues al juez ordinario le est\u00e1 vedado pronunciarse sobre el fondo del litigio conocido por aqu\u00e9l. Por ello, la labor de la Sala en este asunto se circunscribe a la verificaci\u00f3n de la validez del compromiso o cl\u00e1usula compromisoria y\/o del laudo arbitral, ateni\u00e9ndose siempre a las causales invocadas por el recurrente\u00bb. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, la recurrente aleg\u00f3 en su escrito la causal establecida en el numeral 8\u00ba del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, la cual hace referencia a \u00abContener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritm\u00e9ticos o errores por omisi\u00f3n o cambio de palabras o alteraci\u00f3n de estas, siempre que est\u00e9n comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieren sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral\u201d\u00bb. <\/p>\n
De cara a lo anterior, el estrado confutado advirti\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el censor revela un alto grado de confusi\u00f3n y desatiende la t\u00e9cnica jur\u00eddica para la sustentaci\u00f3n que se requiere en las causales de este linaje, atendida la naturaleza extraordinaria y restrictiva del recurso de anulaci\u00f3n, pues, en este escenario, no es dable suscitar discusi\u00f3n frente a las motivaciones que conllevaron al \u00e1rbitro, m\u00e1xime cuando el mismo, a fuerza paladina, dispone \u00abnegar todas las pretensiones\u00bb invocadas por la convocante, no ofreciendo ninguna dubitaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por ello, concluy\u00f3 que \u00abno se abre paso a la causal izada, como quiera que el laudo arbitral no contiene \u00abdisposiciones contradictorias\u00bb, cual lo recaba la preceptiva legal para su estudio y procedencia\u00bb. <\/p>\n
3.3. Por otro lado, enrostr\u00f3 que la segunda causal invocada fue la estipulada en el numeral 9\u00ba ibidem, la cual alude a \u00abhaber reca\u00eddo el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisi\u00f3n de los \u00e1rbitros, haber concedido m\u00e1s de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones ajenas al arbitramento\u00bb. <\/p>\n
En este sentido, ilustr\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) de la simple lectura del fallo, se puede concluir que el se\u00f1or \u00c1rbitro, lejos de la omisi\u00f3n que se le achaca, lo que hizo fue \u00abnegar todas las pretensiones principales y subsidiarias de la reforma a la demanda\u00bb, a su vez, declarar probadas varias de las excepciones propuestas por la parte convocada y \u00ababstenerse de analizar y resolver la objeci\u00f3n al juramento estimatorio al no existir condena para alguna de las demandadas. <\/p>\n
Hab\u00edamos sostenido que, independiente de ser acertada o no la decisi\u00f3n, el Tribunal Superior no puede arrogarse una competencia de la que carece para entrar a suplir al Tribunal de Arbitramento, en contrav\u00eda del querer de las partes, como quiera que el recurso extraordinario de anulaci\u00f3n no es una instancia m\u00e1s, sino que es dispositivo y restrictivo\u00bb. <\/p>\n
Y, agreg\u00f3 que <\/p>\n
Por modo que la supuesta falta de apreciaci\u00f3n de los indicios ante la conducta procesal de las partes, as\u00ed como la omisi\u00f3n en dar el efecto jur\u00eddico a la renuencia de exhibir los documentos solicitados, tal y como lo reclama la parte actora en el remedio extraordinario, no es un defecto in procedendo o de actividad por \u00abno haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento\u00bb, sino un error in iudicando y por tanto vedado para esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4.2.3.- En suma, no hay lugar a la invalidaci\u00f3n del laudo con apoyo en el cargo referente a la incongruencia motejada, por lo tanto, se declarar\u00e1 infundado el mismo\u00bb. <\/p>\n
3.4. Por lo discurrido, enfatiz\u00f3 que \u00abesta Corporaci\u00f3n no est\u00e1 habilitada para involucrarse en la tarea minuciosa orientada a hacer un nuevo juicio de la materia probatoria y jur\u00eddica ya discutida en la controversia arbitral, al no tener competencia para ello, dado que, como ya se dijo, este remedio no se asemeja a una instancia m\u00e1s del arbitraje\u00bb. <\/p>\n
4.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
4.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/p>\n
\u00ab[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
5. Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, (\u2026) \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
6. Con base en estas consideraciones, se niega la salvaguarda solicitada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. Notificar esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1-54, archivo \u201cDEMANDA_9_12_2022, 14_36_51\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-10, archivo \u201cPRUEBA_9_12_2022, 14_39_19\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-14, archivo \u201cPRUEBA_9_12_2022, 14_38_07\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c2022-04385 contestaci\u00f3n tutela decisi\u00f3n razonable Dr. Francisco Ternera Barrios (1)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-8, archivo \u201c11001020300020220438500-0017Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-11, archivo \u201cPRONUNCIAMIENTO ACCION DE TUTELA DE LILIANA MILLAN VS SALA CIVIL CALI Y TRIBUNAL ARBITRAL CA CIO CALI\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1-14, archivo \u201cPRUEBA_9_12_2022, 14_38_07\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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