STC218-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC218-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-04412-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Julio Quesada Rodr\u00edguez contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de radicado 2021-00121. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y la informaci\u00f3n allegada, se extraen como bases del reclamo, en s\u00edntesis, las siguientes: <\/p>\n
2.1. Diana Yizzeth Camargo Dom\u00ednguez promovi\u00f3 contra el tutelante un proceso de declaratoria de uni\u00f3n marital de hecho y de existencia de sociedad patrimonial de hecho, que conoci\u00f3 el Juzgado Tercero de Familia de Tunja bajo el radicado 2021-00121. <\/p>\n
2.2. Notificado del auto admisorio, el demandado se opuso a lo pretendido por la actora y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb, \u00abfalta de los requisitos sustanciales\u00bb y \u00abmala fe\u00bb1. <\/p>\n
2.3. El 22 de octubre de 2021, el estrado cognoscente fall\u00f3 el fondo del asunto, declarando que entre Diana Yizzeth Camargo Dom\u00ednguez y Pedro Julio Quesada Rodr\u00edguez existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho entre el 26 de abril de 2010 y el 18 de mayo de 2020; asimismo, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abfalta de los requisitos sustanciales para la existencia de la sociedad patrimonial de hecho\u00bb2, decisi\u00f3n que fue apelada por las partes, no obstante, el recurso formulado por el apoderado del demandando -tutelante- fue declarado desierto por el Colegiado accionado en auto de 21 de julio de 20223. <\/p>\n
2.4. El 12 de septiembre de los cursantes, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Tunja revoc\u00f3 parcialmente la sentencia impugnada y determin\u00f3 que entre los contendientes s\u00ed existi\u00f3 una sociedad patrimonial entre el 26 de abril del 2010 y el 18 de mayo de 2020, misma que declar\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n4. <\/p>\n
3. El actor cuestiona lo resuelto por la Colegiatura accionada, pues considera que no era viable declarar la existencia de una sociedad patrimonial de hecho, habida cuenta que \u00e9l ten\u00eda, con otra persona (Maritza Piamonte), un matrimonio y una sociedad conyugal vigentes. En ese sentido, precis\u00f3 que no era del caso que el Tribunal soportarse su decisi\u00f3n en el fallo CSJ SC4027-2021, en tanto los supuestos f\u00e1cticos ventilados en esa determinaci\u00f3n difer\u00edan de los planteados en el juicio censurado, particularmente, porque en ese precedente s\u00ed se hab\u00eda declarado judicialmente la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, cosa que no ocurri\u00f3 en el asunto concreto. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. Diana Yizzeth Camargo Dom\u00ednguez se opuso a lo pretendido por el gestor, defendiendo la legalidad de la decisi\u00f3n tomada por el Tribunal convocado. Afirm\u00f3, adem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela no satisfac\u00eda el requisito de la subsidiariedad, en tanto el promotor: (i) no se pronunci\u00f3 frente a lo planteado en el recurso de apelaci\u00f3n que ella plante\u00f3 en relaci\u00f3n con el fallo de primera instancia; y (ii) el fallo criticado no fue impugnado en casaci\u00f3n. Quien dijo ser su apoderado5 reiter\u00f3 lo por ella planteado. <\/p>\n
2. El Tribunal accionado argument\u00f3 que la petici\u00f3n de amparo constitucional \u00abno puede convertirse en una tercera instancia, cuando quien no conforme con la decisi\u00f3n tomada por un despacho judicial pretenda se le cambie la decisi\u00f3n por una a su favor\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se deje sin efectos el pronunciamiento emitido el 12 de septiembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja en el proceso de declaratoria de uni\u00f3n marital y existencia de sociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros permanentes de radicado 2021-00121. <\/p>\n
2. En el citado fallo, y en torno al puntual cuestionamiento del actor constitucional (viabilidad de la declaratoria de existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes), la Colegiatura accionada razon\u00f3: <\/p>\n
CUARTO: En cuanto a la existencia de la sociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros permanentes, ha de indicarse que este Tribunal encuentra que est\u00e1 acreditado que el demandado del proceso ces\u00f3 en su comunidad de vida conyugal con su otrora esposa, la se\u00f1ora Maritza Piamonte. La relaci\u00f3n con la demandante de este proceso, se inici\u00f3 en el a\u00f1o 2008, y precisamente por ello, es que se dio el rompimiento de su matrimonio, Hay separaci\u00f3n f\u00edsica, hay separaci\u00f3n de hecho, est\u00e1 acreditada la fecha. Por lo que la separaci\u00f3n de hecho, aceptada, consentida, reconocida, lleva inmersa que la sociedad conyugal se disuelva. <\/p>\n
Es contrario a criterios de equidad, de protecci\u00f3n a la mujer y la familia, reconocer que el demandado termin\u00f3 su relaci\u00f3n familiar matrimonial y form\u00f3 una relaci\u00f3n familiar, con comunidad de vida, socorro, ayuda mutua, el trabajo com\u00fan, un esfuerzo econ\u00f3mico, una actividad econ\u00f3mica compartida con la demandante se de este proceso. De tal forma que, al disolverse, por separaci\u00f3n de hecho, la sociedad conyugal, aunque no se ha liquidado, la disoluci\u00f3n por la separaci\u00f3n de hecho, si permite que se inicie una sociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros permanentes que habr\u00e1 de liquidarse. <\/p>\n
La Sala, en una ponderaci\u00f3n de situaciones, de hechos y derechos, considera que [e]s contrario a criterios de equidad, de justicia material y de realizaci\u00f3n de derechos, exponer que la exesposa, ex de facto, siga benefici\u00e1ndose del trabajo, del apoyo econ\u00f3mico, de una actividad productiva comercial entre el se\u00f1or Pedro y la se\u00f1ora Diana, mientras se sacrifican los derechos econ\u00f3micos de la compa\u00f1era, y de los dos hijos habidos en la convivencia bajo la estructuraci\u00f3n de la Uni\u00f3n Marital de Hecho. <\/p>\n
No es leg\u00edtimo que se beneficie patrimonialmente, quien se ha mantenido ajeno, pasivo a la comunidad de vida, y conformaci\u00f3n familiar con otra persona. De tal manera que desluce el argumento peregrino del demandado al manifestar la imposibilidad de generar una sociedad patrimonial de hecho con su compa\u00f1era, porque no ha liquidado su sociedad conyugal. Argumento que invoca no en consideraci\u00f3n con su exc\u00f3nyuge, sino buscando burlar los derechos patrimoniales de la actora. <\/p>\n
Este Tribunal considera que la separaci\u00f3n de hecho entre los c\u00f3nyuges, s[\u00ed] disuelve la sociedad conyugal. El derecho, las normas, deben apreciarse conforme a la realidad f\u00e1ctica, la hermen\u00e9utica de las normas debe responder a las realidades sociales, para interpretar de forma que las normas cumplan su prop\u00f3sito. La exesposa de facto, tiene el derecho a promover o no la liquidaci\u00f3n, a individualizar su patrimonio y separarlo del de su otrora esposo. Si no lo hace, es la expresi\u00f3n de su voluntad. M\u00e1s no es conforme con la protecci\u00f3n constitucional a la familia, dejar desprotegida la nueva, conformada por el demandado con la se\u00f1ora Diana Yiseth, pues se est\u00e1n desatendiendo el aporte, el trabajo, el esfuerzo com\u00fan, el \u00e1nimo de ser pareja y construir un patrimonio com\u00fan expresado por la convivencia. El impedimento para contraer matrimonio, es una excusa convenientemente utilizada por el demandado, para lucrarse del esfuerzo com\u00fan con su compa\u00f1era, e impedirle la participaci\u00f3n patrimonial adquiridos en la convivencia familiar. <\/p>\n
Considera esta Sala que las prohibiciones de la Ley 54 de 1990, deben atemperarse al paso de los a\u00f1os, a las circunstancias reales de coexistencia entre la pareja, y especialmente a que producto de su apoyo, del esfuerzo com\u00fan, dio para que se generaran ingresos, se compraran bienes, y se solventara su situaci\u00f3n econ\u00f3mica de forma diferente e independiente a la que el se\u00f1or ten\u00eda con la se\u00f1ora Maritza en vigencia de la uni\u00f3n matrimonial, que en buenos t\u00e9rminos, los esposos, acordaron terminar su convivencia, su vida en pareja, y por ende el aprovechamiento econ\u00f3mico de un esfuerzo com\u00fan. <\/p>\n
Descendiendo al caso en concreto, precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
Es el demandado, quien en su interrogatorio manifiesta que trabajaban mancomunadamente, que \u00e9l consegu\u00eda los contratos, que el administraba los dineros, y de ah\u00ed sal\u00eda todo para los gastos, sacaban de las utilidades y compart\u00edan los dos, que cumpl\u00edan los dos con las obligaciones comerciales, que ten\u00edan un negocio los dos. De tal manera que se evidencia que no solo tuvieron una convivencia, sino que hubo ayuda mutua[.] De hecho, en la convivencia del demandado con la actora, es que se profesionaliz\u00f3 en Derecho, y se especializ\u00f3 en derecho procesal. Lo que indica la ayuda, el socorro, la permanencia, la integraci\u00f3n familiar como pareja en sociedad de hecho. En el interrogatorio el demandado se mostr\u00f3 dubitativo, ambiguo al reconocer el acuerdo o transacci\u00f3n de separaci\u00f3n de bienes con la se\u00f1ora Maritza, al ser indagado reconoce que, si suscribieron un documento, pero que era por dejar clara la cuota alimentaria. Que eso le pidi\u00f3 la se\u00f1ora Maritza, por si ella iba al local, le dieran una cuota. De tal forma que es el demandado, quien ratifica el dicho de la actora al absolver interrogatorio, pese a que insiste el se\u00f1or Pedro en que tiene su legitima esposa, pero reconoce que se separ\u00f3 de ella, que les arregl\u00f3 cuota alimentaria a sus hijas y que trabajaba en sociedad con la demandante. Que se separ\u00f3, y se fue a vivir a Caminitos de Oicat\u00e1, arrend\u00f3 una aparta estudio y cuando inicio relaci\u00f3n con la demandante se quedaba en la casa de la mam\u00e1 de la actora, pero que vivir, vivir con ella no. Entonces est\u00e1 acreditado el inicio de la convivencia, el deseo de ser familia. Se reconoce la convivencia y ayuda mutua, la individualidad de la relaci\u00f3n, la permanencia, la convivencia como familia. Hubo una comunidad de vida que el demandado reconoce por lo menos por nueve a\u00f1os. <\/p>\n
El Tribunal invoc\u00f3 un precedente de esta Corporaci\u00f3n (sentencia CSJ SC4027 de 2021), para indicar que: <\/p>\n
Esta Sala encuentra de recibo los argumentos y razonamientos expuestos por el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis Armando Tolosa Villabona, y acreditados los supuestos de \u00e1nimo de permanecer en vida com\u00fan, \u00e1nimo de asociarse de hecho, el deseo de ser familia y de tener una vida familiar y patrimonial conjunta llevar\u00e1 a que se revoque la sentencia, para que se atienda el recurso de la demandante. Desconocer la realidad de los hechos, Implica en la pr\u00e1ctica desconocer la equidad de g\u00e9nero y desatender los derechos de la mujer compa\u00f1era y madre de familia que trabaj\u00f3, aport\u00f3, luch\u00f3 y consolid\u00f3 un patrimonio com\u00fan con su pareja. Debe realizarse el prop\u00f3sito del art. 2 de la C. P., en armon\u00eda con el art. 228 ibidem, reiterado como prop\u00f3sito de los procedimientos en el art. 11 del C. G. P. Pese a que la se\u00f1ora Juez manifiesta que no comparte el argumento, lo cierto es que, en este caso, se dan los elementos, para que se haya dado por separaci\u00f3n de facto, la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal. Conforme al acervo probatorio, es pac\u00edfico el hecho aceptado por las partes, en el sentido que el demandado se\u00f1or Pedro se separ\u00f3 de hecho de su esposa Maritza, que \u00e9sta estuvo de acuerdo, y que establecieron cuotas alimentarias para las hijas matrimoniales, sin que nunca volvieran a ser pareja. <\/p>\n
No es sustentable el argumento del demandado en el sentido que Diana conoc\u00eda a su leg\u00edtima esposa y que acept\u00f3 en esas condiciones. Manifestaciones que son una afrenta a la dignidad de la demandante, adem\u00e1s que las preguntas hechas por el apoderado de la pasiva respecto de su intimidad, vulneran la protecci\u00f3n de g\u00e9nero, que debe atenderse no solo por los funcionares judiciales, sino igualmente por los apoderados que act\u00faan en el proceso. Para el caso, no se hizo control por parte de la se\u00f1ora juez de conocimiento en el desarrollo de los interrogatorios. Por lo que esta Sala, comparte lo fundamentado en la citada sentencia con ponencia del Dr. Armando Tolosa, por acercarse a las realidades sociales, bajo las cuales debe interpretarse y aplicarse la ley, con miras a determinar su estando vigente el v\u00ednculo matrimonial, pero separados de hecho desde hace m\u00e1s de diez a\u00f1os, se disuelve la sociedad conyugal, para dar paso a que surja y se reconozca la sociedad patrimonial de hecho entre compa\u00f1eros. <\/p>\n
Apoyado en lo anterior, el Colegiado accionado concluy\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026no se da en este caso, impedimento para que se haya generado y reconozca la sociedad patrimonial de hecho entre las partes de este proceso. Como tampoco concurre el elemento de prescripci\u00f3n para la acci\u00f3n de liquidaci\u00f3n de dicha sociedad patrimonial, por cuanto se acredit\u00f3 que la convivencia se extendi\u00f3 desde el a\u00f1o 2010, hasta mayo del a\u00f1o 2020. La justicia debe corresponder no a valoraciones de resorte formalista, sino de verificaci\u00f3n de derechos, que es por lo que se concurre al escenario del tr\u00e1mite procesal. Ha de prevalecer el derecho sustancial, antes que interpretaciones e integraciones del derecho que no se correspondan con el contexto de los hechos y las realidades sociales, as\u00ed como familiares establecidas en los elementos probatorios. <\/p>\n
En consecuencia, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n que en torno al puntual aspecto de la existencia entre los contendientes de una sociedad patrimonial de hecho adopt\u00f3 el a quo, para, en su lugar, determinar que entre aqu\u00e9llos existi\u00f3 una comunidad de bienes entre el 26 de abril de 2010 hasta el 18 de mayo de 2020, misma que declar\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, se evidencia que el Tribunal atacado explicit\u00f3, motivadamente, las razones que lo condujeron a deducir que entre Diana Yizzeth Camargo Dom\u00ednguez y el aqu\u00ed actor, Pedro Julio Quesada Rodr\u00edguez, existi\u00f3 una sociedad patrimonial como compa\u00f1eros permanentes durante los extremos temporales a que ya se ha hecho menci\u00f3n; declaratoria que estim\u00f3 viable al encontrar, de acuerdo con la prueba recaudada, que si bien Quesada Rodr\u00edguez estaba casado, se hab\u00eda separado materialmente de su consorte y, por tanto, la sociedad conyugal derivada de ese v\u00ednculo matrimonial se hab\u00eda disuelto, como, tambi\u00e9n, que estaba demostrado que entre los compa\u00f1eros permanentes existi\u00f3 una comunidad de vida y un \u00e1nimo de asociarse para efectos econ\u00f3micos y patrimoniales que dio lugar a la sociedad declarada. <\/p>\n
Debe existir, entonces, razonabilidad al momento de definir la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del o de la compa\u00f1era permanente que junto a su pareja contribuy\u00f3 a formar un patrimonio, aun cuando \u00e9sta no haya disuelto las nupcias previas, pues en asuntos de familia, la regla interpretativa imperante debe ser el criterio material, el cual corresponde a la convivencia efectiva al momento de forjarse una masa de bienes, y no el formalista, relacionado con el matrimonio vigente pero desligado de facto\u2026 <\/p>\n
4.4. En ese orden de ideas, resulta propicia la oportunidad para precisar y dejar sentado que los bienes adquiridos por cualquiera de los c\u00f3nyuges con posterioridad a la separaci\u00f3n de hecho definitiva e irrevocable, carecen de la connotaci\u00f3n de sociales. La raz\u00f3n de esto estriba en que en el interregno no puede hablarse de sociedad conyugal por ausencia de causa\u2026 [7] <\/p>\n
Acreditada la separaci\u00f3n de hecho definitiva e irrevocable de los c\u00f3nyuges, esto trae consigo, la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal (\u2026) En otras palabras, la sentencia judicial que con fundamento en la separaci\u00f3n judicial o de hecho disuelve el matrimonio, con efectos en la terminaci\u00f3n de la comunidad de bienes, no se torna determinante en t\u00e9rminos constitutivos, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que esa extinci\u00f3n ya ha ocurrido, de ah\u00ed que, en el campo patrimonial, una decisi\u00f3n de esa naturaleza solo es declarativa\u2026 <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, en el sub lite se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no puede prosperar, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden8. <\/p>\n
3.2. Adicionalmente, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo… (Ver cita en CSJ STC7213-2020). <\/p>\n
En este caso, como se indic\u00f3, la accionada decidi\u00f3 el asunto en forma razonada, aplicando las reglas de la sana cr\u00edtica en materia probatoria y bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone negar el auxilio invocado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo digital 13. contestacion dda quesada.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Archivo digital 22. ACTA AUDIENCIA – APELACI\u00d3N.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Archivo digital 06.0 AutoDesiertoRecurso.pdf. <\/p>\n
4\u0002 Archivo digital 08.0 Fallo Revoca.pdf. <\/p>\n
5\u0002 Se trata del abogado Elkin Sebasti\u00e1n Suarez, quien, no obstante, no alleg\u00f3 poder para actuar en sede de tutela. <\/p>\n
6\u0002 Ver cita en Consideraciones, numeral 4.1., p\u00e1rrafo 4. <\/p>\n
7\u0002 Cita reiterada en CSJ SC3771-2022. <\/p>\n
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