STC220-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC220-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04442-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sandra D\u00edaz Delgado contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso verbal de radicado 2020-00197-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora -a trav\u00e9s de apoderada judicial- reclama la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. La tutelante present\u00f3 demanda contra la compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A., con el fin de que se declare que es \u00abbeneficiaria de la p\u00f3liza de seguros de vida contratada, [\u2026] por la suma de [\u2026] $183.204.719 m\u00e1s los intereses moratorios generados desde el 10\/04\/2009\u00bb, con fundamento en la \u00abp\u00f3liza de vida No. 1530108135610 [\u2026] vigente el d\u00eda 10\/04\/2019, fecha de calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral y determinaci\u00f3n de invalidez por parte de la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez [\u2026]\u00bb1. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga -con sentencia del 21 de abril de 2022- resolvi\u00f3 \u00abdeclarar probada de oficio la excepci\u00f3n de fondo inexistencia de la obligaci\u00f3n de pago del seguro por exclusi\u00f3n del anexo de enfermedades graves, y por la no vigencia, para la fecha de la reclamaci\u00f3n, del anexo de enfermedades graves e invalidez\u00bb. Y neg\u00f3 \u00abtodas las pretensiones de la demanda\u00bb2. Inconforme con la determinaci\u00f3n, la actora impetr\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n3, el cual fue concedido en el efecto suspensivo4. <\/p>\n
2.3. El Tribunal querellado -con prove\u00eddo del 10 de octubre de 2022- decidi\u00f3 \u00abconfirmar por razones diferentes la sentencia proferida el 21 de abril de 2022\u00bb5. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, la actora, por v\u00eda de tutela, anota que el estrado ad quem incurre en defecto sustantivo al desconocer los precedentes de esa misma corporaci\u00f3n, frente a los cuales se \u00ab[\u2026] hab\u00eda ordenado el pago a la compa\u00f1\u00eda de seguros bol\u00edvar por negarse al pago de la p\u00f3liza, aspecto que seg\u00fan la [demandada] no se re\u00fane los requisitos para el pago del aseguramiento solicitado, esto es que la demandante [\u2026] de por vida no pueda desempe\u00f1ar tres o m\u00e1s de las actividades b\u00e1sicas de la vida diaria tales como aseo personal, vestirse, comer, higiene, movilidad, traslados, pues a la luz del precedente del Tribunal [\u2026] se trata de un contrato leonino que a todas luces vulnera los derechos del asegurado\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado manifest\u00f3 que la determinaci\u00f3n atacada \u00abse fund\u00f3 en un criterio jur\u00eddico razonable, que atendi\u00f3 los argumentos esgrimidos por las partes, las pruebas obrantes en el dossier y las normas jur\u00eddicas aplicables al caso [\u2026]\u00bb. Concluy\u00f3 que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de derechos6. <\/p>\n
2. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 que el fallo que profiri\u00f3 \u00abfue suficientemente argumentado, ce\u00f1ido al examen de los contratos base de la litis y a las dem\u00e1s pruebas recaudadas\u00bb7. <\/p>\n
3. La compa\u00f1\u00eda Seguros Bol\u00edvar S.A. indic\u00f3 que los \u00abjueces de instancia aplicaron correctamente las normas procesales vigentes y llegaron a una conclusi\u00f3n v\u00e1lida y coherente de acuerdo con lo actuado en el proceso\u00bb8. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por la tutelante, con ocasi\u00f3n de la sentencia dictada el 10 de octubre de 2022, con la cual se confirm\u00f3 la de primer grado. Ello pues, estima que la Sala enjuiciada desconoci\u00f3 el precedente instituido por esta Corporaci\u00f3n respecto de los contratos de seguros frente a la invalidez parcial. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Sala Civil-Familia del Tribunal de Bucaramanga -con fallo del 10 de octubre de 2022-, expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 confirmar la sentencia del a quo. Para ello, referenci\u00f3 la normativa que regula el contrato de seguros -art\u00edculos 1036, 1056, 1075, 1077, 1080, 1137 del C\u00f3digo de Comercio-. Indic\u00f3 que el contrato marco es el contenido en la p\u00f3liza No. 1530108135610 celebrado entre las partes en litis, el cual fue renovado el 9 de febrero de 2018 y vigente al momento de la reclamaci\u00f3n -el 8 de mayo de 2018-, que cubr\u00eda el amparo de incapacidad total y permanente. Circunstancia frente a la que rese\u00f1\u00f3 no haber sido controvertida por la convocada. <\/p>\n
2.1. De cara a los supuestos f\u00e1cticos planteados y a las pruebas arrimadas a la causa, manifest\u00f3 que no es posible aseverar, como lo hizo el juez a quo, que \u00abel amparo rogado por la demandante era el de \u201cenfermedad grave\u201d, excluido de la p\u00f3liza No. 1530108448911, pues lo cierto es que lo pretendido seg\u00fan lo expuesto en el escrito de la demanda, es la afectaci\u00f3n del anexo de \u201cincapacidad total y permanente\u201d, vigente para la fecha de reclamaci\u00f3n [\u2026], e incluso para la calenda en que cobr\u00f3 firmeza el dictamen emitido por la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez (4 de abril de 2019) que aport\u00f3 como prueba del siniestro, aun cuando en el l\u00edbelo inicial se hace una somera alusi\u00f3n al anexo por enfermedad grave\u00bb. <\/p>\n
2.2. En ese orden, discurri\u00f3 que la discusi\u00f3n se encamin\u00f3 a establecer si \u00abla demandante cumpli\u00f3 con la carga de acreditar la ocurrencia del siniestro; y de ser ello as\u00ed, si la demandada estaba obligada a su reconocimiento y pago. En otras palabras, si el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral aportado por la demandante en la reclamaci\u00f3n del 8 de mayo de 2018, es prueba del siniestro pactado en el anexo de incapacidad total y permanente de la p\u00f3liza No. 1530108135610\u00bb. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, indic\u00f3 que la demandante aport\u00f3 al legajo los dict\u00e1menes de p\u00e9rdida de capacidad laboral emitidos por la junta regional y nacional de calificaci\u00f3n de invalidez, del 4 de abril de 2018 y 10 de abril de 2019, respectivamente, y \u00ablas incapacidades m\u00e9dicas prescritas en el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2013 y el 5 de julio de 2014 que suman m\u00e1s de 180 d\u00edas continuos\u00bb. Con sustento en esos elementos, remarc\u00f3 que estos \u00abno acreditan la estructuraci\u00f3n del siniestro, de suerte que no surgi\u00f3 la obligaci\u00f3n a su cargo, por la pot\u00edsima raz\u00f3n que la asegurada no prob\u00f3 haber sufrido una lesi\u00f3n o alteraci\u00f3n incurable, que de por vida le impidiera desempe\u00f1ar como m\u00ednimo tres de las seis actividades b\u00e1sicas de la vida diaria [aseo personal, vestirse, comer, higiene, movilidad, traslados] , pues no le bastaba con demostrar \u00fanicamente la incapacidad m\u00e9dica por el t\u00e9rmino descrito\u00bb. Factores frente a los cuales consider\u00f3 que, pudieron \u00abser probados por distintos medios\u00bb dado que \u00aben la p\u00f3liza no se estableci\u00f3 un est\u00e1ndar de prueba sobre el siniestro\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, advirti\u00f3 que en el asunto \u00abno se desde\u00f1a el dictamen aportado por su proveniencia, su inconducencia radica en que no devela que la asegurada est\u00e9 impedida para desarrollar las actividades ya se\u00f1aladas; todo lo contrario, los conceptos que all\u00ed se consignaron permiten concluir que a\u00fan con dificultad, ella se desplaza por sus propios medios: \u201c(\u2026) ingresa solo (sic) al consultorio, diestra, deambula sin apoyo externo, en miembros superiores arcos de movimiento articular de hombro derecho limitados en forma moderada, en izquierdos completos (\u2026)\u201d\u00bb. Adem\u00e1s, observ\u00f3 del interrogatorio de parte, que la actora, al narrar su rutina diaria, \u00abdej\u00f3 en evidencia que se procura sus cuidados b\u00e1sicos, se traslada por cuenta propia, no requiere apoyos para la ingesta de alimentos o para mantener su higiene personal. En esa oportunidad manifest\u00f3 que baja con cuidado las escaleras, que hace terapias para fortalecer su columna y rodilla, cocina con la ayuda de su esposo, va a misa, entre otras actividades, siempre que no tenga s\u00edntomas de v\u00e9rtigo que la incapaciten\u00bb. De ese modo, la Sala concluy\u00f3 que \u00abel riesgo asegurado no se concret\u00f3, aun teniendo por acreditado el grave estado de salud de la peticionaria. Esa circunstancia, contrario a lo esgrimido por la recurrente, no torna abusivo ni lesivo de sus intereses el pacto; este es producto de la liberalidad de las partes, y especialmente del arbitrio de la aseguradora en la delimitaci\u00f3n del riesgo asegurado\u00bb. <\/p>\n
2.4. Asimismo, aclar\u00f3 que la definici\u00f3n del siniestro en el contrato es \u00abclara, no llama a equ\u00edvocos, pues contrario a lo que ocurri\u00f3 en los casos que cita la opugnante, el anexo se\u00f1ala los eventos que lo configuran; bien sea la incapacidad superior a 180 d\u00edas continuos y la imposibilidad de desarrollar 3 labores b\u00e1sicas de la vida diaria, o la p\u00e9rdida anat\u00f3mica de alguno de los miembros u \u00f3rganos all\u00ed enlistados; situaci\u00f3n que aunque demanda gravedad en el estado de salud del asegurado, es realizable y susceptible de potencial ocurrencia\u00bb. Al respecto y con sustento en la sentencia T-007 de 2015, discerni\u00f3 que la Corte Constitucional ampar\u00f3 \u00ablos derechos de una docente dictaminada con p\u00e9rdida de capacidad laboral de 95% por afecciones en su laringe, a quien le fue negado el amparo de su seguro de vida, bajo el argumento que no se trataba de una disminuci\u00f3n total sino parcial de su capacidad, motivo por el cual, pod\u00eda desempe\u00f1ar otras \u00e1reas. La Corte ampar\u00f3 sus derechos y orden\u00f3 el pago de la p\u00f3liza, tras advertir que aquella no estableci\u00f3 un par\u00e1metro claro en caso de invalidez o incapacidad del tomador, que constituyera el riesgo asegurado, debiendo tenerse por tal, como m\u00ednimo, el est\u00e1ndar del r\u00e9gimen social en pensiones, cual es el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral\u00bb. Adem\u00e1s, precis\u00f3 que ese Tribunal conoci\u00f3 de un asunto de circunstancias semejantes \u2013sentencia del 18 de abril de 2016-, donde \u00abse exigi\u00f3 para la configuraci\u00f3n del siniestro, el padecimiento de lesiones org\u00e1nicas o alteraciones incurables que de por vida impidieran a la persona desempe\u00f1ar cualquier trabajo remunerativo, hip\u00f3tesis que el Colegiado encontr\u00f3 imposible de cumplir, en tanto solo se estipul\u00f3 la configuraci\u00f3n del siniestro ante la incapacidad del 100%\u00bb. <\/p>\n
De cara a lo expuesto, resalt\u00f3 que ello dista de lo narrado en el asunto objeto de litis, toda vez que \u00abla demandante adquiri\u00f3 un seguro de vida que impone a la aseguradora el pago de una indemnizaci\u00f3n en caso de que sobreviva a una circunstancia pre definida, cual es la incapacidad total y permanente en los t\u00e9rminos ya citados, que aunque demanda un estado grave de salud y dependencia, no comporta un imposible, bajo el entendido que muchas patolog\u00edas o incluso accidentes que interesan la integridad f\u00edsica de una persona, pueden derivar en la postraci\u00f3n que all\u00ed se se\u00f1ala, por lo que no puede predicarse ambig\u00fcedad en su definici\u00f3n, mucho menos un ejercicio arbitrario en el dise\u00f1o del producto\u00bb. As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que \u00abante la falta de demostraci\u00f3n de la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado, las s\u00faplicas de la actora est\u00e1n llamadas al fracaso [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Tribunal atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable9. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo sobre el tema. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y la entidad gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto12. <\/p>\n
5. En definitiva, se negar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comunicar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 5 a 8 del archivo PDF \u00ab001Demanda y Anexos\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab22ApelacionContraSentencia\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab023ConcedeApelacion\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo PDF \u00ab07. Sentencia 10-10-2022\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 16 de diciembre de 2022. <\/p>\n
7\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 19 de diciembre de 2022. <\/p>\n
8\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 19 de diciembre de 2022. <\/p>\n
9\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
10\u0002 Anexo 01022006-1407-N-37-VI_129 del contrato de seguro. Folios 26 a 59 del archivo PDF \u00ab009ContestaSegurosBolivar\u00bb. <\/p>\n
11\u0002 En un asunto relativo a lo pactado en el contrato de seguro, donde el Tribunal ad quem advirti\u00f3 que \u00abla aseguradora se [ci\u00f1\u00f3] a las cl\u00e1usulas pactadas en desarrollo del principio de autonom\u00eda de la voluntad, efecto claramente establecido por las partes respecto del que no es dable ensayar otros criterios de interpretaci\u00f3n (\u2026) [la cl\u00e1usula estudiada] no es ilegal ni genera interpretaciones ambiguas o dudosas. En ese orden de ideas, (\u2026) no existe responsabilidad civil contractual atribuible a la aseguradora [\u2026], debi\u00e9ndose por obviedad declarar probada las excepciones de fondo [\u2026]\u00bb. La Corte consider\u00f3 que \u00abla argumentaci\u00f3n que acompa\u00f1a aqu\u00e9l veredicto se aline\u00f3 al tema propuesto por el all\u00e1 aspirante y controvertido por su contendiente, esto es, se defini\u00f3 la litis dentro de los par\u00e1metros f\u00e1cticos, probatorios y jur\u00eddicos que delimitaron las partes durante el transcurso del pleito. As\u00ed mismo, esas disertaciones lucen ponderadas y cuando menos atendibles dentro del limitado margen en que se mueve esta especial justicia. No cosa diferente puede sostenerse siendo que los juicios que emiti\u00f3 la Colegiatura censurada partieron del an\u00e1lisis de las normas que subsum\u00edan el caso concreto, en la Jurisprudencia de esta Corte que se consider\u00f3 aplicable y la interpretaci\u00f3n de algunas m\u00e1ximas del derecho como \u00abpacta sunt servanda\u00bb, seg\u00fan la cual todo contrato legalmente celebrado es ley para quienes lo suscriben \u2013 art. 1602 del C\u00f3digo Civil-\u00bb (STC3207-2018). <\/p>\n
12\u0002Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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