STC221-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC221-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2022-04453-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Blanca Gloria Osorio Giraldo, quien dice actuar en representaci\u00f3n de Juan Uribe Sierra, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, el Despacho Cuarto Civil del Circuito de la referida urbe y el se\u00f1or Oscar Alberto Ruiz Uribe. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de los derechos fundamentales de su prohijado al debido proceso y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al interior del proceso de tutela referenciado. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El 27 de abril del 2012, dentro del proceso de radicado 2009-006021, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn puso fin a la controversia con sentencia que declar\u00f3 la existencia de la sociedad de hecho entre los se\u00f1ores Juan Uribe Sierra y \u00d3scar Ruiz Uribe, surgida entre el mes de septiembre de 1978 hasta la fecha. En consecuencia, la declar\u00f3 en estado de disoluci\u00f3n y orden\u00f3 su liquidaci\u00f3n2. Tal prove\u00eddo fue confirmado por la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 06 de agosto de 20143. <\/p>\n
2.2. Asever\u00f3 que, pese a lo anterior, la Sala Civil la mencionada Colegiatura profiri\u00f3 los autos del 26 de noviembre de 20184 y del 22 de enero del 20205, las cuales \u00abdesconocieron la firmeza que arropaba la sentencia proferida por el juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
2.3. Afirm\u00f3 que, a pesar de los m\u00faltiples requerimientos realizados dentro del proceso liquidatorio al administrador de la sociedad -\u00d3scar Ruiz-, este se ha negado \u00aba prestar colaboraci\u00f3n en el proceso liquidatario, incumpliendo lo ordenado por el c\u00f3digo civil en el art\u00edculo 633\u00bb. Tal actitud dilatoria, presume, se debe a que \u00abla fecha, el demandado continua ejerciendo la administraci\u00f3n sobre los contratos de comodato que dieron origen a la declaraci\u00f3n de la sociedad de hecho entre las partes, lucr\u00e1ndose de manera individual de las utilidades generadas por dichos bienes, desconociendo los derechos del se\u00f1or JUAN URIBE SIERRA\u00bb. <\/p>\n
2.4. En atenci\u00f3n a lo anterior, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Medell\u00edn, el se\u00f1or Juan Uribe Sierra present\u00f3 demanda de rendici\u00f3n provocada de cuentas contra el se\u00f1or \u00d3scar Ruiz Uribe, en su calidad de administrador de los bienes de la sociedad de hecho existente entre ambos. El pleito cont\u00f3 con el rad. 2021-0004-00. <\/p>\n
2.5. El juicio culmin\u00f3 con sentencia favorable al demandante. De manera que se orden\u00f3 al se\u00f1or Ruiz Uribe a que, dentro de los 60 d\u00edas calendario siguientes a la ejecutoria de la providencia, \u00abrinda cuentas de su gesti\u00f3n como administrador de los locales comerciales ubicados en la plaza Minorista de esta ciudad de Medell\u00edn, siendo la explotaci\u00f3n de estos el objeto social de la sociedad de hecho conformada, a lo cual acompa\u00f1ar\u00e1 los respectivos documentos que la soporten; para las fechas comprendidas entre septiembre de 2009 y la fecha en la cual cobre ejecutoria esta providencia\u00bb6. Inconforme, el apoderado de la pasiva apel\u00f3 dicha determinaci\u00f3n7. <\/p>\n
2.6. La alzada fue resuelta por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn en prove\u00eddo del 28 de octubre del 2022. En tal oportunidad, el ad quem resolvi\u00f3 revocar la determinaci\u00f3n de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.7. Adujo la accionante que el Colegiado se abstuvo, de manera injustificada, de cumplir con su obligaci\u00f3n de ejercer justicia material en favor del se\u00f1or Uribe Sierra, al no realizar un estudio detenido de los aspectos puntuales procedimentales y sustanciales. <\/p>\n
Encontr\u00f3 il\u00f3gico que la Sala haya considerado que quien estaba legitimado para interponer la acci\u00f3n de rendici\u00f3n de cuentas fuera el administrador de la sociedad, \u00abcuando este se ha negado a hacer entrega al LIQUIDADOR de los bienes sociales en cumplimiento a la normatividad legal y a los diferentes requerimiento del juzgado que conoce de la liquidaci\u00f3n de la sociedad de hecho, verbo y gracia auto de fecha xxx (sic), motivo por el cual nunca el LIQUIDADOR ha podido ejercer sus funciones en debida forma bajo la posici\u00f3n permisiva del JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO quien ha asumido una actitud pasiva frente a la actitud del dilatoria y desafiante del demandado, limit\u00e1ndose a expedir autos PROMETIENDO sanciones las cuales nunca de han hecho efectivas\u00bb. Sentenci\u00f3 que no hay nadie m\u00e1s id\u00f3neo para solicitar la rendici\u00f3n provocada de cuentas que el propio socio, quien ha instado en diferentes oportunidades le sean canceladas sus utilidades. <\/p>\n
A su turno, indic\u00f3 que no era pertinente declarar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, puesto que el proceso liquidatorio no ha finalizado. As\u00ed pues, comoquiera que la sociedad de hecho se encuentra en estado de liquidaci\u00f3n, \u00abaun pertenece al mundo jur\u00eddico y mientras sea as\u00ed, la explotaci\u00f3n de los locales comerciales que hacen parte de la sociedad existen, funcionan y son dirigidos , administrados y explotados por el demandado se\u00f1or OSCAR RUIZ, sin participar de las utilidades a su socio el se\u00f1or JUAN URIBE\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que en las providencias dictadas el 26 de noviembre del 2018 y 27 de enero del 2020, \u00abigualmente la magistrada asumi\u00f3 posiciones similares a la enunciada en precedencia, dentro de las cuales brill\u00f3 por su ausencia, de manera injustificada, el estudio juicioso de todos los elementos constitutivos de los elementos procedimentales y sustanciales al atenta contra la SEGURIDAD JURIDICA, pues en dichas providencias se dio al traste con la sentencia proferida por el juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia dictada el 28 de octubre del 2022 y, en su lugar, se confirme el fallo proferido por el Juzgado Segundo del Circuito de Medell\u00edn en el proceso 2021-00004-00. Adem\u00e1s, inst\u00f3 a que se decrete \u00abla firmeza de la integridad de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn, dentro del proceso con radicado 0500131030042014000973 promovido por el se\u00f1or JUAN URIBE en contra de OSCAR SIERRA, ordenando la liquidaci\u00f3n de la sociedad decretada judicialmente en los t\u00e9rminos establecidos en tales sentencias, dejando sin efecto las providencias proferidas por el Tribunal Superior de Medell\u00edn de fechas noviembre 26 de 2018 y enero 22 de 2020\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn aleg\u00f3 que la tutelante no acredit\u00f3 su condici\u00f3n de apoderada o agente oficiosa. Por lo tanto, advirti\u00f3 que no cumple con las exigencias consagradas en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Adicionalmente, manifest\u00f3 que todas las decisiones tomadas en sede de segunda instancia \u00abestuvieron soportadas en el an\u00e1lisis de las pruebas regular y oportunamente allegadas, e igualmente en observancia de las normas sustanciales y procesales que rigen la materia\u00bb. Por tanto, no considera que se haya incurrido en ninguna v\u00eda de hecho. <\/p>\n
2. Hugo Isaac Cata\u00f1o Rave, quien dijo actuar como apoderado judicial de Oscar Alberto Ruiz Uribe, asever\u00f3 que \u00abpara el caso especial de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y en este caso concreto, en lo que se refiere a la violaci\u00f3n del debido, no tiene ning\u00fan fundamento jur\u00eddico ni de hecho, por las garant\u00edas para las partes han sido suficientes y como se indic\u00f3 todas han tenido la libertad para el ejercicio del derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora, quien manifiesta ser apoderada judicial del se\u00f1or Juan Uribe Sierra, cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n proferida el 28 de octubre del 2022 en el proceso de radicado 2021-00004-00, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, pues considera que vulnera el derecho al debido proceso de su prohijado. Lo propio se predica respecto de los autos dictados por aquella Corporaci\u00f3n el 26 de noviembre de 2018 y el 22 de enero de 2020, en el juicio de rad. 2014-00973-00, comoquiera que desconocen la sentencia del Juez Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn, la cual se encuentra ejecutoriada. <\/p>\n
2. Temprano se advierte que esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. En efecto, la promotora no es la titular de los derechos fundamentales cuya vulneraci\u00f3n se atribuye a la Sala Civil del Tribunal de Medell\u00edn. As\u00ed como tampoco alleg\u00f3 poder especial que la faculte para actuar en el presente asunto ni adujo actuar en calidad de agente oficioso. <\/p>\n
3. Dicho requisito de postulaci\u00f3n se encuentra prescrito en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que \u00abPodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, debe resaltarse que la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed mismo, debe resaltarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, STC1042-2019). <\/p>\n
<\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional, en un caso de similares contornos al sub judice, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn efecto, el tema de la especificidad en los poderes toma importancia, pues el cumplimiento de este principio hace posible que un apoderado judicial interponga una acci\u00f3n de tutela a nombre de su poderdante, ya que de la estructura del poder depende que el juez de tutela identifique con claridad si existe o no legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
Es entonces una exigencia que el poder por medio del cual se faculta al abogado para actuar cuente con una serie de elementos en los que se identifique en forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. <\/p>\n
Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb (T-1025\/06 Corte Constitucional). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
<\/p>\n
En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-\u001f001\/97) (Se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden de ideas, dado que la promotora no alleg\u00f3 el poder especial para reclamar por las garant\u00edas de quien aduce representar, no pod\u00eda invocar la salvaguarda pretendida, de modo que resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las anteriores consideraciones, se negar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 83 del PDF \u00ab01.Proceso ordinario\u00bb de la Carpeta 2014-00973. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 180 del PDF \u00ab01.Proceso ordinario\u00bb de la Carpeta 2014-00973. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1gina 136 del PDF \u00ab04. Apelaci\u00f3n auto\u00bb de la Carpeta 2014-00973. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1gina 153 del PDF \u00ab08. Apelaci\u00f3n auto\u00bb de la Carpeta 2014-00973. <\/p>\n
6\u0002 PDF \u00ab40.2021.00004ActaAudienciaFolio209a213\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 PDF \u00ab41.2021.00004ReparosConcretosFolio214a223\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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