STC223-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC223-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02459-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 22 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Mauricio y Armando Guzm\u00e1n Guti\u00e9rrez contra el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de esta ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2007-01273 y en el tr\u00e1mite de insolvencia n\u00b0 2006-00200. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogada, los accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estiman trasgredido por la demora del fallador accionado en resolver la solicitud que formularon en el referido juicio de insolvencia el 26 de septiembre de 2019, con miras a que: (i) se disponga la terminaci\u00f3n de ese tr\u00e1mite, por no haberse logrado la concurrencia de todos los acreedores existentes y (ii) se decrete la prescripci\u00f3n extintiva de los cartulares sobre los que se adelanta el coactivo n\u00b0 2007-01273 (el cual se incorpor\u00f3 al proceso de insolvencia) o, en su defecto, se disponga la anulaci\u00f3n del ejecutivo, en raz\u00f3n a la preexistencia del concordato. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que sea la Corte quien, directamente, conceda los pedimentos elevados en el referido escrito. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 recalc\u00f3 que por auto de 11 de noviembre de 2022 resolvi\u00f3 la solicitud elevada por los accionantes y que actualmente no tiene a su cargo ning\u00fan tr\u00e1mite que adelantar respecto del controvertido juicio concordatario. <\/p>\n
2. Los Juzgados Veinticinco Civil Municipal y Veinte de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 se\u00f1alaron que ya no son los cognoscentes del proceso ejecutivo n\u00b0 2007-01273. <\/p>\n
3. El Juzgado Veinticuatro de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 dijo no haber conocido ninguna actuaci\u00f3n que tenga que ver con esta tramitaci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
4. La Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A.S. dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa, por haber cedido los cr\u00e9ditos que inicialmente pretendi\u00f3 recaudar en el ejecutivo n\u00b0 2007-01273. <\/p>\n
5. Luz Marcela Sandoval defendi\u00f3 la legalidad de la ejecuci\u00f3n que actualmente adelanta contra los actores. <\/p>\n
6. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que, aun cuando inicialmente tramit\u00f3 el proceso de insolvencia que ac\u00e1 interesa, el mismo es conocido actualmente por su hom\u00f3logo Cuarenta y Siete de la misma ciudad. <\/p>\n
7. La Secretar\u00eda Distrital de Hacienda dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Aunque asumi\u00f3 como un hecho superado la mora que se le atribuy\u00f3 al fallador accionado, concedi\u00f3 el amparo para que dicho juzgador resolviera una solicitud de nulidad que los querellantes formularon el 10 de mayo de 2018 (y en la que insistieron el 22 de agosto siguiente) respecto del proceso ejecutivo n\u00b0 2007-01273. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los accionantes, insistiendo en la necesidad de que se disponga la terminaci\u00f3n del concordato y la prescripci\u00f3n de las obligaciones que son objeto del proceso ejecutivo. As\u00ed mismo, discutieron la legalidad del auto que emiti\u00f3 la juez encartada con miras a cumplir la orden de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los argumentos expuestos en el escrito de impugnaci\u00f3n ameritan una modificaci\u00f3n de lo resuelto por la magistratura de primer grado. <\/p>\n
Para ese cometido, es importante anticipar que a este prove\u00eddo le ser\u00e1 ajeno lo concerniente a la concesi\u00f3n del amparo que el tribunal dispuso respecto de la petici\u00f3n elevada el 10 de mayo de 2018 (dado que ninguna impugnaci\u00f3n se interpuso sobre ese particular), as\u00ed como la legalidad del auto de 24 de noviembre de 2022, que la Juez Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 para dar cumplimiento a la orden de tutela (puesto que este \u00faltimo asunto debe ser planteado ante la misma falladora a trav\u00e9s de los recursos pertinentes, o eventualmente ante el juez constitucional de primer grado, si es que se estima que dicho auto no atiende cabalmente los t\u00e9rminos de la orden tuitiva). <\/p>\n
2. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica. <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
Puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la intermisi\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores <\/p>\n
3. De la carencia actual de objeto. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es posible que dentro del tr\u00e1mite constitucional finalice la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
Entonces, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque la conducta violatoria fue corregida, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se itera, pierde motivo el amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
Ante ese panorama, al juez de tutela una vez constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
\u00abRevisado el expediente, se denota que se debe adoptar una medida de saneamiento para evitar futuras nulidad, atinente adicionar la orden pago proferida en el proceso Ejecutivo Hipotecario proveniente del Juzgado Veinte de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple, radicado bajo el n\u00famero 2007-1273, de fecha 8 de noviembre de 2007, en el sentido de indicar que tambi\u00e9n se libra mandamiento tambi\u00e9n contra el se\u00f1or CARLOS MAURICIO GUZMAN GUTIERREZ, m\u00e1xime cuando obra petici\u00f3n en tal sentido en el proceso, que no fue atendida oportunamente por el juzgado que conociera de asunto. <\/p>\n
Ahora en atenci\u00f3n a las solicitudes de la apoderada del aqu\u00ed concordado y del demandado del proceso hipotecario antes referenciado, se agregan a los autos y se pone en conocimiento. Debe tenerse en cuenta que las excepciones se considerar\u00e1n como objeciones y ser\u00e1n decididas como tales, de conformidad con lo ordena el art\u00edculo 99 inciso 7 de la Ley 222 de 1995. <\/p>\n
Respecto a la solicitud de que se declare la extinci\u00f3n del concordato, se debe negar teniendo en cuenta lo estipulado en el art\u00edculo 102 de la Ley que aqu\u00ed nos ocupa, ya que no opera la caducidad en este tipo de acciones. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la solicitud de la nulidad en contra de la providencia de fecha 28 de junio de 2018, se le pone de presente que ese tr\u00e1mite de nulidad ya fue rechazado, en providencia que se encuentra debidamente ejecutoriada, en la medida que, como no se cumpli\u00f3 con la carga procesal del pago de las expensas para el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto, el mismo fue declarado desierto en providencia del pasado 21 de mayo de 2019. <\/p>\n
Por ultimo y con el fin de continuar con el tramite pertinente y en atenci\u00f3n a la solicitud de la acreedora Luz Sandoval, se evidencia que el contralor designado no acepto el cargo se procede a relevarlo y se designa a Edier Castro Guti\u00e9rrez, secretaria notif\u00edquele su designaci\u00f3n al correo electr\u00f3nico castro.edier@yahoo.com y\/o a los datos que aparecen en el acta adjunta a esta providencia.\u00bb <\/p>\n
En ese escenario, colige la Sala que la eventual mora que se le hubiera podido atribuir a la autoridad accionada en cuanto a la resoluci\u00f3n de la aludida solicitud, ya se super\u00f3, resultando inocua cualquier manifestaci\u00f3n que pudiere hacerse frente a la situaci\u00f3n descrita en el libelo introductor, m\u00e1xime cuando al juez constitucional le est\u00e1 vedado, en principio, intervenir en discusiones propias de los jueces ordinarios. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la carencia actual de objeto, perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser, por sustracci\u00f3n de materia, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a lo anterior, esta Sala ha precisado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, y STC11007, 10 ago. 2016, rad. 00420-01, entre otras). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo objeto de censura, por no encontrarse de recibo los argumentos expuestos por los impugnantes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC223-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC223-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02459-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70152","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70152","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70152"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70152\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70152"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70152"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70152"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}