STC224-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC224-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04310-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Cooperativa de Transporte Expreso de los Llanos (Coomullanos) -en reorganizaci\u00f3n- contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare). Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2015-00101-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor -a trav\u00e9s de apoderado judicial- reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa y vida digna. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. La empresa Servicios Especiales Arco Iris S.A.S. present\u00f3 demanda ejecutiva contra la entidad tutelante, con el fin de que se libre orden de pago por \u00ablas siguientes sumas [\u2026] $400.000.000 como capital [\u2026]. Por los intereses de plazo, sobre el monto de capital, causados a partir del 17 de septiembre de 2012 [\u2026] y, hasta el 18 de marzo de 2015 [\u2026]. Por los intereses de mora, sobre el monto de capital, causados a partir de la exigibilidad de la obligaci\u00f3n -19 de marzo de 2015- y hasta cuando se verifique el pago total de la obligaci\u00f3n [\u2026]\u00bb1. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare) -con prove\u00eddo del 4 de noviembre de 2021- resolvi\u00f3 \u00abnegar las excepciones planteadas por la sociedad demandada [\u2026]\u00bb. En consecuencia, orden\u00f3 \u00abseguir adelante la ejecuci\u00f3n en contra de la sociedad demandada [\u2026] para obtener el pago de las obligaciones dinerarias cuantificadas en el mandamiento de pago de fecha 17 de abril de 2015\u00bb2. Decisi\u00f3n que no fue objeto de recurso alguno. <\/p>\n
2.2. Frente a lo decidido, la sociedad actora present\u00f3 solicitud de nulidad para que se ordene \u00abla suspensi\u00f3n del proceso, se declare nulo la declaraci\u00f3n ficta o presunta realizada el 19 de marzo de 2015 por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Monterrey Casanare, se declare la nulidad del proceso ejecutivo de la referencia y se condene en costas a la parte demandante, de conformidad con el art. 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica [\u2026] y conforme lo consagrado en el numeral 4 del art. 132 del C.G. del P\u00bb. Frente a ello, el Despacho cuestionado -con auto del 27 de enero de 2022- decidi\u00f3 \u00ababstenerse de tramitar como incidente la solicitud de nulidad impetrada [\u2026]\u00bb. Y, dispuso correr \u00abel respectivo traslado a la parte demandante [\u2026]\u00bb3. Al respecto, la convocante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. En ese orden, el juzgado accionado -con prove\u00eddo del 10 de marzo de 2022- dispuso \u00abno reponer el auto interlocutorio [\u2026] del 27 de enero de 2022\u00bb4. Seguidamente, con auto del 30 de junio de la misma anualidad, decidi\u00f3 \u00ababstenerse de resolver de fondo [\u2026] por ser inoportuna y por lo tanto, improcedente\u00bb. En consecuencia, rechaz\u00f3 \u00abla solicitud de nulidad [\u2026] por ser improcedente\u00bb5. Inconforme con lo determinado, la actora impetr\u00f3 el remedio de alzada. <\/p>\n
2.4. El Tribunal querellado -con providencia del 24 de octubre de 2022- resolvi\u00f3 \u00abconfirmar la providencia de junio 30 de 2022, proferido por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey \u2013 Casanare\u00bb6. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, la entidad actora, por v\u00eda de tutela, anota que los estrados de instancia incurrieron en distintas v\u00edas de hecho. En primer lugar, se\u00f1ala que \u00abal decretarse el mandamiento de pago por intereses de plazo a la tasa certificada por la Superintendencia Financiera y hasta el 18 de marzo de 2015 y de los moratorios a la tasa m\u00e1xima autorizada por la Superintendencia Financiera, cuando sabido es que en la presunta confesi\u00f3n ficta o presunta no se fijaron intereses y el Despacho deb\u00eda haber decretado los intereses legales conforme lo establecido en el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil [\u2026]\u00bb. En segundo orden, adujo que se realiz\u00f3 una \u00abinterpretaci\u00f3n diferente a los estatutos de la Cooperativa Multiactiva Expreso de los Llanos y al acta de autorizaci\u00f3n celebrada el d\u00eda 6 de septiembre de 2012\u00bb. Adem\u00e1s, cuestiona que no tuvo una debida \u00abdefensa t\u00e9cnica por parte\u00bb de su apoderado en sede de instancia, por cuanto \u00e9ste \u00abdebi\u00f3 haber atacado las pretensiones de la demanda con otra clase de excepciones [\u2026]\u00bb. Y, por no haber \u00abapelado la sentencia de fecha 4 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, resalta que \u00abdebe d\u00e1rsele tramite de incidente a la solicitud presentada como incidente, [\u2026], en la medida que en \u00abel presente asunto existen muchos asuntos que deben ser materia de prueba por falsedad o suplantaci\u00f3n, que generan delitos como se denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, tales como las firmas del apoderado de la parte demandante, porque existe abuso del derecho y v\u00edas de hecho que se deben fallar o decidir en un proceso y no como una cosa accesoria o de plano\u00bb. Igualmente, considera que los jueces no aplicaron \u00abel principio constitucional de la primac\u00eda de la Constituci\u00f3n, pues la nulidad fue solicitada como nulidad constitucional y no como nulidad procesal\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se le d\u00e9 \u00abapertura al incidente de nulidad dentro del proceso [sub examine] y que posterior a ello se decrete la nulidad de las providencias [\u2026] las cuales son violatorias de los derechos fundamentales de [la actora]\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado manifest\u00f3 que \u00aben el auto emitido\u2026 se estudiaron los reparos efectuados por el opugnante, espec\u00edficamente lo atinente a la nulidad presentada por el aqu\u00ed accionante, sin que se logre evidenciar [\u2026] vulneraci\u00f3n alguna, pues la decisi\u00f3n no se encuentra afectada por errores superlativos, ni desprovistos de fundamento objetivo\u00bb7. <\/p>\n
2. El representante de la Sociedad Servicios Especiales Arco\u00edris S.A.S., luego de relatar lo acontecido al interior del juicio debatido, mencion\u00f3 que el despacho \u00abaplic\u00f3 los controles de legalidad en las oportunidades previstas por el estatuto procesal, sin advertir irregularidad o vicio alguno que ameritara la invalidaci\u00f3n parcial o total de la actuaci\u00f3n [\u2026]\u00bb8. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey indic\u00f3 que \u00ablas actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo [\u2026], se ajustan a derecho y a lo preceptuado en el estatuto procesal vigente en cada actuaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual resulta improcedente la acci\u00f3n de tutela formulada por el accionante, toda vez que no se vislumbra conculcaci\u00f3n a derecho fundamental alguno [\u2026]\u00bb9. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por la sociedad tutelante, con ocasi\u00f3n del auto dictado el 24 de octubre de 2022, con el cual se confirm\u00f3 el de primer grado. Ello pues, aduce que el incidente debi\u00f3 darsele apertura pues, no cont\u00f3 con una defensa t\u00e9cnica \u00f3ptima al interior del juicio sub examine. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal de Yopal -con providencia del 24 de octubre de 2022-, expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 confirmar el auto del a quo. Para ello, de entrada, referenci\u00f3 lo dispuesto por el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso en relaci\u00f3n con las causales de nulidad, las cuales fueron \u00abprevistas por el legislador [\u2026], manteniendo la taxatividad\u00bb de las mismas. <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 que la convocante sustenta su exigencia anulatoria con fundamento en el numeral 4\u00aa del canon ib\u00eddem. En relaci\u00f3n con ello, observ\u00f3 que \u00abcarece de legitimaci\u00f3n para invocar la nulidad por indebida representaci\u00f3n, al no ser la persona afectada o directamente perjudicada, recu\u00e9rdese que fundamenta esta causal en el hecho de que la solicitud de interrogatorio de parte como prueba anticipada formulada por Servicios Especiales Arco\u00edris S.A.S., se efectu\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado judicial a quien supuestamente no le fue otorgado poder para actuar, por consiguiente, deb\u00eda rechazarse de plano (CGP. Art. 135)\u00bb. Y, agreg\u00f3 que, si bien la entidad actora \u00abrefiere que impetra la nulidad con base en el art\u00edculo 29 Constitucional, es menester recordar que el legislador en atenci\u00f3n a los criterios establecidos en dicha disposici\u00f3n defini\u00f3 los hechos y circunstancias que generan irregularidades y tienen la virtud de vulnerar el derecho fundamental al debido proceso, por lo que \u00fanicamente existe nulidad en los casos taxativamente enlistados en el art\u00edculo 133 del CGP\u00bb. <\/p>\n
2.2. Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que soslayar las reglas de procedimiento y posibles yerros en el devenir procesal no tiene la virtualidad de generar \u00abautom\u00e1ticamente la invalidez de lo actuado, no hay lugar a imprimirle el tr\u00e1mite previsto para tal instituci\u00f3n, no es suficiente invocar el principio de prevalencia sustancial sobre el procesal y hacer alusi\u00f3n a normas constitucionales, cuando se cumplen los presupuestos que contempla la norma procesal para adelantar el tr\u00e1mite que aqu\u00ed se pretende [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Tribunal atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable10. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo sobre el tema. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. <\/p>\n
En el punto, es necesario destacar que la providencia cuestionada abord\u00f3 el estudio relativo a la configuraci\u00f3n de la nulidad propuesta, frente a la cual el Tribunal observ\u00f3 que los planteamientos esbozados no son susceptibles de encuadrar en la norma aplicable a la materia11. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice, lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y la entidad gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto12. <\/p>\n
5. De cara a los cuestionamientos elevados por la censora contra la determinaci\u00f3n proferida por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Monterrey (Casanare) el 4 de noviembre de 2021, se advierte la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Ciertamente la actora no atac\u00f3 en apelaci\u00f3n dicho prove\u00eddo, con el cual se desat\u00f3 el juicio ejecutivo. Lo anterior, conforme lo contempla el canon 320 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. Por lo tanto, dej\u00f3 fenecer la posibilidad de exponer las razones de su inconformidad para reclamar en pro de sus intereses y contradecir lo que ahora pretende por esta v\u00eda. <\/p>\n
6. En lo tocante con la indebida defensa t\u00e9cnica que ejerci\u00f3 su apoderado en sede de instancia, se observa que ello no ha sido expuesto ante las autoridades respectivas. Por tanto, dicha pretensi\u00f3n no puede ser objeto de an\u00e1lisis a trav\u00e9s de esta senda, por cuanto se quebrantar\u00eda el car\u00e1cter residual de la tutela. Al respecto, la sala ha sostenido que <\/p>\n
\u2026el actor acudi\u00f3 directamente a este auxilio para recriminar la posible dejadez de la apoderada en la causa penal confutada, sin haber puesto primero, dichas irregularidades, en conocimiento de las autoridades competentes, circunstancia que, como se anunci\u00f3 ab initio, pone en evidencia el desacato el car\u00e1cter residual propio de la \u00abtutela\u00bb (CSJ STC11103-2022). <\/p>\n
Sobre tal aspecto tiene decantado esta Colegiatura, que: (\u2026) [E]n relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas. No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente\u2026 por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado, frente a ello, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto que \u2018Tampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u2019 (…) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(…) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (…)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n (\u2026)\u00bb (STC9510 de 13 de julio de 2016, rad. n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-00905-01, reiterada en CSJ STC11103-2022). <\/p>\n
7. Por \u00faltimo, relativo al \u00abperjuicio irreparable\u00bb, por cuanto los dineros embargados corresponden al pago de los asociados de la cooperativa querellante, en consonancia con la garant\u00eda del m\u00ednimo vital, la Sala advierte que ello no va m\u00e1s all\u00e1 de una manifestaci\u00f3n, en la medida que no se demostr\u00f3 \u00abla gravedad de lo acontecido, la inminencia del da\u00f1o, ni la impostergabilidad de las medidas pretendidas\u00bb13, frente a las herramientas de defensa judicial que est\u00e1n en curso, las cuales son las id\u00f3neas para resolver lo requerido14. <\/p>\n
8. En definitiva, se negar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 83 a 86 de los anexos de la demanda de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Folios 38 a 50. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 51 a 53. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 55 a 58. Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folios 59 a 62. Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Folios 67 a 70. Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 19 de diciembre de 2022. <\/p>\n
8\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 19 de diciembre de 2022. <\/p>\n
9\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 12 de enero de 2023. <\/p>\n
10\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
11\u0002 Reiteradamente, esta Corporaci\u00f3n ha establecido, con sustento en la taxatividad de las causales del art\u00edculo 133 del C.G.P., que son razonables las determinaciones de instancia cuando determinan que no es posible derivar a otras razones lo reglado en dicha norma, incluso, cuando se propone lo dispuesto en el canon 29 de la Constituci\u00f3n Nacional. A saber: STC5010-2019, STC12013-2019, STC12634-2019, STC507-2022, STC9891-2022, entre otras determinaciones. <\/p>\n
12\u0002Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
13\u0002 STC6431-2022. <\/p>\n
14\u0002 En relaci\u00f3n con el perjuicio irremediable, la Corte ha sostenido que: \u00ab(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, STC15930-2018, STC3455-2020 y STC16008-2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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