STC226-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC226-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-03789-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Francisco de Jes\u00fas Garc\u00eda Pineda contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y el Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso verbal de radicado 2018-00508-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas allegadas, se resalta lo que viene. <\/p>\n
2.1. Yuli Margot Bitar Arrieta interpuso ante el Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda, demanda conexa de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal contra el aqu\u00ed tutelante, con el fin de que se \u00abliquide la sociedad conyugal de los se\u00f1ores [demandado] y [demandante], conforme el tr\u00e1mite establecido en el art\u00edculo 523 del C.G.P.\u00bb1. De cara a ello, el actor manifiesta que el 12 de agosto de 2019 \u00abel despacho realiz\u00f3 diligencia de inventarios y aval\u00faos, aprobando el inventario de todos los lotes que figuran a [su] nombre en la urbanizaci\u00f3n Mandala etapa 1 de esta ciudad, en el que ten\u00eda un terreno y efectu[\u00f3] un loteo, es decir la curadur\u00eda solo expidi\u00f3 la licencia de urbanismo sobre un loteo (sic) el cual se protocoliz\u00f3 en escritura p\u00fablica 2.996 de fecha 10 de diciembre de 2010 emanada de la notar\u00eda tercera de Monter\u00eda, los cuales entre [su] ex esposa y [el] vendie[ron] y entrega[ron] a quienes de buena [fe] compraron los lotes\u00bb. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1ala que la juez, el \u00ab11 de febrero de 2021 [\u2026] aprob\u00f3 un inventario adicional en el que el mismo avaluador de los lotes, [\u2026] afirm\u00f3 que sobre algunos lotes existen viviendas de inter\u00e9s prioritario VIP [\u2026] avalu\u00f3 las construcciones ilegales y que fueron hechas por las personas que de buena fe compraron los lotes, pero por desconocimiento del deber legal de registrar, no registraron sus escrituras, de compraventa de los lotes en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos\u00bb. Contra ello, el actor interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue desatado por el Tribunal querellado -con prove\u00eddo del 21 de mayo de 2021-, en el que resolvi\u00f3 \u00abconfirmar el auto de fecha 11 de febrero de 2021\u00bb2. <\/p>\n
2.3. Seguidamente, los apoderados de las partes en litis presentaron de forma independiente trabajos de partici\u00f3n3. En ese sentido y ante el desacuerdo entre los partidores, con prove\u00eddo del 8 de abril de 2022, la juez resolvi\u00f3 \u00ababstenerse de dar curso a los respectivos trabajos de partici\u00f3n presentados de manera unilateral por los partidores [\u2026]\u00bb. Por ello, design\u00f3 a otra persona para que llevara a cabo el \u00abtrabajo de partici\u00f3n\u00bb correspondiente4. La auxiliar de justicia elegida, present\u00f3 el respectivo trabajo de partici\u00f3n. De cara a ello, con providencia del 22 de junio de 2022, se dispuso correr traslado a las partes por el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas5. Frente a esto, el extremo pasivo \u00abmanifest\u00f3 su inconformidad a trav\u00e9s de las objeciones [\u2026]\u00bb, por lo que el Despacho surti\u00f3 su tr\u00e1mite \u00abv\u00eda incidental\u00bb y, orden\u00f3 correr su traslado6. <\/p>\n
1\u00b0.- Por ser un asunto de pleno derecho y de no existir la necesidad de la pr\u00e1ctica de pruebas, se decide de plano el respectivo incidente. <\/p>\n
2\u00b0.- NEGAR la petici\u00f3n del rechazo de aval\u00faos y la aplicaci\u00f3n de la regla contenida en el numeral 4 del art\u00edculo 444 del CGP [\u2026]. <\/p>\n
3\u00b0.- NEGAR la exclusi\u00f3n de la suma de [\u2026] $10.000.000 pertenecientes al capital suscrito por la extinta sociedad Acacias S.A.S. [\u2026]. <\/p>\n
4\u00b0.- ORDENESE reelaborar la partici\u00f3n por el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas, en el que la partidora deber\u00e1 incluir la suma de $536.868.700 por considerarla social y no haber subrogada en la escritura de compra, tal como se aprob\u00f3 en la providencia proferida en estrados el 12 de agosto de 2019\u00bb. <\/p>\n
5\u00b0.- ORDENESE a la partidora corregir la inconsistencia del n\u00famero de M.I. de la partida ciento noventa y ocho, por cuanto no guarda relaci\u00f3n con el listado que acompa\u00f1a al trabajo de partici\u00f3n que milita a folio 242 del cuaderno No. 5 del expediente, por las razones expuestas en la parte motiva del presente auto7. <\/p>\n
Inconforme con lo determinado, el actor impetr\u00f3 recurso de reposici\u00f3n8. <\/p>\n
2.5. En ese orden, el Despacho querellado, con auto del 12 de agosto de 2022, dispuso \u00abdejar inc\u00f3lume el numeral 2 del auto calendado julio 26 [de 2022], el que dispuso: \u201cnegar la petici\u00f3n de rechazo de aval\u00faos y la aplicaci\u00f3n de la regla contenida en el numeral 4 del art\u00edculo 444 del CGP\u201d\u00bb9. <\/p>\n
2.6. As\u00ed las cosas, el actor, por v\u00eda de tutela, aduce que las decisiones proferidas vulneraron \u00ablos art\u00edculos 13 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. La Ley 1579 de 2012 art\u00edculo 2\u00b0\u00bb. Asimismo, cuestiona que se \u00abaprob\u00f3 un inventario que incluye construcciones ilegales, es decir no cuentan con una licencia de construcci\u00f3n con las formalidades de ley o sea una resoluci\u00f3n expedida por una curadur\u00eda urbana [\u2026], puesto que yo solicit\u00e9 una licencia de loteo, es claro que lo aprobado por el despacho es abiertamente ilegal, porque al aprobar el peritaje donde se valorizan las construcciones que no cuentan con una escritura de declaraci\u00f3n de construcci\u00f3n ni mucho menos una licencia de construcci\u00f3n, lo que se puede evidenciar en las anotaciones del certificado de tradici\u00f3n y libertad. La partici\u00f3n adolece de nulidad absoluta, toda vez que contrar\u00eda las disposiciones legales\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que \u00abse reforme el numeral 2\u00ba del auto de fecha 26 de julio de 2022 proferido por el juzgado tercero de familia del circuito de Monter\u00eda y en consecuencia se ordene incluir detalladamente los datos de las presuntas construcciones en cada lote de acuerdo a lo aprobado por el ente accionado y lo anotado en el peritaje de construcciones\u00bb. Adem\u00e1s, se \u00abrevoque el numeral 4\u00ba del auto del 26 de julio de 2022 [\u2026] y en su lugar se ordene reelaborar el trabajo de partici\u00f3n incluyendo la compensaci\u00f3n al demandado por haber aportado a la sociedad el dinero producto de la venta de un bien propio cuya suma ascendi\u00f3 a $536.868.700, quedando ese bien mueble aportado por el ex consorte al haber social lo cual ocasiona una compensaci\u00f3n a favor del demandado\u00bb. Por \u00faltimo, se \u00abordene rehacer el inventario incluyendo detalladamente las construcciones que el despacho aprob\u00f3, as\u00ed como la correspondiente compensaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado manifest\u00f3 que \u00abha conocido en dos oportunidades del proceso g\u00e9nesis de la queja constitucional [\u2026], en una primera oportunidad fue conocido en apelaci\u00f3n de auto, recurso que fue interpuesto en contra del prove\u00eddo que resolvi\u00f3 la objeci\u00f3n al inventario, alzada que fue resuelta el 21 de mayo de 2021, posteriormente e[sa] judicatura el 9 de noviembre de 2021, resolvi\u00f3 conflicto de competencia entre los juzgados Primero y Tercero de Familia del Circuito de Monter\u00eda\u00bb. Estim\u00f3 que en ambas oportunidades \u00abobr\u00f3 conforme a derecho [\u2026]\u00bb10. <\/p>\n
2. El Despacho Tercero de Familia de Monter\u00eda resalt\u00f3 que el actor previamente interpuso acci\u00f3n constitucional sobre el mismo t\u00f3pico. Adem\u00e1s, mencion\u00f3 que \u00abno le asiste raz\u00f3n al accionante, puesto que el debido proceso ha sido estrictamente aplicado en cada una de las actuaciones que integran el proceso liquidatorio de la referencia\u00bb11. <\/p>\n
3. Yuly Margoth Bitar Arriera indic\u00f3 que el demandante \u00abparte de afirmaciones subjetivas [\u2026], para luego hacer concatenaciones normativas improcedentes. Sobre este punto, desconoce el actor, que en el art\u00edculo 501 del C.G.P., se establecen las reglas de la diligencia de inventarios y aval\u00faos [\u2026]. En la norma no se habla de legalizaci\u00f3n de construcciones ni de controles urban\u00edsticos, pues, al juez le est\u00e1 vedado judicar (sic) sobre aspectos que no se deriven de las normas jur\u00eddicas que orientan sus actuaciones\u00bb12. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por el tutelante, con ocasi\u00f3n del auto dictado el 12 de agosto de 2022, con el cual se confirm\u00f3 el del 26 de julio de la misma anualidad. Ello pues, estima que el respectivo trabajo de partici\u00f3n no se encuentra completo debido a la inexactitud en la informaci\u00f3n all\u00ed rese\u00f1ada. Adem\u00e1s, indica que debe establecerse a su favor compensaci\u00f3n por la suma monetaria aportada a la sociedad conyugal. <\/p>\n
2. De entrada resulta necesario destacar la improcedencia del amparo en lo relativo a los cuestionamientos elevados frente a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal de Monter\u00eda, pues las inconformidades contra que esa autoridad \u2013que se concretan en el auto del 21 de mayo de 2021 que desat\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n contra el prove\u00eddo del 11 de febrero anterior- ya fueron objeto de debate constitucional en esta sede. En efecto, esta Sala con providencia del 7 de septiembre de 2022 \u2013STC11808-2022-13, luego de analizar los presupuestos generales de las acciones constitucionales, resolvi\u00f3 denegar el amparo solicitado. Para ello, consider\u00f3 que <\/p>\n
la acci\u00f3n resulta improcedente porque no se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que, la acci\u00f3n de tutela fue promovida solo hasta el 19 de agosto de 2022, seg\u00fan acta de reparto, esto es, luego de pasado quince (15) meses despu\u00e9s de proferirse el auto de segunda instancia, lo que descarta la existencia de amenaza o vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas fundamentales imploradas, pues supera ampliamente el t\u00e9rmino de seis (6) meses establecido por esta Sala como suficiente para acudir oportunamente a este amparo. (Ver CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en CSJ STC703-2020, STC6720-2020 y STC9284-2022, entre otras). <\/p>\n
Lo anterior impide al fallador constitucional entrar a analizar el fondo de la acci\u00f3n de tutela, en raz\u00f3n a que el accionante se demor\u00f3 en acudir a este mecanismo excepcional, e igualmente no aleg\u00f3, ni acredit\u00f3 ninguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad para acudir a este mecanismo excepcional desde el mismo momento en que conoci\u00f3 la providencia, por tanto, dicha tardanza descarta la existencia de una conducta irregular atribuible al funcionario accionado, y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se destaca que esta Sala -como juez constitucional- ya efectu\u00f3 un pronunciamiento en torno a las circunstancias planteadas frente a la determinaci\u00f3n que defini\u00f3 auscultada. Por tanto, ante el nuevo ejercicio de esta excepcional v\u00eda contra la sentencia debatida, it\u00e9rese, debe declararse su improcedencia. <\/p>\n
3. Ahora, relativo a las quejas frente al auto proferido el 12 de agosto de 2022 -que confirm\u00f3 el del 26 de julio de la misma anualidad-, la Sala advierte tambi\u00e9n su improcedencia, dada la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Ha de tenerse en cuenta que en el expediente no se avizora y tampoco se acredit\u00f3 por el actor haber atacado en apelaci\u00f3n la providencia del 26 de julio de 2022 -con la cual se resolvi\u00f3 por incidente lo tocante con las objeciones presentadas frente al trabajo de partici\u00f3n-14, medio que era viable conforme lo contempla el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso. Por lo tanto, el gestor tuvo la posibilidad de exponer las razones de su inconformidad -por medio de las herramientas ordinarias-, para reclamar en pro de sus intereses y contradecir lo que ahora pretende por esta v\u00eda. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer dicha oportunidad15. <\/p>\n
En ese orden, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa estipulados al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
4. Con base en estas consideraciones, la Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comunicar esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 91 a 99 del archivo PDF \u00ab1. 2018-00508-Cuaderno 1\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folios 83 a 91 del archivo PDF \u00ab10. 2018-00508- Cuaderno del Tribunal-Apelaci\u00f3n auto\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folios 3 a 136 y 138 a 266 del archivo PDF \u00ab5. Cuaderno No. 5 \u2013 Partici\u00f3n Presentada por los partidores\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Folios 274 a 276. Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 3 del archivo PDF \u00abautos estado 23 de junio\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Folio 2 del archivo PDF \u00abautos estado 27 de julio\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 Folios 2 a 9. Ib\u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 Folios 17 a 18 del archivo PDF \u00ab12. Cuaderno No 6\u00bb. <\/p>\n
9\u0002 Folios 37 a 39. Ib\u00eddem. <\/p>\n
10\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 15 de noviembre de 2022. <\/p>\n
11\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 15 de noviembre de 2022. <\/p>\n
12\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 15 de noviembre de 2022. <\/p>\n
13\u0002 Acci\u00f3n de tutela presentada por Francisco de Jes\u00fas Garc\u00eda Pineda contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda. Rad. 11001 02 03 000 2022 02941 00. <\/p>\n
14\u0002 Numeral 3\u00ba del art\u00edculo 509 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
15\u0002 Al respecto, en un asunto de similar temperamento esta Corte sostuvo que \u00abse advierte la inviabilidad del auxilio al percatarse el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, pues conforme la decantada jurisprudencia de la Sala, la guarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad cuando el actor ha tenido a su alcance otros caminos, con los cuales hubiera podido controvertir lo aqu\u00ed pedido en la correspondiente Litis y ante el mismo juzgador, toda vez que por ser \u00e9sta una v\u00eda eminentemente excepcional, secundaria y residual, no tiene la virtualidad de reemplazar los instrumentos de refutaci\u00f3n ordinarios, extraordinarios o dem\u00e1s procedimientos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico para que quien se sienta agraviado por los efectos de un pronunciamiento pueda exponer las razones de su desacuerdo. <\/p>\n
En este caso la quejosa no cumpli\u00f3 con esa carga, pues de los elementos de convicci\u00f3n allegados, no se observa la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n (art. 318 del C.G.P.), y como al asunto se le dio al \u00abtramite incidental\u00bb contaba tambi\u00e9n con la posibilidad de la apelaci\u00f3n contra el auto resistido, en los t\u00e9rminos del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 321 ib\u00eddem; es decir tuvo la oportunidad de intervenir en defensa de sus intereses, exponiendo las inconformidades objeto de denuncia superlativa ante el funcionario querellado y no lo hizo, por lo que en este evento se estructura la causal de improcedencia regulada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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