STC240-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC240-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2022-00294-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 18 de octubre de 2022, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Seguros de Vida Suramericana \u2013 Sura Vida S.A., contra los Juzgados Promiscuo de Familia de Plato y Promiscuo Municipal de Ariguan\u00ed. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, actuando a trav\u00e9s de su representante legal judicial1, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial de debido proceso, supuestamente vulnerada por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Emeris Arregoces Pinto present\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra Seguros de Vida Suramericana \u2013 Sura Vida S.A., con el prop\u00f3sito de que se ordenara el pago de la p\u00f3liza n.\u00ba 081004645069, escrito en el que \u00abestrat\u00e9gicamente\u00bb no indic\u00f3 su direcci\u00f3n de domicilio y\/o residencia, cuyo conocimiento se asign\u00f3 por reparto al Juzgado Promiscuo Municipal de Ariguan\u00ed (rad. n.\u00ba 2022-00125), quien emiti\u00f3 sentencia estimatoria, estableciendo que la aseguradora deb\u00eda consignar el importe respectivo ($303.000.000), en el t\u00e9rmino perentorio de dos (2) d\u00edas h\u00e1biles, por el anexo de incapacidad total y permanente. <\/p>\n
2.2. Inconforme, Sura Vida S.A. recurri\u00f3 en impugnaci\u00f3n, haciendo \u00e9nfasis en la citada irregularidad y en la falta de competencia por el factor territorial, aunado a que las prestaciones econ\u00f3micas \u2013de \u00edndole contractual y comercial\u2013 no son del \u00e1mbito del amparo, menos a\u00fan, cuando el seguro cuenta con objeci\u00f3n por reticencia. Sin embargo, pese a lo expuesto, el hom\u00f3logo Promiscuo de Familia de Plato confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo, con similares argumentos. <\/p>\n
2.3. En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que, en esas decisiones, se incurri\u00f3 en causales generales y espec\u00edficas de procedencia excepcional del resguardo, comoquiera que \u00abno se puede recurrir a la v\u00eda constitucional para resolver litigios contractuales de naturaleza comercial, sobre todo cuando la se\u00f1ora Emeris Arregoc\u00e9s no prob\u00f3 el perjuicio irremediable que acredita el principio de subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, sumado a que se debieron tener en cuenta, entre otros, los precedentes \u00abT-594 de 1992, T-189 de 1993, T-231 de 1996, T-1341 de 2001, T-086 de 2012, T-241 de 2013 y T-150\/16\u00bb de la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.4. Por \u00faltimo, adujo que en el sub-lite se configur\u00f3 la cosa juzgada fraudulenta, lo que habilita la viabilidad de este mecanismo contra pronunciamientos de id\u00e9ntica naturaleza, ya que \u00ablos despachos judiciales que resolvieron la acci\u00f3n de tutela no son competentes para dictar la sentencias que se profirieron, teniendo en cuenta que la accionante no reside en el municipio de Ariguan\u00ed, como se ha logrado demostrar con las pruebas que obran en el expediente, y no solo basta en manifestar que vive en dicho municipio cuando hay pruebas que controvierten dicha afirmaci\u00f3n, como tenemos, formulario de asegurabilidad, p\u00f3liza de seguro, datos del dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral, lugar de votaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, que \u00abse ordene, al Juzgado 01 Promiscuo Municipal – Magdalena – Ariguan\u00ed que en el t\u00e9rmino de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia, deje sin efectos, la sentencia proferida el 12 de agosto de 2022, por resultar violatorias del derecho fundamental al debido proceso de mi representada, por cuanto en el juzgador en la sentencia desconoci\u00f3 el precedente jurisprudencial en la materia sin ofrecer un m\u00ednimo de argumentaci\u00f3n que sustentara suficientemente su decisi\u00f3n. Y profiera una nueva decisi\u00f3n teniendo en cuenta los fundamentos de fondo planteados en este escrito de tutela\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Ariguan\u00ed relat\u00f3 las actuaciones de la causa revisada, recalcando que \u00abel d\u00eda 26 de septiembre de 2022, la se\u00f1ora Emeris Arregoc\u00e9s Pinto, present\u00f3 un nuevo incidente de desacato, el cual se procedi\u00f3 a requerir para que le den cumplimento al fallo de fecha 12 de agosto, confirmado el mismo 26 de septiembre del mismo a\u00f1o. Sura allega respuesta al incidente y como no cumpli\u00f3 el fallo, el d\u00eda 30 de septiembre, este Despacho Judicial ordeno abrir el incidente y posteriormente se abri\u00f3 a prueba el d\u00eda 05 de septiembre de 2022, pero en vista de la medida provisional de suspensi\u00f3n decretada por la Sala Segunda de Decisi\u00f3n Civil-Familia, por la Magistrada Sustanciadora, recibida hoy 06 de octubre de 2022, donde suspende los efectos de la Sentencia dictada el pasado 12 de agosto del a\u00f1o en curso y confirmada el 26 de septiembre del mismo por el superior Juzgado \u00danico Promiscuo de Familia de Plato Magdalena\u00bb. <\/p>\n
2. El estrado Promiscuo de Familia de Plato precis\u00f3 que, en esa sede, \u00abse confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ariguan\u00ed-Magdalena el 12 de agosto de 2022, lo cual se hizo una vez analizados los reparos propuestos por el impugnante\u00bb, y, en cuanto a la falta de competencia fundada en las irregularidades en la fijaci\u00f3n del domicilio de la libelista, se defendi\u00f3 arguyendo que en la providencia censurada se enunci\u00f3 que \u00abha sido criterio de este despacho en casos anteriores, remitir las tutelas al juez competente, sea por factor funcional o factor territorial, falta esta \u00faltima que acusa la entidad accionada, no obstante, en este caso se est\u00e1 en una situaci\u00f3n diferente, como quiera que la accionante comunic\u00f3 a este despacho que actualmente tiene su domicilio en el municipio de Ariguan\u00ed – Magdalena, de manera que desmiente la falta de competencia territorial alegada\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de procedencia del amparo que se recrimina, refiri\u00f3 que \u00absi bien la acci\u00f3n de tutela, es un mecanismo de car\u00e1cter residual y subsidiario, lo que inicialmente la har\u00eda improcedente en el presente caso, se observa que la accionante fue calificada con una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 100%, as\u00ed mismo, no cuenta con ingresos por pensi\u00f3n, raz\u00f3n por la que alega que es necesaria la protecci\u00f3n de su m\u00ednimo vital, lo que hace que su solicitud de amparo sea procedente, pues sin necesidad de hacer dif\u00edciles abstracciones se colige que, no le es dable a la accionante, poder garantizarse su congrua subsistencia. Aunado a lo anterior no se allego por la accionada prueba que desmienta el dicho de la accionante en cuanto a este punto en particular\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, sobre la reticencia, se\u00f1al\u00f3 que \u00abde acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional adem\u00e1s de alegarla hay que probar la mala fe del tomador, concluyendo que no se apreciaba en el portafolio, prueba de la mala fe\u00bb, por lo que, respecto de la fecha de estructuraci\u00f3n, \u00abtambi\u00e9n se pleg\u00f3 este despacho a lo dispuesto por la Corte constitucional y las decisiones de la Superfinanciera, concluyendo que, \u201ccontrario a lo argumentado por la aseguradora demandada respecto a la negativa del pago de la p\u00f3liza de seguro como quiera que el dictamen se\u00f1ala como fecha de estructuraci\u00f3n de la incapacidad en el a\u00f1o 2020, al producirse el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral con posterioridad a la toma de la p\u00f3liza, debe tenerse que el siniestro fue posterior, y aunque hubiese podido haber unas patolog\u00edas existentes con anterioridad a la suscripci\u00f3n del contrato, estas por si solas no alcanzan para definir la invalidez, que solo surge a partir de la respectiva calificaci\u00f3n de parte de la Junta de Calificaci\u00f3n Regional del Magdalena, con el dictamen que as\u00ed lo determina, como lo ha decantado la jurisprudencia de la Corte Constitucional\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. Emeris Arregoc\u00e9s Pinto expuso que \u00abno observo en el plenario mandato expreso para interponer la presente acci\u00f3n constitucional de quien dice ser apoderada de SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., siendo dable acotar que muy a pesar de la existencia de la ley 2213 de 2022 y la cierta flexibilidad que ella consigna a la hora de otorgar el poder, debe existir al menos un documento puntual que as\u00ed lo certifique, toda vez que aun existiendo poder general, debe recordarse que la tutela no es procesalmente un recurso, sino \u201c\u2026un mecanismo de origen constitucional, orientado a la defensa judicial de los derechos fundamentales, que resulten vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica e incluso, en algunos eventos espec\u00edficos, de los particulares.\u201d \u00bb. <\/p>\n
De otra parte, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abadem\u00e1s de no contar con el mandato respectivo como lo enunciamos anteriormente, se ha evidenciado temeridad por parte de la apoderada ANDREA SIERRA AMADO, como relaciono a continuaci\u00f3n: Al momento de estar elaborando la respuesta de la presente acci\u00f3n de tutela, conocida por la Sala Civil- Familia con el radicado 2022-00294.00, recibo notificaci\u00f3n de acci\u00f3n similar, radicada con el No. 2022-00160.00 con id\u00e9nticos hechos y pretensiones, que hace que se configure la temeridad, seg\u00fan lo consignado por la Corte Constitucional, en reciente sentencia SU 027 de 2021\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostuvo que en este tr\u00e1mite se pretermiti\u00f3 el criterio de subsidiariedad, por cuanto \u00abla entidad accionante no ha solicitado la revisi\u00f3n del proceso ante la Corte Constitucional, no alleg\u00f3 al expediente gestiones de haber requerido al juzgado de segunda instancia respecto a la remisi\u00f3n digital del expediente y no ha probado sumariamente agotar los tramites de eventual revisi\u00f3n de que trata el decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
4. Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, as\u00ed como la Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, pidieron su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Con posterioridad, la vinculada Emeris Arregoc\u00e9s Pinto alleg\u00f3 nuevo memorial, en el que anex\u00f3 una declaraci\u00f3n suscrita ante la Notar\u00eda \u00danica del C\u00edrculo de Ariguan\u00ed el pasado 11 de octubre de 2022, con la que pretendi\u00f3 acreditar que \u00abpor motivos de salud y econ[\u00f3]micos desde el mes de [j]ulio del a\u00f1o 2022 me traslad[\u00e9] a vivir a El Dif\u00edcil \u2013 Magdalena, en la urbanizaci\u00f3n Brisas de Ariguan\u00ed MZ 3 CASA 32, donde recido (sic) actualmente con unos parientes\u00bb. <\/p>\n
7. La Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Magdalena anot\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora Emeris Antonia Arregoc\u00e9s Pinto fue calificada mediante dictamen pericial No.40984150-1548 de fecha 29\/06\/2022 determinando que las patolog\u00edas valoradas se tratan de una enfermedad com\u00fan, y presenta una p[\u00e9]rdida de la capacidad laboral ocupacional equivalente a 100.00% con fecha de estructuraci\u00f3n de invalidez de 08\/04\/2022. que en el caso de marras se observa que los fundamentos f[\u00e1]cticos en que se apoya la declaratoria de la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales y su consecuente restablecimiento, respecto a esta Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, no existe un nexo de causalidad sobre el cual se permita determinar alg\u00fan grado de responsabilidad por parte de esta Junta, ya que de los mismos, se extrae de manera palmar, que lo que reclama el actor desborda a la \u00f3rbita de competencia de este Organismo en vista que el accionante solicita al despacho a que se deje sin efecto la sentencia proferida por el [J]uzgado [P]rimero [P]romiscuo [M]unicipal de [S]anta [M]arta (sic)\u00bb. <\/p>\n
8. La Oficina Judicial de Santa Marta tambi\u00e9n aport\u00f3 memorial en el que estableci\u00f3 que \u00abse revis\u00f3 la trazabilidad desde el origen, seg\u00fan lo recibido de la Tutela con Rad. 2022-160 que se tramita en el juzgado de Ariguan\u00ed Magdalena y se encontr\u00f3 que esta Oficina Judicial recibi\u00f3 en el buz\u00f3n: ofjudstma@cendoj.ramajudicial.gov.co el pasado 03 de octubre de 2022, allegada desde el correo de APP Tutela de la ciudad de Barranquilla, identificada con Registro No. 1085209 (\u2026). Posteriormente esta dependencia, cumpliendo con su funci\u00f3n de reparto, corre traslado para reparto de la Tutela al Juzgado Competente en turno para reparto en Plato, Magdalena, y copia lo gestionado a la dependencia de reparto de origen, a saber, Oficina Judicial de Barranquilla. (\u2026) Ahora bien, revisando el origen de reparo de la Tutela con Radicado No. 47.001.22.13.000.2022.00294.00, que se tramita en el despacho de la Dra. Martha Mercado, \u00e9sta se tramit\u00f3, seg\u00fan lo allegado por la Secretar\u00eda de la Sala civil Familia de la ciudad de Barranquilla el pasado 04 de octubre de 2022 a las 11:28 am\u00bb. <\/p>\n
Por ello, recalc\u00f3 que \u00abla posible duplicidad de la Tutela en comento, pudo haberse gestado cuando la Oficina Judicial de Barranquilla recibi\u00f3 la copia del mensaje remitido por esta dependencia para que el Juzgado de Plato realizara el Reparto, tal vez, interpretando que deb\u00edan repartirla en Barranquilla, cuando en realidad el mensaje de traslado iba claramente dirigido al JUZGADO COMPETENTE EN TURNO EN PLATO, MAGDALENA (ver imagen del traslado ut supra); en este tenor, como se evidencia, es meramente informativa de la gesti\u00f3n realizada por esta dependencia al usuario\/despacho de origen. As\u00ed las cosas, el \u00faltimo reparto de la Tutela que nos ocupa, efectuado por esta dependencia con destino a la Sala Civil Familia del Magdalena, se realiz\u00f3 seg\u00fan providencia recibida de la Secretar\u00eda Sala Civil Familia, tal y como se ha mencionado y evidenciado\u00bb. <\/p>\n
9. En atenci\u00f3n a los informes presentados por las Oficinas Judiciales de Barranquilla y Santa Marta, el a quo constitucional expidi\u00f3 el auto de 12 de octubre de 2022, mediante el cual estim\u00f3 que \u00abdada la trazabilidad que obra en el expediente, se logra evidenciar que la acci\u00f3n de tutela de la referencia fue doblemente repartida, por cuenta de las Oficinas de Apoyo Judicial de Santa Marta y Barranquilla, pues, por un lado se asign\u00f3 la causa a la Sala Civil Familia de Barranquilla, quien descart\u00f3 el asunto por competencia territorial, correspondi\u00e9ndole entonces a esta Corporaci\u00f3n, con el radicado 47.001.22.13.000.2022.00294.00 y, por otro, se le reparti\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato, bajo la radicaci\u00f3n No. 47.555.31.89.001.2022.00160, siendo ambas admitidas el pasado 5 de octubre. De esta manera, resulta importante se\u00f1alar que, dados los contornos de la petici\u00f3n constitucional y el cuestionamiento de la parte activa frente a la sentencia dictada el pasado 12 de agosto por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ariguan\u00ed y confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia de Plato (Magdalena), este Tribunal es competente, por el factor funcional, para tramitar este asunto, raz\u00f3n por la que se continuar\u00e1 conociendo de ella\u00bb. <\/p>\n
10. La Secretar\u00eda de Gobierno de Ariguan\u00ed y la Personer\u00eda Municipal, con soporte en la constancia de la Junta de Acci\u00f3n Comunal del Barrio Brisas de Ariguan\u00ed \u2013donde la se\u00f1ora Emeris Arregoc\u00e9s Pinto indic\u00f3 vivir actualmente (supra, n\u00fam. 5)\u2013, certificaron en este asunto que aquella no reside en ese municipio, pues, seg\u00fan el lugar de votaci\u00f3n y la consulta del Sisb\u00e9n, sus datos corresponden a Barrancas \u2013 La Guajira. No obstante, con oficio posterior (de la misma fecha), indicaron lo contrario, sin explicaci\u00f3n adicional (ff. 60 y 62, cd. tribunal). <\/p>\n
Dada la circunstancia descrita, en sede de impugnaci\u00f3n, el Personero Municipal de Ariguan\u00ed, Jairo Rafael Aroca Blanco, explic\u00f3 que \u00abatendiendo que la discusi\u00f3n suscitada en segunda instancia obedeci\u00f3 a la respuesta que se remiti\u00f3 inicialmente al Tribunal Superior Sala Civil Familia respecto al domicilio de la se\u00f1ora Emeris Pinto Arregoc\u00e9s, aprovecho la oportunidad para confirmar que la residencia de la se\u00f1ora Pinto Arregoc\u00e9s [es] en esta municipalidad, tal y como lo certific\u00f3 el presidente de la junta de acci\u00f3n comunal del barrio Brisas de Ariguan\u00ed\u00bb. <\/p>\n
11. Con prove\u00eddo de 18 de octubre de 2022, la funcionaria de primer grado requiri\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas \u2013 La Guajira para que informara sobre las actuaciones surtidas en la tutela con rad. n.\u00ba 2022-00285-00, formulada por Emeris Antonia Arregoc\u00e9s Pinto contra Seguros Bol\u00edvar S.A. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo concedi\u00f3 el resguardo, porque, \u00abla se\u00f1ora Emeris Arregoc\u00e9s Pinto estructur\u00f3 una falsificaci\u00f3n frente a su lugar de residencia (primero por omisi\u00f3n y luego por manifestaci\u00f3n expresa), con el prop\u00f3sito de alterar las reglas de reparto y que el conocimiento de la causa fuera asignado al juez de categor\u00eda municipal en Ariguan\u00ed (Magdalena), situaci\u00f3n que se torna a\u00fan m\u00e1s gravosa cuando, tras advertirse, los directores del proceso asumieron una posici\u00f3n est\u00e1tica y negligente, al no echar mano de las facultades oficiosas para verificar ese supuesto\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, indic\u00f3 que \u00abllama la atenci\u00f3n de esta Sala que aqu\u00e9lla arrim\u00f3 al interior del tr\u00e1mite tutelar cuestionado, el pantallazo de \u00abEstado de Cuenta \u2013 LIBRANZA\u00bb del Banco de Occidente S.A. en el que, adem\u00e1s de algunos datos concernientes al cr\u00e9dito (v.gr. n\u00famero de la obligaci\u00f3n, el plazo pactado, el valor desembolsado, deuda total y encontrarse con 0 d\u00edas de mora y oficina de colocaci\u00f3n en Valledupar – Cesar), se observa que lo concerniente a titularidad e informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n reportada a la entidad financiera fue borrada en su totalidad, sugiriendo as\u00ed una actuaci\u00f3n maliciosa y taimada para determinar esos datos, como lo afirm\u00f3 la aseguradora actora\u00bb. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que \u00abm\u00e1s a\u00fan cuando, de conformidad con la constancia de TYBA que reposa en el expediente, la aludida se\u00f1ora formul\u00f3 concomitantemente una demanda constitucional en contra de Seguros Bol\u00edvar S.A. en Barrancas \u2013 La Guajira, el 2 de septiembre del hoga\u00f1o, a pesar que, seg\u00fan lo aqu\u00ed arg\u00fcido, reside desde julio pasado en Ariguan\u00ed \u2013 Magdalena; para esclarecer esa situaci\u00f3n, la Magistrada Ponente solicit\u00f3 al Personero y al Alcalde informaci\u00f3n al respecto, y de las respuestas allegadas a este tr\u00e1mite qued\u00f3 desvirtuado que se encuentre domiciliada en Ariguan\u00ed, visto que la Junta de Acci\u00f3n Comunal del Barrio Brisas de ese municipio el pasado 12 de octubre, se\u00f1al\u00f3 \u00abQue el(la) se\u00f1or(a) EMERIS ARREGOCES PINTO, identificado(a) con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 40984150, no reside en el Barrio Brisas de Ariguani de El Dif\u00edcil Municipio de Ariguan\u00ed departamento del Magdalena\u00bb; al igual que la constancia expedida por la Alcald\u00eda de esa localidad en la que qued\u00f3 plasmada, adem\u00e1s de lo anterior, que \u00abseg\u00fan El lugar de Votaci\u00f3n y Consulta del Sisben sus datos son de Barranca Guajira\u00bb\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, recrimin\u00f3 que \u00abes inevitable cuestionarse sobre el prop\u00f3sito de instaurar paralelamente dos acciones de tutela en contra de dos aseguradoras en circunscripciones distintas, sustentadas con precedentes judiciales en el que salieron avante las pretensiones invocadas bajo lineamientos similares a los expuestos por ella, quien, valga decir, asumi\u00f3 una posici\u00f3n audaz respecto de las herramientas procesales, en procura de la obtenci\u00f3n inmediata del dinero concedido, pues, seg\u00fan lo reportado por el estrado judicial municipal enjuiciado, aqu\u00e9lla instaur\u00f3 incidente de desacato aun sin haberse resuelto la segunda instancia de la sentencia constitucional\u00bb. <\/p>\n
Con todo, estableci\u00f3 que \u00abconforme con los aspectos factuales decantados, es evidente que, al encontrar un indicio de fraude procesal al interior de la tutela demandada, esta Sala deber\u00e1 inmiscuirse en el asunto, a fin de verificar si, en efecto, hubo un desconocimiento al principio de subsidiariedad que le es propio y, en caso afirmativo, revertir la situaci\u00f3n construida bajo los cimientos de la cosa fraudulenta constitucional\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, reiter\u00f3 que \u00abindefectiblemente el amparo deprecado se abre paso triunfal, pues, como se dijo, la alteraci\u00f3n inexplicable del domicilio de la se\u00f1ora Emeris Antonia Arregoc\u00e9s para que el conocimiento de su tutela la asumiera en primera instancia el Juzgado Promiscuo Municipal de Ariguan\u00ed, aunado al desconocimiento del precedente constitucional, pues se aplic\u00f3 uno que no se ajustaba al caso, toda vez que no era procedente conceder la tutela por falta de subsidiariedad, visto que no se estaba en presencia de un perjuicio irremediable, dado que la se\u00f1ora Emeris Antonia Arregoc\u00e9s Pinto no ten\u00eda afectado su m\u00ednimo vital, por ende, fue un error reconocer a su favor una suma relevante que s\u00f3lo procede por v\u00eda excepcional, circunstancias que hacen plausible la intervenci\u00f3n de esta Colegiatura para remediar ese actuar, raz\u00f3n por la cual los Jueces accionados han debido declarar la improcedencia del amparo, lo que dispondr\u00e1 la Sala en la parte resolutiva de esta providencia, siguiendo los derroteros de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la H. Corte Suprema citada en precedencia (STC1192-2021), que confirm\u00f3 la sentencia de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha dictada el 5 de octubre de 2020, que en un caso similar al aqu\u00ed estudiado adopt\u00f3 estas determinaciones\u00bb. <\/p>\n
Por ello, dej\u00f3 sin efectos las sentencias dictadas el 12 de agosto de 2022, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Ariguan\u00ed, y el 26 de septiembre siguiente, por el estrado Promiscuo de Familia de Plato, dentro del proceso de amparo promovido por Emeris Arregoc\u00e9s Pinto contra Seguros de Vida Suramericana S.A.; y, en su lugar, declar\u00f3 la improcedencia de esa acci\u00f3n. De igual forma, compuls\u00f3 copias de la actuaci\u00f3n a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena, para que, en el marco de sus competencias, inicien las investigaciones correspondientes frente a la se\u00f1ora Arregoc\u00e9s Pinto y los jueces denunciados. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Promiscuo de Familia de Plato recurri\u00f3 la rese\u00f1ada providencia, toda vez que, en su criterio, \u00abel \u00fanico \u00e1nimo que me lleva a impugnar el fallo adiado octubre 18 de 2022 proferido dentro del tr\u00e1mite con n\u00famero de radicado 47.001.22.13.000.2022.00294.00, es, exclusivamente, que se deje sin efectos la compulsa de copias a la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial y a la Fiscal\u00eda en lo que a m\u00ed respecta\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque \u00ablas conclusiones a que arrib\u00f3 la magistrada ponente corresponden al an\u00e1lisis de las pruebas recaudadas dentro de la tutela seguida contra mi despacho, radicado 2022.00294, de las cuales unas fueron practicadas con ocasi\u00f3n de esta tutela, y otras hacen parte del expediente 2022-00125, que fue el que estuvo a mi cargo conocer en segunda instancia. Por tanto, al proferir el fallo del radicado 2022-00125 no se ten\u00eda conocimiento de los asuntos ahora averiguados en tutela 2022.00294, verbigracia: [i] Constancia de la plataforma Tyba de que la se\u00f1ora Emeris Arregoces Pinto interpuso de manera concomitante, acci\u00f3n de tutela contra Seguros Bol\u00edvar, en el municipio de Barrancas-Guajira, el d\u00eda 2 de septiembre de los corrientes. [ii] Certificaciones emitidas por el Personero municipal y el Alcalde de Ariguan\u00ed-Magdalena, se\u00f1alando que la se\u00f1ora Emeris Arregoces no reside en Ariguan\u00ed, y que, consultado su lugar de votaci\u00f3n, es Barrancas-Guajira\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, reiter\u00f3 que \u00abuna cosa es que se me cuestione por no haber tomado la decisi\u00f3n de decretar unas pruebas, y otra muy diferente, que, desde las pruebas ahora decretadas, se llegue a inferir que aquel fallo, el de la 2022-00125 debi\u00f3 ser diferente y por eso presumir mi participaci\u00f3n en un fraude procesal, y proceder a compulsar copias a la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Entiendo perfectamente, justamente porque conozco los deberes que como administradores de justicia tenemos, que, ante la posible ocurrencia de una conducta punible deba de inmediato procederse a la compulsa de copias, pero es que las conclusiones a que lleg\u00f3 la magistrada ponente no estaban a mi alcance al dictar el fallo dentro del radicado 2022-00125\u00bb. <\/p>\n
En memorial posterior, adujo que \u00abMe ratifico en lo dicho en mi escrito de impugnaci\u00f3n en cuanto a que, el \u00fanico inter\u00e9s que me asiste es hacer defensa de mi actuaci\u00f3n en la tutela radicada 2022-00125, la cual conoc\u00ed en segunda instancia, no defender los intereses de la ahora cuestionada por presunto fraude procesal se\u00f1ora EMERIS ARREGOCES, accionante en la tutela 2022-00125. Lo primero que llama poderosamente mi atenci\u00f3n es que, SURAMERICANA S.A. invoco como accionado al Juzgado Promiscuo Municipal de Ariguan\u00ed, solicitando que se vinculara a este despacho, y su inconformidad en todo momento estuvo orientado a la actuaci\u00f3n surtida en primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00abme llama la atenci\u00f3n lo ocurrido en la tutela 2022-00294, en cuanto a este punto. La a quo solicit\u00f3 a la Alcald\u00eda de El Dif\u00edcil y a la personer\u00eda de ese municipio que certificaran si la se\u00f1ora EMERIS ARREGOCES ten\u00eda domicilio all\u00ed, se\u00f1alo que la respuesta de la entidades hab\u00eda sido negativa. No obstante, revisado el link del expediente que me fue remitido encuentro en PDF 62 respuesta adiada 13 de octubre de 2022, del Personero de Ariguan\u00ed a la que anexa certificaci\u00f3n del Secretario de Gobierno de Ariguan\u00ed y del presidente de la junta de acci\u00f3n comunal del barrio brisas de Ariguan\u00ed, que certifica que la se\u00f1ora EMERIS ARREGOCES reside en Ariguan\u00ed\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, reliev\u00f3 que \u00abla ocurrencia del fraude procesal es asunto que corresponde determinar a la Fiscal\u00eda general de la naci\u00f3n a trav\u00e9s del fiscal competente para el caso. Como lo he venido resaltando, por el despacho lo que se observ\u00f3 es que la accionante dirigi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela al Juez Promiscuo Municipal de Ariguan\u00ed, y si bien en principio no se\u00f1alo direcci\u00f3n f\u00edsica en el municipio de Ariguan\u00ed, mediante escrito arrimado el 19 de septiembre explico que se trataba de un yero de su parte, y afirmo residir en el municipio de Ariguan\u00ed, barrio loma fresca manzana 3 casa 32\u00bb. <\/p>\n
2. Emeris Antonia Arregoc\u00e9s Pinto tambi\u00e9n impugn\u00f3 la sentencia de primer grado, explicando que \u00abel tribunal de oficio realiz\u00f3 una prueba ante la Personer\u00eda y Alcald\u00eda Municipal de Ariguan\u00ed, en la cual solo notific\u00f3 a la parte pertinente, para verificar el domicilio de la suscrita, en la direcci\u00f3n que se ha indicado en la acci\u00f3n constitucional. En un primer momento, y entiendo que teniendo solo como fundamento la base de datos EPS o lugar de votaci\u00f3n se respondi\u00f3 que NO resid\u00eda, memorial del que me enter\u00e9 al realizar una lectura del fallo. Posteriormente, recib\u00ed visita del presidente de la Junta de Acci\u00f3n Comunal, quien me dijo que al corroborar que me encontraba en la vivienda, allegar\u00eda memorial a la Personer\u00eda Municipal, corrigiendo el yerro y subsanando la informaci\u00f3n verificada, teniendo en cuenta tambi\u00e9n que en el pueblo es poca la referencia con nomenclatura, dificult\u00e1ndosele precisar con la certeza del caso. Para ese momento, me indic\u00f3 que aportar\u00eda certificaci\u00f3n, dejando sin efecto la anterior\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, esgrimi\u00f3 como argumento que \u00abla entidad SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. se duele de la supuesta falta de competencia por factor territorial \u00fanicamente al momento de presentar la impugnaci\u00f3n y en sede de incidente de desacato. Ese acontecimiento, en parte, ocasion\u00f3 que el Juzgado promiscuo del Circuito de Familia no accediera a la supuesta nulidad por competencia, atendiendo el haberse saneado ese t\u00f3pico. Adem\u00e1s, en sede de incidente de desacato, se aport\u00f3 la direcci\u00f3n pertinente, resaltando que por celeridad procesal es v\u00e1lido enunciar el correo electr\u00f3nico para la agilidad en la notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dijo que \u00abnos cansamos de aportar en memoriales, que ANDREA SIERRA AMADO, no hab\u00eda allegado poder para actuar en el proceso No. 2022.00294.00, resolviendo la magistrada omitir la ausencia del mandato, que no fue allegado al proceso en que se ten\u00eda que probar la legitimaci\u00f3n por activa o el mandato\u00bb, por lo que, en consecuencia, solicit\u00f3 la revocatoria de la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas incurrieron en presunta v\u00eda de hecho en el curso del amparo que promovi\u00f3 Emeris Antonia Arregoc\u00e9s Pinto contra Seguros de Vida Suramericana \u2013 Sura Vida S.A., sociedad aqu\u00ed libelista (rad. n.\u00ba 2022-00125), por cuanto se orden\u00f3 el pago de una p\u00f3liza a trav\u00e9s de ese tr\u00e1mite, supuestamente, contrariando la garant\u00eda fundamental de debido proceso e incurriendo en eventual fraude. <\/p>\n
2. La procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de id\u00e9ntica naturaleza. <\/p>\n
Por regla general, la acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3, como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n para conjurar las equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales la impugnaci\u00f3n de cara al fallo, la revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional y a\u00fan la insistencia en caso de negarse esta \u00faltima. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
No obstante, la jurisprudencia ha admitido la viabilidad de la salvaguarda cuando la decisi\u00f3n es producto de un fraude o se acusan actuaciones previas o posteriores a la sentencia que lesionan la garant\u00eda consagrada en el art\u00edculo 29 de la Carta; es as\u00ed como en la Sentencia de Unificaci\u00f3n SU- 627 de 2015, la Corte Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente la Sala precisa que, aun cuando la acci\u00f3n de tutela cuestionada a trav\u00e9s de este nuevo mecanismo se encuentra pendiente del tr\u00e1mite de selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n que adelanta la Corte Constitucional \u2013 pues, consultado el asunto en la p\u00e1gina web de la Secretar\u00eda de ese tribunal, a la fecha no aparece registro de decisi\u00f3n2, lo que en principio se explica por lo reciente de las determinaciones3\u2013, en este caso se flexibilizar\u00e1 el criterio de subsidiariedad4 y se avocar\u00e1 el estudio de fondo respecto de la queja planteada por Seguros de Vida Suramericana \u2013 Sura Vida S.A., dado que se fundamenta en la ocurrencia de hechos constitutivos de eventual fraude procesal, siendo esta una de las causales de viabilidad excepcional del amparo contra decisiones proferidas en causas de id\u00e9ntica naturaleza. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en cuanto al cuestionamiento en relaci\u00f3n con la supuesta falta de \u00abderecho de postulaci\u00f3n\u00bb de la abogada que compareci\u00f3 en nombre de la entidad gestora, aclara la Corte que, tal como lo sostuvo el a quo constitucional, en este caso, se verific\u00f3, de las piezas procesales remitidas (rad. n.\u00ba 2022-00125), que esta acci\u00f3n constitucional se inici\u00f3 por parte de la representante legal para asuntos judiciales de Sura Vida S.A.5, por lo que se aviene infundado ese reclamo; de modo que, sin m\u00e1s disquisiciones, se procede al an\u00e1lisis del caso. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, circunscrita la Corte a las impugnaciones propuestas tanto por la titular del estrado Promiscuo de Familia de Plato, como por Emeris Arregoc\u00e9s Pinto, se advierte que se ratificar\u00e1 la concesi\u00f3n de la salvaguarda, comoquiera que, pese a las exculpaciones ofrecidas en esta instancia \u2013en especial, por la funcionaria referida, quien indic\u00f3 las particularidades del caso y solicit\u00f3 que no se avalara la compulsa de copias ante las autoridades penal y disciplinaria, respectivamente\u2013, lo cierto es que en el amparo auscultado deviene clara la configuraci\u00f3n de irregularidades superlativas, susceptibles de ser corregidas mediante esta acci\u00f3n. <\/p>\n
3.3. En efecto, de acuerdo con los medios de convicci\u00f3n obrantes en esta foliatura, y con soporte en la actuaci\u00f3n que se adelant\u00f3 en el radicado que se censura, se tienen los siguientes aspectos relevantes: <\/p>\n
3.3.1. Emeris Arregoc\u00e9s Pinto reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y dignidad humana, porque, con ocasi\u00f3n de la calificaci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral en porcentaje del 100%, y luego de haber solicitado el pago de la p\u00f3liza ante la aseguradora, esta \u00faltima respondi\u00f3 desfavorablemente \u00abalegando que no exist\u00eda cobertura, teniendo en cuenta la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez con que cuenta el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral\u00bb; por lo que solicit\u00f3 que se ordenara a Sura Vida S.A. adelantar \u00ablos tr\u00e1mites necesarios para realizar el pago de seguro de vida por el anexo de incapacidad total y permanente contemplado en la p\u00f3liza 081004645069\u00bb (f. 2, cd. 1). <\/p>\n
3.3.2. Con auto de 4 de agosto de 2022, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ariguan\u00ed admiti\u00f3 la tutela contra Sura Vida S.A. y vincul\u00f3 a la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Magdalena, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio \u2013Patrimonio Aut\u00f3nomo administrado por Fiduprevisora S.A.\u2013 y a Colpensiones, para que se pronunciaran sobre el particular (f. 19, \u00eddem). <\/p>\n
3.3.3. Al descorrer traslado \u2013y en lo que a este mecanismo interesa\u2013, la aseguradora manifest\u00f3 que la reclamaci\u00f3n para el pago del seguro de vida por incapacidad total y permanente se objet\u00f3 por reticencia, ya que: <\/p>\n
3.3.4. Por lo anterior, en el citado informe reliev\u00f3 que los diagn\u00f3sticos por \u00abBocio (agrandamiento de la gl\u00e1ndula de la tiroides) desde el a\u00f1o 2011\u00bb, \u00ab\u00dalceras P\u00e9pticas antrales activas, \u00falcera p\u00e9ptica duodenal activa desde el a\u00f1o 2016\u00bb, \u00abAnemia ferrop\u00e9nica desde el 2016\u00bb y \u00abAnemia refractaria desde el 2018\u00bb son anteriores a la p\u00f3liza que aquella tom\u00f3 con Sura Vida S.A, pues, insisti\u00f3, \u00abno es cierto como ella lo menciona, que no conoc\u00eda del diagn\u00f3stico, cuando la historia cl\u00ednica que aporta evidencia lo contrario\u00bb (ff. 57 y ss., \u00edd.). <\/p>\n
3.3.5. Sumado a ello, la aseguradora se\u00f1al\u00f3 que no se acredit\u00f3 el perjuicio irremediable y que no se observ\u00f3 el presupuesto de subsidiariedad, ya que \u00abla accionante deber\u00e1 acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria con la finalidad que se dirima la controversia contractual en relaci\u00f3n con la reticencia que alega mi representada, la cual, reiteramos se encuentra totalmente probada\u00bb (ib\u00eddem). <\/p>\n
3.3.6. No obstante, con providencia de 12 de agosto de 2022, luego de hacer extensas consideraciones sobre el desarrollo jurisprudencial del principio de buena fe, la reticencia y su prueba, el m\u00ednimo vital y otras prerrogativas, ese despacho concedi\u00f3 la protecci\u00f3n deprecada por Arregoc\u00e9s Pinto y dispuso el pago de la p\u00f3liza, porque \u00abla accionante adjunt\u00f3 al despacho dictamen de p[\u00e9]rdida de capacidad laboral en porcentaje del 100%, emanado por parte de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, en fecha 29 de junio de 2022, es decir, de manera posterior a la toma del seguro de vida, que seg\u00fan SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., fue el d\u00eda 24 de mayo de 2021\u00bb (f. 202, cd. 1). <\/p>\n
3.3.7. Adem\u00e1s, sostuvo que \u00aben la respuesta de la entidad aseguradora y las vinculadas, no se adjunt\u00f3 soporte de ingreso de pensi\u00f3n por invalidez, considerando afectado el derecho al m\u00ednimo vital pregonado por la accionante, que sin ese emolumento no podr\u00e1 asumir su congrua subsistencia y los gastos en que incurre, que no son los mismos que los de una persona en condici\u00f3n regular de salud. Finalmente, el argumento de la reticencia prescribe seg\u00fan la sentencia T 222 de 2014, la realizaci\u00f3n previa de un examen m\u00e9dico, para que el asegurador solo as\u00ed prescinda del pago u objete por reticencia, argumento que no se evidenci\u00f3 por parte de SURAMERICANA DE SEGUROS S.A., quien se limit\u00f3 a alegar la reticencia sin demostrar la mala fe de la accionante\u00bb (\u00edd.). <\/p>\n
3.3.8. Por lo anterior, Sura Vida S.A. impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, poniendo de presente, entre otros temas: (i) la falta de competencia por el factor territorial \u2013ya que \u00aben los registros de [la entidad], la accionante siempre inform[\u00f3] residir en la manzana 3 casa 14 ciudad del sol de la ciudad de Santa Marta\u00bb y en el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral se registr\u00f3 otra direcci\u00f3n de Barrancas, La Guajira\u2013, aunado a que \u00abconvenientemente, en el escrito de Tutela presentado, omite especificar su direcci\u00f3n de residencia f\u00edsica para recibir notificaciones, colocando \u00fanicamente su direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico\u00bb; y (ii) la improcedencia por el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, en tanto que \u00abla pretensi\u00f3n de la accionante va dirigida exclusivamente a que se reconozca el valor asegurado en los contratos de seguros de la p\u00f3lizas de seguro No. 081004645069 expedida por mi representada\u00bb y \u00ablas controversias suscitadas con fundamento en un contrato de seguros, en donde se debate el derecho del asegurado al reconocimiento y pago de la indemnizaci\u00f3n, pueden ser resueltas a trav\u00e9s de un proceso declarativo\u00bb (ff. 216 y ss., \u00eddem). Esa defensa se concedi\u00f3 con auto de 26 de agosto hoga\u00f1o. <\/p>\n
3.3.9. A trav\u00e9s de sentencia de 26 de septiembre de 2022, el Juzgado Promiscuo de Familia de Plato confirm\u00f3 lo resuelto, porque, grosso modo, estim\u00f3 que no carec\u00eda de competencia para conocer en segundo grado el amparo, ya que la gestora inform\u00f3 a ese despacho que \u00abactualmente tiene su domicilio en el municipio de Ariguan\u00ed- Magdalena\u00bb; y, en cuanto al fondo de la controversia, destac\u00f3 que \u00ab[referente] al momento a partir del cual se estructura el siniestro, contrario a lo argumentado por la aseguradora demandada respecto a la negativa del pago de la p\u00f3liza de seguro como quiera que el dictamen se\u00f1ala como fecha de estructuraci\u00f3n de la incapacidad en el a\u00f1o 2020, al producirse el dictamen de p\u00e9rdida de capacidad laboral con posterioridad a la toma de la p\u00f3liza, debe tenerse que el siniestro fue posterior, y aunque hubiese podido haber unas patolog\u00edas existentes con anterioridad a la suscripci\u00f3n del contrato, estas por si solas no alcanzan para definir la invalidez, que solo surge a partir de la respectiva calificaci\u00f3n de parte de la Junta de Calificaci\u00f3n Regional del Magdalena, con el dictamen que as\u00ed lo determina\u00bb (ff. 93 a 108, cd. 2). <\/p>\n
3.4. Bajo el panorama que antecede, es claro para la Corte que, tal como lo precis\u00f3 la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta, en el sub-lite se evidencian graves indicios sobre la eventual configuraci\u00f3n de un fraude procesal \u2013en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia constitucional6\u2013, comoquiera que, al margen de otras cuestiones que tambi\u00e9n son relevantes \u2013como la omisi\u00f3n en la identificaci\u00f3n del verdadero domicilio de la interesada, para efectos de determinar con certeza el factor de atribuci\u00f3n territorial\u2013, las autoridades enjuiciadas mostraron una actitud abiertamente renuente en cuanto al cumplimiento del m\u00ednimo deber de diligencia, contrariando las expectativas leg\u00edtimas de quienes acceden a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3.5. N\u00f3tese que, en este caso, aun cuando con la solicitud de amparo se pretendi\u00f3 el pago directo de la p\u00f3liza que la se\u00f1ora Arregoc\u00e9s Pinto adquiri\u00f3 de Sura Vida S.A., a la vez que la aseguradora compareci\u00f3 oportunamente al tr\u00e1mite para oponerse con fundamento en la falta de acreditaci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad, o la objeci\u00f3n por reticencia en la reclamaci\u00f3n \u2013elementos de la mayor relevancia para proveer una soluci\u00f3n acorde al contexto factual y normativo\u2013, desde el primer grado de esa causa se pretermiti\u00f3, de forma arbitraria, la consideraci\u00f3n o siquiera menci\u00f3n de esos argumentos, bien sea para avalarlos o descartarlos; deficiencia que se replic\u00f3 por parte del ad quem. <\/p>\n
3.6. Por ello, no resulta comprensible que, con las evidentes inconsistencias en algunos de los datos que reposan en esa foliatura, ninguno de los estrados encartados se apropiara, como es su deber, de la direcci\u00f3n del proceso \u2013el cual, pese a su naturaleza sumaria y preferencial, no es ajeno a las garant\u00edas fundamentales de las partes e intervinientes\u2013, para expedir sendas providencias que no tomaron ni siquiera como punto de an\u00e1lisis preliminar, el prenotado criterio de subsidiariedad \u2013desatendiendo la previsi\u00f3n del numeral 1 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 19917\u2013, y, mucho menos se realiz\u00f3 un estudio sobre su flexibilizaci\u00f3n o por qu\u00e9 se podr\u00eda hablar de la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, o bajo qu\u00e9 presupuestos el mecanismo ordinario de defensa se mostraba insuficiente, de cara al problema estudiado. <\/p>\n
3.7. En lo atinente a esa tem\u00e1tica, esta Sala ha sostenido que \u00abno sobra recordar que la tutela no fue instituida para obtener el resarcimiento de perjuicios econ\u00f3micos o el reconocimiento de derechos patrimoniales, sino que fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas (\u2026) (CSJ, providencia de 24 de marzo de 2011, exp. 00111- 01, ratificada el 13 de junio del mismo a\u00f1o, exp. 00067-01)\u00bb (CSJ SC, 24 feb. 2012, rad. 2012-00004-01, reiterada en STC14611-2022, 1 nov.). <\/p>\n
3.8. En consecuencia, se insiste, no se trata de limitar de forma desproporcionada el \u00e1mbito de discrecionalidad con el que cuentan los funcionarios judiciales en el marco de sus competencias constitucionales y legales, ni de privilegiar un entendimiento normativo sobre otro \u2013en los eventos en que se brinden explicaciones plausibles para, por ejemplo, apartarse de un precedente\u2013, o de imponer una espec\u00edfica valoraci\u00f3n de las pruebas \u2013como parece sugerir la jueza recurrente\u2013, sino de corregir, a trav\u00e9s de este excepcional remedio, los desafueros que se acreditaron en el curso de ese asunto. <\/p>\n
3.9. Finalmente, la Sala ratificar\u00e1 la sentencia impugnada, con el consecuente respaldo de las \u00f3rdenes de compulsar copias ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Magdalena, para que, en el marco de sus competencias, adelanten las actuaciones pertinentes e investiguen la conducta desplegada por los funcionarios judiciales involucrados y la se\u00f1ora Emeris Arregoc\u00e9s Pinto. <\/p>\n
3.10. Lo anterior, pues ese mandato es el reflejo de la facultad \u2013 deber de todo servidor p\u00fablico de poner en conocimiento de las respectivas autoridades aquellos comportamientos que eventualmente pudieran llegar a tener repercusiones de car\u00e1cter penal o disciplinarias. <\/p>\n
3.11. Por lo tanto, es en cada uno de esos escenarios donde, en ejercicio de las garant\u00edas que se derivan del derecho al debido proceso, la titular del estrado recurrente \u2013 y los dem\u00e1s intervinientes\u2013 tendr\u00e1n la oportunidad de plantear sus defensas, siendo entonces las enunciadas autoridades las que deber\u00e1n analizarlas y resolverlas. <\/p>\n
Sobre este particular, tambi\u00e9n se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab[E]s ante el ente investigador que el investigado podr\u00e1 \u2018ejercer su derecho de contradicci\u00f3n rindiendo las explicaciones solicitadas, aportando las pruebas que tenga en su poder o pidiendo la pr\u00e1ctica de las que considere conducentes, pertinentes y necesarias para demostrar la inexistencia de la falta sobre la que versa el cargo, o la improcedencia de la sanci\u00f3n que se sigue como consecuencia de ella\u00bb (CSJ, STC 2 nov. 2010, exp. 2010-00279-01, reiterado, entre otros, en STC 2 jun. 2012, exp. 00027-01 y STC12195-2022, 14 sep.). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme con ello, se avalar\u00e1 la concesi\u00f3n del a quo constitucional, comoquiera que, en el sub-lite, se verific\u00f3 la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones de la misma naturaleza, dadas irregularidades acreditadas en el proceso revisado, en especial, la pretermisi\u00f3n infundada del criterio de subsidiariedad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2022-00294-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria confirm\u00f3 el fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta (18 oct. 2022), en la tutela instaurada por Seguros de Vida Suramericana \u2013 Sura Vida S.A. contra los Juzgados Promiscuo de Familia de Plato y Promiscuo Municipal de Ariguan\u00ed, que concedi\u00f3 el amparo y dej\u00f3 sin efectos las sentencias dictadas el 12 de agosto de 2022 por el estrado municipal, y el 26 de septiembre siguiente por el iudex del circuito, dentro del resguardo promovido por Emeris Arregoc\u00e9s Pinto contra la actora y, en su lugar, declar\u00f3 la improcedencia de esa acci\u00f3n. <\/p>\n
Para llegar a esa conclusi\u00f3n, en principio, advirti\u00f3 que aunque con el proceso examinado se est\u00e1n reprochando decisiones emitidas en otra \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, que adem\u00e1s, se encuentra pendiente del tr\u00e1mite de selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, flexibilizar\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad, dado que la misma \u00abse fundamenta en la ocurrencia de hechos constitutivos de eventual fraude procesal, siendo esta una de las causales de viabilidad excepcional del amparo contra decisiones proferidas en causas de id\u00e9ntica naturaleza\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, anunci\u00f3 que en la guarda auscultada deviene clara la presencia de \u00abgraves indicios sobre la eventual configuraci\u00f3n de un fraude procesal\u00bb, comoquiera que (\u2026), las autoridades enjuiciadas mostraron una actitud abiertamente renuente en cuanto al cumplimiento del m\u00ednimo deber de diligencia, contrariando las expectativas leg\u00edtimas de quienes acceden a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Ello, porque, <\/p>\n
(\u2026) 3.5. N\u00f3tese que, en este caso, aun cuando con la solicitud de amparo se pretendi\u00f3 el pago directo de la p\u00f3liza que la se\u00f1ora Arregoc\u00e9s Pinto adquiri\u00f3 de Sura Vida S.A., a la vez que la aseguradora compareci\u00f3 oportunamente al tr\u00e1mite para oponerse con fundamento en la falta de acreditaci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad, o la objeci\u00f3n por reticencia en la reclamaci\u00f3n \u2013elementos de la mayor relevancia para proveer una soluci\u00f3n acorde al contexto factual y normativo\u2013, desde el primer grado de esa causa se pretermiti\u00f3, de forma arbitraria, la consideraci\u00f3n o siquiera menci\u00f3n de esos argumentos, bien sea para avalarlos o descartarlos; deficiencia que se replic\u00f3 por parte del ad quem. <\/p>\n
3.7. En lo atinente a esa tem\u00e1tica, esta Sala ha sostenido que \u00abno sobra recordar que la tutela no fue instituida para obtener el resarcimiento de perjuicios econ\u00f3micos o el reconocimiento de derechos patrimoniales, sino que fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas (\u2026) (CSJ, providencia de 24 de marzo de 2011, exp. 00111- 01, ratificada el 13 de junio del mismo a\u00f1o, exp. 00067-01)\u00bb (CSJ SC, 24 feb. 2012, rad. 2012-00004-01, reiterada en STC14611-2022, 1 nov.). <\/p>\n
2.- No comparto la determinaci\u00f3n, principalmente, porque, en mi criterio, en este caso espec\u00edfico no existe ninguna justificaci\u00f3n para la procedencia de la \u00abtutela contra tutela\u00bb, por lo que no debi\u00f3 concederse la protecci\u00f3n suplicada. <\/p>\n
2.1.- La Corte Constitucional en la sentencia SU 627 de 2015, unific\u00f3 los requisitos generales de procedibilidad de la \u00abacci\u00f3n de tutela contra tutela\u00bb, a saber: <\/p>\n
(\u2026) por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra sentencias de tutela. No obstante, cuando el fallo es proferido por un juez o tribunal diferente a esta Corporaci\u00f3n, se ha admitido de forma excepcional su procedencia, cuando (i) exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
2.2.- En el sub lite, no se cumple con los \u00abrequisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, en tanto la gestora cuanta con otros medios de defensa id\u00f3neos y objetivamente no se evidencia el \u00ab fraude procesal\u00bb, lo que torna inviable el estudio de fondo del asunto. <\/p>\n
2.2.1.- Se afirma lo primero, porque los fallos expedidos por los juzgados convocados, no han sido excluidos ni seleccionados para su revisi\u00f3n por la Corte Constitucional y, en caso de no ser escogido con dicho fin, la aseguradora a\u00fan cuanta con el mecanismo de la insistencia, que seg\u00fan ha predicado esta Corporaci\u00f3n, resulta ser un medio id\u00f3neo de defensa. <\/p>\n
Significa lo anterior, que la Litis auscultada no constituye cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
2.2.2- Adicionalmente, en los hechos denunciados no se observa la configuraci\u00f3n de un \u00abfraude procesal\u00bb que habilite la \u00abtutela vs. Tutela\u00bb, esto es, que la \u201cdecisi\u00f3n hubiese sido proferida con fines ilegales ligados a una intenci\u00f3n dolosa, en la misma se evidencie una interpretaci\u00f3n abiertamente contraria a los postulados constitucionales y la buena fe judicial\u201d (T-073 de 2019). <\/p>\n
Se resalta que la comisi\u00f3n del \u00abfraude procesal\u00bb se estructur\u00f3, seg\u00fan lo indicado por el Tribunal y lo avalado por esta Sala, porque la all\u00e1 impulsora \u201cminti\u00f3\u201d al radicar la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb en el lugar donde no se encontraba domiciliada \u2013Magdalena-, puesto que, seg\u00fan las pruebas, su domicilio es en la Guajira; sin embargo, dest\u00e1quese que el factor territorial en asuntos constitucionales es irrelevante, como quiera que el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u201d. As\u00ed las cosas, para saber cu\u00e1l es la autoridad judicial que debe ocuparse de la protecci\u00f3n superlativa, se torna definitiva la elecci\u00f3n que libremente haga el interesado al formular el reclamo ante cualquiera de las respectivas agencias, de tal suerte que la escogida queda investida de la facultad suficiente para rituarla y resolverla de fondo. <\/p>\n
Igualmente se asever\u00f3 que el \u00abfraude procesal se present\u00f3, en tanto, los despachos confutados inobservaron el \u00abpresupuesto de la subsidiariedad\u00bb y no explicaron los motivos para tenerlo por superado; empero, lo acreditado en sus pronunciamientos es lo contrario; esto es que s\u00ed explicaron las razones por las cuales era menester hacerlo, tras se\u00f1alar que se evidenciaba la afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital de Emeris Arregoc\u00e9s. <\/p>\n
3.- Es del caso precisar que, si bien, en la sentencia STC14611-2022 (29 ag. 2022, rad. 19001-22-13-000-2022-00062-01), acompa\u00f1\u00e9 la decisi\u00f3n mayoritaria de la Sala que revoc\u00f3 el fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n, en la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb incoada por la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Cauca-COMFACAUCA- contra el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del resguardo n\u00famero 2022-00221 para, en su lugar conceder el amparo, ello ocurri\u00f3 porque, tal y como all\u00ed se advirti\u00f3, que \u00abse pas\u00f3 desapercibido el deber de las autoridades judiciales de defender el patrimonio p\u00fablico y que seg\u00fan denuncia la entidad obligada a hacer esos pagos, en este caso se est\u00e1 viendo afectado por raz\u00f3n de la decisi\u00f3n reprochada\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en esa oportunidad, aclar\u00e9 mi posici\u00f3n, precisamente, en lo concerniente a la justificaci\u00f3n, en ese caso espec\u00edfico, de la \u00abprocedencia de la tutela contra tutela\u00bb, cuando la misma fue excluida de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, toda vez que all\u00ed, el paginario censurado ya hab\u00eda surtido dicho tr\u00e1mite y, por tanto, el veredicto emitido en esa sede de tutela ya constitu\u00eda cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Contrario sensu, en el auxilio ahora estudiado, se enfatiz\u00f3 que el dossier no hab\u00eda sido excluido, de manera que es apropiado esperar que dicho tr\u00e1mite se surta y no adelantarse a las resultas que este pueda tener, m\u00e1xime cuando no encuentro una raz\u00f3n justificable para superar tal presupuesto. <\/p>\n
En otras palabras, en mi criterio, no resulta razonable el desplazamiento de la Corte Constitucional en lo que a esa Corporaci\u00f3n compete como m\u00e1xima defensora de los derechos iusfundamentales. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2022-00294-01 <\/p>\n
Con el respeto acostumbrado por los Magistrados que conforman la Sala mayoritaria de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la determinaci\u00f3n adoptada, que confirm\u00f3 la concesi\u00f3n del amparo reclamado por Seguros de Vida Suramericana \u2013 Sura Vida S.A. contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Ariguan\u00ed y Promiscuo de Familia de Plato. <\/p>\n
1. En s\u00edntesis, estim\u00f3 la Sala que, como lo hab\u00eda determinado en un caso similar y reciente – STC14611-2022-, se hallaba probada la \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, puesto que los jueces denunciados efectuaron una \u00abinterpretaci\u00f3n abiertamente contraria a la ley\u00bb, ya que desconocieron que la accionante inicial contaba con la posibilidad de promover el proceso respectivo para dilucidar lo relativo al pago del seguro y que no argumentaron las razones para flexibilizar el requisito de subsidiariedad, dado que no indicaron el por qu\u00e9 se configuraba un perjuicio irremediable que le impidiera a la interesada acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Asimismo, ratific\u00f3 la compulsa de copias dispuesta por el Tribunal a quo, toda vez que en los tr\u00e1mites a surtirse los investigados podr\u00e1n argumentar su defensa, criterio apoyado en la jurisprudencia de la Sala (CSJ, STC 2 nov. 2010, exp. 2010-00279-01, reiterado, entre otros, en STC 2 jun. 2012, exp. 00027-01 y STC12195-2022, 14 sep.). <\/p>\n
2. Estimo que el presupuesto de subsidiariedad tantas veces exigido en casos similares, no se cumple comoquiera que el expediente de tutela materia de queja no ha sido remitido a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisi\u00f3n de los fallos reprochados, escenario previsto para dilucidar cuestiones como las aqu\u00ed propuestas. Sobre lo dicho, esta Sala en m\u00faltiples ocasiones ha indicado que \u00abante una posible irregularidad o desafuero de los jueces de tutela al emitir sus fallos en esta especial jurisdicci\u00f3n, tras agotarse la impugnaci\u00f3n, el legislador ha establecido la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia desarrollado en el Acuerdo No 05 de 1992, para pedirle a esa Corporaci\u00f3n su escogencia\u00bb (CSJ STC8012-2021 y STC5740-2022, entre otras), mecanismo que, se insiste, no ha sido agotado en el asunto controvertido. <\/p>\n
Ahora, si bien en la sentencia STC14611-2022 se tuvo por configurada la \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, dado que se evidenci\u00f3 en los jueces de tutela accionados una \u00abinterpretaci\u00f3n abiertamente contraria a la ley\u00bb, el caso dista ostensiblemente del presente, comoquiera que all\u00ed ya exist\u00eda la \u00abcosa juzgada\u00bb constitucional en estricto sentido porque el asunto hab\u00eda sido excluido de revisi\u00f3n; por tanto, resultaba indispensable la intervenci\u00f3n de esta jurisdicci\u00f3n; en esta ocasi\u00f3n la situaci\u00f3n es distinta, pues, se itera, el expediente objeto de ataque ni siquiera ha sido remitido a la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.2. De otro lado, es necesario agregar que en la citada sentencia STC14611-2022 la Sala pugn\u00f3 por la protecci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos y, por esa raz\u00f3n, procedi\u00f3 a realizar un estudio minucioso de las consideraciones de los jueces de tutela accionados de cara al amparo que tuvieron bajo su cargo; no obstante, ello no ocurre en el presente caso, puesto que se trata de una controversia patrimonial entre la aseguradora accionante y la adquirente de una p\u00f3liza de seguros. <\/p>\n
3. Por tanto, como vengo de exponerlo, encuentro que, en el presente caso debi\u00f3 revocarse la sentencia impugnada y, en su lugar, negarse el amparo formulado por Seguros de Vida Suramericana \u2013Sura Vida S.A.-, pues no se configuraron los presupuestos para aplicar las excepciones establecidas en la jurisprudencia constitucional para los casos en los que se formulan tutelas frente a fallos de igual naturaleza. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignado mi salvamento de voto. <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ver: p\u00e1g. 4 de 7, del f. 235, cd. primera instancia del rad. n.\u00ba 2022-00125, cuestionado a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto, ver: expediente T9110297 de la Corte Constitucional. <\/p>\n
3\u0002 Aunado a que, de acuerdo con la constancia que reposa en ese expediente, los archivos se remitieron el pasado 11 de octubre de 2022. <\/p>\n
4\u0002 Tal como se ha procedido en casos similares. Al respecto, ver: CSJ STC11338-2020, 10 dic. <\/p>\n
5\u0002 Sobre el particular, ver: p\u00e1g. 4 de 7, del f. 235, cd. primera instancia del rad.. n.\u00ba 2022-00125, cuestionado a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC14611-2022, 1 nov., al citar la sentencia T-073 de 2019: \u00abcon respecto a la cosa juzgada fraudulenta, hace algunos [la Corte Constitucional] explic\u00f3, \u00abse predica cuando el dolo se ha materializado en la sentencia judicial. Sin embargo, esto no necesariamente conlleva consecuencias il\u00edcitas, ni la aparici\u00f3n de las mismas es necesaria para que el fraude pueda combatirse\u00bb y en oportunidad m\u00e1s reciente, afirm\u00f3, \u00abde acuerdo con la l\u00ednea jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, la cosa juzgada fraudulenta no se configura \u00fanicamente en el evento en que se adopte una decisi\u00f3n con fines ilegales ligados a una intenci\u00f3n dolosa, sino que tambi\u00e9n se materializa en aquellos eventos en los que el juez adopta una decisi\u00f3n fundada en el fraude a la ley, derivada de una interpretaci\u00f3n normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial\u00bb. <\/p>\n
7\u0002 \u00abLa acci\u00f3n de tutela no proceder\u00e1: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios ser\u00e1 apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC240-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC240-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2022-00294-01 (Aprobado en Sala de dieciocho de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 18 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70159","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70159","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70159"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70159\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70159"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70159"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70159"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}