STC294-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC294-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2022-00670-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que \u00c1lvaro Eduardo y Andr\u00e9s Felipe Arenas Villegas promovieron contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Medell\u00edn, las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a \u00abla prevalencia del derecho sustancial sobre las formas\u00bb, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la igualdad, a \u00abla propiedad privada\u00bb y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
Solicitaron en consecuencia, \u00abdejar sin efectos la sentencia proferida el pasado 19 de julio de 2022 por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn donde se confirma la sentencia del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de [la misma ciudad](\u2026); ordenar al juez del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn dictar sentencia dentro de las 48 horas siguientes concediendo las pretensiones de la demanda y ordenando la restituci\u00f3n del bien inmueble y pago de c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para resolver este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Janeth Esquenazi, propietaria del local 263 del Centro Comercial Almacentro, celebr\u00f3 el 23 de agosto de 2002, por intermedio de su apoderado Roberto Esquinazi, contrato de arrendamiento de dicho inmueble con Fernando Enrique Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez y Mar\u00eda Pilar Rodr\u00edguez Acosta, y, mediante documento privado denominado \u00abotros\u00ed\u00bb, del mes de enero de 2011, lo cedi\u00f3 a los aqu\u00ed accionantes, tras \u00e9stos adquirir el dominio del bien, documento aceptado y suscrito por el arrendatario Fernando Enrique Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez, quien junto con Mar\u00eda Pilar Rodr\u00edguez Acosta comenz\u00f3 a pagar el canon a los nuevos propietarios. <\/p>\n
2.2. Debido a que los arrendatarios incumplieron el contrato al cambiar la destinaci\u00f3n de local comercial e incurrir en mora en el pago de los c\u00e1nones desde el 2015, en su contra los actores promovieron proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, dentro del cual el 12 de febrero de 2021 el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Medell\u00edn neg\u00f3 las pretensiones tras declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abp\u00e9rdida de vigencia del contrato objeto de terminaci\u00f3n\u00bb, porque se hab\u00eda prohibido la cesi\u00f3n del mismo, decisi\u00f3n confirmada el 19 de julio de 2022 por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn, con fundamento similar al del juzgador de primera instancia. <\/p>\n
2.3. Los promotores sostienen que lo as\u00ed decidido; desconoce que los arrendatarios aceptaron expresa y t\u00e1citamente la cesi\u00f3n del contrato, de ah\u00ed que pagaran el canon a los nuevos arrendadores, sin que importe que el negocio se realiz\u00f3 mediante documento privado; se fund\u00f3 en que supuestamente en el expediente no obraba la escritura de venta del inmueble, pese a que si fue aportada; niega la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 523 del C\u00f3digo de Comercio, que por ser norma de orden p\u00fablico dejaba sin efecto la prohibici\u00f3n de cesi\u00f3n del contrato. <\/p>\n
2.4. Agregan que la situaci\u00f3n avala el comportamiento reprochable de los demandados de tener el inmueble en forma irregular, caus\u00e1ndoles un detrimento patrimonial, por tener seguir cubriendo el valor de la administraci\u00f3n, mejoras e impuestos, sin recibir a cambio el respectivo canon de arrendamiento. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Medell\u00edn inform\u00f3 que envi\u00f3 el proceso al juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad y se remiti\u00f3 a lo que decidi\u00f3 dentro del mismo. <\/p>\n
2. Mar\u00eda Pilar Rodr\u00edguez indic\u00f3 que los accionantes presentaron otro proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, tramitado por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Medell\u00edn, radicado 05001400300920220067700 y tambi\u00e9n promovieron la acci\u00f3n de tutela del consecutivo 05001220300020210056100, negada por el Tribunal Superior de Medell\u00edn y en impugnaci\u00f3n por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
3. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que profiri\u00f3 dentro del referido decurso. <\/p>\n
4. Fernando Enrique Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez se manifest\u00f3 frente a los hechos del escrito inicial y aleg\u00f3 desconocer a los demandantes como arrendadores del local. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo concedi\u00f3 el resguardo, pero no por los motivos alegados por los accionantes, pues encontr\u00f3 razonable que no se aplicara al caso el art\u00edculo 523 del C\u00f3digo de Comercio, sino porque el ad quem accionado omiti\u00f3 valorar el conjunto de las pruebas del proceso, enmarcado en la inconformidad que se elev\u00f3 en la apelaci\u00f3n, pues no analiz\u00f3 \u00abel hecho de que uno de los contratantes arrendatario hubiese suscrito el documento denominado \u201cotro s\u00ed\u201d al contrato de arrendamiento. Igualmente adjunto que no hab\u00eda prueba de la compraventa del local comercial a favor de los accionantes, soslayando que a folio 27 del cuaderno principal milita la escritura p\u00fablica 3879 otorgada el 15 de diciembre de 2010 en la Notar\u00eda Diecisiete de Medell\u00edn, relativa a dicho acto jur\u00eddico; guard\u00f3 silencio respecto de los correos electr\u00f3nicos entre los contratantes, as\u00ed como frente a las declaraciones de partes y terceros\u00bb, elementos que, \u00abresultaban \u00fatiles para el buen suceso de las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, le orden\u00f3 al juzgado del circuito accionado, puntualmente, que \u00abteniendo en cuenta lo aqu\u00ed dilucidado, emita una decisi\u00f3n que resuelva la segunda instancia en el asunto mencionado\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela correspondiente al radicado 05001220300020210056100 no incide en el presente tr\u00e1mite, porque tienen supuestos de hecho diferentes, y, que el proceso de restituci\u00f3n de inmueble del consecutivo 05001400300920220067700 no es objeto de reproche en este resguardo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fernando Enrique Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez aleg\u00f3 que, si bien el juez constitucional a quo encontr\u00f3 razonable la decisi\u00f3n de no aplicar al caso cuestionado el art\u00edculo 523 del C\u00f3digo de Comercio, en seguida reproch\u00f3 que no se analizaran unas pruebas que, se infiere, apuntan a dar cuenta de una posible \u00abcesi\u00f3n t\u00e1cita\u00bb del contrato de arrendamiento, lo cual, dice, resulta \u00abincoherente\u00bb porque, si se aval\u00f3 la eficacia de la prohibici\u00f3n de cesi\u00f3n del contrato, so pena de terminar autom\u00e1ticamente el mismo, entonces ning\u00fan sentido tendr\u00eda verificar si hubo una cesi\u00f3n pero t\u00e1cita, ya que tambi\u00e9n finiquitar\u00eda el acuerdo de voluntades. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que se orden\u00f3 analizar unas pruebas, pero en el proceso obran otras que las desvirt\u00faan; se\u00f1al\u00f3 que el escrito contentivo de las inconformidades de la apelaci\u00f3n fue allegado extempor\u00e1neamente, por lo que solo podr\u00edan tenerse en cuenta las expuestas al interponerse el mecanismo. <\/p>\n
Finalmente, sostuvo que en el proceso reprochado se respetaron todas las garant\u00edas; que ha sido sujeto de una \u00abpersecuci\u00f3n comercial\u00bb y, de otro lado, critic\u00f3 que se ordenara una nueva valoraci\u00f3n probatoria, pese a la existencia del otro juicio de restituci\u00f3n, donde se debate lo mismo que en el del asunto, identificado con el radicado 05001400300920220067700, donde el pr\u00f3ximo 1\u00ba de marzo se realizar\u00e1 la audiencia inicial. <\/p>\n
Mar\u00eda Pilar Rodr\u00edguez tambi\u00e9n manifest\u00f3 su desacuerdo con lo fallado, recalcando que la acci\u00f3n de tutela es improcedente contra decisiones judiciales, sin que el juez constitucional pueda usurpar al juzgador natural. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que no es cierto que, dentro del proceso cuestionado, el estrado de segunda instancia haya omitido resolver todas las inconformidades expuestas en la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n critic\u00f3 que los accionantes promovieron otro proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado con base en el mismo contrato, y que no fueron sopesadas todas las pruebas del juicio. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostuvo que al parecer se sugiri\u00f3 el sentido de la determinaci\u00f3n a ser adoptada por el estrado accionado, desconoci\u00e9ndose que, \u00abcuando el juez de segunda instancia ratifica la falta de contrato de arrendamiento como requisito procedimental para conceder la restituci\u00f3n de inmueble, (\u2026) no tiene m\u00e1s deber legal que desconocer las pretensiones de la demanda sin ahondar en argumentos adicionales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. En los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de amparo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si la persona afectada no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Circunscrita la Sala a los motivos de inconformidad expuestos por los impugnantes Fernando Enrique Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez y Mar\u00eda Pilar Rodr\u00edguez contra la sentencia del a quo constitucional, que concedi\u00f3 el amparo rogado por \u00c1lvaro Eduardo y Andr\u00e9s Felipe Arenas Villegas, la Sala encuentra que la decisi\u00f3n se fund\u00f3 en que, <\/p>\n
[E]l Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medell\u00edn incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, en su dimensi\u00f3n negativa, que \u00abse produce cuando el juez omite o ignora la valoraci\u00f3n de una prueba determinante o no decreta su pr\u00e1ctica sin justificaci\u00f3n alguna. Esta dimensi\u00f3n comprende las omisiones en la apreciaci\u00f3n de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez\u00bb. Obs\u00e9rvese lo que el juzgado demandado indic\u00f3 como motivos de la apelaci\u00f3n contra la sentencia proferida en primera instancia: <\/p>\n
(\u2026) En primer lugar, se alega que el contrato s\u00ed estaba vigente, pues la cesi\u00f3n del mismo es v\u00e1lida; am\u00e9n de que si bien es cierto la se\u00f1ora MARIA PILAR RODRIGUEZ ACOSTA no firm\u00f3 el OTRO S\u00cd, su comportamiento contractual y negocial evidencia que conoci\u00f3 la cesi\u00f3n y que acept\u00f3 la misma de manera t\u00e1cita, al enviar varios correos electr\u00f3nicos a los demandantes refiri\u00e9ndose al contrato y concretamente al incremento de canon. Al desarrollar los reparos, indica que el local fue adquirido por los demandantes por compra que le hicieron a Janeth ESQUENAZI por escritura p\u00fablica 3879 de diciembre 15 de 2010 de la Notar\u00eda 17 de esta ciudad, en comunidad y proindiviso. Sea de acotar por este Despacho de segunda instancia que en el expediente no obra prueba de tal escritura p\u00fablica de adquisici\u00f3n del bien. <\/p>\n
Como viene de verse, el juzgado refiri\u00f3 como fundamentos de la alzada, la cesi\u00f3n t\u00e1cita del contrato de arrendamiento, la suscripci\u00f3n del \u00abotro s\u00ed\u00bb por parte de uno de los arrendatarios, el cruce de correos electr\u00f3nicos entre las partes y la compraventa por la cual los demandantes habr\u00edan adquirido la propiedad sobre el local comercial pretendido en restituci\u00f3n. Sin embargo, ech\u00f3 de menos el juzgador de segunda instancia valorar dichas circunstancias de cara a los elementos de juicio obrantes en el expediente. Es que de la lectura al fallo de segundo grado se concluye que el funcionario decisor omiti\u00f3 apreciar en conjunto las pruebas, limit\u00e1ndose solo a expresar que el contrato de arrendamiento hab\u00eda perdido vigencia dada la cl\u00e1usula s\u00e9ptima del mismo, en la que se prescribi\u00f3 \u00ab[s]e proh\u00edbe la cesi\u00f3n o el subarriendo, parcial o total, del contrato de arrendamiento. La violaci\u00f3n de esta obligaci\u00f3n da lugar a la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento ipso facto\u00bb, sin merecerle ning\u00fan an\u00e1lisis el hecho de que uno de los contratantes arrendatario hubiese suscrito el documento denominado \u201cotro s\u00ed\u201d al contrato de arrendamiento. Igualmente, adujo que no hab\u00eda prueba de la compraventa del local comercial a favor de los accionantes, soslayando que a folio 27 del cuaderno principal milita la escritura p\u00fablica 3.879 otorgada el 15 de diciembre de 2010 en la Notar\u00eda Diecisiete de Medell\u00edn, relativa a dicho acto jur\u00eddico; guard\u00f3 silencio respecto a los correos electr\u00f3nicos entre los contratantes, as\u00ed como frente a las declaraciones de partes y terceros. En tal sentido, la omisi\u00f3n antedicha impidi\u00f3 que el juzgado analizara si esos elementos de persuasi\u00f3n resultaban \u00fatiles para el buen suceso de las pretensiones, al tiempo que olvid\u00f3 la regla instituida en el art\u00edculo 176 del CGP, a cuyo contenido \u00ab[l]as pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba.\u00bb. N\u00f3tese que una vez rest\u00f3 valor a la cesi\u00f3n del contrato (v\u00e9ase el apartado trasunto en la p\u00e1gina nueve de este prove\u00eddo), continu\u00f3 expresando: <\/p>\n
Sea del caso indicar que tampoco se acredit\u00f3 que los demandados (sic) hubieran adquirido el bien por compra a los se\u00f1ores ESQUENAZI, pues, aunque as\u00ed se dice, no existe prueba de la escritura p\u00fablica de adquisici\u00f3n a que se hace menci\u00f3n, siendo que tal cesi\u00f3n se avala en el \u201cOtro s\u00ed\u201d mencionado, lo cual, al no tratarse de la hip\u00f3tesis prevista en el art\u00edculo 523 del c\u00f3digo de comercio, estaba prohibida, para todos los contratantes, como bien lo decidi\u00f3 el juez de primera instancia. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el art\u00edculo 167 del C.G.P, pues si bien por virtud del principio de comunidad de la prueba, esta se adquiere para el proceso, pudiendo entonces beneficiar o perjudicar a cualquiera de las partes, va \u00ednsito all\u00ed que es la parte que no cumpli\u00f3 la respectiva carga quien debe soportar las consecuencias adversas de que la respectiva prueba no llegue al plenario. <\/p>\n
Por lo tanto, es dable concluir que la decisi\u00f3n que concita el examen constitucional pretermiti\u00f3 elementos de prueba que, a juicio del all\u00ed recurrente (accionante ahora en tutela), eran fundamentales para derruir la decisi\u00f3n que en primera instancia fue emitida por el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Medell\u00edn. En ese contexto, se inobserv\u00f3 la posibilidad de que el actor obtuviera un pronunciamiento jurisdiccional debidamente motivado que determinase el m\u00e9rito del derecho reclamado. Ello, para esta Sala, constituye una afrenta a los derechos fundamentales de la parte actora, que debe ser saneada mediante una sentencia que se adentre concienzudamente en el estudio de los elementos probatorios regular y oportunamente allegados al proceso. <\/p>\n
El aparte transcrito corresponde analizarlo en conjunto con el otro argumento del fallo de primera instancia (no discutido en la impugnaci\u00f3n), atinente a que, <\/p>\n
(\u2026) la intelecci\u00f3n de la judicatura accionada, con relaci\u00f3n al art\u00edculo 523 del C. de Co, no configura una decisi\u00f3n infundada o apartada del ordenamiento jur\u00eddico. Es as\u00ed porque el despacho accionado estim\u00f3 que esa normatividad no deven\u00eda aplicable dado que la cesi\u00f3n contractual aducida proven\u00eda del arrendador, no era consecuencia de la enajenaci\u00f3n del establecimiento de comercio y, adem\u00e1s, porque los contratantes decidieron de com\u00fan acuerdo prohibir la cesi\u00f3n del contrato de arrendamiento. <\/p>\n
3.2. Encuentra la Sala motivo suficiente para justificar tal reestudio porque, si bien se pact\u00f3 en el contrato de arrendamiento que su cesi\u00f3n tendr\u00eda como consecuencia darlo por terminado \u00abipso facto\u00bb, lo cierto es que las pruebas que los accionantes reclamaron analizar en su apelaci\u00f3n, apuntan a demostrar que el acuerdo de voluntades continu\u00f3 ejecut\u00e1ndose, ya que buscan dar cuenta del reconocimiento a ellos como arrendadores debido a varios mensajes de correo electr\u00f3nico, testimonios, la continuaci\u00f3n hasta cierto momento del pago de los c\u00e1nones de arrendamiento etc., todo lo cual amerita una valoraci\u00f3n por parte del juzgador del caso. <\/p>\n
3.2.1. Deber\u00e1 sopesarse en ese estudio que, aun cuando en principio, pudiera tenerse por v\u00e1lido el pacto inicial de prohibici\u00f3n de cesi\u00f3n del contrato tanto para el arrendador como para los arrendatarios, se pas\u00f3 por alto que el \u00abotros\u00ed\u00bb con que se efectu\u00f3 esa disposici\u00f3n de derechos fue suscrito por uno de \u00e9stos, particularidad de indudable trascendencia para el caso, porque esa manifestaci\u00f3n de voluntad del arrendatario puede interpretarse como una modificaci\u00f3n a la estipulaci\u00f3n prohibitiva inicial, revoc\u00e1ndola al expresamente consentirse en la cesi\u00f3n. <\/p>\n
Esa anuencia del arrendatario suscribiente vincular\u00eda a su coarrendataria, pese a que ciertamente \u00e9sta no plasm\u00f3 su r\u00fabrica en el documento, debido a la solidaridad que cobija a los deudores en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 825 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
3.2.2. De otro lado, siempre dependiendo de lo que arroje el an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, bien pudiera interpretarse la comentada cl\u00e1usula del contrato de arrendamiento, al tamiz de la conducta reiterada de las partes al ejecutarlo luego de la cesi\u00f3n, pues no se olvide que seg\u00fan la regla hermen\u00e9utica del art\u00edculo 1618 del C\u00f3digo Civil, aplicable al caso por la remisi\u00f3n del art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio, \u00abconocida claramente la intenci\u00f3n de los contratantes, debe estarse a ella m\u00e1s que a lo literal de las palabras\u00bb, lo que traducido al caso particular, se enfatiza, seg\u00fan lo que arroje el an\u00e1lisis de las pruebas, dar\u00eda para evidenciar que la real intenci\u00f3n de las partes no fue dar por terminado el contrato como consecuencia de su cesi\u00f3n, sino continuar ejecut\u00e1ndolo con el cambio de arrendadores. <\/p>\n
Es m\u00e1s, de acreditarse esa ejecuci\u00f3n reiterada del contrato por las partes, cuando menos hasta que se dio el incumplimiento alegado como motivo para su terminaci\u00f3n, bien pudiera tenerse por renunciada la cl\u00e1usula de prohibici\u00f3n de cesi\u00f3n que all\u00ed se incluy\u00f3, como una renuncia leg\u00edtima al derecho que de all\u00ed dimana. <\/p>\n
3.2.3. As\u00ed mismo, no puede pasarse por alto que, si como alegan los demandantes, inmediatamente se efectu\u00f3 la cesi\u00f3n, los arrendatarios continuaron ejecutando el contrato de arrendamiento teni\u00e9ndolos a ellos como nuevos arrendadores, no resultar\u00eda aceptable que llegue a buen suceso la excepci\u00f3n esgrimida por aquellos durante el proceso, con que pretenden desconocer sus propios actos, derivando de tal actuar un provecho injustificado, pues ello implicar\u00eda omitir el principio \u00abvenire contra factum propium non valet\u00bb, sobre el que la Corte ha precisado que, <\/p>\n
[E]n l\u00edneas generales, en virtud de la buena fe objetiva existe el deber de comportarse en forma coherente, de tal manera que una persona no puede contradecir injustificadamente sus conductas anteriores relevantes y eficaces, particularmente cuando con ellas se haya generado una confianza razonable en los otros en el sentido de que dicho comportamiento se mantendr\u00e1 \u2013expectativa leg\u00edtima-, deber cuyo incumplimiento o desatenci\u00f3n puede dar origen a consecuencias de diversa naturaleza, tales como la inadmisibilidad o rechazo de la pretensi\u00f3n o excepci\u00f3n que tenga <\/p>\n
como fundamento el comportamiento contradictorio, o, en su caso, la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados por la infracci\u00f3n del deber jur\u00eddico en esos t\u00e9rminos asumido y por la vulneraci\u00f3n de los intereses leg\u00edtimos de aquel cuya confianza se vio defraudada. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, sobre el particular, en reciente fallo, expres\u00f3: <\/p>\n
\u201cAhora, referir a la doctrina de los actos propios, es reclamar la exigencia de un comportamiento coherente; de ah\u00ed que, la concreci\u00f3n de una u otra conducta, seg\u00fan su extensi\u00f3n y efectos, vista en retrospectiva, permite precisar si lo cumplido estaba en la misma l\u00ednea de lo que, otrora, se ejecut\u00f3. Realizado este ejercicio, si lo acaecido no correspondi\u00f3 a lo que en el pasado inmediato tuvo lugar; si no hay puentes comunicantes entre una y otra conducta que le mantengan en su esencia, significa que el acto propio no fue respetado y, contrariamente, el proceder desplegado contradijo su inmediato antecedente, esto es, vulner\u00f3 el principio analizado. <\/p>\n
\u201c\u2026 <\/p>\n
\u201cLas rese\u00f1as verificadas, con todo y las variables incorporadas en cada regi\u00f3n o normatividad, respecto de las cuales no entra la Corte a establecer categorizaciones o ligeras generalizaciones, ponen de presente la teor\u00eda de los actos propios o \u201cvenire contra factum proprium non valet\u201d, que en definitiva conclusi\u00f3n, puede anunciarse que es la coherencia exigida en el comportamiento de las personas, de tal forma que lo realizado en el pasado, que ha servido, a su vez, como determinante o referente del proceder de otras o que ha alimentado, objetivamente, ciertas expectativas, no pueden ser contrariadas de manera sorpresiva, caprichosa o arbitraria, si con ello trasciende la esfera personal y genera perjuicio a los dem\u00e1s. <\/p>\n
\u201c\u2026 <\/p>\n
\u201cEmpero, cumple resaltar que el objetivo \u00faltimo, no es, en verdad, salvar la contradicci\u00f3n del acto o impedir la incoherencia de un determinado comportamiento; el fin, esencial, por lo dem\u00e1s, es evitar que con ese cambio de actitud, con esa rectificaci\u00f3n se genere un perjuicio a quien despert\u00f3 alguna expectativa v\u00e1lida por la conducta desplegada anteriormente, es, en otras palabras, dejar inc\u00f3lume la confianza fundada en ese antecedente. <\/p>\n
\u201cBajo tales par\u00e1metros, oportuno resulta asentar que si bien jurisprudencia y la doctrina no son concordantes en cuanto a los requisitos establecidos para considerar si, en estrictez, procede la teor\u00eda de los actos propios, la mayor\u00eda converge en se\u00f1alar los siguientes como tales: i) una conducta relevante que genere en la otra persona un grado de confianza leg\u00edtima sobre la realizaci\u00f3n o concreci\u00f3n, en el futuro, de unas consecuencias en particular; ii) que, con posterioridad, emerja otra conducta (quiz\u00e1s una pretensi\u00f3n) que contradiga con evidente y objetiva incoherencia, los antecedentes plantados; iii) que la nueva situaci\u00f3n presentada tenga trascendencia en lo jur\u00eddico y la virtualidad para afectar lo existente; y, iv) que haya identidad entre quienes resultaron involucrados en uno y otro episodio\u201d (Cas. Civ., sentencia de 24 de enero de 2001, expediente No. 11001 3103 025 2001 00457 01; se subraya) (CSJ SC10326-2014, 5 ago. Exp. 2008-00437-01). <\/p>\n
3.2.4. Es as\u00ed como, contrario a lo que alegan los impugnantes, el an\u00e1lisis que orden\u00f3 efectuar el Tribunal constitucional a quo no caer\u00eda en el vac\u00edo, ya que eventualmente conducir\u00eda a variar el alcance y sentido de la postura asumida por el juzgador del caso, sin que la imposici\u00f3n pueda interpretarse como una intromisi\u00f3n desproporcionada por parte del juez de tutela, en tanto busca que se eval\u00faen un conjunto de pruebas recaudadas durante el juicio, como expresamente lo reclam\u00f3 en la apelaci\u00f3n la parte vencida en primera instancia (incluido el escrito de sustentaci\u00f3n por haber sido presentado oportunamente), para que as\u00ed el juzgador adquiera una visi\u00f3n m\u00e1s completa del caso y dicte una decisi\u00f3n que responda a la misma, acorde con las fuentes de derecho aplicables, como es su deber, pues, como ha sentado la Corte, <\/p>\n
\u201c(\u2026) En este punto, mem\u00f3rese que el juez tiene el deber de resolver de fondo la controversia puesta a su consideraci\u00f3n, teniendo en cuenta el principio fundamental de que s\u00f3lo \u00e9sta limitado a no variar la causa petendi (hechos), pero no as\u00ed a determinar el derecho aplicable al juicio o a revisar si los presupuestos de cada una de las acciones se cumplen o no, dado que en virtud del principio iura novit curia las partes no tienen la carga de probar el derecho, salvo contadas excepciones como cuando se trata de derecho extranjero o consuetudinario (\u2026)\u201d1 (\u00e9nfasis ajeno al original) (CSJ. STC14160-2019 de 16 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03256-00). <\/p>\n
3.2.5. El estudio omitido implica que el estrado accionado incumpli\u00f3 con el deber de motivar adecuadamente las providencias judiciales, tem\u00e1tica sobre la que esta Corte ha insistido en que equivale a \u00ab(\u2026)un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 02174-00; reiterada en STC10798-2018, rad. 00102-02). <\/p>\n
Mismo t\u00f3pico por el que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de constitucionalidad, en consonancia, decant\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09). <\/p>\n
4. Lo expuesto deja en evidencia la necesidad de refrendar el amparo concedido por el a quo constitucional a favor de los accionantes. <\/p>\n
5. Lo consignado impone revocar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC294-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC294-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2022-00670-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70168","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70168","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70168"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70168\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70168"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70168"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70168"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}