STC298-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC298-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00862-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Camilo Facundo Cabrera Cifuentes contra el fallo proferido el 21 de junio de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela que aquel promovi\u00f3 contra los Juzgados Promiscuo Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Herveo y Penal del Circuito de Fresno, Tolima, la Fiscal\u00eda 36 Seccional de la precitada ciudad, extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, a la defensa y a \u00abun proceso justo y concreto\u00bb, que dice vulneradas por las sedes judiciales accionadas, dentro del proceso penal que se sigui\u00f3 en su contra bajo el radicado \u00ab732836000480201900043\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 \u00abse sirva tutelar [sus] derechos fundamentales, en fundamento de remedio extremo de la nulidad de la aceptaci\u00f3n de cargos por el delito imputado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n o se tenga la orden de consideraci\u00f3n de oficio m\u00e1s conveniente\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El referido proceso fue adelantado contra el gestor por haber realizado tocamientos sexuales en varias ocasiones a un menor de edad, tr\u00e1mite dentro del cual el 4 de marzo de 2020 aquel se allan\u00f3 a los cargos, actuaci\u00f3n que su defensor pidi\u00f3 anular, y al ser negada esa solicitud por el Juzgado Penal del Circuito de Fresno, la decisi\u00f3n fue apelada, pero el recurso fue negado por indebida sustentaci\u00f3n, prove\u00eddo que el mandatario atac\u00f3 mediante el recurso de queja, pero el 14 de julio de 2020 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 rechaz\u00f3 el mecanismo por no haber sido sustentado. <\/p>\n
2.2. El 5 de agosto de 2020 el actor fue condenado a la pena principal de 22 a\u00f1os de prisi\u00f3n como responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os agravado, en concurso homog\u00e9neo, fallo que apel\u00f3 su defensor, pero el recurso fue declarado desierto el 24 de agosto de 2020 por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el allanamiento a los cargos respondi\u00f3 a un vicio del consentimiento, porque se produjo en el receso de la audiencia debido al consejo de su abogado y sin que se le explicaran las consecuencias legales del acto, pese a que m\u00e1s temprano, dentro de mismo rito, hab\u00eda manifestado que no aceptaba los se\u00f1alamientos. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que el recurso de queja fue rechazado por la inasistencia del defensor p\u00fablico ante el Tribunal y que el monto de la pena impuesta carece de fundamento, porque en el escrito de acusaci\u00f3n no se precisaron las veces en que incurri\u00f3 en los hechos por los cuales fue procesado, lo que imped\u00eda determinar el concurso. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Herveo, Tolima, inform\u00f3 que la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 tramit\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela entre las mismas partes y por los mismos hechos y que la Sala de Casaci\u00f3n Penal decidi\u00f3 el 24 de septiembre de 2021 avocar el conocimiento de una solicitud de amparo similar, a la que le asign\u00f3 el radicado No. 119560. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 que conoci\u00f3 del recurso de queja que el defensor del aqu\u00ed accionante tramit\u00f3 contra el auto de 4 de marzo de 2020 del Juzgado Penal del Circuito de Fresno, Tolima, con que no se declar\u00f3 la nulidad del allanamiento a cargos, dentro del proceso penal correspondiente al radicado 73283600048020190004300, declar\u00e1ndolo desierto el 14 de junio de 2020 por falta de sustentaci\u00f3n, decisi\u00f3n contra la cual no se interpuso ning\u00fan recurso. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que anteriormente fue vinculada a otra acci\u00f3n de tutela tambi\u00e9n promovida por el aqu\u00ed accionante, tramitada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal bajo el n\u00famero interno 119560 y CUI 11001020400020210195500. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo, tras constatar que la queja por no declararse la nulidad del allanamiento de cargos fue objeto de estudio por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela fallada el 12 de octubre de 2021, identificada con el n\u00famero interno 119560, donde se neg\u00f3 el amparo; as\u00ed mismo, tambi\u00e9n neg\u00f3 los reclamos por haberse declarado desierto el recuso de queja contra la precitada decisi\u00f3n y por el quantum de la condena finalmente impuesta, por incumplir con los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad, ya que tales decisiones datan de julio y agosto de 2020 y contra las mismas no se interpuso ning\u00fan recurso, sin que, agreg\u00f3, se pudiera afirmar que el abogado defensor falt\u00f3 a sus deberes profesionales, pues \u00abel accionante se allan\u00f3 a cargos, lo cual llevaba a concluir que el fallo necesariamente ser\u00eda condenatorio\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante, insistiendo en que fue mal asesorado por su apoderado, cuestionando el tr\u00e1mite del recurso de queja y el quantum de la condena impuesta en su contra. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la inconformidad expuesta en la impugnaci\u00f3n, se verifica que el accionante cuestion\u00f3 (i) El monto de la pena principal que le impuso el Juzgado Penal del Circuito de Fresno, Tolima, en el fallo condenatorio de 5 de agosto de 2020; (ii) que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 no haya tramitado el recurso de queja contra la negativa a conceder la apelaci\u00f3n contra la aceptaci\u00f3n de cargos que hizo dentro del juicio y (ii) el indebido asesoramiento que recibi\u00f3 por parte de su defensor y que lo llev\u00f3 a realizar el allanamiento a los cargos. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a la primera y segunda inconformidad, de manera liminar se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, el quejoso formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela fundada en similares hechos, que resolvi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte con sentencia de 12 de octubre de 2021 (STP16258-2021), raz\u00f3n por la cual est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella \u00e9poca se destac\u00f3 que: <\/p>\n
[En el] radicado No. 732836000480-2019-00043, iniciado a partir de la denuncia presentada por Diana Mar\u00eda Galeano M\u00e9ndez, el 2 de mayo de 2019 ante la Comisar\u00eda de Familia del municipio de Herveo \u2013Tolima-, donde se relat\u00f3 que para el mes de agosto de 2018 retir\u00f3 a su hijo O.D.M.M. de 8 a\u00f1os de edad de la escuela de la vereda El Salado, debido a los tocamientos de connotaci\u00f3n sexual que el menor refiri\u00f3 haber sufrido de parte de su profesor CAMILO FACUNDO CABRERA CIFUENTES. <\/p>\n
Dentro de esta actuaci\u00f3n, la defensa del imputado solicit\u00f3 la nulidad de la aceptaci\u00f3n de cargos llevada a cabo el 4 de marzo de 2020, pretensi\u00f3n que al ser desestimada fue apelada y sustentada en el mismo acto procesal, no obstante, se neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso por indebida sustentaci\u00f3n, por lo que el togado interpuso el recurso de queja, frente a lo cual, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en auto del 4 de julio de 2020, dispuso rechazar el mismo por no haber sido sustentado dentro del t\u00e9rmino legal. <\/p>\n
El Juzgado Penal del Circuito de Fresno profiri\u00f3 sentencia el 5 de agosto de 2020, en la que conden\u00f3 al accionante a la pena principal de 22 a\u00f1os de prisi\u00f3n y las accesorias de inhabilidad para el ejercicio de los derechos y funciones p\u00fablicas, al haber sido hallado penalmente responsable de las conductas punibles de actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os agravado, en concurso homog\u00e9neo. As\u00ed mismo, le fueron negados los subrogados penales de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria por prohibici\u00f3n expresa del art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006 -C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia-. <\/p>\n
De acuerdo con lo verificado en el acta de audiencia de lectura de fallo, la defensa del procesado interpuso recurso de apelaci\u00f3n y manifest\u00f3 que presentar\u00eda la sustentaci\u00f3n por escrito <\/p>\n
. <\/p>\n
En auto del 24 de agosto de 2020, fue declarado desierto el recurso por no haber sido sustentado. <\/p>\n
En firme el fallo, las diligencias fueron remitidas a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagu\u00e9, para la vigilancia y control de la sentencia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
CAMILO FACUNDO CABRERA CIFUENTES promueve demanda de amparo, en orden a obtener la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa que estima conculcados por raz\u00f3n de las sentencias de condena proferidas en las actuaciones rese\u00f1adas. <\/p>\n
En sustento, aduce que la aceptaci\u00f3n de cargos se dio a cambio de \u00ablas promesas hechas por el Fiscal 36 Ram\u00edrez y el abogado Cardona\u00bb de obtener la prisi\u00f3n domiciliaria, sin embargo, no se aplic\u00f3 lo que rezan los art\u00edculos 351 y 352 de la Ley 906 de 2004 sobre rebajas de pena. <\/p>\n
Cuestiona que el juzgado de conocimiento le haya impartido aprobaci\u00f3n al allanamiento a cargos, \u00aby no haya investigado absolutamente nada, anulando de plano la presunci\u00f3n de inocencia\u00bb. <\/p>\n
Frente a dichos planteamientos, la Sala de Casaci\u00f3n Penal destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
As\u00ed, en lo que concierne al proceso de radicado No. 73283 60 00 480 2019 00043, el Juzgado Penal del Circuito de Fresno, en audiencia celebrada el 4 de marzo de 2020, no accedi\u00f3 a la petici\u00f3n elevada por el defensor en el sentido de declarar la nulidad del allanamiento a cargos efectuado por su patrocinado. <\/p>\n
El juzgado de conocimiento respald\u00f3 su decisi\u00f3n, en el contenido de la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, en la que el Juez Promiscuo Municipal con funci\u00f3n de control de garant\u00edas de Herveo, le dio a conocer al imputado las previsiones legales correspondientes y determin\u00f3 que el allanamiento lo hizo de manera voluntaria, espont\u00e1nea, libre y asesorado por su defensor. Destac\u00f3 que el defensor, debi\u00f3 haber realizado la solicitud de nulidad al inicio de la audiencia, y aportar las pruebas que acreditaran que hubo violaci\u00f3n de los derechos y garant\u00edas constitucionales que ahora alega, sin embargo, omiti\u00f3 hacerlo. <\/p>\n
Contra la determinaci\u00f3n del a quo se interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, el cual se neg\u00f3 por indebida motivaci\u00f3n, por lo que la defensa propuso el de queja. Finalmente, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, en auto del 4 de julio de 2020, dispuso declarar desierto el mismo, por no haber sido sustentado dentro del t\u00e9rmino legal. <\/p>\n
Es as\u00ed que, la sentencia condenatoria se emiti\u00f3 el 5 de agosto de 2020, decisi\u00f3n que igualmente alcanz\u00f3 firmeza sin que se agotaran los recursos ordinarios procedentes, toda vez que la apelaci\u00f3n fue declarada desierta por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
De lo anterior se sigue que, frente a la queja que involucra el proceso en menci\u00f3n, no se cumplen las exigencias de subsidiariedad e inmediatez, por cuanto, como se dej\u00f3 visto, i) el accionante no utiliz\u00f3 los recursos que la ley otorga para debatir inconformidades como las que ahora denuncia y; ii) las actuaciones y decisiones que acusa el actor de violentar sus garant\u00edas superiores, se produjeron hace un a\u00f1o, sin que se justificara por la parte accionante que hubiere mediado alg\u00fan acontecimiento id\u00f3neo que le impidiera instaurar, en un t\u00e9rmino razonable, la presente acci\u00f3n, inactividad que pone en entredicho la urgencia del reclamo y que conduce a que no concurran las circunstancias necesarias para estudiar de fondo la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Complementariamente, el accionante no logr\u00f3 acreditar alg\u00fan defecto que permita predicar una v\u00eda de hecho que torne viable la acci\u00f3n de amparo. Lo que se advierte es que la decisi\u00f3n del Juzgado Penal del Circuito de Fresno se fundament\u00f3 en la normatividad aplicable al caso y se ocup\u00f3 de la solicitud de nulidad con apego a lo verificado en las audiencias preliminares, lo que le permiti\u00f3 concluir que no se hab\u00eda estructurado irregularidad alguna y que la decisi\u00f3n del accionante fue libre, espont\u00e1nea y debidamente asesorada por su defensor. <\/p>\n
Adem\u00e1s de que el Juzgado Penal del Circuito de Fresno verific\u00f3 el respeto de las garant\u00edas fundamentales del acusado, profiri\u00f3 sentencia en total armon\u00eda con el allanamiento a cargos y con fundamento en el material probatorio debidamente allegado por la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
En este contexto, la decisi\u00f3n cuestionada se torna intangible, por cuanto el juez de tutela no puede, en virtud del principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional (art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica) que ampara sus actuaciones y decisiones, intervenir para modificarla, solo porque el accionante no la comparte, o tiene una comprensi\u00f3n diversa de la del funcionario. <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que la inconformidad que en esta ocasi\u00f3n plante\u00f3 el tutelante, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
4. Respecto a la tercera queja del promotor, no es de acogida la afirmaci\u00f3n del precursor que infiere negligencia de su abogado en el decurso punitivo para abrir paso al resguardo, pues si aquel esgrime que la labor del profesional en comento fue inapropiada, puede poner ese parecer en conocimiento de las autoridades competentes, punto sobre el que esta Magistratura ha decantado: <\/p>\n
(\u2026)[E]n relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues,\u2026 seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas. No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente(\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado, frente a ello, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto que \u2018Tampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u2019 (…) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(…) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (…)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u2026 (CSJ STC, 9 jun. 2004, exp. 00448-01 y 21 mar. 2006, exp. 00228-01, reiteradas en STC, 23 oct. 2012, exp. 62803-02 y STC9510 de 13 de julio de 2016, rad. 00905-01). <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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