STC301-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC301-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2022-00323-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 15 de noviembre de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Nohem\u00ed Mar\u00eda Pinto L\u00f3pez contra el Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad y el Fondo de Pensiones P\u00fablicas del Nivel Nacional (FOPEP). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora -a trav\u00e9s de apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vida y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades cuestionadas. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que, al interior del proceso de divorcio, el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta le concedi\u00f3 a su favor una cuota alimentar\u00eda del 50% de las mesadas recibidas por V\u00edctor Segundo Romero por parte del FOPEP. Tr\u00e1mite que, por razones de cambio al sistema oral, fue trasladado al Juzgado cuestionado. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que Yenis Isabel Viana Cervantes -en representaci\u00f3n de su hijo menor- present\u00f3 demanda ejecutiva en contra de V\u00edctor Romero, en la cual se decretaron alimentos provisionales que exced\u00edan el 50% de la cuant\u00eda percibida por el demandado, por lo cual, el FOPEP desde junio de 2022 no ha cumplido con los pagos. <\/p>\n
2.2. En raz\u00f3n a lo anterior, solicit\u00f3 explicaci\u00f3n a dicha entidad, la cual, le manifest\u00f3 que tal situaci\u00f3n obedec\u00eda a la prevalencia que tiene el embargo de menores sobre el de mayores. Ello fue reportado al juzgado cognoscente, quien no se ha pronunciado al respecto. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, demand\u00f3 que se ordene al FOPEP que le restituya las cuotas alimentarias dejadas de percibir desde julio de 2022. Y se le declare responsable por los perjuicios ocasionados. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Procuradora 148 Judicial II Familia de Santa Marta1, expres\u00f3 que \u00abal estar en concurrencia dos procesos o condenas dinerarias por alimentos, deben estarse a la paridad, es decir, sin desatender una u otra obligaci\u00f3n\u00bb. Recalc\u00f3 sobre el inter\u00e9s superior de los menores. <\/p>\n
2. El Fondo de Pensiones P\u00fablicas del Nivel Nacional (FOPEP), inform\u00f3 que la \u00abmedida de embargo registra aplicaci\u00f3n desde el mes de julio de 2011, hasta mayo de 2022, debido a que en ese mes el Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta remiti\u00f3 orden de embargo dentro del proceso 47001-31-60-003-2014-00182-00 a favor de la se\u00f1ora Isabel Yenis Viana Cervantes, medida cautelar que orden\u00f3 el registro de dos embargos; el primero, por concepto de cuota de alimentos por un porcentaje del 13.33% y el segundo, por concepto del proceso ejecutivo de alimentos por un porcentaje del 10% y con un l\u00edmite de pago de $10.223.760,00, suma de la cual a corte de octubre de 2022, se ha girado un total de $2.196.090,00.\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00abcomo al momento de la inscripci\u00f3n de las medidas de embargo decretadas por el Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta dentro del proceso 47001-31-60-003-2014-00182-00 a favor de la se\u00f1ora Isabel Yenis Viana Cervantes, al ser un proceso de alimentos de MENORES, desplaz\u00f3 el embargo a favor de la accionante (Alimentos de MAYORES), dejando ese embargo en turno de aplicaci\u00f3n, dado que los embargos precedentes y los registrados coparon el 50% legalmente embargable de conformidad al Decreto 1833 de 2016\u00bb. Pidi\u00f3 que se declare improcedente el amparo, pues no ha vulnerado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
4. La Defensora de Familia del Centro Zonal de Santa Marta 2 del I.C.B.F., Regional Magdalena, manifest\u00f3 que las razones de la libelista \u00abcarecen de piso, por cuanto si bien es cierto se ve afectada por la decisi\u00f3n tomada frente al embargo por los alimentos a que ten\u00eda derecho, no se puede dejar de lado que de conformidad a la ley y a la jurisprudencia frente a la materia, los alimentos de los NNA est\u00e1n por encima del de los dem\u00e1s y por ende no pueden ser desplazados sus derechos\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Tercero de Familia de Santa Marta, luego de relatar sus actuaciones, destac\u00f3 que su actuar ha sido eficiente. En efecto, destac\u00f3 que con auto del 5 de octubre de 2022 le aclar\u00f3 a la actora que la suspensi\u00f3n de los alimentos no procedi\u00f3 por orden judicial. Adem\u00e1s, orden\u00f3, entre otros asuntos, la remisi\u00f3n de los procesos alimentarios que existieran por cuenta de V\u00edctor Segundo Romero V\u00e9lez, para efectos de entrar a regular las cuotas de los beneficiarios. Por \u00faltimo, resalt\u00f3 que no ha ordenado al FOPEP la suspensi\u00f3n del pago correspondiente a la cuota de alimentos fijada a su favor, de ah\u00ed que, una vez el prove\u00eddo referido tome ejecutoria, abrir\u00e1 el correspondiente desacato en contra del pagador, por desatender la orden impartida. <\/p>\n
6. El Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta, mencion\u00f3 que en efecto conoce del proceso promovido por Yenis Isabel Viana Cervantes en favor de sus hijos contra el se\u00f1or Romero V\u00e9lez. Destac\u00f3 que, con auto del 13 de julio de 2011, regul\u00f3 alimentos y que en la actualidad paga t\u00edtulos a favor de la demandante. <\/p>\n
7. El Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n al no tener competencia para resolver el asunto planteado por la gestora. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Decisi\u00f3n Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, declar\u00f3 improcedente el amparo. Consider\u00f3 que \u00abaunque s\u00ed es discutible la postura arbitraria del FOPEP al suspender el pago de la cuota alimentaria de la accionante a juicio propio y sin mediar orden judicial al respecto, t\u00e9ngase presente que ello no es dable dilucidarlo en este escenario, m\u00e1xime cuando el Juez natural cuenta con las facultades de las que est\u00e1 investido como autoridad, pudiendo ejercer control frente al proceder de la referida pagadur\u00eda y as\u00ed asegurar el cumplimiento de la medida de embargo que decret\u00f3\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora a trav\u00e9s de apoderado. Manifest\u00f3 impugnar el fallo de tutela proferido el 15 de noviembre de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales de la libelista, con ocasi\u00f3n de la suspensi\u00f3n del pago de la cuota alimentaria reconocida a su favor en el proceso de divorcio del que conoce el Juzgado enjuiciado, en raz\u00f3n al nuevo embargo decretado por alimentos en beneficio de los menores hijos del ejecutado. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
3. Pues bien, del an\u00e1lisis probatorio obrante en el plenario, se observa que el 26 de septiembre de 2022, la quejosa puso en conocimiento del Juzgado encarado la suspensi\u00f3n del pago de alimentos por parte del FOPEP desde el mes de junio pasado, con sustento en el nuevo embargo decretado en el proceso ejecutivo de alimentos de radicado No. 2014-00182, promovido por Yenis Viana Cervantes -en favor de los menores hijos del ejecutado-. Por tanto, consider\u00f3 la prevalencia de los derechos de estos \u00faltimos sobre el de los mayores. <\/p>\n
3.1. En raz\u00f3n a lo anterior, el Juzgado debatido -con auto del 5 de octubre de 2022- solicit\u00f3 al pagador del FOPEP que informara la orden judicial por medio de la cual suspendi\u00f3 los descuentos en favor de la libelista, \u00abantes de proceder con un tr\u00e1mite incidental contra el pagador de Fopep\u00bb, ya que su Despacho no hab\u00eda emitido orden alguna al respecto. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, en el curso de dicho tr\u00e1mite, mediante prove\u00eddo del 2 de noviembre de 2022, dispuso lo siguiente: <\/p>\n
1.- SOLIC\u00cdTESE al Juzgado Segundo de Familia de Santa Marta el env\u00edo en calidad de pr\u00e9stamo y a la mayor brevedad posible del expediente digitalizado adelantado por la se\u00f1ora YENIS ISABEL VIANA CERVANTES en contra del se\u00f1or V\u00cdCTOR SEGUNDO ROMERO V\u00c9LEZ, para los fines del art\u00edculo 131 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n
2.- En cumplimiento a lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C-1026\/01, REQUI\u00c9RASE a la se\u00f1ora NOHEM\u00cd MAR\u00cdA PINTO L\u00d3PEZ para que adelante las gestiones pertinentes para la notificaci\u00f3n de la se\u00f1ora YENIS ISABEL VIANA CERVANTES de esta providencia en la que se dispone regular las cargas alimentarias del se\u00f1or V\u00cdCTOR SEGUNDO ROMERO V\u00c9LEZ con base en lo estatuido en el art\u00edculo 131 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia. <\/p>\n
3.3. De lo narrado esta Sala concluye la improcedencia del amparo, pues la querellante a\u00fan cuenta con la oportunidad de exponer ante la autoridad de conocimiento las razones de su inconformidad, dado que el proceso se encuentra en tr\u00e1mite. Es por ello que, en el desarrollo de la causa, la libelista puede hacer uso de los recursos ordinarios, mecanismos legales de los que dispone para ejercer la defensa de sus derechos. Al respecto, esta sala ha expresado que: <\/p>\n
\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
Sobre esta misma tem\u00e1tica la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab3.1.4.1. La acci\u00f3n de tutela es improcedente cuando se instaura contra procesos judiciales en curso. <\/p>\n
En efecto, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que, cuando el proceso a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite, la intervenci\u00f3n del juez constitucional est\u00e1 vedada toda vez que la acci\u00f3n de tutela no constituye -salvo que se est\u00e9 ante la posible configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable- un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jur\u00eddicos que deben ser resueltos al interior del tr\u00e1mite ordinario. Incluso, cuando los procesos han culminado, se deben interponer y agotar los medios de defensa (i.e. recursos) que se encuentran previstos en el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb (citada en STC3875-2022, expediente 2022-00915). <\/p>\n
Es claro que los motivos invocados por la gestora no resultan suficientes para acudir directamente a este mecanismo eminentemente subsidiario y residual, m\u00e1xime cuando, a\u00fan puede exponer ante el juez natural lo aqu\u00ed reclamado y podr\u00e1 ser resuelto lo que puntualmente pretende por esta v\u00eda. <\/p>\n
3.4. Al margen de lo anterior, se comparte lo decidido por el a-quo constitucional en relaci\u00f3n con la postura asumida por el FOPEP de suspender el pago de la cuota alimentaria de la accionante sin mediar orden judicial al respecto. Ciertamente, aunque dicha posici\u00f3n podr\u00eda ser discutible, se debe tener en cuenta que tal debate no es dable plantearlo por esta v\u00eda, pues el juez de tutela no interviene en los asuntos que son de competencia exclusiva de la autoridad de conocimiento. <\/p>\n
4. Sumado lo anterior, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite la procedencia del amparo como mecanismo transitorio, pues no se encuentran probados con los argumentos esbozados, los presupuestos de impostergabilidad, inminencia, gravedad y urgencia necesarios para la protecci\u00f3n de los derechos invocados. (CSJ STC13730-2019, reiterada en STC4150-2021. <\/p>\n
5. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-4. Anexo 11-Oficio #126Concepto Tutela Alimentos.pdf <\/p>\n
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