STC302-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC302-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00417-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 21 de noviembre de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el juzgado accionado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00383-00. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que act\u00faa en la acci\u00f3n referida, en la cual, la autoridad cuestionada incumpli\u00f3 los t\u00e9rminos que consagra la ley para tramitar la acci\u00f3n popular. Adem\u00e1s, aleg\u00f3 que la accionada se niega a proferir sentencia anticipada y olvida que no es necesario vincular al propietario del inmueble donde funciona el establecimiento de comercio accionado. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se le ordene a la accionada \u00abno vincular m\u00e1s a propietario alguno donde funcione establecimiento de comercio accionado\u00bb y a \u00abproferir sentencia anticipada\u00bb. Asimismo, pidi\u00f3 al Tribunal o al Juzgado cuestionado que aporten \u00ablas sentencias 2022 00040 01 2022 00035 01 2022 0003301\u00bb1. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. Adujo que la situaci\u00f3n que alega el accionante -en tutela- es ajena al Ministerio P\u00fablico, toda vez que \u00ab(\u2026) el accionante no ha presentado ante esta Procuradur\u00eda Regional ninguna solicitud, queja o reclamo af\u00edn con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional\u00bb2. <\/p>\n
2. El Municipio de Pereira pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite \u00abal no ser parte accionada y no tener relaci\u00f3n con los fundamentos f\u00e1cticos que sustentan las pretensiones del demandante\u00bb3. <\/p>\n
3. La Loter\u00eda de Risaralda \u2013en su calidad de propietario del inmueble donde funciona el establecimiento de comercio accionado- solicit\u00f3 que no se concediera el amparo, debido a que las vinculaciones realizadas por el Despacho eran \u00abrealmente importantes, sabias y procedentes\u00bb4. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira pidi\u00f3 que se niegue el amparo solicitado. Inform\u00f3 que \u00abEl d\u00eda 06 de septiembre de 2022\u00bb y \u00abEl 20 de septiembre de esta misma anualidad\u00bb el accionante present\u00f3 otras acciones de tutela -las cuales ya fueron resueltas- solicitando lo que en esta pretende5. <\/p>\n
5. Productos alimenticios La Locura S.A. -a trav\u00e9s de apoderada- pidi\u00f3 \u00abno dar tr\u00e1mite a la tutela toda vez que ya existen otras dos acciones constitucionales\u00bb6. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira declar\u00f3 improcedente el amparo. Advirti\u00f3 que el actor incurri\u00f3 en temeridad, por cuanto esa Colegiatura ya hab\u00eda conocido -en primera instancia- de las acciones de tutela de radicado \u00ab66001-22-13-000-2022-00310-00 y 66001-22-13-000-2022-00345-00\u00bb, las cuales comparten \u00absimilares hechos y pretensiones\u00bb con la que aqu\u00ed se resuelve. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en torno a la manifestaci\u00f3n elevada por el actor relacionada con que ya hab\u00eda solicitado otros amparos sobre los mismos asuntos, indic\u00f3 que esta no es raz\u00f3n suficiente que justifique \u00abhacer uso indiscriminado de la acci\u00f3n de amparo\u00bb7. En consecuencia, lo conden\u00f3 en costas de conformidad con el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo. Aduce que \u00abdesde el INICIO (\u2026) le manifest\u00e9 abiertamente que s\u00ed hab\u00eda presentado acci\u00f3n de tutela anterior\u00bb. Por ello, estima que no actu\u00f3 \u00abcon su presunta temeridad y menos mala fe que se me enrostra, y nunca se demuestra\u00bb8. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Corte establecer si se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado por el actor dentro de la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00383-00. Y se configur\u00f3 el fen\u00f3meno de la temeridad. <\/p>\n
2. De entrada, se advierte la improcedencia del amparo constitucional ante la temeridad en que incurri\u00f3 el actor. Ciertamente, en las acciones de tutela de radicado 66001-22-13-000-2022-00345-019 y 66001-22-13-000-2022-00310-0110 -conocidas en impugnaci\u00f3n por esta Corporaci\u00f3n-, se declar\u00f3 la improcedencia de los amparos reclamados contra el mismo juzgado aqu\u00ed accionado. En dichas oportunidades, el promotor manifest\u00f3 que actuaba en la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00383-00 y solicit\u00f3 -en ambas- ordenar a la autoridad cuestionada a proferir \u00absentencia anticipada\u00bb y a que se decrete la \u00abnulidad de las vinculaciones\u00bb del propietario del inmueble donde funciona el establecimiento de comercio accionado. <\/p>\n
2.1. Ciertamente, en las acciones de tutela se\u00f1aladas, el accionante suplic\u00f3 lo que ahora reclama en esta oportunidad, pretensiones soportadas en la misma base factual y frente a la misma autoridad cuestionada. En efecto, tal proceder se subsume en el supuesto contenido en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 199111, referente a la temeridad en el ejercicio del mecanismo supralegal. Al respecto, esta Sala ha sido reiterativa en advertir que: <\/p>\n
\u2026para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes (…) Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma citada, tal conducta esta\u0301 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud del accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso las sanciones previstas\u00bb. (STC10685-2016, 4 de agosto, rad. 2016-00554-01; STC16973-2016, 24 de noviembre, rad. 2016- 00362-01 y STC15784-2019, 20 de noviembre, rad. 2019-00641- 01). <\/p>\n
2.2. Por su parte, la Corte Constitucional ha expresado los supuestos que deben concurrir para que pueda pregonarse temeridad en el ejercicio de la \u00e9gida fundamental, a saber: <\/p>\n
Para que exista una actuaci\u00f3n temeraria es necesario que concurran tres elementos: identidad de causa, identidad de partes e identidad de objeto. Precisamente, en la Sentencia T-727 de 2011, se explic\u00f3 que existe (i) una identidad de causa, cuando las acciones se fundamentan en unos mismos hechos que le sirven de origen; (ii) una identidad de objeto, cuando las demandas buscan la satisfacci\u00f3n de una misma pretensi\u00f3n tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental; y (iii) una identidad de partes, cuando las acciones se dirijan contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por el mismo demandante, ya sea en su condici\u00f3n de persona natural o persona jur\u00eddica, de manera directa o por medio de apoderado. Con todo, la sola ocurrencia de tales elementos no conlleva el surgimiento autom\u00e1tico de la temeridad, pues el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 exige que el accionante carezca de un motivo justificado y razonable para incoar de nuevo la acci\u00f3n constitucional. De darse los elementos expuestos, dependiendo de la instancia en que se encuentre el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n, se podr\u00e1n rechazar o decidir desfavorablemente las demandas de amparo que hayan incurrido en temeridad. <\/p>\n
2.3. De lo expuesto, es irrefutable que el promotor ha instaurado repetidas s\u00faplicas frente a la misma autoridad y con apoyo en id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la aqu\u00ed denunciada -existe identidad de causa, objeto y partes-. Por lo tanto, ante el ejercicio reiterativo de esta excepcional herramienta, se confirmara\u0301 la sentencia impugnada. M\u00e1xime que no se constata motivo v\u00e1lido que justifique el proceder censurable del actor, por virtud del cual se impuso la sanci\u00f3n derivada del actuar temerario. Pues, la manifestaci\u00f3n del accionante sobre la presentaci\u00f3n de otras acciones de tutela, no es raz\u00f3n suficiente ni justificable para el ejercicio desmedido de este mecanismo constitucional. <\/p>\n
3. Sumado a lo anterior, la Sala mantendr\u00e1 la sanci\u00f3n impuesta al gestor por temeridad, la cual se sustent\u00f3 ponderada y razonadamente en la facultad contenida en el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, en virtud del cual el juez puede condenar al solicitante cuando ha incurrido en temeridad, lo cual se verific\u00f3 en este caso. En torno a la condena en costas impuesta por temeridad, la jurisprudencia constitucional ha dicho que: <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la tutela, la parte final del art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991, no establece en forma paralela las costas Y la temeridad, sino que identifica esta con aquellas, as\u00ed debe ser la lectura de tal norma porque, entre otras cosas, dicha interpretaci\u00f3n es coherente con el car\u00e1cter p\u00fablico, informal, gratuito de la tutela. <\/p>\n
Significa lo anterior que cuando la tutela es rechazada o denegada, solamente puede hablarse de costas cuando se incurri\u00f3 en temeridad; lo que se castiga es la temeridad como expresi\u00f3n del abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener raz\u00f3n, de mala fe se instaura la acci\u00f3n. Y quien tasa las \u00abcostas\u00bb es el Juez de tutela porque el inciso final del art\u00edculo 25 del decreto 2591\/95 se refiere a \u00e9l (algo muy distinto ocurre en la situaci\u00f3n consagrada en el primer inciso del mismo art\u00edculo en el cual lo principal son los perjuicios). (Destaca la Sala, CC T-443\/95; citada en CSJ STC5621-2019). <\/p>\n
4. Por estas consideraciones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c02Tutela.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 3-4, archivo \u201c10Documento.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c12Contestacio\u0301n.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c18Contestacion.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c28Contestacio\u0300nJuzgado.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c30Contestacio\u0300nLocura.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Archivo \u201c37fallo.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Archivo \u201c39CorreoaccionanteImpugna.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 STC14442-2022, 26 de octubre, rad. 2022-00345-01. <\/p>\n
10\u0002 Sentencia STC13809-2022, 13 de octubre, rad. 2022-00310-01. <\/p>\n
11\u0002 Art\u00edculo 38: Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes (\u2026). <\/p>\n
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