STC309-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC309-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2022-00930-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Margareth Viviana Aguirre Alfonso contra el Juzgado Octavo de Familia de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Juan Javier Rodr\u00edguez M\u00e9ndez, al secretario del Juzgado accionado y a los intervinientes del proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado en el juicio de existencia de uni\u00f3n marital de hecho de radicado 11001311000820210019200.<\/p>\n
2.1. La demandada interpuso recurso de reposici\u00f3n contra ese prove\u00eddo, con fundamento en la ausencia de conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad, impugnaci\u00f3n complementada para argumentar, entre otros, que el demandante no hab\u00eda acreditado la calidad de compa\u00f1ero permanente y que el predio con FMI 50S-40508028 lo hab\u00eda adquirido siendo soltera. <\/p>\n
2.2. En providencia del 16 de julio de 2021, el Juzgado accionado mantuvo su decisi\u00f3n, pues no se requer\u00eda agotar la etapa de conciliaci\u00f3n, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 35 de la Ley 640 de 2001, dado que se hab\u00eda solicitado una medida cautelar procedente, sumado a que, tramitado el proceso, se definir\u00eda, en la sentencia pertinente, lo relativo a la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y sus efectos, si a ello hubiere lugar. <\/p>\n
2.3. Respecto de la anterior providencia, la tutelante solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n que fue negada el 29 de julio de 20211. <\/p>\n
2.4. Esa determinaci\u00f3n fue apelada por la interesada y, mediante providencia del 17 de agosto siguiente2, el Juzgado se abstuvo de conceder la alzada, entre otros, porque el auto admisorio de la demanda no era susceptible de ese recurso. <\/p>\n
2.5. La tutelante interpuso recurso de reposici\u00f3n contra aquella decisi\u00f3n y, en subsidio, de queja, siendo confirmada y concedida la queja por auto del 3 de diciembre de 20213, requiriendo a la demandada para que suministrara las expensas para la expedici\u00f3n de las copias. <\/p>\n
2.6. Entre tanto, el 13 de agosto de 20214, la accionada contest\u00f3 la demanda y propuso como excepciones previas la ineptitud de la demanda, por falta de requisitos formales e indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones y ausencia de prueba de la calidad de compa\u00f1ero permanente, que fueron negadas el 2 de diciembre de 20215. <\/p>\n
2.7. La demandada present\u00f3 escrito advirtiendo que el funcionario hab\u00eda incurrido en la infracci\u00f3n del art\u00edculo 362 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abal fijar exorbitante cuant\u00eda como expensas\u00bb para tramitar la queja, sin tener en consideraci\u00f3n el arancel judicial vigente y solicit\u00f3 declarar que hab\u00eda incurrido en causal de mala conducta. <\/p>\n
2.8. En consecuencia, el 14 de enero de 20226, el Juzgado aclar\u00f3 la providencia del 3 de diciembre de 2021, en el sentido de indicar que no era necesario la expedici\u00f3n de copias por tratarse de un expediente digital y remiti\u00f3 el proceso al superior para tramitar la queja. <\/p>\n
2.9. En prove\u00eddo del 6 de mayo de 20227, el despacho se\u00f1al\u00f3 que era imperioso corregir el error ante la improcedencia del pago de copias, lo cual dio lugar al auto del 14 de enero anterior, y consider\u00f3 que el secretario no hab\u00eda incurrido en causal de mala conducta, pues a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico se inform\u00f3 que no ser\u00eda necesario su pago y se adoptaron las medidas pertinentes para subsanar la situaci\u00f3n. Tambi\u00e9n orden\u00f3 oficiar al Consejo Superior de la Judicatura, para la devoluci\u00f3n de las expensas. <\/p>\n
2.10. El 24 de mayo de 20228, el Juzgado advirti\u00f3, entre otros, que \u00ablas excepciones previas propuestas (\u2026) fueron decididas, sin que en su tr\u00e1mite se hubiese vulnerado derecho alguno\u00bb. Y, frente a la aclaraci\u00f3n radicada por la demandada, precis\u00f3 por qu\u00e9 se hab\u00eda corregido de oficio la orden de pago de expensas para el tr\u00e1mite del recurso de queja. <\/p>\n
2.11. El 17 de mayo de 2022, el Tribunal ad quem estim\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n interpuesta contra el auto del 15 de abril de 2021, porque la decisi\u00f3n no era susceptible de ese recurso. El 11 de agosto de 2022 se neg\u00f3 solicitud de aclaraci\u00f3n formulada frente a esa providencia9. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con lo anterior, la tutelante cuestiona, en s\u00edntesis, que: i) se hubiera admitido la demanda, sin cumplir con el requisito de procedibilidad de conciliaci\u00f3n extrajudicial ni especificar la causal de disoluci\u00f3n invocada; ii) que en el prove\u00eddo del 16 de julio de 2021, el Juzgado convocado no se pronunci\u00f3 sobre todas las inconformidades expuestas en el recurso interpuesto contra el auto admisorio de la demanda; iii) que se negaron las excepciones previas \u00abcon ins\u00f3litas consideraciones al arrogarse impl\u00edcitamente la potestad de crear la CAUSAL\u00bb, decisi\u00f3n frente a la cual solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n, que no fue desatada en el auto del 24 de mayo de 2022; y iv) que se le hubiera exigido cancelar unas expensas improcedentes y, subsanado ese yerro, no se sancionara al secretario que lo origin\u00f3, tolerando con ello esa actuaci\u00f3n irregular. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se declare la ilegalidad del auto admisorio de la demanda y, en su lugar, se rechace, as\u00ed como se ordene la investigaci\u00f3n disciplinaria pertinente, por el cobro de las expensas que eran improcedentes. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Octavo de Familia de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el proceso controvertido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El secretario del Juzgado accionado se\u00f1al\u00f3 que, ante la solicitud de la demandada sobre los datos para consignar las expensas exigidas, le inform\u00f3, por correo electr\u00f3nico del 10 de diciembre de 2021, que el auto que las orden\u00f3 se deb\u00eda aclarar, dado que aquellas no eran necesarias y que indic\u00f3 el valor correspondiente ante la insistencia de la demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. William Conde Rodr\u00edguez, abogado de la tutelante en el juicio rebatido, coadyuv\u00f3 los argumentos de la promotora. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo. En cuanto al auto admisorio de la demanda, adujo que no se requer\u00eda agotar el requisito de procedibilidad, dado que se solicitaban medidas cautelares (par\u00e1grafo del art\u00edculo 590 del CGP). Igualmente, estim\u00f3 bien motivado el auto que rechaz\u00f3 las excepciones previas, pues la demanda cumpl\u00eda con los requisitos del art\u00edculo 82 del CGP, y porque el Juez, como director del proceso, hab\u00eda interpretado que lo pretendido era la declaraci\u00f3n de la sociedad patrimonial, lo cual era razonado, sumado a que algunos de los reproches deb\u00edan ser decididos una vez surtido el proceso. Advirti\u00f3, a su vez, que contra el auto admisorio no proced\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La impuls\u00f3 la gestora, quien insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en el escrito inicial y afirm\u00f3 que no se analizaron los \u00abrequisitos formales de procedencia de la acci\u00f3n incoada\u00bb, que las consideraciones del a quo constitucional consistieron en \u00abtranscripciones parafraseadas utilizadas por el despacho judicial accionado\u00bb y que no se pronunci\u00f3 frente al escrito presentado en sede constitucional por \u00abel apoderado de la defensa, radicado el 20-09-2022 citado como interviniente\u00bb. <\/p>\n
2. Posteriormente, la accionante radic\u00f3 distintos memoriales, mediante los cuales, en s\u00edntesis: i) plante\u00f3 la existencia de una nulidad en el tr\u00e1mite constitucional, por falta de notificaci\u00f3n del auto que neg\u00f3 un impedimento; ii) controvirti\u00f3 el prove\u00eddo emitido por el Tribunal el 22 de noviembre de 2022, que rechaz\u00f3 la nulidad impetrada, lo cual tambi\u00e9n fue cuestionado por quien act\u00faa como su apoderado en el juicio rebatido; iii) alleg\u00f3 unas actuaciones que se surtieron con posterioridad en el proceso censurado; iv) reproch\u00f3 que se le indicara que deb\u00eda interponer la queja disciplinaria pertinente, pero al mismo tiempo se eximi\u00f3 prematuramente de responsabilidad a los implicados; v) la aclaraci\u00f3n del auto que resolvi\u00f3 sobre las excepciones previas se resolvi\u00f3 once meses despu\u00e9s, esto es, hasta el 8 de noviembre de 2022. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de la admisi\u00f3n del proceso de radicado 2021-00192-00, del auto del 2 de diciembre de 2021 -que desat\u00f3 las excepciones previas- y frente al cual no se resolvi\u00f3 la aclaraci\u00f3n peticionada y por el cobro de unas expensas que no eran necesarias, lo cual, en su criterio, ameritaba una investigaci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De manera preliminar, en cuanto a la presunta nulidad generada ante la omisi\u00f3n de notificaci\u00f3n del auto del 21 de septiembre de 2021, que no acept\u00f3 el impedimento planteado por uno de los magistrados del Tribunal que decidi\u00f3 la presente tutela en primera instancia, y que fue rechazada por extempor\u00e1nea por el fallador de primera instancia en prove\u00eddo del 22 de noviembre de 2022, se advierte que el defecto no tiene la virtualidad de anular el tr\u00e1mite que se adelanta y que aqu\u00e9l fue corregido, dado que la accionante se enter\u00f3 de la actuaci\u00f3n, providencia contra la cual, dicho sea de paso, no procede recurso alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Ahora bien, frente a los reproches expuestos contra el auto admisorio de la demanda -de 15 de abril de 2021-, confirmado el 16 de julio siguiente y cuya aclaraci\u00f3n se neg\u00f3 el 29 de julio de 2021, se advierte que la acci\u00f3n constitucional es improcedente, en raz\u00f3n a que no cumple con el presupuesto general de la inmediatez, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada y la fecha de interposici\u00f3n del presente amparo -5 de septiembre de 2022-, el cual supera el t\u00e9rmino de 6 meses previsto por la jurisprudencia para promover la acci\u00f3n de tutela10. <\/p>\n
Al respecto, es menester destacar que el requisito de tempestividad no se extiende por el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra dicha providencia, que se declar\u00f3 bien denegado el 17 de mayo de 2022, pues aqu\u00e9l era improcedente, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso. En ese sentido, en asuntos similares, la Sala ha considerado que la falencia en la interposici\u00f3n de un recurso inviable no sirve de excusa frente a la demora en la interposici\u00f3n de la tutela, as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) De la evidencia allegada, muy pronto se advierte que el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque respecto de la directriz atacada proferida por el Juzgado Cuarenta y Uno de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples, se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, por cuanto entre la fecha de la sentencia cuestionada (15 dic. 2020) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (27 ag. 2021), transcurri\u00f3 un lapso de ocho (8) meses y doce (12) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Ahora, contrario a lo apreciado por los precursores, en el sub lite no se encuentra satisfecho dicho \u2018presupuesto\u2019, como quiera que el debate suscitado en dicho asunto se cerr\u00f3 con el fallo confutado y no cuando el juzgador del circuito dilucid\u00f3 el \u2018recurso de queja\u2019 propuesto -15 mar. 2021-, habida cuenta de la inidoneidad de la impugnaci\u00f3n propuesta, al tratarse de un juicio \u2018verbal sumario\u2019, por ende, de \u00fanica instancia (\u2026)\u00bb11 (se resalta). <\/p>\n
4. De otro lado, en relaci\u00f3n con el auto del 2 de diciembre de 2021, que neg\u00f3 las excepciones previas propuestas, la accionante, adem\u00e1s de confutar su contenido, aleg\u00f3 que no se hab\u00eda resuelto la solicitud de aclaraci\u00f3n presentada. <\/p>\n
Sobre el particular, se observa que tal omisi\u00f3n fue superada en el tr\u00e1mite de esta tutela, pues se emiti\u00f3 pronunciamiento el pasado 8 de noviembre de 202212 en el que estim\u00f3 improcedente lo solicitado, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que la providencia era \u00ablo suficientemente clara y sucinta y no se presta para confusiones\u00bb. Posteriormente, el 15 de noviembre de 202213, la interesada present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra el auto del 2 de diciembre de 2022, lo que indica que la decisi\u00f3n sobre las excepciones previas se encuentra en tr\u00e1mite ante el competente, quien debe resolver lo pertinente, pues no puede el juez de tutela reemplazar las facultades del juez natural. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, en cuanto al cobro de expensas para tramitar el recurso de queja interpuesto, se advierte que, como lo reconoci\u00f3 la propia tutelante, el asunto fue corregido por el Juzgado, dejando sin efectos esa orden, raz\u00f3n por la cual el amparo reclamado y originado en dicha irregularidad carece de objeto, porque en el mismo juicio se adoptaron las medidas que eran pertinentes para no vulnerar sus derechos. <\/p>\n
Ahora bien, la tutelante considera que, pese a que el vicio referido fue corregido y se emitieron las decisiones pertinentes para que sus derechos no fueran afectados, se ha debido sancionar al secretario del Despacho por incurrir en causal de mala conducta, as\u00ed como al juzgador de conocimiento, en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 362 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Tal alegaci\u00f3n escapa al fin de la acci\u00f3n de tutela, principalmente porque, como se indic\u00f3, el aludido yerro fue corregido y con ello, se reitera, se salvaguardaron los derechos de la tutelante, de manera que, al haberse dejado sin efectos la actuaci\u00f3n que era contraria a los intereses que ella reclama en el juicio rebatido, no se configura vulneraci\u00f3n alguna susceptible de an\u00e1lisis en sede constitucional; m\u00e1xime que este instrumento excepcional fue instituido para proteger los derechos fundamentales de los accionantes, pero no para definir la responsabilidad disciplinaria de las autoridades accionadas. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de se\u00f1alar que, si la actora considera que con las decisiones adoptadas en el curso del proceso en torno al tema el juzgador de conocimiento incurri\u00f3 en una falta disciplinaria, est\u00e1 facultada para presentar la queja ante la autoridad competente, pues ese aspecto no puede ser definido en esta instancia constitucional. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto neg\u00f3 el amparo invocado, pero por las razones expuestas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 P\u00e1gina 271, expediente principal 2021-00192. <\/p>\n
2\u0002 P\u00e1gina 274, expediente principal 2021-00192. <\/p>\n
3\u0002 P\u00e1gina 358, expediente principal 2021-00192. <\/p>\n
4\u0002 P\u00e1gina 276, expediente principal 2021-00192. <\/p>\n
5\u0002 P\u00e1gina 5, Cuaderno de excepciones previas, expediente 2021-00192. <\/p>\n
6\u0002 P\u00e1gina 379, expediente principal 2021-00192. Auto notificado el 2 de febrero de 2022. <\/p>\n
7\u0002 P\u00e1gina 404, expediente principal 2021-00192. <\/p>\n
8\u0002 P\u00e1gina 417, expediente principal 2021-00192. <\/p>\n
9\u0002 Documentos 05 y 09, Cuaderno Tribunal, expediente 2021-00192. <\/p>\n
10\u0002 Sobre la inmediatez, esta Sala ha se\u00f1alado que \u00abel t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021). <\/p>\n
11\u0002 CSJ STC13613-2021, postura reiterada, entre otros, en las sentencias CSJ STC2283-2022 y CSJ STC521-2022. <\/p>\n
12\u0002 Folio 11, documento 026, expediente 2021-00192-00. <\/p>\n
13\u0002 Folios 8 y 12, documento 027, expediente 2021-00192-00. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC309-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC309-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-10-000-2022-00930-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70180","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70180","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70180"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70180\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70180"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70180"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70180"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}