STC311-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC311-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02387-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n incoada por Juana Zulema Zapata David frente al fallo dictado el 18 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que ella promovi\u00f3, en representaci\u00f3n de sus dos hijos menores de edad, contra el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de esa ciudad, Hilda Mar\u00eda Barrera, Jorge Eliecer Carrero Ojeda, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, la Comisar\u00eda de Familia de Kennedy, la Polic\u00eda Nacional, las Alcald\u00edas de Bogot\u00e1 – Secretar\u00eda de Gobierno – \u00c1rea de Gesti\u00f3n Policiva Inspecciones de Polic\u00eda y Local de Kennedy. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, en representaci\u00f3n de sus dos hijos menores de edad y a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos esenciales de aqu\u00e9llos al debido proceso y a las garant\u00edas prevalentes de los ni\u00f1os, presuntamente vulnerados por la sede judicial accionada, ante la tardanza en la resoluci\u00f3n de una solicitud de cautelas, mientras que, por los restantes convocados, por la falta de adopci\u00f3n de medidas para confrontar la denunciada perturbaci\u00f3n al domicilio de los ni\u00f1os. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar i) al Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, atender y resolver \u00abde fondo y en concreto sobre las medidas cautelares deprecadas desde la fecha 3 de octubre de 2.022\u00bb; ii) a la Polic\u00eda Nacional -Comando de la Localidad de Kennedy, Alcald\u00edas Mayor de Bogot\u00e1 y Local de Kennedy, prestar y brindar \u00abprotecci\u00f3n y garant\u00eda f\u00edsica y jur\u00eddica al statu quo al domicilio de los menores de edad actores de esta acci\u00f3n\u2026[,] manteniendo y conservando el mismo, mientras el\u2026 Juzgado\u2026 decide definitivamente sobre los derechos en controversia y las indemnizaciones correspondientes[,] si a ellas hubiera lugar\u00bb; iii) al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y a la Comisar\u00eda de Familia de la Localidad de Kennedy que, \u00aben defensa de los derechos fundamentales de los menores de edad afectados en este asunto[,] entre como parte ante el\u2026 Juzgado\u2026, dentro del [proceso de]\u2026 simulaci\u00f3n\u00bb; iv) a Hilda Mar\u00eda Barrera y Jorge Eliecer Carrero Ojeda, que \u00abcesen todo acto de perturbaci\u00f3n, molestia, afectaci\u00f3n y dem\u00e1s al uso, goce y disfrute del domicilio personal de los menores de edad actores de esta acci\u00f3n\u2026, que esos actos incluyan la no suspensi\u00f3n de los servicios p\u00fablicos esenciales de energ\u00eda el\u00e9ctrica, agua potable y gas natural\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de simulaci\u00f3n que, en nombre de sus hijos menores de edad, inco\u00f3 la accionante contra la citada Hilda Mar\u00eda, en el que est\u00e1 involucrado un apartamento ubicado en la carrera 72 F Bis No. 38 D -46-48 Sur de Bogot\u00e1, en el cual, afirm\u00f3 la primera, habita con sus ni\u00f1os hijos menores de edad; el 3 de octubre de 2022 la demandante deprec\u00f3, como medidas cautelares adicionales a la inscripci\u00f3n de la demanda, i) el embargo de \u00ablos c\u00e1nones de arrendamientos de\u2026 los inmuebles arrendados que conforman los inmuebles\u2026 identificados con Matr[\u00ed]culas Inmobiliarias Nos 50S-40004114 y 50S-40004115\u00bb, y ii) \u00ab[q]ue la demandada\u2026 (ABUELA BIOL\u00d3GICA L\u00cdNEA PATERNA) de los menores de edad demandantes (sic), les asigne a estos mensualmente una cuota de dinero\u2026 equivalente a\u2026 $3.000.000.oo\u2026 para alimentos necesarios y congruos (incluye, pago de arrendamiento de vivienda personal) todo por concepto de frutos civiles\u00bb. <\/p>\n
2.2. De otro lado, narr\u00f3 la tutelante que el 22 de marzo de 2022, ante la \u00abAlcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 D.C. Secretar[\u00ed]a de Gobierno, \u00e1rea de gesti\u00f3n policiva inspecciones de polic\u00eda Alcald\u00eda Localidad de Kennedy\u00bb, instaur\u00f3 querella contra Hilda Mar\u00eda Barrera, \u00abpor actos de perturbaci\u00f3n al domicilio personal y familiar y amenazas de desalojo violento\u00bb, respecto del inmueble referido a espacio. <\/p>\n
2.3. La quejosa manifest\u00f3 que Hilda Mar\u00eda Barrera y el abogado Jorge Eliecer Carrero Ojeda, el 28 de octubre de 2022, aprovechando su ausencia y la de sus hijos en el mentado predio, \u00abconsumaron los hechos motivos de la [referida] querella\u00bb, cambiando las guardas de acceso a su domicilio, con lo que se les desaloj\u00f3 del mismo, mediante v\u00edas de hecho, lo que los dej\u00f3 \u00aben absoluto abandono y desamparados[,] sin lugar de vivienda personal\u00bb. <\/p>\n
Adujo que el Juzgado acusado no ha decretado las cautelas que deprec\u00f3 para la protecci\u00f3n de los menores y que las dem\u00e1s autoridades acusadas, a pesar de sus peticiones, han omitido prestarle la colaboraci\u00f3n debida de cara al criticado e irregular desalojo del que fueron v\u00edctimas. <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio de simulaci\u00f3n recriminado; destac\u00f3 que se present\u00f3 un hecho superado porque con auto del pasado 3 de noviembre resolvi\u00f3 negar \u00ablas medidas cautelares requeridas por la parte demandante[,] radicadas el 3 de octubre y 27 de octubre del a\u00f1o en curso\u2026[,] considerando que es suficiente y proporcional la medida decretada de inscripci\u00f3n de demanda sobre los dos inmuebles\u2026, adem\u00e1s teniendo en cuenta la clase de proceso, eso es simulaci\u00f3n, la efectividad y necesidad de la misma\u00bb; y rog\u00f3 no acceder a la salvaguarda porque de \u00abmanera alguna ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, ni ha tenido injerencia alguna en las presuntas vulneraciones endilgadas\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, como lo manifest\u00f3 en anteriores acciones de tutela, \u00abcuenta con un stock de aproximadamente 800 expedientes (sin sentencia; con fallo y tramite posterior; y acciones constituciones, las cuales tienen un tr\u00e1mite preferente), por tanto, aunque est\u00e9n involucrados menores en el expediente que conoce\u2026, lo cierto es que el tr\u00e1mite procesal no corresponde a los que tienen prioridad constitucional[,] como lo quiere hacer ver la quejosa\u00bb. <\/p>\n
2. El Centro Zonal Revivir de la Regional Bogot\u00e1 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF anot\u00f3 que \u00abno puede la progenitora alegar el \u201cabandono y derecho a la vivienda de sus hijos\u201d, pues como representante legal y \u00fanica responsable, independiente de lo que se llegase a decidir en el tr\u00e1mite referido, debi\u00f3 previamente garantizar y proveer las necesidades b\u00e1sicas de sus hijos, incluyendo la vivienda\u00bb; y que \u00abde acuerdo con los hechos narrados, es posible vislumbrar la existencia de un conflicto familiar asociado a dichos procesos\u2026, por lo tanto, en cumplimiento de las competencias establecidas en las Leyes 294 de 1996, 1257 de 2008 y 2126 de 2021, ser\u00eda del resorte la Comisar\u00eda de Familia evaluar la existencia de vulneraci\u00f3n de derechos de A.N.M.Z. y A.J.M.Z. en el contexto de la violencia intrafamiliar y decretar las medidas de protecci\u00f3n que de conformidad con el proceso de verificaci\u00f3n y su criterio jur\u00eddico fuesen procedentes\u00bb. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda Distrital de Gobierno, en representaci\u00f3n de las Alcald\u00edas Mayor de Bogot\u00e1 y Local de Kennedy, se opuso a la prosperidad de la protecci\u00f3n porque \u00abno caus\u00f3 vulneraci\u00f3n alguna a los derechos alegados\u00bb y carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que debe desvincul\u00e1rsele de esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00ab[l]a autoridad local que represent[a] no tiene ninguna relaci\u00f3n con el caso\u2026 En caso de que se requiera acudir a alguna autoridad local y\/o policiva, deber\u00e1 hacerse a trav\u00e9s de los mecanismos de acceso para los ciudadanos, los cuales se encuentran previamente reglados y sometidos al derecho de turno y preferencia. En este caso no existen registros que [la] vinculen\u2026 con los hechos que se han descrito por parte de la accionante\u00bb; de donde \u00abnada tiene que ver con el asunto objeto de controversia, en la medida que no es la autoridad encargada de dar respuesta a los requerimientos y asuntos pendiente[s] del accionante, como tampoco tiene posici\u00f3n de garante respecto de los derechos que se enuncian como vulnerados en la demanda\u00bb. <\/p>\n
4. Jorge Eliecer Carrero Ojeda pidi\u00f3 \u00abrechazar la acci\u00f3n de tutela por improcedente\u00bb; sostuvo que s\u00f3lo conoci\u00f3 sobre los hechos expuestos por \u00abuna diligencia a la cual asist[i\u00f3] para asesorar a\u2026 Hilda Mar\u00eda Barrera, en la Comisar\u00eda de Familia de Kennedy, en el mes de febrero del presente a\u00f1o [se refiere al 2022], donde se debati\u00f3 sobre una medida de protecci\u00f3n, la cual en efecto le fue otorgada a la querellante por violencia intrafamiliar\u00bb; y que el reclamo tutelar es temerario porque la quejosa \u00abno presenta pruebas siquiera sumarias sobre los hechos que presuntamente son violatorios de derechos fundamentales de los menores que representa\u00bb. <\/p>\n
5. Hilda Mar\u00eda Barrera tambi\u00e9n se opuso al resguardo porque \u00abla demandante est\u00e1 obrando sin ninguna raz\u00f3n de hecho o de derecho, no aporta prueba siquiera sumaria de la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales y cree que con solo ret\u00f3rica y aseveraciones falsas puede confundir a Jueces y Magistrados y dem\u00e1s Autoridades\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que era inexistente el supuesto desalojo que refiri\u00f3 la actora porque \u00ablas guardas de la puerta de entrada a la casa fueron cambiadas porque\u2026 Zulema Zapata rompi\u00f3 las llaves y por tal motivo toc\u00f3 cambiar[las]\u00bb, y lo cierto es que \u00e9sta \u00ablleg\u00f3 en compa\u00f1\u00eda de su hermano\u2026 y otras personas el\u2026 30 de septiembre de 2022 a retirar sus pertenencias por voluntad propia y realizar el trasteo de sus cosas para un apartamento que supuestamente compr[\u00f3]\u2026, a donde se llev\u00f3 a los menores sin dar ning\u00fan detalle, de su partida voluntaria; por el contrario ella fue la que lleg\u00f3 insultando y amenazando a [su] hija\u2026, dici\u00e9ndonos que [las] iban a hacer sacar de las casas, porque supuestamente el Juzgado que admiti\u00f3 la demanda, ya hab\u00eda dado la orden de desalojar[la]s\u00bb. <\/p>\n
6. El Jefe de Asuntos Jur\u00eddicos de la Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1 (E) solicit\u00f3 \u00abdenegar las s\u00faplicas de la acci\u00f3n de tutela\u2026, toda vez que se vislumbra la inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos\u2026 alegados por los menores\u00bb. <\/p>\n
Subray\u00f3 que el pasado 28 de octubre el cuadrante respectivo recibi\u00f3 un llamado para atender una presunta ri\u00f1a en el predio referido por la accionante, donde hall\u00f3 \u00abdos personas de g\u00e9nero femenino discutiendo por las llaves y exigiendo que ten\u00edan que ped\u00edrselas, se intervino para evitar la ri\u00f1a y garantizar los derechos constitucionales, se intent\u00f3 que las partes llegaran a un acuerdo y as\u00ed evitar la discusi\u00f3n\u00bb, \u00ab[u]na de ellas mostr\u00f3 documentos exigiendo e insistiendo que ten\u00edan que pedirle las llaves a la se\u00f1ora que se encontraba en el inmueble[,] como quiera que se trataba de una herencia que hab\u00eda dejado su ex esposo que hab\u00eda fallecido. Se le inform\u00f3 que la Instituci\u00f3n Policial no tiene la facultad para se\u00f1alar qui\u00e9n es el propietario del inmueble y poder actuar frente a este tipo de procedimiento\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n, de un lado, en lo tocante con el juzgado convocado, porque con auto del 3 de noviembre de 2022 resolvi\u00f3 sobre la petici\u00f3n cautelar pendiente, de donde \u00abel hecho que suscit\u00f3 la formulaci\u00f3n del\u2026 reclamo en cuanto a la citada autoridad judicial fue superado, y por ende, no hay orden que proveer en este escenario, pues es evidente que la situaci\u00f3n ya fue resuelta, m\u00e1xime que frente a lo all\u00ed decidido se interpuso recurso de apelaci\u00f3n seg\u00fan da cuenta el expediente\u00bb; y de otra parte, en cuanto a los restantes accionados, porque aunque \u00abrespecto de menores de edad la ley y la jurisprudencia han desarrollado un r\u00e9gimen especial de protecci\u00f3n, lo cierto es que\u2026 en este escenario no se acredit\u00f3 que la madre de los accionantes, como su representante legal, hubiera ejercido los mecanismos judiciales y administrativos dirigidos a buscar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos que se dice tienen sobre el inmueble referido en la demanda, y para lograr el restablecimiento de las prerrogativas que se aduce fueron vulnerados con el supuesto desalojo que se present\u00f3 el 28 de octubre de 2022\u00bb, destacando que si bien \u00aben la demanda se adujo que luego de ocurridos los hechos ac\u00e1 alegados, se acudi\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional, al Icbf, Alcald\u00eda Local de Kennedy y a la Comisar\u00eda de Familia de esa localidad, y que ninguna de esas autoridades\u2026 prest\u00f3 colaboraci\u00f3n; sin embargo, no se aport\u00f3 ning\u00fan elemento que diera cuenta de que ante esas entidades se hubieren puesto de presente los hechos concretos (con sus circunstancias de modo, tiempo y lugar) que se refieren en este escenario constitucional, as\u00ed como las pretensiones espec\u00edficas consignadas en la solicitud de amparo\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u00abseg\u00fan las contestaciones e informes rendidos\u2026, se puede colegir que existen versiones contrapuestas entre la madre de los menores y la se\u00f1ora Hilda Mar\u00eda Barrera, de donde la soluci\u00f3n del asunto necesariamente debe darse por intermedio de los cauces ordinarios establecidos para ese prop\u00f3sito, y luego de acometerse todo el debate pertinente, en la medida que este tipo de reclamo constitucional no se instituy\u00f3 como un mecanismo al abrigo del cual puedan darse toda clase de debates\u00bb; en tanto que \u00abJuana Zulema\u2026 se\u00f1al\u00f3 que Hilda Mar\u00eda\u2026 de manera arbitraria la desaloj\u00f3 a ella y a los menores del domicilio en donde resid\u00edan y cambi\u00f3 las guardas para impedir su entrada, y \u00e9sta \u00faltima narr\u00f3 que ello no corresponde a la realidad[,] pues tanto la madre como los menores se fueron voluntariamente del bien a otro apartamento y que el\u2026 28 de octubre se present\u00f3 un altercado originado por Zapata David en cuanto lleg\u00f3 a reclamar derechos sobre el bien\u00bb. <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora indicando estarse a \u00ablos mismos argumentos del libelo de petici\u00f3n de amparo\u2026 y los medios probatorios adjuntos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo, y por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Efectuadas tales precisiones, de cara al caso concreto, del escrito de tutela se extracta que la accionante, en representaci\u00f3n de sus dos hijos menores de edad, critica dos aspectos concretos, la tardanza del Juzgado convocado en resolver su solicitud de cautelas y la falta de adopci\u00f3n de medidas, por parte de los restantes accionados, para confrontar la denunciada perturbaci\u00f3n al domicilio. <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, en lo que tiene que ver con el reclamo tutelar dirigido contra el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1, anticipa la Corte el fracaso de la impugnaci\u00f3n propuesta, lo que impone confirmar, frente a ese preciso aspecto, el fallo del a-quo constitucional, comoquiera que, como qued\u00f3 visto, en verdad, con el auto de 3 de noviembre de 2022, ese estrado emiti\u00f3 pronunciamiento sobre las aludidas cautelas, aunque contrario al querer de la accionante, al \u00abconsiderar que es suficiente y proporcional la medida decretada de inscripci\u00f3n de demanda sobre los dos inmuebles, y teniendo en cuenta la clase de proceso, eso es simulaci\u00f3n, la efectividad y necesidad de la misma\u00bb, aunado a que no le era dable disponer la fijaci\u00f3n de c\u00e1nones. Contra tal decisi\u00f3n la quejosa formul\u00f3 apelaci\u00f3n, estando pendiente el pronunciamiento respecto a su viabilidad. <\/p>\n
De esta manera, es claro que en el curso de este rito supralegal se super\u00f3 la falta de pronunciamiento respecto de las aludidas cautelas, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional de la peticionaria, por lo cual carece de objeto impartir una orden con miras a que el juzgador acusado se manifieste frente a las mismas, pues ello ya ocurri\u00f3, raz\u00f3n por la cual se colige que frente a ese aspecto ces\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n de garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
De all\u00ed que en cuanto a ese t\u00f3pico el resguardo no pudiese prosperar, al vislumbrarse un \u00abhecho superado\u00bb, aspecto frente al cual la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
4. Por otro lado, en cuanto a las quejas constitucionales frente a los restantes accionados, relacionadas con su omisi\u00f3n en la adopci\u00f3n de medidas concretas para confrontar la denunciada perturbaci\u00f3n al domicilio de los menores de edad accionantes, se desprende la inviabilidad de que esta Corporaci\u00f3n decida de fondo la impugnaci\u00f3n propuesta, pues la actuaci\u00f3n surtida est\u00e1 viciada de nulidad, en la medida en que el a-quo supralegal carec\u00eda de competencia para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
4.1. En efecto, para el reparto de la demanda tutelar en cuanto al aspecto precisado a espacio, resultaban aplicables los par\u00e1metros establecidos en el canon 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el precepto 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), seg\u00fan el cual, \u00ab[p]ara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb; y acorde con sus numerales 1\u00ba, 2\u00ba y 11, en lo que aqu\u00ed interesa, \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb; mientras que las que se formulen \u00abcontra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb; y \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como respecto a la referida omisi\u00f3n los llamados a integrar el extremo pasivo son Hilda Mar\u00eda Barrera, Jorge Eliecer Carrero Ojeda, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, la Comisar\u00eda de Familia de Kennedy, la Polic\u00eda Nacional, las Alcald\u00edas de Bogot\u00e1 – Secretar\u00eda de Gobierno – \u00c1rea de Gesti\u00f3n Policiva Inspecciones de Polic\u00eda y Local de Kennedy, en aplicaci\u00f3n del aludido canon 11, observando que de los nombrados algunos son entes del orden nacional, la competencia para definir tal reclamo tutelar, en primera instancia, era de los jueces con categor\u00eda circuito. <\/p>\n
4.2. Entonces, el fallo proferido en este tr\u00e1mite respecto a los sujetos relacionados a espacio, est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992 (Criterio expuesto en CSJ, ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4.3. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se muestra extensivo al Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 en., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo considerado, se confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer grado en lo referente al Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1; en cuanto a los dem\u00e1s accionados, se declarar\u00e1 la nulidad de tal veredicto, por falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para emitirlo, y en consecuencia, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de copia del expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de esa ciudad, competentes para tramitarla en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero. Confirmar el fallo impugnado en cuanto deneg\u00f3 el amparo deprecado por la accionante contra el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Segundo. Declarar la nulidad del fallo dictado el 18 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en la presente acci\u00f3n de tutela, exclusivamente en lo referente a los accionados Hilda Mar\u00eda Barrera, Jorge Eliecer Carrero Ojeda, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Comisar\u00eda de Familia de Kennedy, Polic\u00eda Nacional, Alcald\u00edas de Bogot\u00e1 – Secretar\u00eda de Gobierno – \u00c1rea de Gesti\u00f3n Policiva Inspecciones de Polic\u00eda y Local de Kennedy; sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena remitir, de inmediato, copia de este expediente al reparto de los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, con el fin de que, efectuada la asignaci\u00f3n correspondiente, se imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor contra Hilda Mar\u00eda Barrera, Jorge Eliecer Carrero Ojeda, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Comisar\u00eda de Familia de Kennedy, Polic\u00eda Nacional, Alcald\u00edas de Bogot\u00e1 – Secretar\u00eda de Gobierno – \u00c1rea de Gesti\u00f3n Policiva Inspecciones de Polic\u00eda y Local de Kennedy. <\/p>\n
Tercero. Notificar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados, mediante el medio m\u00e1s expedito y eficaz, l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes y env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3] <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC311-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC311-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02387-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n incoada por Juana Zulema Zapata David frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70182","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70182","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70182"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70182\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70182"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}