STC313-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC313-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02171-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena contra el fallo proferido el 1\u00ba de noviembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela formulada por \u00e9l contra la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, igualdad, \u00abjuez natural\u00bb, \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada al acceder, en sede de casaci\u00f3n, a las pretensiones de la demanda laboral incoada en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar i) \u00abdejar sin efecto la[s] sentencia[s] SL3329\u2026 del 04 de agosto de 2021\u2026 [y] SL 5247\u2026 [del] 24 de noviembre de 2021\u2026, as\u00ed como todas las actuaciones que hubiera adelantado la Sala [accionada]\u2026 desde la fecha que adopt\u00f3 esa decisi\u00f3n\u00bb; ii) \u00abque el expediente y el recurso extraordinario de casaci\u00f3n presentado\u2026 sea remitido a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente de la Corte Suprema de Justicia, para que sea esta quien decida el mencionado recurso[,] conforme a la ley y el precedente judicial aplicable al caso\u00bb; o subsidiariamente, \u00abordenar a la Sala [acusada]\u2026 que vuelva a proferir sentencia teniendo en cuenta la jurisprudencia (precedente) de la Sala Permanente\u2026 aplicable al caso y que, si considera necesario cambiar esa jurisprudencia, d[\u00e9] aplicaci\u00f3n al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 2 de la Ley 1781 de 2016, en el sentido de remitir el expediente a la Sala Laboral Permanente\u2026 para que emita la respectiva sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que Nicol\u00e1s Emilio Jim\u00e9nez Garc\u00eda le inco\u00f3 al accionante y a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones (pretendiendo \u00abse declarara la existencia de un v\u00ednculo laboral con la primera, y que es beneficiario de la convenci\u00f3n colectiva suscrita entre dicha empleadora y su sindicato de trabajadores\u00bb; y \u00abse condenara a cualquiera de las demandadas a reconocer y pagar a partir del 27 de mayo de 2014, la pensi\u00f3n convencional estipulada en el art\u00edculo 109 del acuerdo extralegal\u00bb; o subsidiariamente, \u00abse declarara que es beneficiario de la pensi\u00f3n de vejez de que trata el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, y se condenara a Colpensiones al reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n bajo las reglas \u00abdel art\u00edculo 36 ib\u00eddem\u00bb, a partir del 27 de mayo de 2014\u00bb), surtidas las etapas de rigor, el 29 de noviembre de 2017 el Juzgado Diecis\u00e9is Laboral de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia adversa a las pretensiones, absolviendo a las demandadas; esa decisi\u00f3n, en sede de consulta, el 31 de julio de 2018 la confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad; determinaci\u00f3n \u00faltima que el 4 de agosto de 2021 cas\u00f3 esta Corte para, en su lugar, el 24 de noviembre siguiente, en sentencia de remplazo, revocar la emitida por el Juzgado y acceder a las pretensiones. <\/p>\n
2.2. Despu\u00e9s de ejecutoriado el veredicto final, el 23 de marzo de 2022 el quejoso deprec\u00f3 su nulidad, solicitud a la que la autoridad accionada no accedi\u00f3 mediante prove\u00eddo del 25 de mayo posterior, el que no fue objeto de ning\u00fan reparo. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la Colegiatura encausada, incurriendo en defectos org\u00e1nico, procedimental absoluto, sustantivo, e inmotivadamente, se apart\u00f3 del precedente establecido por la Sala permanente \u00absobre la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 109 de la Convenci\u00f3n Colectiva suscrita entre el SENA y sus trabajadores oficiales que exige, de manera concurrente, los requisitos de edad y tiempo de servicio antes del 31 de Julio de 2010 para acceder a la pensi\u00f3n\u00bb; erradamente se apoy\u00f3 en un veredicto \u00abque analiza la pensi\u00f3n convencional consagrada en la convenci\u00f3n colectiva suscrita entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social y el ISS el 31 de julio de 2001, tesis distinta a la\u2026 la norma especial y espec\u00edfica que aplica a los trabajadores oficiales del SENA beneficiarios de dicha convenci\u00f3n\u00bb; proceder con el cual, sin tener competencia para ello, en contrav\u00eda de lo establecido en el inciso 2\u00ba del canon 2\u00ba de la Ley 1781 de 2006, modific\u00f3 la jurisprudencia de la Sala permanente \u00aben relaci\u00f3n con la exigencia de los requisitos concurrentes de edad y tiempo de servicio para acceder al derecho a la pensi\u00f3n convencional [del Sena]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 3 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte pidi\u00f3 \u00abdeclarar improcedente el amparo\u00bb porque \u00abla providencia CSJ SL3329-2021\u2026 fue emitida con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a la ley y al precedente, que ante supuestos f\u00e1cticos id\u00e9nticos ha resuelto la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. Por tal virtud, no resulta arbitraria, ni lesiva de derecho fundamental alguno, tal cual se desprende de los argumentos jur\u00eddicos y fundamentos f\u00e1cticos incorporados a la misma\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que aunque \u00abno trajo a colaci\u00f3n una sentencia seguida en contra de la misma entidad, s\u00ed se ajust\u00f3 a la interpretaci\u00f3n que debe impartirse a ese tipo de normas convencionales[,] dada la similitud en su redacci\u00f3n\u00bb, por tanto, \u00abla invocaci\u00f3n de la sentencia CSJ SL3343-2020, que enseri\u00f3 el entendimiento de la cl\u00e1usula 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajadores 2001-2004 del ISS, era absolutamente viable, pues\u2026 los precedentes de la Corte no est\u00e1n atados a las partes en contienda, sino al contenido del texto que se interpreta, que, como qued\u00f3 visto, es exactamente el mismo\u00bb; de all\u00ed que \u00ab[t]al circunstancia tornaba innecesario el env\u00edo del expediente a la Sala permanente, pues lo contrario significar\u00eda una inadmisible especie de restricci\u00f3n a las posibilidades intelectuales de [esa] Sala de Descongesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales – en liquidaci\u00f3n indic\u00f3 que, \u00abrevisados los aplicativos de consulta con que cuenta la entidad, la p\u00e1gina web de la rama judicial, as\u00ed como el escrito de tutela\u2026[,] pudo establecer que en los procesos de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3\u00bb. <\/p>\n
3. El abogado Ricardo Barona Betancourt, quien dijo actuar \u00abcomo apoderado del se\u00f1or Nicol\u00e1s Emilio Jim\u00e9nez Garc\u00eda\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin aportar el poder especial conferido por \u00e9ste para actuar en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
4. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta actuaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que \u00abno\u2026 tiene responsabilidad en la trasgresi\u00f3n de los derechos fundamentales alegados\u00bb. <\/p>\n
5. El Sindicato de Trabajadores Oficiales del Sena – Sintrasena se opuso a la prosperidad del amparo porque, sostuvo, busca desconocer los \u00abfallos jurisprudenciales recientes de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casaci\u00f3n Laboral y de la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
6. El Juzgado Diecis\u00e9is Laboral de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 algunos apartes del expediente contentivo del juicio recriminado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al hallar insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que el actor, para controvertir la determinaci\u00f3n que fustig\u00f3, \u00abno\u2026 ha hecho uso del mecanismo de revisi\u00f3n de que trata el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, \u00abno le asiste raz\u00f3n a la parte actora al querer se acojan como ciertas sus afirmaciones, toda vez que no se vislumbra que la providencia objetada haya sido inconsulta o transgresora de derechos; por el contrario\u2026[,] analiz\u00f3 el art\u00edculo 109 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo y consider\u00f3 la sentencia SL3343-2020, que alude al entendimiento de la cl\u00e1usula 98 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajadores 2001-2004 del ISS, la cual, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral consider\u00f3 viable aplicar, pues, los precedentes de la Corte no est\u00e1n atados a las partes en contienda, sino al contenido del texto que se interpreta, el cual, guardaba relaci\u00f3n con aquel objeto de estudio\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 el promotor insistiendo en sus planteamientos iniciales, a los cuales a\u00f1adi\u00f3 que, contrario a lo considerado por el a-quo constitucional, le era inviable adelantar el aludido recurso de revisi\u00f3n, por carecer de legitimaci\u00f3n para ello, en tanto que, acorde con el mentado canon 20 de la Ley 797 de 2003, el mismo s\u00f3lo es viable \u00aba solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n\u00bb; y en todo caso, tal presupuesto de procedibilidad era inexigible ante la existencia de un perjuicio irremediable, dada la afectaci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico, que tornaba viable la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio, m\u00e1xime cuando mantener lo resuelto por el juez de casaci\u00f3n \u00ababre una ventana para que cualquier persona pueda elevar solicitud de pensi\u00f3n convencional, como quiera que no existe limite al respecto, tanto as\u00ed, que a la fecha el SENA se encuentra en la defensa de 436 demandas en la misma situaci\u00f3n, lo cual, adem\u00e1s de poner el marcha el aparato jurisdiccional de manera caprichosa, genera un impacto econ\u00f3mico catastr\u00f3fico para la entidad, y para el Estado mismo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En consonancia con tales postulados, teniendo en cuenta que lo criticado por el gestor son las sentencias dictadas el 4 de agosto y el 24 de noviembre de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n accionada, en el juicio laboral propuesto por Nicol\u00e1s Emilio Jim\u00e9nez Garc\u00eda, concluye la Corte que la decisi\u00f3n del a-quo constitucional habr\u00e1 de confirmarse pero por el hecho de resultar patente que la salvaguarda implorada carece del requisito de inmediatez, en la medida en que desde la emisi\u00f3n de dichas providencias hasta la fecha de interposici\u00f3n de este amparo (13 de octubre de 2022), transcurrieron m\u00e1s de diez (10) meses, super\u00e1ndose ampliamente el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza. <\/p>\n
\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; CSJ STC5977-2015; CSJ STC2788-2017). <\/p>\n
2.2. N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que el referido t\u00e9rmino es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequ\u00edvoca, ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
…de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela puede interponerse \u201cen todo momento\u201d porque no tiene t\u00e9rmino de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido \u201cuna correlaci\u00f3n temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuaci\u00f3n r\u00e1pida de los jueces. Por ende, cuando la acci\u00f3n se presenta mucho tiempo despu\u00e9s de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt\u00faa su car\u00e1cter apremiante. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existir\u00eda incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estar\u00eda siempre a la espera de una controversia constitucional. As\u00ed pues, se anular\u00eda la seguridad jur\u00eddica, pues los efectos de una decisi\u00f3n podr\u00edan ser interrumpidos en cualquier momento a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser m\u00e1s exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente… <\/p>\n
23. En s\u00edntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acci\u00f3n, la cual supone la protecci\u00f3n urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual depender\u00e1 de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales (se destac\u00f3 – CC T-038\/17). <\/p>\n
2.3. De all\u00ed que no resulten de recibo las manifestaciones efectuadas por el quejoso en su demanda de tutela de cara a dar por sentado que satisfizo el presupuesto de procedibilidad en comento, en tanto que, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el requisito de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01), sin que la postulaci\u00f3n de la posterior y frustrada petici\u00f3n de invalidez tenga la virtualidad de revivir t\u00e9rmino alguno. <\/p>\n
3. Por ese sendero, como de vieja data se tiene por sentado, se recuerda que la ausencia del presupuesto en cuesti\u00f3n impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su consideraci\u00f3n, lo que impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed consignadas que no por las exteriorizadas por el a-quo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a todos los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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