STC316-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC316-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01751-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de septiembre de 20211 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga Penal, que neg\u00f3 el amparo peticionado por Leonor Garc\u00eda Guevara y Jairo Moreno Betancourt, a trav\u00e9s de apoderado, en contra del Juzgado Primero Penal Municipal de Girardot. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 253076000401201180498. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores procuran la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se extraen como bases del reclamo, en s\u00edntesis, las siguientes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Girardot se surti\u00f3 un juicio penal en contra de Jairo Moreno Betancourt y Leonor Garc\u00eda de Guevara, por el delito de estafa (rad. 25307600040120118049802). <\/p>\n
2.2. El 6 de noviembre de 2019 se dict\u00f3 fallo condenatorio y se les impuso una pena de prisi\u00f3n de 46 meses, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca el 10 de septiembre de 20202. <\/p>\n
2.3. Frente al pronunciamiento de segundo grado, la entonces mandataria judicial de los gestores formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual no se tramit\u00f3, en vista de que fue enviado a un correo electr\u00f3nico equivocado3; por tanto, la determinaci\u00f3n del Tribunal qued\u00f3 en firme vencido el t\u00e9rmino para formular dicho recurso. <\/p>\n
3. Los gestores censuran las decisiones condenatorias proferidas en ambas instancias, dado que los abogados que los representaron no los defendieron adecuadamente, pues incurrieron en una serie de yerros en las audiencias preparatoria y de juicio oral; adem\u00e1s, por culpa atribuible a uno de ellos, el recurso de casaci\u00f3n propuesto no fue tramitado. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal querellado pidi\u00f3 desestimar el ruego, tras considerar que a los accionantes se les respetaron todas sus garant\u00edas y que los fallos dictados se ajustaron a derecho. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el auxilio, por cuanto no encontr\u00f3 lesionado el derecho a la defensa t\u00e9cnica de los promotores y menos a\u00fan la configuraci\u00f3n de v\u00eda de hecho alguna en las determinaciones criticadas. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los censores, quienes insistieron en que sus garant\u00edas b\u00e1sicas fueron lesionadas por los jueces atacados y que sus defensores no eran personas competentes ni id\u00f3neas. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los gestores pretenden que se deje sin efectos todo lo actuado -a partir de la audiencia preparatoria o, en su defecto, del juicio oral- en el decurso punitivo que contra ellos se sigui\u00f3 por el delito de estafa, en virtud del cual se les conden\u00f3 a pena privativa de la libertad en centro carcelario. <\/p>\n
2. Escrutado el decurso procesal, se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez, dado que entre la fecha de emisi\u00f3n del prove\u00eddo de segundo grado censurado (10 de septiembre de 2020, le\u00eddo el 14 de septiembre siguiente) y aquella de interposici\u00f3n del amparo (17 de agosto de 20214) transcurrieron holgadamente los seis meses que la jurisprudencia ha contemplado como razonables para acudir a esta especial jurisdicci\u00f3n en procura de la salvaguarda de los derechos fundamentales, lo cual torna improcedente la tutela. <\/p>\n
Ello, pues la protecci\u00f3n constitucional debe promoverse en un plazo razonablemente prudencial, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser. Por tanto, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento, sin que se advierta en el presente asunto la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio anotado. <\/p>\n
3. La acci\u00f3n impetrada tampoco satisface el requisito de la subsidiariedad, habida cuenta de que los promotores tuvieron la oportunidad de interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia de segunda instancia, el cual no fue tramitado, toda vez que su defensora lo remiti\u00f3 a un correo electr\u00f3nico errado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa estipulados al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. En un asunto de similar temperamento, la Corte sostuvo que <\/p>\n
(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC122-2020, CSJ STC820-2020 y CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
4. Por otro lado, trat\u00e1ndose de la supuesta falta de defensa t\u00e9cnica que -manifiestan- sufrieron en el referido juicio, resulta menester indicar, de un lado, que ello no constituye sustento suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela y, de otro, que no puede el juez constitucional definir si los abogados incurrieron en las faltas endilgadas, pues, para el efecto, se debe presentar la queja ante la autoridad competente. En ese sentido, la Sala ha establecido, en asuntos similares, que <\/p>\n
\u2026si tutelante consideraba que su abogado de confianza no le prestaba una buena asesor\u00eda, pudo reemplazarlo, a lo cual se suma que los argumentos relacionados con la presunta falta o indebida de defensa t\u00e9cnica no viabilizan la procedencia de la tutela, dado que, como lo ha recordado esta Corporaci\u00f3n, ello <\/p>\n
(\u2026) no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, (\u2026) seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas (\u2026). No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente (\u2026) por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado (CSJ STC, 22 ene. 1999, rad. 5715, CSJ STC3925-2017 reiterado en CSJ STC13941-2021, CSJ STC11762-2022 y en CSJ STC13829-2022). (CSJ STC15786-2022). <\/p>\n
5. Por lo anterior, se impone ratificar lo resuelto por el juzgador constitucional de primer nivel, en cuanto neg\u00f3 el amparo invocado, pero por las razones referidas. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Asunto que fue enviado a esta Sala mediante oficio 33979 de 1 de diciembre de 2022 y sometido a reparto el 5 de los mismos mes y a\u00f1o. <\/p>\n
2\u0002 Le\u00edda el 14 de septiembre siguiente. <\/p>\n
3\u0002 La Sala de Casaci\u00f3n Penal, fungiendo como juez constitucional, se refiri\u00f3 a este puntual aspecto mediante fallo STP627-2021 de 26 de enero de ese a\u00f1o. En dicha oportunidad, indic\u00f3 que la omisi\u00f3n en la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n era enteramente atribuible a la entonces apoderada de los gestores, pues radic\u00f3 el citado medio de impugnaci\u00f3n en un correo electr\u00f3nico equivocado y, adem\u00e1s, porque ninguna petici\u00f3n le radic\u00f3 al Tribunal exigi\u00e9ndole pronunciase sobre la impugnaci\u00f3n extraordinaria que present\u00f3. <\/p>\n
4\u0002 Data en que se profiri\u00f3 el auto por el cual el Juzgado Primero Penal del Circuito de Girardot (Cundinamarca) remiti\u00f3 a esta Corte la acci\u00f3n de tutela presentada por Leonor Garc\u00eda y Jairo Moreno (cfr. archivo digital OFICIO REMISORIO No 5296 DE AGOSTO 19 DE 2021 AT. 20210020.pdf). <\/p>\n
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