STC323-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC323-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-02630-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 1 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosa Elvira Camacho \u00c1ngel contra los Juzgados Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Noveno Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo n.\u00ba 2016-01269. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental de debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, supuestamente vulnerada por las autoridades convocadas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Rosa Elvira Camacho \u00c1ngel, aqu\u00ed libelista, indic\u00f3 ser propietaria del inmueble identificado con FMI n.\u00ba 50S-40000311 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1; pero, en virtud de los actos de \u00abpersonas inescrupulosas\u00bb que habr\u00edan enajenado ese bien, sin estar facultadas para ello, se le despoj\u00f3 de su heredad, raz\u00f3n por la cual el Juzgado Setenta y Ocho Penal Municipal de esta urbe dispuso la cancelaci\u00f3n de las anotaciones asentadas de manera irregular. <\/p>\n
2.2. No obstante, en el curso del ejecutivo que inici\u00f3 el Banco AV Villas contra Alonso Ram\u00edrez Ortega (rad. n.\u00ba 2016-01269), el cual se adelanta ante el estrado Noveno Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta localidad, se decret\u00f3 el embargo y secuestro del aludido bien, por lo que, en calidad de tercera, promovi\u00f3 un incidente de levantamiento de medidas cautelares, resuelto de forma desfavorable el 19 de agosto de 2021. <\/p>\n
2.3. Por no avenirse a sus intereses, interpuso reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n; primera defensa en la que se mantuvo inc\u00f3lume lo all\u00ed dispuesto, aunado a que no concedi\u00f3 la alzada, al estimarla improcedente en raz\u00f3n de la cuant\u00eda. <\/p>\n
2.4. En ese orden, al dirimir la queja propuesta por la inconforme, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 declar\u00f3 bien denegada la impugnaci\u00f3n vertical, con prove\u00eddo de 26 de mayo de 2022, con similares argumentos a los expuestos por el a quo; determinaci\u00f3n que, a juicio de la censora, desconoce \u00abel principio constitucional de la prevalencia del derecho material sobre el derecho formal y el principio constitucional de la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abque el Juzgado quinto (5\u00ba) civil del circuito de ejecuci\u00f3n de sentencias de la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., anule el auto proferido el 26 de mayo de 2021, notificado en estado del d\u00eda 27 del mismo mes y a\u00f1o, y que proceda a darle tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n que impetr\u00e9 en contra de la decisi\u00f3n proferida por el juzgado noveno (9\u00ba) civil municipal de ejecuci\u00f3n de sentencias de la ciudad de Bogot\u00e1, D.C., y que para ello acuda a la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad establecida en el art\u00edculo 4\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb; y (ii) \u00abque, en caso de que su Honorable Despacho judicial no vea necesaria la orden anterior (\u2026), ordene la anulaci\u00f3n o revocatoria por parte del juzgado noveno (9\u00ba) civil municipal de ejecuci\u00f3n de sentencias de la ciudad de Bogot\u00e1, D.C., del auto que no accedi\u00f3 al levantamiento de las medidas cautelares deprecado por mi poderdante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n adoptada ha garantizado el debido proceso y es fruto de la aplicaci\u00f3n de las normas y la jurisprudencia imperantes en la materia, por lo que afirm\u00f3 no haber incurrido en la trasgresi\u00f3n denunciada. <\/p>\n
2. El despacho Noveno Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad se\u00f1al\u00f3 que su proceder \u00abha cumplido a cabalidad con los principios del debido proceso, derecho de defensa, publicidad, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia entre otros, tal como se prueba con el informe y la documentaci\u00f3n anexada para el particular\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a quo neg\u00f3 el auxilio, tras considerar que \u00abla decisi\u00f3n tomada por el Juzgado 05 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, se fund\u00f3 en una interpretaci\u00f3n razonable de las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso que regulan la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n (\u2026), en relaci\u00f3n con la segunda pretensi\u00f3n del actor, esto es, la revocatoria del auto del 19 de agosto de 2021, ha de se\u00f1alarse que aquel debate quedo zanjado en esa misma fecha cuando se resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto, de tal manera que al presentarse la tutela hasta el 28 de noviembre de 2022, se aprecia que se super\u00f3 con creces el plazo de seis meses que se ha considerado como razonable para acudir a este mecanismo constitucional\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El apoderado de la gestora recurri\u00f3 la precitada sentencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abel seis (6) de abril de 2022 el juzgado de segunda instancia recibe la documentaci\u00f3n necesaria para estudiar el recurso de queja; todo ello cuando hab\u00edan transcurrido casi ocho (8) meses desde la producci\u00f3n del fallo impugnado. Toda esa demora le era y le es imputable al juzgado de primera instancia y ahora, de manera grotesca, le vienen a imputar todo el efecto de la desidia o la culpa del juzgado a mi poderdante, d\u00e1ndonos a entender, con dicho proceder, que la consecuencia de la falla le es imputable a la v\u00edctima, no al causante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 de forma oportuna; y, de superarse lo anterior, si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el compulsivo de la referencia (rad. n.\u00ba 2016-01269), por declarar bien denegada la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n formulada por la aqu\u00ed gestora, contra el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se desestim\u00f3 el incidente de levantamiento de medidas cautelares decretadas sobre el inmueble en disputa. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que los cuestionamientos no atienden el postulado que viene de comentarse, comoquiera que las determinaciones proferidas por los estrados de ejecuci\u00f3n de sentencias que conocieron de esta causa, a trav\u00e9s de las cuales (i) se desestim\u00f3 el levantamiento de las cautelas decretadas en el compulsivo; y (ii) se declar\u00f3 bien denegada la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n formulada por la gestora, al dirimir el recurso de queja, datan del 19 de agosto de 2021 y del 26 de mayo de 2022, respectivamente; mientras que la tutela se radic\u00f3 el pasado 28 de noviembre de 2022, transcurriendo m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la presuntamente afectada con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, dado que es postura reiterada de esta Corte que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como la autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
Por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino, adem\u00e1s, de las razones que expuso la actora como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el citado presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; pero, en este caso, no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de la promotora que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, de modo que la queja soslaya el criterio de inmediatez que rige para esta clase de asuntos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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