STC325-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC325-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04479-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Norma Ricaurte Olaya contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Segundo de Familia de esa localidad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e \u00abigualdad ante la Ley\u00bb, que dice vulnerados por las autoridades judiciales convocadas, por lo que pidi\u00f3 que se les ordene que \u00abreciban todas las pruebas que la jueza se neg\u00f3 a recibir a pesar [de] que las hab\u00eda decretado\u00bb; y, \u00abuna vez sean recibidas esas pruebas\u2026, se dicte nuevo fallo\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Norma Ricaurte Olaya promovi\u00f3 demanda contra los herederos de Miguel \u00c1ngel Perdomo Guti\u00e9rrez, con la finalidad de que se declarara que entre ella y el prenotado causante existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 24 de agosto de 2021, el juzgado de conocimiento neg\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la actora. <\/p>\n
2.3. Admitida la alzada, la demandante solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas en segunda instancia, petici\u00f3n que fue negada con auto del 25 de mayo de 2022, determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria, sin que contra \u00e9sta se interpusiera recurso alguno. <\/p>\n
2.4. Cumplido lo anterior, a trav\u00e9s de providencia de 22 de junio de la anualidad pasada, el Tribunal convocado confirm\u00f3 el fallo objeto de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991 (folio 188). <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones que adelant\u00f3 en el juicio criticado. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos, se concluye que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto la accionante dej\u00f3 de utilizar los mecanismos de defensa que tuvo a su alcance para controvertir las decisiones que, seg\u00fan ella, vulneraron sus derechos. <\/p>\n
2.1. En efecto, revisados los elementos de juicio allegados a esta sumaria tramitaci\u00f3n, verifica la Sala, de un lado, que la quejosa reclam\u00f3 al Tribunal criticado la pr\u00e1ctica de algunas pruebas, petici\u00f3n que fue negada con prove\u00eddo de 25 de mayo de 2022, sin que aquella formulara contra esa decisi\u00f3n el recurso de s\u00faplica que resultaba procedente de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 3311 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con lo establecido en el art\u00edculo 321 (numeral 3\u00b0) de esa misma codificaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Aunado a lo anterior, para exponer las quejas que ac\u00e1 aleg\u00f3 la gestora contra la sentencia que, en segunda instancia, dirimi\u00f3 el litigio cuestionado, tuvo a su alcance el recurso de casaci\u00f3n contra la providencia criticada, conforme lo contempla el par\u00e1grafo del art\u00edculo 3342 del C\u00f3digo General del Proceso, mecanismo al que no acudi\u00f3, conforme se verific\u00f3 en el registro de actuaciones. <\/p>\n
2.3. De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la promotora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abEl recurso de s\u00faplica procede contra los autos que por su naturaleza ser\u00edan apelables, dictados por el Magistrado sustanciador en el curso de la segunda o \u00fanica instancia, o durante el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de un auto\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Dispone la referida disposici\u00f3n que \u00ab[t]rat\u00e1ndose de asuntos relativos al estado civil s\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles de casaci\u00f3n las sentencias sobre impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
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STC325-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC325-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04479-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Norma Ricaurte Olaya contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70195","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70195","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70195"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70195\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70195"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70195"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70195"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}