STC327-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC327-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2022-00202-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 25 de noviembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Juli\u00e1n Esteban Sandoval Saavedra, Nohora Yussi Sandoval Arcos y Yenny Alexandra Gonz\u00e1lez Ria\u00f1o, quien act\u00faa en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa localidad; tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al m\u00ednimo vital, que dicen vulnerada por la sede judicial acusada, por lo que pidieron que se le ordene que disponga \u00abla aprobaci\u00f3n de las actas de conciliaci\u00f3n suscritas entre el promotor del proceso de reorganizaci\u00f3n de pasivos y [ellos]\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n \u00abel pago de la totalidad de las obligaciones contenidas dentro de las actas de conciliaci\u00f3n con los dineros embargados y a disposici\u00f3n del proceso [cuestionado]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Eulises Sandoval Arcos promovi\u00f3 proceso de reorganizaci\u00f3n de persona natural comerciante, que fue admitida por el juzgado accionado con auto del 16 de agosto de 2018, tr\u00e1mite en el que se reconocieron como acreedores, entre otros, a Juli\u00e1n Esteban Sandoval Saavedra, Nohora Yussi Sandoval Arcos y Yenny Alexandra Gonz\u00e1lez Ria\u00f1o, esta \u00faltima en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, se design\u00f3 promotor, quien present\u00f3 proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y la determinaci\u00f3n de derechos de voto del deudor, del que se corri\u00f3 traslado con prove\u00eddo de 18 de marzo de 2021, siendo objetado por los prenombrados acreedores, reparos de los que se corri\u00f3 traslado con providencia del 5 de agosto de 2021. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, el promotor alleg\u00f3 \u00abinforme de objeciones, conciliaci\u00f3n y cr\u00e9ditos\u00bb, en el que comunic\u00f3 que hab\u00eda conciliado las objeciones presentadas por Juli\u00e1n Esteban Sandoval Saavedra, Nohora Yussi Sandoval Arcos y Yenny Alexandra Gonz\u00e1lez Ria\u00f1o, allegando los acuerdos respectivos, por lo que solicit\u00f3 a la sede judicial acusada que procediera a \u00abproferir la providencia que decrete las pruebas y una vez en firme dicho decreto convoque a audiencia para impartir la aprobaci\u00f3n al reconocimiento de los cr\u00e9ditos, de conformidad con los art\u00edculos 30 y 29 de la ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que \u00aba la fecha [de presentaci\u00f3n de la tutela] no se ha hecho referencia a las [referidas] actas de conciliaci\u00f3n\u2026 por parte del despacho aqu\u00ed demandado\u00bb, lo que vulnera su derecho al m\u00ednimo vital, \u00abtoda vez que con ocasi\u00f3n de la post-pandemia se encuentran sin trabajo, lo cual compromete su manutenci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar destac\u00f3 que \u00abno ha tenido injerencia o participaci\u00f3n en los hechos narrados por la accionante como vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del ni\u00f1o\u00bb representado en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Refinancia SAS rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
3. Mar\u00eda Consuelo Salamanca Correales, quien interviene como acreedora en el juicio criticado, solicit\u00f3 desestimar el resguardo \u00abpor no cumplir con [los presupuestos de] residualidad y subsidiariedad de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, destac\u00f3 que \u00abla misma parte actora radic\u00f3 acci\u00f3n de tutela\u2026, bajo el radicado: 15001-22-13-000-2022-00042-00\u2026, correspondiendo a los mismos hechos y pretensiones, lo que a todas luces hace a la presente acci\u00f3n de tutela temeraria\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Tras desechar la temeridad alegada, el a quo concedi\u00f3 el resguardo, comoquiera que \u00abel proceso de reorganizaci\u00f3n de pasivos\u2026, lleva 8 meses sin que se haya efectuado actuaci\u00f3n judicial alguna para continuar con el tr\u00e1mite normal del proceso\u2026, sin que se haya acreditado\u2026 una causal justificativa de la mora\u00bb, por lo que orden\u00f3 al despacho judicial accionado \u00abproceda a pronunciarse respecto del informe de objeciones, conciliaci\u00f3n y proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos presentado por el promotor Beltrade, teniendo en cuenta lo anotado en la parte motiva de esta decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Mar\u00eda Consuelo Salamanca Correales reiter\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela es claramente temeraria, por ya haberse interpuesto otra con base en los mismos hechos, y buscando las mismas pretensiones, la que fue objeto de decisi\u00f3n final\u2026 en firme y que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb; y que, en todo caso, en dicho tr\u00e1mite previo, se requiri\u00f3 al juzgado accionado dar celeridad al proceso, por lo que, si se incumpli\u00f3 dicho mandato, se debe iniciar un incidente de desacato. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, con el fallo impugnado, \u00abno se est\u00e1 respetando, en condiciones de igualdad, [sus] derechos\u2026 como acreedora de\u2026 Eulises Sandoval Arcos, ni de los dem\u00e1s acreedores, ya que se pretende aprobar unas conciliaciones respecto de unas acreencias, sin tener en cuenta a las dem\u00e1s partes\u00bb; y, adem\u00e1s, porque \u00abreposan sendas solicitudes radicadas por [ella], las que al igual que las solicitudes de las demandantes, tampoco se han resuelto por parte del Juzgado [criticado], y con el fallo de tutela impugnado, se estar\u00eda dando prelaci\u00f3n a solicitudes individuales, sin tenerse en cuenta\u2026 a la totalidad de los acreedores\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n expres\u00f3 que \u00ablas supuestas conciliaciones realizadas entre los accionantes y el promotor, nunca se han dado a conocer al resto de los acreedores\u2026, hecho por el cual no se [les] ha permiti\u00f3 ejercer [su] derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb; y que el fallador de primer grado no \u00abestudi\u00f3 las posibles irregularidades en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela que nos ocupa, y m\u00e1s exactamente de como tres\u2026 personas diferentes, (familiares de\u2026 Eulises Sandoval), que representan en el proceso [criticado] intereses opuestos, son representados en esta acci\u00f3n de amparo por un solo abogado\u2026\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, precis\u00f3 que \u00absiempre ha sostenido que algunas de las acreencias presentadas ya se encuentran prescritas, que otras son ficticias y\/u obedecen a maniobras para intentar defraudar [su] inter\u00e9s leg\u00edtimo como acreedora real de\u2026 Eulises Sandoval Arcos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, no se encuentra configurada la temeridad denunciada, pues si bien los accionantes formularon una acci\u00f3n de tutela previa, fundada en situaci\u00f3n similar (mora judicial), lo cierto es que han ocurrido hechos novedosos que permiten un nuevo estudio. <\/p>\n
En efecto, revisados los elementos de juicio allegados a esta sumaria tramitaci\u00f3n, en especial, las copias del expediente contentivo del resguardo previo que incoaron los accionantes en febrero de 2022, evidencia la Sala que, en esa ocasi\u00f3n, tambi\u00e9n se denunci\u00f3 la demora que se ha suscitado en el tr\u00e1mite del proceso de reorganizaci\u00f3n criticado, en especial, porque no se hab\u00eda resuelto sobre el \u00abinforme de objeciones, conciliaci\u00f3n y cr\u00e9ditos\u00bb que present\u00f3 el promotor all\u00ed designado. <\/p>\n
Sin embargo, tal amparo fue desechado por el juez constitucional, al considerar que, para ese momento (marzo de 2022), la dilaci\u00f3n del proceso se encontraba justificada, aspecto sobre el cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
Si bien se aprecia una demora en el adelantamiento del tr\u00e1mite judicial, puntalmente en lo que tiene que ver con los acuerdos de conciliaci\u00f3n celebrados, en este caso se aprecian otras circunstancias que permiten comprender que la tard\u00eda reacci\u00f3n en la actuaci\u00f3n desplegada por el juzgado [convocado] no obedece a una conducta incuriosa, displicente o indolente del respectivo fallador, sino que esto se debe al hecho de que al interior del proceso de reorganizaci\u00f3n se han gestado una serie de tr\u00e1mites, pudiera decirse, incidentales, que, en \u00faltimas, han tenido como fin derruir toda la actuaci\u00f3n procesal adelantada y que por tanto, han ocupado la atenci\u00f3n del Despacho, generando con ello un desgaste y entrabamiento (sic) de la actuaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
No obstante, al presentarse este nuevo resguardo, en noviembre de 2022, las circunstancias en las que en el referido fallo se excus\u00f3 la demora del juzgado hab\u00edan desaparecido, transcurriendo 8 meses adicionales, sin que el juzgado se pronunciara sobre el referido \u00abinforme de objeciones, conciliaci\u00f3n y cr\u00e9ditos\u00bb, siendo estos hechos novedosos los que permiten un nuevo an\u00e1lisis. <\/p>\n
3. Adicionalmente, se advierte que, si bien en el fallo de 7 de marzo de 2022, que resolvi\u00f3 el prenotado resguardo previo, se exhort\u00f3 al juzgado accionado \u00abpara que imprima celeridad al proceso de reorganizaci\u00f3n de pasivos de\u2026 Eulises Sandoval Arcos, en lo que tiene que ver con el informe presentado por el promotor\u2026, atendiendo que ya fueron resueltas las nulidades planteadas al interior del tr\u00e1mite\u00bb, lo cierto es que ello no constitu\u00eda una orden de amparo, sino un mero requerimiento, sin fuerza vinculante, atendiendo que, como se dijo, el amparo fue desechado. <\/p>\n
Lo anterior, imposibilita que la mora aqu\u00ed acusada sea denunciada a trav\u00e9s de incidente de desacato, pues lo cierto es que en la acci\u00f3n de tutela anterior se neg\u00f3 la protecci\u00f3n que all\u00ed se reclam\u00f3. <\/p>\n
Sobre el particular, se destaca que, allegado el citado informe, el juzgado del concurso debi\u00f3 proseguir con el tr\u00e1mite que consagran los art\u00edculo 29 y 30 de la Ley 1116 de 2006, esto es, verificar el informe de conciliaci\u00f3n y, de ser procedente, continuar con el tr\u00e1mite de las objeciones (decretando pruebas y, evacuadas \u00e9stas, convocar a audiencia para su resoluci\u00f3n). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, considera la Sala que la demora que ha acaecido en el tr\u00e1mite de las objeciones planteadas en el proceso concursal criticado compromete, sin duda, el derecho fundamental al debido proceso de la totalidad de los accionantes. <\/p>\n
Sobre el particular, pertinente es recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado estaba llamado a concederse, ya que el juzgado accionado ha dilatado injustificadamente dar tr\u00e1mite al \u00abinforme de objeciones, conciliaci\u00f3n y cr\u00e9ditos\u00bb, presentado el 30 de septiembre de 2021, sin que la foliatura reporte alguna circunstancia que excuse dicha tardanza, atendiendo que ni siquiera el juzgado se pronunci\u00f3 al respecto. <\/p>\n
5. Frente a las \u00abposibles irregularidades en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela\u00bb al ser presentada a trav\u00e9s de un solo profesional del derecho, baste con decir que no encuentra la Sala acreditada anomal\u00eda alguna por tal circunstancia, pues lo cierto es que la demora en el tr\u00e1mite del litigio acusado es un aspecto que perjudica a la totalidad de intervinientes en el asunto, al no lograr una pronta resoluci\u00f3n de la controversia. <\/p>\n
5.1. Sin embargo, si la impugnante considera que los tutelantes est\u00e1n incurriendo en alguna actuaci\u00f3n fuera de la ley, en detrimento de sus derechos, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026 es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
6. Sumado a lo anterior, no verifica la Corte que la orden de amparo desconozca los derechos de los dem\u00e1s acreedores reconocidos en el juicio cuestionado, habida cuenta que lo ordenado al estrado accionado fue que se pronunciara \u00ab\u2026 respecto del informe de objeciones, conciliaci\u00f3n y proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos presentado por el promotor Beltrade, teniendo en cuenta lo anotado en la parte motiva de esta decisi\u00f3n\u00bb, sin que se le indicara en qu\u00e9 sentido hacerlo, como parece entenderlo la promotora. <\/p>\n
7. En lo que concierne los reparos esgrimidos en torno a la legalidad de las conciliaciones presentadas por el promotor y la exigibilidad de los cr\u00e9ditos de los quejosos, son cuestiones que se deben discutir al interior del proceso concursal, pues es ese el escenario establecido por el legislador para esos efectos, sin que el fallador constitucional pueda inmiscuirse en la resoluci\u00f3n de conflictos que son competencia del juzgador ordinario. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
8. Finalmente, en lo que ata\u00f1e a los reclamos que elev\u00f3 el impugnante, enfilados a cuestionar el supuesto desconocimiento del derecho a la igualdad, ante la existencia de otras solicitudes pendientes de resoluci\u00f3n, que no fueron objeto de la orden de amparo, se advierte que dichos aspectos constituyen hechos nuevos, no expuestos en el tr\u00e1mite de primera instancia, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por la sede judicial enjuiciada, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente a \u00e9stos implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa del aqu\u00ed accionado. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada el 5 feb. 2015, rad. STC800) (CSJ STC6999-2016, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, no es posible pronunciarse en esta instancia sobre tales reproches, al constituir, se reitera, hechos nuevos, que no fueron enrostrados al juzgado convocado. <\/p>\n
9. Lo considerado impone respaldar el fallo de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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