STC329-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC329-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01834-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado, por Am\u00e9rica Yolanda Posada Granados contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado 37 Laboral del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 11001310503720180023100. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, favorabilidad, igualdad y primac\u00eda de la realidad sobre las formas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La actora indic\u00f3 que su c\u00f3nyuge, Rafael Mar\u00eda Galeano R\u00edos, padeci\u00f3 de \u00abepilepsia refractaria\u00bb, patolog\u00eda por la cual la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, en dictamen del \u00ab15 de septiembre de 2016, determin\u00f3 que la p\u00e9rdida de la capacidad laboral ascend\u00eda a un 68.10%, con fecha de estructuraci\u00f3n del 3 de junio de 2011\u00bb. <\/p>\n
2.2. Su esposo falleci\u00f3 el 2 de septiembre de 2016, por lo que solicit\u00f3 ante Colpensiones el reconocimiento postmortem de una pensi\u00f3n de invalidez, que le fue negada por medio de Resoluci\u00f3n SUB132536 del 21 de julio de 2017, confirmada a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n DIR14545 del 31 de agosto de ese mismo a\u00f1o, tras considerar que aqu\u00e9l no dej\u00f3 causada la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
2.3. Con el fin de obtener dicho reconocimiento y la consecuente sustituci\u00f3n pensional, instaur\u00f3 una demanda ordinaria laboral, que correspondi\u00f3 al Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, el cual, por sentencia del 6 de diciembre de 2018, neg\u00f3 sus pretensiones, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la referida ciudad el 26 de marzo de 2019. <\/p>\n
2.4. El 22 de marzo de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia CSJ SL933-2022, resolvi\u00f3 no casar la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
2.5. En criterio de la promotora, las autoridades judiciales accionadas, al proferir sus determinaciones, incurrieron en una v\u00eda de hecho, porque desconocieron los precedentes constitucionales contenidos en las sentencias SU-442 de 2016, SU-005 de 2018 y SU-556 de 2019, las cuales, en virtud de la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, permiten que la solicitud de la pensi\u00f3n reclamada sea estudiada de acuerdo con la normatividad vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. Afirm\u00f3 que su c\u00f3nyuge fallecido \u00abcumpli\u00f3 en vigencia previa a la Ley 100 de 1993 m\u00e1s de 300 semanas de cotizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL933-2022 y, en su lugar, que se decida \u00abCASAR la sentencia del H. Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y en sede de instancia se ordene RECONOCER\u00bb la pensi\u00f3n pretendida. <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que se aten\u00eda a lo dispuesto en la sentencia que emiti\u00f3 el 6 de diciembre de 2018. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, en liquidaci\u00f3n, P.A.R.I.S.S., requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto, toda vez que no fue parte en el proceso laboral de la referencia. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la tutela, pues consider\u00f3 que no se configur\u00f3 el defecto alegado por la accionante, en raz\u00f3n a que \u00abla decisi\u00f3n descansa en argumentos razonables que descartan que sea producto de la arbitrariedad o el capricho, y que haya consecuentemente vulnerado o puesto en riesgo los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n se demanda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora impugn\u00f3 y reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial, enfatizando en que, si bien la Corte Suprema de Justicia posee una postura jurisprudencial sobre la materia, lo cierto es que tambi\u00e9n existe una tesis v\u00e1lida y f\u00e9rrea de la Corte Constitucional sobre el mismo tema, que \u00abdeber\u00eda preferirse por la naturaleza laboral y de seguridad social del asunto, m\u00e1xime cuando ya se demostr\u00f3 no s\u00f3lo la procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, sino las condiciones particulares de la accionante y de quien alguna vez fue el afiliado\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende que se revoque la sentencia SL933-2022, proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y se ordene casar la sentencia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para que, en sede de instancia, se disponga el reconocimiento de una pensi\u00f3n postmortem de invalidez a favor del se\u00f1or Rafael Mar\u00eda Galeano R\u00edos y esta sea sustituida a su favor. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces, de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejado de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano y siempre que se hayan agotado, en debida forma, los recursos procedentes. <\/p>\n
3. Ciertamente, mediante sentencia CSJ SL933-2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia defini\u00f3 el asunto debatido e indic\u00f3 que no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes aspectos: i) la Junta Nacional de Calificaci\u00f3n de Invalidez estableci\u00f3 que Rafael Mar\u00eda Galeano R\u00edos \u00abten\u00eda una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 68.10%\u00bb; ii) la fecha de estructuraci\u00f3n fue el 3 de junio del 2011; iii) aqu\u00e9l \u00abcontrajo matrimonio con Am\u00e9rica Yolanda Posada Granados el 13 de febrero de 1978\u00bb; iv) en \u00ablos \u00faltimos tres a\u00f1os anteriores al acaecimiento de la invalidez, no acredit\u00f3 las cincuenta semanas exigidas, pues ten\u00eda un total de 21.43 semanas\u00bb; y v) el se\u00f1or Galeano R\u00edos falleci\u00f3 el 2 de septiembre de 2016. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al analizar el caso objeto de estudio, encontr\u00f3 que, para la fecha en que se declar\u00f3 la configuraci\u00f3n de la p\u00e9rdida de capacidad laboral, el \u00abse\u00f1or Galeano R\u00edos contaba con menos de las 50 semanas que exige la norma para causar la prestaci\u00f3n solicitada\u00bb. <\/p>\n
3.2. En lo atinente al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, mencion\u00f3 la sentencia CSJ SL2358-2017 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente y afirm\u00f3 que solo en aquellos casos en que \u00abse hubiera estructurado la p\u00e9rdida de capacidad laboral entre el 26 de diciembre de 2003 y la misma fecha de 2006, es posible remitirse a la normatividad inmediatamente anterior\u00bb en virtud del citado principio, para estudiar si, \u00abcon base en ella, se lograba consolidar el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez que no se pudo satisfacer con fundamento en la Ley 860 de 2003\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala de Descongesti\u00f3n concluy\u00f3 que el Tribunal acert\u00f3 en la determinaci\u00f3n de negar la prestaci\u00f3n reclamada, en la medida en que \u00abla actual l\u00ednea de criterio de la Sala no permite remitirse al art\u00edculo 39 de la Ley 100 de 1993 bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, comoquiera que la invalidez se estructur\u00f3 por fuera de la zona de paso prevista para tales fines\u00bb. <\/p>\n
4. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues, como se vio, fue proferida despu\u00e9s de haber realizado una valoraci\u00f3n razonable de la actuaci\u00f3n correspondiente, la normatividad que gobierna el asunto y la jurisprudencia relacionada con el tema debatido. <\/p>\n
4.1. En efecto, la Sala consider\u00f3 motivadamente que el yerro de puro derecho alegado no se evidenciaba, en tanto la jurisprudencia relacionada de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral indicaba que no era posible hacer una b\u00fasqueda indefinida de legislaciones anteriores, a fin de determinar cu\u00e1l se ajusta a las condiciones particulares del peticionario o cu\u00e1l resulta ser m\u00e1s favorable, toda vez que con ello se desconocer\u00eda que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro, a lo cual se suma que tampoco se cumpli\u00f3 con el criterio temporal exigido por la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre, para considerar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; lo expuesto, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional, independientemente de que la tesis sea o no compartida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, frente a dicha determinaci\u00f3n se presenta una disparidad de criterios entre lo considerado por la Sala accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la parte solicitante. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
4.2. Adicionalmente, debe resaltarse que, en un asunto con alguna similitud, en el que tambi\u00e9n se reclamaba una pensi\u00f3n de invalidez y en el cual la Sala de Descongesti\u00f3n entonces accionada neg\u00f3 la prestaci\u00f3n pretendida, en raz\u00f3n a que la norma aplicable era la vigente al momento de la estructuraci\u00f3n de aquella -Ley 860 de 2003-, sin que fuera posible considerar en virtud de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa el Acuerdo 049 de 1990, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil neg\u00f3 el amparo, pues, revisada la postura en torno al tema, consider\u00f3 que la salvaguarda no era procedente, dado que la providencia atacada se sustent\u00f3 razonadamente, \u00abadvirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural1\u00bb (CSJ STC16333-2021). <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n CSJ STC13983-2021, CSJ STC14389-2021, CSJ STC14818-2021, CSJ STC15447-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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