STC330-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC330-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02438-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 29 de noviembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 John Jairo Arias Ocampo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa localidad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
1. Sin formular pretensi\u00f3n concreta, el promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y defensa, que dice vulneradas por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra John Jairo Arias Ocampo se adelanta proceso penal por el delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes agravado\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 15 de julio de 2022, se adelant\u00f3 audiencia preparatoria, oportunidad en la que la defensa y el ente acusador presentaron un preacuerdo \u00abconsistente en que a cambio de la aceptaci\u00f3n de cargos se reconoc\u00eda al procesado un descuento punitivo equivalente al 50% de la pena, al degradarse el grado de participaci\u00f3n del procesado de autor a c\u00f3mplice, con efectos exclusivamente punitivos\u00bb, que fue improbado con providencia de esa misma fecha, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el procesado, siendo confirmada por el Tribunal cuestionado con auto calendado 5 de agosto siguiente. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el juzgado accionado \u00abno tuvo en cuenta todas las circunstancias que se presentaron y por esa raz\u00f3n neg\u00f3 la aprobaci\u00f3n del preacuerdo\u00bb; y que \u00abnunca se ha tenido en cuenta [su] posici\u00f3n\u2026 y los derechos que [tiene] como procesado y se violenta de esta manera el criterio de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo se\u00f1alado en la sentencia SP 2295-2020\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que \u00abel preacuerdo se propone cuando contrat\u00f3 [un] profesional del derecho\u2026 y ello no hab\u00eda sucedido antes, sino fue en el momento en que se iba a realizar la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb; y que el ad quem enjuiciado \u00abolvida\u2026 la humanizaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia; activar la soluci\u00f3n de los conflictos sociales que genera el delito\u00bb, comoquiera que \u00e9l \u00absimplemente quer\u00eda participar activamente en la soluci\u00f3n del problema en el que [se] encuentra, pero ello no significa que est\u00e9 mendigando que se administre justicia en [su] favor, sino haciendo uso de las normas consagradas en la Constituci\u00f3n y la Ley\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones adelantadas en el juicio criticado. <\/p>\n
2. El abogado Rodrigo \u00c1ngel Aranguren Ria\u00f1o, quien dijo fungir \u00ab\u2026 como defensor contractual de\u2026 John Jairo Arias Ocampo\u00bb, sin que aportara mandato para representarlo en este tr\u00e1mite, solicit\u00f3 conceder el resguardo. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, tras rese\u00f1ar las actuaciones que adelant\u00f3 en el asunto objeto de censura, precis\u00f3 que \u00abno ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental de\u2026 Jhon Jairo Arias Ocampo\u00bb, por lo que pidi\u00f3 desestimar el amparo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el resguardo porque \u00abel accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para obtener lo que pretende por v\u00eda constitucional al interior del proceso penal que se adelanta en su contra\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante manifest\u00f3 que \u00abes absurdo pretender que los remedios procesales se tengan que proponer interponiendo los recursos ordinarios y extraordinarios\u00bb; y, por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la decisi\u00f3n que improb\u00f3 el preacuerdo que celebr\u00f3 con el ente acusador. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada, se advierte que la salvaguarda fundamental deviene improcedente, por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal objeto de reproche se halla en curso, pues obs\u00e9rvese que ni siquiera se ha dictado sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Entonces, este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los planteados por el promotor de la tutela, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
Y es que, de configurarse la anomal\u00eda denunciada por el tutelante, bien puede esgrimirse en sede de apelaci\u00f3n o, incluso, alegarse como sustento de un eventual recurso extraordinario de casaci\u00f3n (art\u00edculo 181, numeral 2, ib\u00eddem). <\/p>\n
Entonces, configurada se encuentra la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2026\u00bb. <\/p>\n
En otra oportunidad la Corte puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la solicitud de amparo demandada no puede triunfar y, por tanto, debe denegarse, toda vez que, como lo asegur\u00f3 la Sala en pasada\u2026 y lo destac\u00f3 el fallo de primera instancia, los supuestos f\u00e1cticos edificantes de la queja constitucional formulada sit\u00faan el debate en el terreno del motivo de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se llega a la anterior conclusi\u00f3n por cuanto los supuestos yerros en que se habr\u00eda incurrido, si los hubiese, pueden ser corregidos por el Juez Penal del Circuito de conocimiento al momento de proferir la sentencia, y, en caso de finalizar con una eventual condena, el accionante cuenta con los recursos ordinarios y los extraordinarios para que se revise esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Planteadas as\u00ed las cosas, queda al descubierto la inviabilidad de lo pretendido, \u201cmerced a que de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico patrio y, naturalmente, el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u201d (sentencia del 9 de septiembre de 2005, exp. 01260), en cuanto que esa especial situaci\u00f3n, lo tiene decantado la jurisprudencia, le impide al interesado acudir v\u00e1lidamente a la acci\u00f3n excepcional promovida, toda vez que es asunto que necesariamente debe \u201cdiscutirse en el escenario procesal adecuado a trav\u00e9s de los recursos pertinentes ante los funcionarios acusados\u201d [Cfme. sentencia del 10 de agosto de 2005, exp. 01094] (CSJ STC, 23 jun. 2008, rad. 2008-01155-01; reiterada, entre muchas otras, en STC10591-2016, 3 ago., rad. 2016-01093-01). <\/p>\n
3. A lo anterior debe agregarse que, advertida la improcedencia del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que el accionante tilda como irregular. <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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