STC332-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC332-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-22-14-000-2022-00292-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 2 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel Antonio Palacio Torres contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el declarativo n\u00b0 2009-00143. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, \u00abtutela judicial efectiva, seguridad jur\u00eddica, celeridad y cosa juzgada\u00bb presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y de los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El gestor promovi\u00f3 ordinario de responsabilidad civil contractual contra BBVA Seguros de Vida S.A., asunto que, sometido a reparto, correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, bajo el radicado n\u00b0 2009-00143. <\/p>\n
Agotadas las etapas de rigor, el despacho, el 8 de abril de 2012, profiri\u00f3 fallo, estimando las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, conden\u00f3 a la demandada al pago de los rubros peticionados. <\/p>\n
Apelada la anterior determinaci\u00f3n por la all\u00ed demandada, el 18 de diciembre de 2013, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de esa ciudad, la confirm\u00f3; respecto de la cual se recurri\u00f3 en casaci\u00f3n, oportunidad en la que esta Sala, mediante prove\u00eddo del 1 de septiembre de 2021, no cas\u00f3 la sentencia. <\/p>\n
El 20 de octubre de 2022, el tutelante radic\u00f3 solicitud de entrega del t\u00edtulo judicial No. 424030000703323, por valor de $44.032.928, detallando que \u00abluego de m\u00e1s de un (1) a\u00f1o, de la demandada BBVA SEGUROS DE VIDA S.A, haber cancelado la condena dentro del proceso civil que origina la presente acci\u00f3n de tutela, a\u00fan se encuentra a \u00f3rdenes del Juzgado un t\u00edtulo judicial, que el despacho no ordena su entrega, no obstante haberse solicitado\u00bb. <\/p>\n
Expuso el promotor que, en esa instancia \u00abes injustificado cualquiera morosidad, respecto a las solicitudes planteadas por el suscrito, generando un da\u00f1o con la omisi\u00f3n del juzgado accionado puesto se me impide la satisfacci\u00f3n material de las pretensiones de la demanda civil, al retardar la entrega del titulo judicial\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en lo fundamental, que \u00abSe ORDENE al accionado JUZGADO 2\u00b0 CIVIL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR-CESAR, en cabeza de su se\u00f1or Juez, pronunciarse respecto a la solicitud de entrega del t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial que se encuentra a \u00f3rdenes del Juzgado dentro del proceso ordinario de responsabilidad contractual de MANUEL ANTONIO PALACIO TORRES contra BBVA SEGUROS DE VIDA S.A, radicado: 2009-00143-00\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Juez Tercera Civil del Circuito de Valledupar solicit\u00f3 desestimar el ruego tuitivo respecto de aquella c\u00e9lula judicial, por cuanto \u00abes[e] Despacho Judicial, no tiene asignado a su conocimiento el proceso objeto de la tutela\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa urbe inform\u00f3, luego de un recuento de las actuaciones por \u00e9l desplegadas, que \u00abteniendo en cuenta que no se ha resuelto la solicitud de revocatoria de cesi\u00f3n de derechos litigiosos, este Despacho mediante auto de tr\u00e1mite del 02 de diciembre de 2022, orden\u00f3 que por secretar\u00eda se informe a quien o a quienes se les hizo entrega de dep\u00f3sitos judiciales y en caso positivo indicar las caracter\u00edsticas y su valor, auto que se encuentra notificado por estado en el d\u00eda de hoy, 05 de diciembre de 2022, lo anterior con el fin de resolver la solicitud de entrega de t\u00edtulos que fue presentada por el apoderado judicial del accionante\u00bb., raz\u00f3n por la cual, solicit\u00f3 denegar el amparo, ante la configuraci\u00f3n de una carencia actual de objeto, por hecho superado. <\/p>\n
3. BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., por su parte, refiri\u00f3 que, respecto de aquella, es predicable una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, como quiera que la vulneraci\u00f3n se\u00f1alada no fue endilgada en su contra, de all\u00ed que ning\u00fan actuar contrario a derecho pueda atribu\u00edrsele. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 la carencia actual de objeto, por hecho superado, con fundamento en que \u00aben la actualidad el hecho vulnerador que sustent\u00f3 la tutela ya se super\u00f3, precisamente con ocasi\u00f3n de su interposici\u00f3n. Ello es as\u00ed porque en efecto la autoridad encartada con prove\u00eddo dictado el 2 de diciembre de 2022, previo a resolver la solicitud de pago del dep\u00f3sito judicial por parte del accionante, requiri\u00f3 de la dependencia respectiva informe sobre los t\u00edtulos pendientes de pago y sus caracter\u00edsticas dentro del proceso en que funge como parte el promotor. As\u00ed las cosas, se tiene que el hecho que motiv\u00f3 procurar una manifestaci\u00f3n de la administraci\u00f3n de justicia, ces\u00f3 por cuenta de esta querella, pues durante su tr\u00e1mite la sede judicial despleg\u00f3 el acto requerido como forma de atender lo peticionado y dar una respuesta definitiva, m\u00e1xime cuando en medio del asunto hay una cesi\u00f3n de derechos litigiosos y su eventual desconocimiento por parte del demandante e incertidumbre respecto del dinero que existe en raz\u00f3n del proceso, si ya hubo pagos realizados y, en caso afirmativo, a qu\u00e9 partes se les ha entregado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, con los mismos argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el querellante, al interior del juicio n\u00b0 2009-00143, al, presuntamente, no haber tramitado la petici\u00f3n elevada en relaci\u00f3n con el pago de dep\u00f3sitos judiciales a su favor. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada en STC7680-2022, 16 jun. 2022, rad. 00142-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos del reclamo constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, pronto se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo desestimatorio de primera instancia, toda vez que, en efecto, se configura una carencia actual de objeto, por hecho superado. <\/p>\n
Esto, porque sin perjuicio de que el despacho accionado debe brindar pronta y congruente tramitaci\u00f3n a las solicitudes que eleven los interesados dentro de un proceso judicial, lo cierto es que la situaci\u00f3n endilgada en relaci\u00f3n con el tr\u00e1mite al requerimiento realizado por el hoy accionante, fue corregida por el juzgado durante el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, concomitante con la contestaci\u00f3n presentada por el encartado a la presente demanda tutelar, el 2 de diciembre de 2022, este acredit\u00f3 haber requerido a la dependencia pertinente, con miras a establecer \u00aba quien o quienes se les hizo entrega de dep\u00f3sitos judiciales en este asunto, en caso positivo, manifestar las caracter\u00edsticas de ellos y su valor obviamente. Igualmente, si existe en el portal de dep\u00f3sitos judiciales del Banco Agrario, otro constituido a nombre de este despacho, indicar as\u00ed mismo, sus caracter\u00edsticas\u00bb, previo a resolver lo atinente a la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales materia de controversia. <\/p>\n
Lo anterior significa que el estrado enjuiciado otorg\u00f3 al asunto el impulso requerido, el cual, se itera, tuvo lugar una vez notificada la admisi\u00f3n de esta acci\u00f3n -acaecida el 29 de noviembre de 2022-, lo que conlleva una carencia actual de objeto, por hecho superado, al tenor de lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Sobre la referida figura jur\u00eddica, la jurisprudencia ha sostenido que da lugar a que el ruego tuitivo pierda su raz\u00f3n de ser, por sustracci\u00f3n de materia, y se torne inane cualquier pronunciamiento tendiente a corregir el desafuero que motiv\u00f3 su invocaci\u00f3n, y que la misma, \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada entre otras en STC8895-2022, 13 jul. 2022, rad. 00534-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con fundamento en las apreciaciones precedentes, se confirmar\u00e1 el fallo de primer grado, toda vez que las circunstancias descritas como vulneradoras de los derechos fundamentales invocados, se superaron durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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