STC334-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC334-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02211-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 1\u00b0 de noviembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que declar\u00f3 improcedente la salvaguarda promovida por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n -UGPP contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado 24 Laboral del Circuito de la misma ciudad, la Administradora Colombiana de Pensiones, al se\u00f1or Holman Zorilla Mar\u00edn y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso laboral de radicado 2017-00296. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante procura el respeto de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, presuntamente vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.2. El 11 de septiembre de 2018, el Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 absolvi\u00f3 a la UGPP de las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue confirmada el 16 de julio de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad. <\/p>\n
2.3. Mediante fallos del 20 de abril y 24 de agosto de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral convocada resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto por el se\u00f1or Zorrilla Mar\u00edn, cas\u00f3 la sentencia atacada y emiti\u00f3 el fallo de instancia; en consecuencia, conden\u00f3 a la UGPP a reconocer a Holman Zorrilla Mar\u00edn la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional y a pagar el retroactivo pertinente, absolvi\u00e9ndola del pago de intereses por mora. <\/p>\n
2.4. Al respecto, la tutelante afirm\u00f3 que la Sala acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, al ordenar reconocer y pagar una pensi\u00f3n convencional a favor del se\u00f1or Holman Zorrilla Mar\u00edn \u00abpasando por alto que no reuni\u00f3 el requisito de edad se\u00f1alado en la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004 antes del 31 de julio de 2010, ni dio observancia a los criterios se\u00f1alados en el Acto Legislativo 01 de 2010 frente a su vigencia\u00bb, as\u00ed como por omitir \u00abdeclarar la figura de la compartibilidad\u00bb. <\/p>\n
Frente al primer aspecto, adujo, en s\u00edntesis, que: i) el art\u00edculo 2\u00ba de la Convenci\u00f3n Colectiva del Trabajo del ISS estableci\u00f3 taxativamente que su vigencia finalizar\u00eda el 31 de octubre de 2004; y ii) en virtud de lo reglado en el Acto Legislativo 01 de 2005, en las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas consagradas en el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y en la sentencia SU555-2014, la vigencia del pacto no pod\u00eda extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Y, sobre el segundo, indic\u00f3 que la Sala censurada, \u00abTeniendo el deber de revisar la vocaci\u00f3n de compartibilidad (\u2026) omite declararla pasando por alto que ella opera por ministerio de la ley\u00bb y desconociendo el precedente en torno a la materia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente. Destac\u00f3 que fue condenada a pagar el 100% de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida al demandante, cuando aquella solo debe cancelar \u00ablos mayores valores que se originen entre la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reconocida por el ISS Patrono (hoy UGPP) y la pensi\u00f3n de vejez reconocida por el ISS Asegurador (hoy COLPENSIONES)\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, precis\u00f3 que, aunque contaba con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, \u00e9ste no era eficaz, porque tendr\u00eda que pagar la pensi\u00f3n reconocida, en el 100% que le fue impuesto. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se dejen sin efectos las sentencias proferidas por la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral y que se le ordene dictar una nueva providencia, que niegue las pretensiones de la demanda. Como petici\u00f3n subsidiaria requiri\u00f3 que se suspendan las providencias atacadas hasta que \u00abse resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de su orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS INTERVINIENTES <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n convocada afirm\u00f3 que la sentencia censurada \u00abfue emitida con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, a la ley y al precedente, que ante supuestos f\u00e1cticos id\u00e9nticos ha resuelto la Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb. En lo referente a la ausencia de pronunciamiento sobre la compartibilidad de la pensi\u00f3n extralegal, se\u00f1al\u00f3 que \u00abno fue ventilado a lo largo del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 24 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno, pues durante el tr\u00e1mite del proceso, cumpli\u00f3 \u00abtodas y cada una de las etapas procesales, (\u2026) aplicando las garant\u00edas instituidas por el Legislador\u00bb, por lo cual solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n- PARISS y Colpensiones requirieron su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que en sus competencias no estaba la de atender lo solicitado. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo estim\u00f3 que deb\u00eda declararse la improcedencia del amparo, dado que no se cumpli\u00f3 con el requisito general de subsidiariedad, pues, como lo reconoci\u00f3 la UGPP, \u00aba\u00fan cuenta con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb. En lo referente a la falta de pronunciamiento frente a la compartibilidad afirm\u00f3 que deb\u00eda reiterarse lo manifestado por el magistrado sustanciador en su respuesta a la tutela, pues \u00abse pudo verificar que la \u00faltima (pensi\u00f3n de vejez) fue concedida mediante Resoluci\u00f3n No. 2022-11999683, del 15 de septiembre de este a\u00f1o, mientras las sentencias de casaci\u00f3n atacadas se profirieron el 20 de abril y 24 de agosto de 2022\u00bb, lo que indica que el tema no fue expuesto en el proceso. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la entidad accionante. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada, al proferir las sentencias del 20 de abril y 24 de agosto de 2022. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. A su vez, es improcedente, cuando la parte interesada cuenta con otro medio de defensa. <\/p>\n
3. Ahora bien, de conformidad con las actuaciones procesales, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or Holman Zorrilla Mar\u00edn, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a casar la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
3.1. Para ello, sostuvo que en el cargo no era motivo de controversia que el se\u00f1or Zorrilla \u00ablabor\u00f3 para el ISS del 1 de agosto de 1977 al 30 de agosto de 2006, cumpli\u00f3 55 a\u00f1os de edad el 21 de marzo de 2015 y es beneficiario de la convenci\u00f3n colectiva\u00bb. <\/p>\n
3.2. En ese orden, procedi\u00f3 a analizar lo planteado por el recurrente, en el sentido que la correcta interpretaci\u00f3n del par\u00e1grafo 3 del Acto Legislativo 01 de 2005 consist\u00eda en que \u00ablas condiciones pensionales s\u00ed pueden extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, como en este caso, en donde los efectos de la convenci\u00f3n van hasta el a\u00f1o 2017\u00bb; aunado a que seg\u00fan \u00abla redacci\u00f3n del texto convencional, la edad es un requisito de exigibilidad, en tanto el derecho se causa con el tiempo de servicio\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala consider\u00f3 que el ad quem no tuvo en cuenta que era viable extender las cl\u00e1usulas convencionales m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, t\u00e9rmino establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 como fecha l\u00edmite para la aplicaci\u00f3n de las prerrogativas pensionales, acorde con la postura expuesta por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en la sentencia CSJ SL3635-2020, en la que, luego de reproducir los art\u00edculos 2 y 98 de la convenci\u00f3n colectiva, se estableci\u00f3 que \u00aben materia jubilatoria las partes previeron una vigencia posterior a aquella establecida de forma general \u2026\u00bb y, en esa medida, se\u00f1al\u00f3 que \u00aba la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 la referida cl\u00e1usula convencional ven\u00eda rigiendo y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, ten\u00eda vigencia hasta el a\u00f1o 2017\u00bb, por lo que concluy\u00f3 que \u00abcuando en una cl\u00e1usula del convenio se estipula una vigencia que supere la indicada en el Acto Legislativo 01 de 2005, debe respetarse, en tanto ello responde a la voluntad de las partes\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, en cuanto al requisito de la edad, trajo a colaci\u00f3n lo definido por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en sentencia CSJ SL3343-2020, en la cual precis\u00f3 que la interpretaci\u00f3n v\u00e1lida del art\u00edculo 98 convencional era que \u00abel requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestaci\u00f3n pensional, no de causaci\u00f3n\u00bb, por lo que estim\u00f3 que el juez plural tambi\u00e9n se hab\u00eda equivocado al establecer que el se\u00f1or Zorrilla Mar\u00edn no pod\u00eda pensionarse conforme a la norma convencional, por haber cumplido la edad \u00abrequerida cuando el canon extralegal hab\u00eda perdido vigencia\u00bb, en raz\u00f3n a que, seg\u00fan el precedente aplicable, \u00abdicha exigencia qued\u00f3 acreditada el 21 de marzo de 2015, en pleno vigor del art\u00edculo 98 convencional\u00bb, circunstancias est\u00e1s que la llevaron a considerar que los cargos eran fundados, por lo que cas\u00f3 la sentencia. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, a efectos de emitir sentencia de instancia, procedi\u00f3 a definir que como el actor prest\u00f3 servicios al extinto ISS desde \u00abel 1 de agosto de 1977 hasta el 31 de agosto de 2006, es decir, por \u00abespacio de 29 a\u00f1os y un mes\u00bb, era claro que \u00abel tiempo de servicio lo satisfizo el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 1997\u00bb. Y, como el accionante \u00abnaci\u00f3 el 21 de marzo de 1960, alcanz\u00f3 55 a\u00f1os (\u2026) el mismo d\u00eda y mes de 2015\u00bb, \u00abla prestaci\u00f3n debe reconocerse desde esta fecha pues, como ya se dijo, el retiro se produjo en marzo de 2006\u00bb. <\/p>\n
En efecto, el Colegiado encontr\u00f3 que se estructuraba el yerro jur\u00eddico que el se\u00f1or Zorilla Mar\u00edn le endilgaba al Tribunal, pues a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 la cl\u00e1usula convencional (art\u00edculo 98 de la convenci\u00f3n 2001-2004 suscrita con el ISS) se encontraba en vigor y, de acuerdo con el plazo inicialmente pactado entre las partes, ten\u00eda vigencia hasta el a\u00f1o 2017, por lo que el cumplimiento de los requisitos all\u00ed exigidos pod\u00eda darse con posterioridad al 31 de julio de 2010, sumado a que, al ser el requisito de la edad de exigibilidad y no de causaci\u00f3n, era evidente que le asist\u00eda derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n convencional reclamada. <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas, en el caso sub examine se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la entidad accionante, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para resolver el asunto en disputa. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que el juez de tutela \u00abno es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb, y menos \u00abacometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
4.2. Ahora bien, en lo relativo al deber de pronunciamiento sobre la compartibilidad pensional y a la omisi\u00f3n de la Sala accionada en resolver ese aspecto, resulta pertinente destacar que la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral ha considerado que, al tratarse de un asunto que opera por disposici\u00f3n legal, no requiere declaraci\u00f3n judicial; aunado a que, para el efecto, la entidad respectiva debe solicitar la adici\u00f3n del fallo y, en todo caso, como lo indic\u00f3 la misma tutelante, dicho tema puede ser objeto de discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta Sala considera que no puede el juez de tutela entrar a subsanar la falta de proposici\u00f3n de los instrumentos legales ni adelantarse a resolver un aspecto que puede ser sometido a conocimiento del competente, mediante la interposici\u00f3n del referido recurso, de manera que la tutela impetrada en ese sentido es improcedente. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, al resolver un caso con alguna similitud, esto es, un recurso de revisi\u00f3n presentado por la UGPP contra el reconocimiento pensional contenido en las sentencias dictas en segunda instancia y en sede de casaci\u00f3n, en el que se aleg\u00f3, entre otros, lo relativo a la falta de decisi\u00f3n sobre la compartibilidad en materia pensional, sostuvo: <\/p>\n
Lo primero que se debe destacar, es que del compendio probatorio y conforme lo se\u00f1al\u00f3 la UGPP en el libelo de revisi\u00f3n las autoridades judiciales que adelantaron el proceso y definieron el asunto materia de estudio, no tuvieron conocimiento durante el curso del tr\u00e1mite de la prestaci\u00f3n pensional por el riesgo de vejez que le otorg\u00f3 Colpensiones a la se\u00f1ora Maril\u00fa Aguirre, mediante Resoluci\u00f3n SUB-308 de 3 de enero de 2018, en la suma de $1.632.245, a partir del 10 de septiembre de 2017. <\/p>\n
Evidencia de lo anterior, es que el acto administrativo antes referido, tuvo lugar con posterioridad a la sentencia emitida por el tribunal, ya que se profiri\u00f3 el 14 de marzo de 2013, y si bien la providencia dictada por esta Corporaci\u00f3n fue posterior, ambas partes guardaron silencio en sede de casaci\u00f3n respecto de aquel hecho sobreviniente. <\/p>\n
Panorama procesal, que vale se\u00f1alar, justifica la raz\u00f3n por la cual no existi\u00f3 pronunciamiento alguno respecto de la compatibilidad o compartibilidad de aquellas prestaciones, pues dicha circunstancia no fue puesta en conocimiento por las partes en su debida oportunidad a la Corte\u2026 <\/p>\n
As\u00ed mismo, se ha precisado que, la compartibilidad opera por ministerio de la ley\u2026 (CSJ SL2238-2021). <\/p>\n
Por consiguiente, resulta infundada la causal alegada, ya que se debe precisarse, que es responsabilidad de la entidad realizar los actos necesarios para que internamente se concreten los efectos de la compartibilidad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, lo que correspond\u00eda al recurrente era solicitar la adici\u00f3n del fallo que ahora controvierte, pues la revisi\u00f3n no puede servir de mecanismo alternativo para subsanar supuestas irregularidades en que pudo haber incurrido el fallador al momento de decidir el litigio, y que eran viables remediar a trav\u00e9s de las herramientas jur\u00eddicas previstas para el efecto (SL1031-2022, radicaci\u00f3n interna 88138, providencia del 30 de marzo de 2022, se subraya). <\/p>\n
A su vez, en sentencia CSJ SL4335-20211, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, respecto de la compartibilidad de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, afirm\u00f3 que \u00abla jurisprudencia [\u2026] ha sido pac\u00edfica en cuanto a que esa figura opera por ministerio de la ley, sin que sea necesario declaraci\u00f3n judicial en ese sentido\u00bb y, en esa medida, estableci\u00f3 que dicha figura \u00abpuede ser aplicada por las respectivas entidades y administradoras de pensiones encargadas del pago de las obligaciones pensionales, sin que sea necesario un pronunciamiento judicial previo\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Igualmente, en pronunciamiento CSJ SL2576-20212, la referida hom\u00f3loga Laboral explic\u00f3 que es la entidad \u00abla obligada y responsable de que se produzcan los efectos de la subrogaci\u00f3n y bajo ninguna consideraci\u00f3n, tal responsabilidad puede ser traslada a los funcionarios judiciales\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En ese orden, observa la Sala que, si la entidad consideraba que la Corporaci\u00f3n accionada omiti\u00f3 su deber de pronunciarse sobre un aspecto de la litis, debi\u00f3 hacer uso de la solicitud de adici\u00f3n de la sentencia, falencia que no puede suplirse a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, dada su naturaleza subsidiaria y residual, lo cual, como se indic\u00f3, torna improcedente el amparo invocado. Lo anterior, sumado a que, trat\u00e1ndose de un aspecto que opera por disposici\u00f3n legal no requiere declaraci\u00f3n judicial. <\/p>\n
4.3. Ahora bien, como lo advirtieron la gestora y el a quo constitucional, la entidad accionante a\u00fan cuenta con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, de manera que la tutela no se satisface el presupuesto de la subsidiariedad, pues, como se expuso, las decisiones atacadas est\u00e1n fundamentadas y, por tanto, no se vislumbran circunstancias para flexibilizar dicho requisito. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de este mecanismo depende del agotamiento previo de los mecanismos de defensa y de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado, en cuanto declar\u00f3 improcedente la tutela, pues, se itera, no se advierten yerros extraordinarios que hagan procedente la acci\u00f3n constitucional y, por tanto, esta no es viable, ante la existencia de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicaci\u00f3n interna 86196, providencia del 4 de agosto de 2021. <\/p>\n
2\u0002 Radicaci\u00f3n interna 83340, providencia del 19 de mayo de 2021 <\/p>\n
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STC334-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC334-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02211-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero dos mil veintitr\u00e9s). Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 1\u00b0 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70204","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70204"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70204\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}