STC335-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC335-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04454-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Eugenio Duarte Robayo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes de los procesos objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efecto \u00abel auto fechado 18 de mayo\u2026 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal\u2026 mediante la cual inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. En contra de Carlos Eugenio Duarte Robayo se adelant\u00f3 un proceso por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar con circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva, en concurso homog\u00e9neo\u00bb, por agresi\u00f3n f\u00edsica y verbal a su esposa, as\u00ed como por afectaci\u00f3n psicol\u00f3gica a su menor hijo, tras presenciar la conducta violenta de su progenitor; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Veinte Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, quien el 10 de abril de 2019 lo conden\u00f3 a 84 meses de prisi\u00f3n, tras encontrarlo culpable del delito endilgado; determinaci\u00f3n confirmada, en sede de alzada, el 8 de mayo siguiente, por el Tribunal. <\/p>\n
2.2. Contra la referida decisi\u00f3n, el promotor acudi\u00f3 en casaci\u00f3n, pero con prove\u00eddo de 18 de mayo de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte inadmiti\u00f3 la demanda formulada, empero, dispuso regresar las diligencias al despacho una vez tramitado el mecanismo de insistencia, si es que se promueve y su resultado es opuesto, con el fin de examinar oficiosamente la posible vulneraci\u00f3n al debido proceso. <\/p>\n
2.3. El 24 de agosto de 2022 la Sala de Casaci\u00f3n Penal cas\u00f3 parcialmente, de manera oficiosa, la sentencia proferida por el Tribunal y, en su lugar, declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal en relaci\u00f3n con el delito de violencia intrafamiliar en contra de su esposa, por lo que impuso una condena a 72 meses, por el delito cometido contra su hijo; esto, tras considerar que el agravante que consagra en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 229 del C\u00f3digo Penal, por condici\u00f3n de mujer de la v\u00edctima, perdi\u00f3 su eficacia incriminadora, porque para el espec\u00edfico evento, no se demostr\u00f3 que el acto violento acaeci\u00f3 en un contexto de discriminaci\u00f3n y de maltrato en raz\u00f3n de g\u00e9nero, de ah\u00ed que, al suprimir tal agravante, el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n penal se materializ\u00f3 el 8 de mayo de 2016, es decir, previo a la emisi\u00f3n de la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que la acci\u00f3n penal est\u00e1 prescrita, pues los hechos por los que fue condenado acaecieron el 23 de octubre de 2009, esto es, hace m\u00e1s de 13 a\u00f1os \u00abque fueron imputados por la fiscal\u00eda en audiencia preliminar celebrada el 08 de mayo de 2012, tal y como da cuenta el acta que milita a fl. 63 y 64 # c1 de la carpeta\u00bb, que conforme a la normatividad \u00abel marco de punibilidad del delito acusado es de 72 meses = 6 a\u00f1os a 168 meses que son iguales a = 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n, es decir, que una vez se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n con la imputaci\u00f3n el 08 de mayo de 2012, deber\u00edan transcurrir un tiempo igual a la mitad, es decir, 7 a\u00f1os para que operase el fen\u00f3meno, plazo que se cumpli\u00f3 antes de la media noche del martes 07 de mayo de 2019, advirtiendo desde ya que el d\u00eda anterior, lunes 06 de mayo, fue un d\u00eda de atenci\u00f3n al p\u00fablico y labores judiciales normales, com\u00fan y corrientes\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales en punto a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, por lo que, en su sentir, actu\u00f3 contrario a derecho al inadmitir el cargo de nulidad que plante\u00f3 en sede extraordinaria. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; manifest\u00f3 que confirm\u00f3 la condena que le fue impuesta a Duarte Robayo por el delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso homog\u00e9neo; que si bien se formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, la demanda fue inadmitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal; que lo pretendido por el promotor es obtener un nuevo pronunciamiento frente a su caso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; manifest\u00f3 que se remite a las consideraciones contenidas en las decisiones criticadas; remiti\u00f3 copia de las determinaciones censuradas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que no se vulner\u00f3 las garant\u00edas invocadas, as\u00ed como tampoco desconocimiento del precedente; indic\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no es una instancia adicional del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos, se tiene que el promotor considera que, para el caso concreto, oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal para el punible de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb, antes de emitirse la sentencia de segunda instancia, por lo que, en su sentir, se quebrant\u00f3 sus garant\u00edas de primer grado; sin embargo, tal como afirm\u00f3 el a quo constitucional, muy a pesar de las alegaciones del promotor, se concluye que la solicitud de amparo deviene improcedente, comoquiera que, el gestor tiene a su alcance acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n, en aras de provocar un pronunciamiento del fallador natural, frente a lo que, en su sentir, demostrar\u00eda dicha prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
Frente a situaciones similares a la que aqu\u00ed se presenta, en punto al incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad para alegar lo relativo a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, luego de estar en firme el fallo condenatorio, la Sala consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026dicho pedimento no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por no cumplir el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que el promotor tiene a su alcance la \u201cacci\u00f3n de revisi\u00f3n\u201d prevista en el art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, el cual puede incoar para exponer los reparos aqu\u00ed tra\u00eddos, invocando espec\u00edficamente la causal del numeral 2\u00b0, seg\u00fan la cual, esta procede \u00abcuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que no pod\u00eda iniciarse o proseguirse por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, por falta de querella o petici\u00f3n v\u00e1lidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb . <\/p>\n
Frente a este t\u00f3pico, esta Sala ha dispuesto que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026), no es posible acceder al amparo, ni siquiera de manera transitoria, porque el recurso de revisi\u00f3n al que se ha hecho referencia, se muestra id\u00f3neo para solventar las quejas de la accionante, en la medida en que fue justamente dise\u00f1ado para analizar vicisitudes como las que en su demanda de amparo expone, sin que se evidencie la necesidad de intervenir anticipadamente en tal determinaci\u00f3n (\u2026) [debe] acudir a la justicia ordinaria en pos de una soluci\u00f3n a sus reparos (STC 15701, 26 oct. 2016, rad. 00378-01, reiterada en STC8109-2020). <\/p>\n
De suerte, que, como no hay evidencia en el plenario de que Mart\u00ednez Ni\u00f1o haya activado la comentada \u00abacci\u00f3n\u00bb, no es de recibo que acuda a la justicia constitucional sin haber agotado las oportunidades que le brinda la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido en forma reiterada\u202fque <\/p>\n
\u201c(\u2026) no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa (sentencia de 18 de marzo de 2011, exp. No. 00171-00, reiterada en fallo de 25 de abril de 2012, exp. n\u00b0 1100102030002012-00728-00)\u201d (STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 2012-00210-01, reiterada en STC3492-2021, 07 abr. 2021.) (CSJ, STC8629-2021; 14 de jul.; rad. 2021-02148-00) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de las alegaciones del promotor, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb, relievando, por dem\u00e1s, que no se evidencia la presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Ahora, advertida la improcedencia del amparo, por la presencia de otro mecanismo judicial mediante el cual discutir la situaci\u00f3n expuesta ante el juez constitucional, \u00e9ste queda relevado de analizar el fondo del asunto, pues de lo contrario entrar\u00eda a usurpar las funciones del fallador ordinario, de donde no puede producirse aqu\u00ed una manifestaci\u00f3n expresa frente a la actuaci\u00f3n que la accionante tilda como irregular. <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, declara improcedente el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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