STC336-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC336-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00004-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Enrique Benavides Vel\u00e1squez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso e igualdad, que dice vulneradas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se ordene a los estrados querellados \u00abmodificar sus decisiones proferidas dentro de la primera instancia\u2026 y la fallada a trav\u00e9s del recurso de alzada dentro del proceso No. 11001 3103 005 2015 00708 01\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Flor Alba Gonz\u00e1lez Ovalle promovi\u00f3 proceso verbal contra Leonor Ovalle Barajas (q.e.p.d.) y sus herederos determinados Stella Caballero Ovalle, Jorge y Yolanda Barajas Ovalle, con el fin de obtener por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio el inmueble con folio inmobiliario n\u00b0 50S-40156572; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil de Oralidad del Circuito de Bogot\u00e1, quien el 4 de abril de 2016 admiti\u00f3 a tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.2. El 30 de octubre de 2018 se reconoci\u00f3 a Luis Enrique Benavides Vel\u00e1squez como sucesor procesal de la demandante Flor Alba Gonz\u00e1lez Ovalle (q.e.p.d.), al tiempo que, dispuso se acreditara el fallecimiento de las convocadas Stella Caballero Ovalle y Yolanda Barajas Ovalle; por otra parte, el 5 de septiembre de 2019 se reconoci\u00f3 tambi\u00e9n como sucesores procesales de la demandante a Merly Johana, Aseneth Paola, \u00c1ngela Roc\u00edo y Gina Marcela Ahumada Gonz\u00e1lez, asimismo, reiter\u00f3 la orden de acreditar el deceso de las demandadas. <\/p>\n
2.3. El 19 de febrero 2020, tras verificar que Mar\u00eda Yolanda Barajas falleci\u00f3 el 26 de noviembre de 1996, esto es, con anterioridad a la formulaci\u00f3n de la demanda, el estrado judicial declar\u00f3 la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio, comoquiera que, no es posible demandar o adelantar un tr\u00e1mite contra una persona fallecida en la medida en que extinta su personalidad jur\u00eddica no cuenta con capacidad de parte; determinaci\u00f3n que mantuvo el 20 de agosto siguiente, concediendo la alzada formulada subsidiariamente. <\/p>\n
2.4. El 26 de septiembre de 2022 el Tribunal modific\u00f3 el prove\u00eddo recurrido, en el sentido de precisar que la nulidad procesal s\u00f3lo de extend\u00eda a lo actuado con relaci\u00f3n a Mar\u00eda Yolanda Barajas (q.e.p.d.), sin perjuicio que, de advertir otros motivos que conduzcan a declarar la anulaci\u00f3n del tr\u00e1mite, as\u00ed proceda la titular del despacho de primer grado, en desarrollo de lo dispuesto en el canon 132 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.5. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, en su sentir, ni el Juzgado ni el curador ad litem \u00abse percataron de la situaci\u00f3n por la cual se decreto la nulidad cuestionada, por el contrario se le sirvi\u00f3 admitir la demanda\u2026 y seguir con el procedimiento\u00bb, quebrantando sus garant\u00edas de primer grado. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que las sedes judiciales desconocieron lo plasmado en los art\u00edculos 97 y 391 de la ley 1564 de 2012, comoquiera que, los demandados no contestaron debidamente la demanda, ni alegaron la nulidad decretada, raz\u00f3n por lo que lo procedente era tener por ciertos los hechos de la demanda y continuar con el tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que la decisi\u00f3n criticada no luce arbitraria; destac\u00f3 que no es viable acoger el razonamiento del actor acerca de que la falta de pronunciamiento de los convocados en el juicio tornaba inadmisible esa determinaci\u00f3n, pues la misma proced\u00eda, inclusive de oficio, en desarrollo de lo dispuesto en el canon 132 del C\u00f3digo General del Proceso; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; refiri\u00f3 que no ha vulnerado las prerrogativas demandadas y que se remite a lo considerado en las decisiones criticadas; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal criticado, en la providencia del 26 de septiembre de 2022, que modific\u00f3 la que dict\u00f3 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tras citar el numeral 8 del art\u00edculo 133, as\u00ed como el canon 87, ambos del C\u00f3digo General del Proceso, en punto a la nulidad por indebida notificaci\u00f3n y contra quien debe dirigirse la demanda, con apoyo en la jurisprudencia (CSJ, AC3250-2018), dijo que: <\/p>\n
En ese sentido, muerto quien es citado como parte a un juicio debe procederse en la forma indicada en la norma transcrita, por cuanto su deceso le impide tener aquella calidad, a tono con lo previsto en la regla 53 del C.G.P., as\u00ed lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia: \u201c(\u2026) habida cuenta que las personas fallecidas carecen de capacidad para ser parte en cualquier proceso judicial (art. 53 C.G.P.), de suerte que ante el fallecimiento del se\u00f1or (\u2026), se impon\u00eda al recurrente dirigir la impugnaci\u00f3n contra los herederos determinados si existiere juicio de sucesi\u00f3n o los indeterminados, como continuadores del causante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En el caso presente, la demanda se dirigi\u00f3 entre otros, contra Yolanda Barajas Ovalle, como heredera determinada de Leonor Ovalle Vda. de Barajas; empero, si bien no se alleg\u00f3 la prueba de esa calidad (ante lo cual la juez deber\u00e1 adoptar los correctivos pertinentes), lo cierto es que est\u00e1 demostrado su deceso, acaecido el 25 de noviembre de 1996, es decir, que para el 18 de noviembre de 2015, cuando se promovi\u00f3 el libelo, aquella hab\u00eda dejado de existir y, en esa medida, mal pod\u00eda ser citada como parte, al no tener capacidad alguna para ser sujeto de derechos y obligaciones. <\/p>\n
Y si de manera errada fue convocada al litigio, ese yerro no puede subsanarse con la citaci\u00f3n de los dem\u00e1s demandados y los herederos de Leonor Ovalle Vda. de Barajas, pues se insiste no es viable que la demanda se haya dirigido contra un fallecido. <\/p>\n
Seguidamente, tras citar el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, precis\u00f3 que: <\/p>\n
De otro lado, como el \u00fanico motivo en el que se apoy\u00f3 la decisi\u00f3n ahora censurada, obedeci\u00f3 a que se cit\u00f3 como parte a Mar\u00eda Yolanda Barajas de Perilla, a pesar de su deceso, no resulta dable que ese motivo de invalidez se extienda a los dem\u00e1s integrantes del extremo pasivo, en aplicaci\u00f3n de lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 138 ej\u00fasdem\u2026 <\/p>\n
Puestas de ese modo las cosas, se modificar\u00e1 la providencia cuestionada, en el sentido de se\u00f1alar que la nulidad s\u00f3lo se hace extensiva a lo actuado con relaci\u00f3n a Mar\u00eda Yolanda Bajaras de Perilla (Q.E.P.D.), sin perjuicio que, de advertir otros motivos que conduzcan a declarar la anulaci\u00f3n del tr\u00e1mite, as\u00ed proceda la titular del Despacho de primer grado, en desarrollo de lo dispuesto en el canon 132 del C.G.P. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el promotor es una diferencia de criterio acerca de la interpretaci\u00f3n de las disposiciones que regulan el caso particular, as\u00ed como del an\u00e1lisis jurisprudencial, normativo y probatorio que hizo el Tribunal respecto de los medios de convicci\u00f3n, con los cuales concluy\u00f3 que la demanda se dirigi\u00f3 contra Yolanda Barajas Ovalle (q.e.p.d.), quien falleci\u00f3 mucho antes de promover la demanda de pertenencia, raz\u00f3n por la que no pod\u00eda ser citada como parte, al no tener capacidad alguna para ser sujeto de derechos y obligaciones, relievando que, al margen de que tal situaci\u00f3n no fue alegada por los convocados, tal estudio proced\u00eda, incluso de oficio, conforme lo dispone el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo Genera del Proceso, sin que, para tal situaci\u00f3n se pudieran tener por ciertos los hechos de la demanda. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun., rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr., rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun., rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag., rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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