STC340-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC340-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00018-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Salom\u00f3n Lara G\u00f3mez y Mariela de Jes\u00fas G\u00f3mez Castro contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio y el Juzgado Promiscuo Municipal de Vista Hermosa; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos y las partes e intervinientes reconocidas tanto en el resguardo 2022-00017, as\u00ed como en el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre de tr\u00e1nsito 2020-00034. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes, a trav\u00e9s de apoderado, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, contradicci\u00f3n, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recolectados se extracta que Fernando Barahona D\u00edaz formul\u00f3 demanda de imposici\u00f3n de servidumbre de tr\u00e1nsito (2020-00034) contra Salom\u00f3n Lara G\u00f3mez y Mariela de Jes\u00fas G\u00f3mez Castro, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Promiscuo Municipal de Vista Hermosa, despacho que dio inicio procesal mediante auto de 12 de agosto de 2020. <\/p>\n
Por considerar que el libelo no debi\u00f3 haberse admitido, Lara G\u00f3mez y G\u00f3mez Castro promovieron acci\u00f3n de tutela (2022-00017) buscando la invalidaci\u00f3n de lo actuado, pretensi\u00f3n acogida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos en fallo de 25 de febrero de 2022 a trav\u00e9s del cual se orden\u00f3 a la c\u00e9lula judicial cognoscente realizar un nuevo examen de admisibilidad \u00abatendiendo las exigencias y reglas previstas en los arts. 82, 90 y 376 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Dicho prove\u00eddo fue objeto de impugnaci\u00f3n por Fernando Barahona D\u00edaz, quien fue vinculado por el inter\u00e9s que le asist\u00eda en el resultado, siendo revocado \u00edntegramente el 4 de abril del mismo a\u00f1o por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, colegiatura que, el 29 siguiente, remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n sin que a la fecha se conozca el resultado de dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
Ante la improsperidad del ruego constitucional, el Juzgado Promiscuo Municipal de Vista Hermosa continu\u00f3 el tr\u00e1mite procesal de rigor y, agotadas las etapas correspondientes, el 23 de noviembre de 2022 dict\u00f3 sentencia en que impuso servidumbre permanente de tr\u00e1nsito a cargo del predio en posesi\u00f3n de los ac\u00e1 gestores. <\/p>\n
Frente a la primera decisi\u00f3n se\u00f1alaron que \u00abfue err\u00f3nea, puesto que\u2026 [hicieron] uso de cada uno de los medio de defensa del proceso ordinario con resultados negativos sin embargo la citada corporaci\u00f3n desconociendo los derechos fundamentales\u2026 revoco a pesar de haber sido un acto ajustado a la ley y a la constituci\u00f3n [SIC]\u00bb. <\/p>\n
En punto de la sentencia ordinaria, criticaron que \u00abse admiti\u00f3 la demanda sin los requisitos establecidos en la ley para asegurar la convocatoria de los sujetos que pueden llegarse a ver afectados\u2026 se decret\u00f3 medida cautelar sin allegar previamente la cauci\u00f3n que impone la codificaci\u00f3n\u2026 se desconoci\u00f3\u2026 el texto del art\u00edculo 376 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026 se dict\u00f3 sentencia sin citar y hacer comparecer al proceso a la perito neutral nombrada por el accionado\u2026 a la Agencia Nacional de Tierras lo cual era forzoso puesto que los predios\u2026 son terrenos bald\u00edos [SIC]\u00bb. <\/p>\n
4. Pidieron, en suma, remover los efectos de ambas providencias y \u00abnegar la servidumbre deprecada por improcedente e constitucionalmente [SIC]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la sentencia de tutela de segundo grado objeto de censura, solicit\u00f3 declarar improcedente este resguardo comoquiera que el actor \u00abaspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la [salvaguarda]\u00bb siendo que el objeto de la herramienta supralegal \u00abno es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de su competencia\u00bb. <\/p>\n
2. La secretaria del Juzgado Promiscuo del Circuito de San Mart\u00edn de los Llanos se limit\u00f3 a realizar un breve recuento de las actuaciones surtidas al interior del tr\u00e1mite constitucional distinguido con radicaci\u00f3n 2022-00017, resaltando que esa c\u00e9lula judicial \u00abha dado cumplimiento a las normas de orden [sic]\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Promiscuo Municipal de Vista Hermosa impetr\u00f3 no acceder a las s\u00faplicas de la demanda en tanto el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre se adelant\u00f3 conforme a las disposiciones legales llamadas a gobernar el asunto \u00absalvaguardando el debido proceso con todas sus garant\u00edas y derechos\u00bb. <\/p>\n
4. Fernando Barahona D\u00edaz, a trav\u00e9s de apoderado judicial, tambi\u00e9n se opuso a la prosperidad del amparo \u00abtoda vez que los hechos no cumplen los requisitos jurisprudenciales y doctrinarios para este tipo de acciones de tutela; lo que se puede ver es que el accionante pretende utilizar la acci\u00f3n de tutela como una instancia m\u00e1s, hecho y enfoque jur\u00eddico prohibido por la jurisprudencia y la Ley [sic]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a esta Sala establecer si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas fundamentales de los gestores dentro de (i) la acci\u00f3n de tutela 2022-00017, al desestimar el resguardo all\u00ed solicitado y (ii) el proceso de imposici\u00f3n de servidumbre 2020-00034 al acceder a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
2.1. La improcedencia de este mecanismo contra fallo de tutela proferido en la salvaguarda 2022-00017 <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n
Sobre la improcedencia de la salvaguarda en estos casos, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado y constante que debe ser atendido, ya que \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Insiste la Sala en que para cuestionar lo resuelto en un tr\u00e1mite de tutela el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, acogiendo precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, en STC8289, 22 jun. 2016). <\/p>\n
2.1.2. Ahora bien, de forma excepcional\u00edsima se ha autorizado la intervenci\u00f3n del juez de tutela para resquebrajar las decisiones adoptadas al interior de otra salvaguarda cuando se comprueba la existencia de fraude; en ese sentido en la SU 627 de 2015, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
No obstante, analizados los argumentos esbozados por los accionantes frente a la determinaci\u00f3n adoptadas por el fallador constitucional en segundo grado, se observa que no se subsumen en ninguna de las hip\u00f3tesis aludidas en la sentencia arriba indicada pues el n\u00facleo central de la presente queja gravit\u00f3 en torno a una supuesta valoraci\u00f3n probatoria inadecuada, es decir, se finc\u00f3 exclusivamente en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el an\u00e1lisis de las discrepancias con la hermen\u00e9utica del Tribunal Superior de Villavicencio escapa de esta nueva salvaguarda, correspondi\u00e9ndole a los promotores acudir, por intermedio de los funcionarios competentes, ante la Corte Constitucional, a donde fue remitido el expediente de la tutela cuestionada, a efectos de exponer su situaci\u00f3n pues, al no haber concluido el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n en dicha Corporaci\u00f3n, lo cierto es que a\u00fan cuentan con esa herramienta instrumento para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, as\u00ed como tambi\u00e9n con la formulaci\u00f3n de la insistencia en caso de no resultar seleccionada la salvaguarda. <\/p>\n
El instrumento de la revisi\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 es eficaz porque, como lo ha sostenido esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que no se diga que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras) <\/p>\n
Adicionalmente, en otras oportunidades se agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01; 14 oct. 2004, rad. 1120; 8 mar. 2006, rad. 00263-00; y 7 mar. 2013, rad. 00122-01). <\/p>\n
2.2. De la razonabilidad de la sentencia proferida dentro del proceso 2020-00034 <\/p>\n
2.2.1. La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Para ello, resulta imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o violado directamente la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
2.2.2. Auscultadas las razones en las que se sustenta la presente queja contra el prove\u00eddo de 22 de noviembre de 2022, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Vista Hermosa impuso servidumbre de tr\u00e1nsito al terreno que poseen los ac\u00e1 gestores, no advierte la Sala irregularidad alguna que deba ser conjurada a trav\u00e9s de esta especial senda, de all\u00ed que se anticipe la denegaci\u00f3n del resguardo frente a la referida autoridad pues la determinaci\u00f3n, lejos de ser arbitraria, fue el resultado de una hermen\u00e9utica razonable del contexto f\u00e1ctico y jur\u00eddico. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se trata de bienes bald\u00edos cuya propiedad corresponde exclusivamente al Estado\u2026 no existiendo en cabeza de los extremos procesales m\u00e1s que una expectativa de adjudicaci\u00f3n y el derecho a explotar tales inmuebles, adjudicaci\u00f3n que hasta ahora no se ha definido desconociendo el juzgado si est\u00e1 en tr\u00e1mite o no. Bajo este entendido las normas a aplicar son de car\u00e1cter especial, como la Ley 110 de 1912 cuyo art\u00edculo 54, vigente en ese aspecto, reza: \u201c\u2026 los terrenos bald\u00edos de cuyo dominio se desprende el Estado, a cualquier t\u00edtulo, quedan sujetos a las servidumbres pasivas de tr\u00e1nsito, caminos, acueducto, irrigaci\u00f3n y dem\u00e1s que sean necesarias para el desarrollo de los terrenos adyacentes. Rec\u00edprocamente, los terrenos que contin\u00faen siendo del dominio del Estado quedan sujetos a todas las servidumbres indispensables para el c\u00f3modo beneficio de los terrenos adjudicados\u201d. <\/p>\n
Siendo as\u00ed, entiende este Juzgado que por imperio de la ley y no de la voluntad de las partes, los terrenos bald\u00edos deben soportar toda clase de servidumbre, siempre que sea necesaria para el desarrollo de los predios adyacentes; necesidad que en el sublite deviene palmaria tal como en diligencia de inspecci\u00f3n judicial pudo constatar este Despacho y como los peritos Mar\u00eda Ang\u00e9lica Hern\u00e1ndez Vanegas, Julio C\u00e9sar Cepeda y Fabiola Cruz Soto lo conceptuaron, siendo todo ello ratificado por el testigo Pedro Pablo Hern\u00e1ndez Barahona, entre otros (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
C\u00f3mo se anticip\u00f3, la sind\u00e9resis del fallador ordinario no se muestra desfasada ni ri\u00f1e con las disposiciones legales llamadas a gobernar la materia, por el contrario, encuentra asidero en el ordenamiento legal, al tiempo que consulta las pruebas arrimadas a la actuaci\u00f3n, resultando inviable desacreditarla solo porque no se comparte lo resuelto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguna causal de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra determinaciones judiciales pues la simple expresi\u00f3n de inconformidad con el sentido del pronunciamiento recriminado no es suficiente para habilitar la intervenci\u00f3n extraordinaria, frente a lo que ha sido enf\u00e1tica esta Sala al resaltar que, m\u00e1s all\u00e1: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n
3. Conclusiones <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 el resguardo porque: <\/p>\n
3.1. No se cumplen las exigencias jurisprudenciales que habilitan la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n adoptada en un tr\u00e1mite de similar naturaleza. <\/p>\n
3.2. La providencia proferida al interior del proceso de imposici\u00f3n de servidumbre 2020-00034, no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC340-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC340-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00018-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Salom\u00f3n Lara […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70210","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70210","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70210"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70210\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70210"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70210"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70210"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}