STC344-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC344-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00037-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por H\u00e9ctor Rivera Jaimes contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma especialidad de Barrancabermeja y los intervinientes en el juicio n\u00ba 2019-00096. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de mandataria judicial, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 9 de agosto de 2022, mediante el cual la magistratura convocada, con fundamento en una valoraci\u00f3n probatoria que considera equivocada y adem\u00e1s trasgresora del principio de no reformatio in peius, acogi\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n formulada en su contra y le neg\u00f3 cualquier compensaci\u00f3n econ\u00f3mica alguna (pese a su condici\u00f3n de adquirente de buena fe exenta de culpa) apoy\u00e1ndose para el efecto en una condena privativa de la libertad que le fue impuesta varios a\u00f1os atr\u00e1s y que no guarda relaci\u00f3n con los hechos ventilados al interior del proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efectos el fallo objeto de censura y que, en su lugar, se ordene resolver nuevamente el asunto, pero esta vez conforme al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada pidi\u00f3 desestimar el pretendido auxilio por considerar que la acci\u00f3n de tutela no puede ser usada a manera de instancia adicional. <\/p>\n
2. Ecopetrol S.A., la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, el Banco Agrario de Colombia S.A., la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dijeron carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja hizo un recuento de lo acontecido en el tr\u00e1mite que incumbe a esta actuaci\u00f3n, y resalt\u00f3 que de su parte no se ha trasgredido ning\u00fan derecho fundamental de los involucrados en ese litigio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la encartada lesion\u00f3 la garant\u00eda invocada en el libelo introductor, al acoger la demanda de restituci\u00f3n de tierras que se formul\u00f3 contra quien aqu\u00ed acciona. <\/p>\n
Para el efecto, es importante se\u00f1alar que aun cuando la fustigada providencia ya hab\u00eda sido escrutada constitucionalmente por esta Corporaci\u00f3n (en fallo STC15824-2022, 24 nov.), no se configura realmente una temeridad que impida estudiar nuevamente el asunto, ya que en dicha oportunidad el hoy accionante no integr\u00f3 el extremo activo de la tramitaci\u00f3n, ni tampoco los argumentos que aqu\u00ed expuso fueron analizados. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones de naturaleza judicial, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto – razonabilidad de la providencia cuestionada. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n cuestionada que acogi\u00f3 la demanda de restituci\u00f3n de tierras incoada en contra del aqu\u00ed accionante sin reconocerle compensaci\u00f3n econ\u00f3mica alguna, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado, en raz\u00f3n a que tal determinaci\u00f3n obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas y la jurisprudencia que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal inici\u00f3 precisando que \u00abDe acuerdo con la informaci\u00f3n plasmada en el certificado de tradici\u00f3n se aprecia que mediante escritura N\u00b0 2089 del 14 de diciembre de 2001 de la Notar\u00eda Segunda de Barrancabermeja se efectu\u00f3 la adjudicaci\u00f3n en sucesi\u00f3n del predio Azucena a favor de MARIA DEL CARMEN, AZUCENA y JUAN CARLOS CALA SARMIENTO. Posteriormente, estos transfirieron el dominio a HECTOR RIVERA JAIMES y LUIS FRANCISCO DUR\u00c1N MURILLO, a trav\u00e9s de E.P. N\u00b0 091 del 23 de enero de 2003 de la Notar\u00eda Primera de Barrancabermeja. Teniendo en cuenta que, en el negocio por medio del cual perdieron relaci\u00f3n los reclamantes con el predio, participaron como compradores dos personas y frente a una de ellas se vislumbra, de las pruebas que reposan en el expediente, una situaci\u00f3n peculiar, habr\u00e1 de estudiarse c\u00f3mo se configur\u00f3 el despojo respecto a cada uno en particular\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, anot\u00f3 que, \u00abprincipiando por HECTOR RIVERA JAIMES, quien a la fecha figura como \u00fanico titular de derechos inscritos sobre el predio Azucena, se logr\u00f3 determinar que: El Juzgado Segundo de Orden P\u00fablico de Pasto profiri\u00f3 sentencia el 29 de junio de 199076 , dentro del proceso adelantado por la masacre ocurrida \u201cen cercan\u00edas del Corregimiento LA ROCHELA, comprensi\u00f3n del Municipio de Simacota (Santander)\u201d el d\u00eda 18 de enero de 1989. Tr\u00e1mite en el que se le tuvo como sindicado y se le identific\u00f3 como \u201cHijo de JULIAN RIVERA y CUSTODIA JAIMES, Natural de Barrancabermeja, nacido el 16 de julio de 1.953, (\u2026) con c.c. No. 13.881.635 de Barrancabermeja, residente en Bucaramanga, soltero, hace vida marital con Graciela L\u00f3pez Delgado, tiene una hija llamada Adriana Rivera L\u00f3pez, de oficio agricultor y ganadero (\u2026) se vincul\u00f3 a la investigaci\u00f3n, al demostrarse su reconocida militancia en el grupo de LOS MASETOS, a quienes se les atribuye la masacre de LA ROCHELA, y muchos de los desafueros y delitos cometidos en la zona del Magdalena Medio.\u201d (Sic) Concluy\u00f3 que las \u201cpruebas, numerosas por cierto, y recavada oportunamente se\u00f1ala a HECTOR RIVERA JAIMES como uno de los participantes en los hechos investigados, Reuni\u00e9ndose por tanto los requisitos del art\u00edculo 247 de C. de P.P. para proferir en su contra Sentencia Condenatoria.\u201d (Sic) As\u00ed, fue declarado autor y responsable de los delitos de concierto para delinquir, disparos de armas de fuego y empleo de explosivos contra veh\u00edculos y, homicidio agravado con fines terroristas. Posteriormente, mediante sentencia del 14 de noviembre de 1990, el Tribunal Superior de Orden P\u00fablico de Bogot\u00e177 resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto \u201cpor varios de los procesados o sus Defensores, as\u00ed como por el Sr. Fiscal de primera instancia.\u201d En concreto, frente a HECTOR RIVERA JAIMES estim\u00f3 suficiente hacer \u201creferencia al c\u00famulo de declaraciones ya referenciadas en las cuales se hace alusi\u00f3n a la forma como en compa\u00f1\u00eda de su hermano y de Ricardo se ha dedicado al grupo de autodefensa, paramilitar o Maseto.\u201d Sin embargo, consider\u00f3 que \u201cen cuanto a la participaci\u00f3n suya en los hechos del 18 de enero, es realmente pobre el acopio de medios de convicci\u00f3n\u201d. Y Concluy\u00f3 el ad quem que no exist\u00eda \u201cla certeza exigida por la ley para condenar por los delitos de homicidio en sus diferentes modalidades ni por los restantes delitos por los cuales fuese condenado en la sentencia impugnada con excepci\u00f3n de los cargos por concierto para delinquir (\u2026) distinta es la situaci\u00f3n en cuanto a su pertenencia al grupo armado. Es que aparece tan abundante y reiterativa la prueba, proveniente de todos los habitantes de esas tierras en el sentido de que los dos hermanos Rivera, Juli\u00e1n y H\u00e9ctor andaban involucrados en esos actos cometidos por quienes en forma despectiva recibieron el remoquete de Masetos que es imposible desconocer semejante realidad\u201d. En consecuencia, resolvi\u00f3 condenarlo por el il\u00edcito de concierto para delinquir \u00abpero no por los restantes delitos por carencia de prueba demostrativa de su participaci\u00f3n en los mismos\u201d, concurriendo una causal de agravaci\u00f3n \u201ccual es el detentar la calidad de dirigente de la banda u organizaci\u00f3n\u201d, quedando la pena definitiva en catorce a\u00f1os y ocho meses de prisi\u00f3n. Es de anotar que una vez examinado el aplicativo web de \u201cConsulta de procesos\u201d con el par\u00e1metro de b\u00fasqueda por nombre, no se evidenci\u00f3 que dicha decisi\u00f3n hubiere sido objeto de recursos extraordinarios\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo anterior, consider\u00f3 que \u00ablo expuesto se constituye en la esencia de las presunciones tanto de derecho como legales consagradas en el aludido compendio normativo. En casos donde el despojo fue muy palpable, como el que ahora es objeto de estudio, debido a la injerencia directa de comprobados miembros de grupos armados en la ruptura del v\u00ednculo jur\u00eddico entre la tierra y la v\u00edctima, resultaba infundado y adverso a los prop\u00f3sitos que inspiraron la pol\u00edtica de restituci\u00f3n pretender desvirtuarlo, dado que sencillamente ante esos supuestos f\u00e1cticos este era tan s\u00f3lido que el legislador entendi\u00f3 que no hab\u00eda manera de negarlo y por ello consagr\u00f3 una presunci\u00f3n de derecho cuya esencia es la de no admitir prueba en contrario (\u2026). Teniendo en cuenta los medios de prueba referidos en precedencia se tiene que en este asunto est\u00e1n dados con suficiencia los elementos a partir de los cuales se estructura la presunci\u00f3n de derecho contenida en el numeral 1\u00b082 del art\u00edculo 77 de la Ley 1448 de 2011, en tanto comprobado est\u00e1 que a trav\u00e9s de convenio previo a la compraventa y posteriormente a trav\u00e9s de Escritura P\u00fablica N\u00b0 091 del 23 de enero de 2003 que la instrumentaliz\u00f3 se realiz\u00f3 la transferencia de la propiedad del bien reclamado, entre los se\u00f1ores AZUCENA, MARIA DEL CARMEN y JUAN CARLOS CALA SARMIENTO, como vendedores y HECTOR RIVERA JAIMES y LUIS FRANCISCO DUR\u00c1N MURILLO, como compradores; que el negocio se llev\u00f3 a cabo dentro del referente temporal establecido por la Ley 1448 de 2011 y uno de los adquirentes fue condenado por pertenencia, colaboraci\u00f3n o financiaci\u00f3n de grupos armados que act\u00faan por fuera de la ley.\u00bb. <\/p>\n
En lo concerniente a la buena fe del actor, expuso lo siguiente: <\/p>\n
Y en cuanto a la calidad de segundo ocupante, puntualiz\u00f3 que \u00abfrente a HECTOR RIVERA JAIMES no es procedente el reconocimiento de tal condici\u00f3n, por cuanto establecido qued\u00f3 que el despojo sufrido por los reclamantes se dio por cuenta suya, en virtud de la configuraci\u00f3n de la presunci\u00f3n de derecho consagrada por la Ley 1448 de 2011, teniendo as\u00ed relaci\u00f3n directa con aquel, con lo cual no re\u00fane uno de los requisitos para que sea declarado merecedor de medidas de atenci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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