STC347-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC347-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00044-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Armando Orjuela Murillo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en calidad de \u00abheredero\u00bb de Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda (q.e.p.d.), reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, entre otras, supuestamente por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda (q.e.p.d.) present\u00f3 demanda contra Mar\u00eda Escilda Pi\u00f1a de Rodr\u00edguez, en procura de que se declarara la nulidad absoluta de la compraventa que consta en la escritura p\u00fablica n.\u00ba 2428 de 16 de diciembre de 1994, suscrita ante la Notar\u00eda 49 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, que se reconociera el pacto de un \u00abprecio irrisorio\u00bb sobre el cual se negoci\u00f3 el fundo y que se condenara al pago de los c\u00e1nones mensuales de arrendamiento que habr\u00eda percibido desde la fecha de suscripci\u00f3n del mentado instrumento junto con los intereses, entre otros aspectos. <\/p>\n
2.2. Lo anterior, toda vez que la Superintendencia de Sociedades, a trav\u00e9s de agente especial, habr\u00eda enajenado a la pasiva1, a trav\u00e9s del citado documento, 72 M2 del predio identificado con FMI n.\u00ba 50S-354127 \u2013conocido como \u2018El Saucedal\u2019\u2013, raz\u00f3n por la cual se dio apertura al nuevo FMI n.\u00ba 50S-40212188. El valor estipulado fue de $44.000. Ello, en el curso de la toma de posesi\u00f3n de los negocios, bienes y haberes de Luis Hernando Rodr\u00edguez Contreras, causa de la que se extendi\u00f3 la medida a Orjuela Santamar\u00eda2, pese a que \u00abno fueron socios\u00bb3. <\/p>\n
2.3. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de esa ciudad4 (rad. n.\u00ba 2009-00101), quien, el 30 de septiembre de 2019, dict\u00f3 fallo desestimatorio, tras colegir que no se acreditaron los presupuestos para acceder a la invalidaci\u00f3n deprecada; decisi\u00f3n confirmada en segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 30 de junio de 2022. <\/p>\n
2.4. En criterio del solicitante, con los rese\u00f1ados pronunciamientos se desconocieron las pruebas obrantes en esa actuaci\u00f3n, las cuales daban cuenta de que, por ejemplo, (i) \u00abno existe contrato de promesa de compraventa del bien inmueble, ni escrito, ni verbal, mal usado como causa obligatoria de la Escritura P\u00fablica 2428 de diciembre 16 de 1994 de la Notar\u00eda 49 de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb; (ii) \u00abPublio Armando Orjuela Santamar\u00eda no fue comerciante, ni urbanizador, ni existe prueba en contrario (contrato-fallo judicial), por lo que todos sus actos se rigen por el C\u00f3digo Civil\u00bb; (iii) \u00abno se conocieron, ni trataron, Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda y Mar\u00eda Escilda Pi\u00f1a de Rodr\u00edguez. \u00c9l no recibi\u00f3, ni le entreg\u00f3 nada a ella y ella\u00bb; (iv) \u00abno existi\u00f3 sociedad entre, Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda y Luis Rodr\u00edguez, ni fallo judicial que as\u00ed lo resolviera\u00bb; y (v) \u00abMar\u00eda Escilda Pi\u00f1a de Rodr\u00edguez, no aport\u00f3 por su inexistencia (\u2026) el contrato de promesa de compraventa -verbal o escrito- a su favor como promitente compradora y Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.5. Con todo, a\u00f1adi\u00f3, dada la enunciada venta, actualmente cursa demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Superintendencia de Sociedades y el Distrito Capital, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (rad. n.\u00ba 2011-00357); ya que, en su decir, all\u00ed se incurri\u00f3 en \u00abcuasidelito\u00bb. <\/p>\n
3. Con esos argumentos, pidi\u00f3, en compendio, que \u00abse revoquen los fallos rese\u00f1ados, por las razones jur\u00eddicas se\u00f1aladas y se concedan las pretensiones de la demanda, en el proceso declarativo ordinario de nulidad de Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda vs. Mar\u00eda Escilda Pi\u00f1a de Rodr\u00edguez y otros, con radicaci\u00f3n 11001 31 03 020 2009- 000101-02\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado sustanciador de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que \u00abla apelaci\u00f3n de sentencia emitida el 14 de diciembre de 2022 (sic) por el Juzgado 48 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 fue repartida a este despacho el 17 de octubre de 2019 bajo radicado 11001310302020090010102 y el 30 de junio de 2022 se resolvi\u00f3 la alzada, confirmando lo decidido por el a-quo\u00bb. <\/p>\n
2. El estrado a quo de la causa revisada alleg\u00f3 el enlace de acceso al expediente digital y relat\u00f3 las actuaciones del asunto. <\/p>\n
3. La Superintendencia de Sociedades adujo que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, que el actor no tiene poder para obrar y que, en todo caso, el amparo pretermite el presupuesto de tempestividad, toda vez que \u00abno es posible hacer excepciones en el presente caso al t\u00e9rmino de 6 meses, pues la parte actora es profesional del derecho y no acudieron (sic) a tiempo a la justicia, por el contrario, la acci\u00f3n constitucional parece una forma de remediar un problema econ\u00f3mico que tiene con la demandada en el proceso judicial, do\u00f1a Mar\u00eda Escilda Pi\u00f1a de Rodr\u00edguez, lo que no puede ser tolerado por la judicatura\u00bb. <\/p>\n
4. El Director General de la Caja de Vivienda Popular reliev\u00f3 que \u00abel actuar procesal del se\u00f1or Jorge Armando Orjuela consiste en someter nuevamente a discusi\u00f3n materia que fue objeto de decisi\u00f3n por \u2018parte de dos despachos diferentes (\u2026), en las que se le garantizaron todos los derechos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el curso del verbal de nulidad de compraventa de la referencia (rad. n.\u00ba 2009-00101), por haber ratificado el fallo desestimatorio del a quo, supuestamente, en desmedro de una adecuada valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica <\/p>\n
3. Del caso concreto. La acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional. <\/p>\n
Revisados los planteamientos formulados por el extremo convocante contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el curso del verbal de nulidad de escritura que promovi\u00f3 Publio Armando Orjuela Santamar\u00eda (q.e.p.d.) contra Mar\u00eda Escilda Pi\u00f1a de Rodr\u00edguez, observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por el censor es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y atacar, por esta senda, la decisi\u00f3n adversa; finalidad que resulta ajena a esta acci\u00f3n, pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse como instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una providencia judicial, no solo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del funcionario, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracterizan a la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, aun cuando el actor atribuye al fallo del ad quem en el citado asunto la incursi\u00f3n en causales espec\u00edficas de procedencia excepcional del amparo, de esas disertaciones no logra advertirse con suficiencia su configuraci\u00f3n, pues el escrito se ci\u00f1e a insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo al interior del proceso por los jueces competentes5, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento; es decir, lo que contienen los anotados argumentos no son otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que, se insiste, contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Con todo, es claro para la Sala que la intenci\u00f3n del promotor es exponer su particular interpretaci\u00f3n de las disposiciones legales y privilegiar su espec\u00edfica intelecci\u00f3n respecto de la actividad probatoria desplegada en esa causa, lo cual implicar\u00eda, como ya se vio, una nueva revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto la configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
Conforme con ello, no encuentra esta Sala configurada ninguna trasgresi\u00f3n iusfundamental, toda vez que, al margen de que se proh\u00edjen o no las consideraciones expuestas en la providencia objeto de censura, estas se muestran ajustadas a los espec\u00edficos puntos de debate en el sub-lite \u2013v. gr., la naturaleza de la compraventa cuya invalidaci\u00f3n se pidi\u00f3; el \u00abprecio irrisorio\u00bb como motivo de \u00abnulidad\u00bb del negocio, la causa y el objeto \u00abil\u00edcitos\u00bb\u2013, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno, m\u00e1xime cuando lo que se colige no es m\u00e1s que una divergencia conceptual. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por las razones expuestas en precedencia, el resguardo propuesto por el libelista no est\u00e1 llamado a prosperar; pues lo pretendido desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al exigir un determinado criterio frente al colegiado ad quem de la causa revisada, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Con posterioridad, el predio fue vendido a Jos\u00e9 Octaviano Vergara Sarmiento y Ana Isabel Baracaldo Parra, por medio de la escritura p\u00fablica 2699 de 22 de noviembre de 2001 de la Notar\u00eda 49 del Circuito de Bogot\u00e1, por la suma de $22.500.000, de acuerdo con la informaci\u00f3n consignada en el fallo de segunda instancia de ese asunto. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. Fallo de segunda instancia del tribunal. <\/p>\n
3\u0002 Al respecto, en el escrito inicial se indica que \u00abPublio Armando Orjuela Santamar\u00eda, quien no fue socio de Luis Rodr\u00edguez lo demand\u00f3-denunci\u00f3, ante la autoridad judicial competente, como se prueba con los documentos que militan en el expediente con radicaci\u00f3n 250002324000-2011-00357-01, cuya demanda esta admitida por la Secci\u00f3n Primera del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y confirmada por la Secci\u00f3n Primera del Consejo de Estado, refut\u00e1ndose as\u00ed lo mal dicho por el accionado Ad-quem en su fallo atacado, sobre una sociedad entre ellos, que no existi\u00f3 y que no puede probarse, ni est\u00e1 en el expediente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Luego de que se declarara la p\u00e9rdida de competencia por la pretermisi\u00f3n del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, respecto del estrado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de esa ciudad; quien, a su vez, recibi\u00f3 la foliatura del hom\u00f3logo Veinte Civil del Circuito de la misma localidad. <\/p>\n
5\u0002 En especial, lo relacionado con la alegada \u00abinexistencia del contrato de promesa de compraventa del bien inmueble\u00bb. <\/p>\n
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