STC351-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC351-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00049-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mario L\u00f3pez Aristiz\u00e1bal contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Aguachica y las partes e intervinientes en el juicio ejecutivo 2013-00208. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente mecanismo para reclamar la protecci\u00f3n de \u00ablos derechos y principios constitucionales del debido proceso, prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades\u2026 como presupuesto de la funci\u00f3n judicial y administrativa\u00bb. <\/p>\n
2. Dice que en su contra se adelanta la actuaci\u00f3n indicada precedentemente, promovida por Coalcesar Ltda., en la cual el entonces Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Aguachica (actualmente Juzgado Primero Penal del Circuito), en audiencia de 20 de junio de 2017, profiri\u00f3 sentencia estimatoria. <\/p>\n
Aduce que en la misma diligencia su apoderado present\u00f3 \u00abde una forma verbal\u2026 recurso de apelaci\u00f3n\u2026 con la sustentaci\u00f3n debida en hechos y derecho\u00bb al tiempo que, \u00aben [el] t\u00e9rmino que conced\u00eda el c\u00f3digo de procedimiento civil present[\u00f3] la sustentaci\u00f3n al recurso\u2026 en escrito\u00bb, procedi\u00e9ndose a la remisi\u00f3n del expediente al Tribunal Superior de Valledupar. <\/p>\n
Refiere que, frente a tal determinaci\u00f3n formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en el que \u00abbajo juramento y aportando las pruebas manifest[\u00f3] que, no obstante lo se\u00f1alado por el c\u00f3digo de procedimiento civil, en termino [sic] present[\u00f3] los correspondientes alegatos dentro de la plataforma propia del Tribunal\u00bb, el cual fue desestimado con prove\u00eddo de 12 de agosto siguiente. <\/p>\n
3. Para el gestor, el Tribunal Superior de Valledupar incurri\u00f3 en un defecto procedimental por excesivo ritualismo, al declarar la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, desconociendo que la sustent\u00f3 por escrito, inclusive, desde antes de que fuera admitida en segunda instancia. <\/p>\n
4. Como consecuencia, solicita, ordenar a la aludida colegiatura \u00abse pronuncie respecto de la apelaci\u00f3n presentada el 20 de junio de 2017, ante el Juzgado Civil del Circuito de Aguachica [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado accionado dio cuenta de las actuaciones surtidas en segunda instancia desde el arribo del expediente a esa colegiatura y advirti\u00f3 que las providencias censuradas encuentran soporte \u00aben las normas y jurisprudencia que rige al respecto, as\u00ed como en la libre formaci\u00f3n del convencimiento, no constituy\u00e9ndose entonces en una actuaci\u00f3n caprichosa, desfasada o arbitraria que enmarque dentro de los requisitos especiales para la procedencia del resguardo\u00bb. <\/p>\n
2. El Juez Civil del Circuito de Aguachica manifest\u00f3 desconocer el tr\u00e1mite dado al proceso objeto de escrutinio en tanto anteriormente funcionaba bajo la denominaci\u00f3n de Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el asunto estaba asignado al entonces Juzgado Primero Promiscuo del Circuito que fue transformado como Juzgado Primero Penal del Circuito, despacho que no le remiti\u00f3 este expediente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n convocada vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas al declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n que formul\u00f3 el ac\u00e1 actor contra la sentencia de primer grado proferida dentro del proceso ejecutivo n\u00ba 2013-00208 \u2013 autos de 31 de marzo de 2022 y 12 de agosto siguiente (que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n interpuesta)\u2013 desconociendo la sustentaci\u00f3n presentada ante el juzgado a quo. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3. Sobre el deber de sustentar en segunda instancia el recurso de apelaci\u00f3n, a la luz del Decreto 806 de 2020 <\/p>\n
El Decreto 806 de 2020 \u00abpor el cual se adoptan medidas para implementar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica\u00bb, regul\u00f3 en el art\u00edculo 14 el tr\u00e1mite para adelantar la apelaci\u00f3n de sentencias en los procesos civiles y de familia, preceptuando que: <\/p>\n
\u00abSin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alados en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto. <\/p>\n
Si se decretan pruebas, el juez fijar\u00e1 fecha y hora para la realizaci\u00f3n de la audiencia en la que se practicaran, se escucharan alegatos y se dictar\u00e1 sentencia. La sentencia se dictar\u00e1 en los t\u00e9rminos establecidos en el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (Negrilla a prop\u00f3sito). <\/p>\n
Lo anterior da cuenta que, a la luz del citado decreto \u2013 vigente para la \u00e9poca de los hechos en los que se sustenta este resguardo -, el tr\u00e1mite de la segunda instancia estar\u00e1 regido por la escrituralidad, y no, como ocurre en el r\u00e9gimen de oralidad propio del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo esbozado, resulta imperioso abordar el debate en torno a la factibilidad de declarar la deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de sentencias cuando el recurso se hubiere sustentado por escrito, antes de la oportunidad se\u00f1alada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, puesto que, finalmente, lo que se pretende dilucidar es si el recurrente cumpli\u00f3 con la carga argumentativa que se le impone, no obstante, lo hubiese hecho, como ya se indic\u00f3, de manera anticipada al t\u00e9rmino reglado en el referido precepto. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala, mayoritariamente, ha indicado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. <\/p>\n
En efecto, en el panorama actual (escrito) la desatenci\u00f3n de la parte en relaci\u00f3n con el momento preliminar en que sustenta su inconformidad no muestra implicaciones mayores que justifiquen la abstenci\u00f3n del ad- quem de decidir de fondo, ya que, como la misiva contentiva de dicha sustentaci\u00f3n ya est\u00e1 al alcance del juez, resulta excesivo aplicar sin detenimiento la deserci\u00f3n\u00bb (Negrilla a prop\u00f3sito). (STC5790-2021; rad. n\u00ba 2021-00975-00, de 24 de mayo de 2021). <\/p>\n
Significa, lo anterior, que aunque se discrepe de la pretemporaneidad en la sustentaci\u00f3n del recurso, es decir, que se allegue previo a la oportunidad que se\u00f1ala el canon 14 del citado decreto, no se puede desconocer que ese escrito cumple con la carga de sustentar la apelaci\u00f3n, por lo tanto, resulta desproporcionado que se imponga como sanci\u00f3n la deserci\u00f3n del mismo, lo cual, ineludiblemente, conduce a la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que concluy\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, en un caso similar precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[a]hora, no es que la Corte se est\u00e9 contradiciendo con las pautas que traz\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso en virtud de la carga del recurrente de sustentar ante el superior y en audiencia, pues all\u00e1, en el contexto de la oralidad y de la prohibici\u00f3n de sustituir las intervenciones orales por escrito, no luc\u00eda desmesurado sancionar al recurrente con la deserci\u00f3n del recurso, puesto que al no existir otro momento en el que el censor pod\u00eda proponer sus argumentos de inconformidad verbalmente, el no asistir a la vista p\u00fablica destinada para el efecto conllevaba la no sustentaci\u00f3n del acto de impugnaci\u00f3n; pero, en estos tiempos, en el panorama de la escritura, cuando la formalidad a la que est\u00e1 ligada el ejercicio del derecho fundamental a la doble instancia y de impugnaci\u00f3n ha cumplido su finalidad, pese a su cumplimiento imperfecto por parte del recurrente, la imposici\u00f3n de esa consecuencia parece desproporcionada. <\/p>\n
En suma, el recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en vigencia del Decreto 806 de 2020, deber\u00e1 sustentarse ante el superior por escrito y dentro del t\u00e9rmino de traslado indicado en el art\u00edculo 14 de esa norma. Toda sustentaci\u00f3n posterior a ese lapso o la omisi\u00f3n del acto procesal desemboca, sin duda, en la deserci\u00f3n de la opugnaci\u00f3n. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de aquellas que se realicen con anterioridad a ese l\u00edmite temporal, comoquiera que, aun cuando resulta ser una actuaci\u00f3n inesperada y errada del censor, de todos modos se cumple con el acto procesal aludido y el juzgador de segundo grado, en \u00faltimas, ya conoce de los argumentos de inconformidad que le dan competencia para resolver, sin que ello implique ninguna afectaci\u00f3n a los derechos del no recurrente, pues el apelante no guard\u00f3 silencio, no super\u00f3 los t\u00e9rminos establecidos para el efecto, as\u00ed como \u00abno se causa dilaci\u00f3n en los tr\u00e1mites, ni se sorprende a la contraparte, ni se vulneran sus derechos, ni implica acortamiento de los t\u00e9rminos\u00bb. Lo contrario, provoca incurrir en un exceso ritual manifiesto en el asunto concreto\u00bb (STC5790-2021; rad. n\u00ba 2021-00975-00, de 24 de mayo de 2021). <\/p>\n
4. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que la Sala realiza del asunto sometido a su escrutinio y con vista en la informaci\u00f3n sobre la actuaci\u00f3n procesal que se encuentra adosada al expediente, se establece que el resguardo habr\u00e1 de concederse, comoquiera que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, al interior del juicio ejecutivo 2013-00208 incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional senda. <\/p>\n
4.1. En primer lugar, n\u00f3tese que, mediante escrito presentado el 27 de junio de 2017, el ac\u00e1 gestor, por conducto de su apoderado, complement\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en audiencia de 20 de junio anterior contra el fallo proferido en aquella vista p\u00fablica, y en esa oportunidad plante\u00f3 diversos cuestionamientos que el mismo recurrente consider\u00f3 aptos para ser abordados por el tribunal. <\/p>\n
Sin embargo, la colegiatura convocada declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada desconociendo que el censor cumpli\u00f3 con la carga de sustentarla, aun cuando lo hizo con anterioridad a los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que adecu\u00f3 el tr\u00e1mite procesal de la segunda instancia a las disposiciones consagradas en el Decreto 806 de 2020, expedido el 8 de marzo de 2022, lo cual trunc\u00f3 su derecho a la doble instancia. <\/p>\n
Al respecto, lo que concern\u00eda dilucidar a la colegiatura era si en la referida intervenci\u00f3n la parte recurrente expres\u00f3 \u00ablas razones de su inconformidad con la providencia apelada\u00bb, como en efecto se aprecia del memorial contentivo de la alzada, pero no exigir una sustentaci\u00f3n por escrito adicional, que supliera la exposici\u00f3n oral obligatoria en el estatuto procedimental. <\/p>\n
4.2. De esta forma, el yerro en cuesti\u00f3n \u2013y con ello la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia por ver frustrada la segunda instancia\u2013 se configura cuando el juez \u00ab(i) aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situaci\u00f3n se encuentre comprobada; [y] (iii) incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb (CC T-031\/16), tambi\u00e9n, cuando \u00abpor un apego extremo y una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva patente en los hechos, deriv\u00e1ndose de su actuar una inaplicaci\u00f3n de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial\u00bb (CC T-234\/17). <\/p>\n
Cabe recordar que este defecto de procedibilidad est\u00e1 \u00edntimamente ligado a lo previsto en el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del principio de prevalencia del derecho sustancial, donde se establece que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, aunado a que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, se impone conceder el ruego constitucional, porque la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Valledupar, a trav\u00e9s de la que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el ac\u00e1 gestor, evidencia un exceso ritual manifiesto en los t\u00e9rminos ya indicados, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 dejar sin valor ni efecto la providencia cuestionada y la actuaci\u00f3n subsiguiente a ella, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado mecanismo defensivo. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se advierte configurada la v\u00eda de hecho y la consecuente vulneraci\u00f3n al debido proceso por defecto procedimental \u2013 exceso ritual manifiesto; porque el colegiado recriminado, pese a contar con suficientes elementos a su alcance para resolver el m\u00e9rito de la discusi\u00f3n, no los tuvo en consideraci\u00f3n al dar primac\u00eda a las formas de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n sobre el derecho sustancial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER amparo a los derechos fundamentales de Mario L\u00f3pez Aristiz\u00e1bal, lesionados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. <\/p>\n
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR sin valor ni efecto los prove\u00eddos de 31 de marzo y 12 de agosto de 2022, proferidos dentro del ejecutivo n\u00ba 2013-00208, mediante los cuales el Tribunal Superior de Valledupar declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n y resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, respectivamente, as\u00ed como las decisiones que de aqu\u00e9llos se desprendan. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este pronunciamiento, adopte las medidas necesarias para continuar el tr\u00e1mite pertinente, atendiendo las razones dadas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
CUARTO: COMUNICAR lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, remitir las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2023-00049-00 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n adoptada en la acci\u00f3n de tutela que Mario L\u00f3pez Aristiz\u00e1bal formul\u00f3 contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes, <\/p>\n
En el proceso ejecutivo promovido por Coalcesar Ltda., contra el accionante, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Aguachica (actualmente Juzgado Primero Penal del Circuito), en audiencia de 20 de junio de 2017 profiri\u00f3 sentencia, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandado en forma verbal en la diligencia \u00abcon la sustentaci\u00f3n debida en hechos y derecho\u00bb. <\/p>\n
Remitido el expediente al Tribunal Superior de Valledupar admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n el 18 de julio de 2017, y en providencia de 31 de marzo de 2022 la declar\u00f3 desierta, decisi\u00f3n que recurrida en reposici\u00f3n mantuvo el 12 de agosto de 2022. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, concedi\u00f3 el amparo reclamado por Mario L\u00f3pez Aristiz\u00e1bal, por defecto procedimental – exceso ritual manifiesto, tras considerar, <\/p>\n
(\u2026) 4.1. En primer lugar, n\u00f3tese que, mediante escrito presentado el 27 de junio de 2017, el ac\u00e1 gestor, por conducto de su apoderado, complement\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en audiencia de 20 de junio anterior contra el fallo proferido en aquella vista p\u00fablica, y en esa oportunidad plante\u00f3 diversos cuestionamientos que el mismo recurrente consider\u00f3 aptos para ser abordados por el tribunal. <\/p>\n
Sin embargo, la colegiatura convocada declar\u00f3 la deserci\u00f3n de la alzada desconociendo que el censor cumpli\u00f3 con la carga de sustentarla, aun cuando lo hizo con anterioridad a los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que adecu\u00f3 el tr\u00e1mite procesal de la segunda instancia a las disposiciones consagradas en el Decreto 806 de 2020, expedido el 8 de marzo de 2022, lo cual trunc\u00f3 su derecho a la doble instancia. <\/p>\n
Al respecto, lo que concern\u00eda dilucidar a la colegiatura era si en la referida intervenci\u00f3n la parte recurrente expres\u00f3 \u00ablas razones de su inconformidad con la providencia apelada\u00bb, como en efecto se aprecia del memorial contentivo de la alzada, pero no exigir una sustentaci\u00f3n por escrito adicional, que supliera la exposici\u00f3n oral obligatoria en el estatuto procedimental. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
4.3. As\u00ed las cosas, se impone conceder el ruego constitucional, porque la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Valledupar, a trav\u00e9s de la que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el ac\u00e1 gestor, evidencia un exceso ritual manifiesto en los t\u00e9rminos ya indicados, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 dejar sin valor ni efecto la providencia cuestionada y la actuaci\u00f3n subsiguiente a ella, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado mecanismo defensivo. (\u2026) <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por Mario L\u00f3pez Aristiz\u00e1bal. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020, (el 8 de marzo de 2022 el Tribunal Superior de Valledupar adecu\u00f3 el tr\u00e1mite del recurso a las disposiciones consagradas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020), mis razones son las siguientes: <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Se acent\u00faa que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Decreto 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, el amparo propuesto no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, no es otro que el efecto previsto por el legislador ante el incumplimiento del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el funcionario competente (la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar) y, en la oportunidad se\u00f1alada, lo que evidencia la razonabilidad de la providencia del juez natural. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00049-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que acogieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con dicha soluci\u00f3n. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado por Mario L\u00f3pez Aristiz\u00e1bal contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar y, en consecuencia, tras dejar sin valor ni efecto los autos de 31 de marzo y 12 de agosto de 2022, en el proceso ejecutivo n\u00ba 2013-00208, mediante los cuales la Magistratura accionada declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo de primera instancia y resolvi\u00f3 el de reposici\u00f3n propuesto contra \u00e9ste, le orden\u00f3 adoptar las medidas necesarias para continuar el tr\u00e1mite pertinente. <\/p>\n
En respaldo de esa decisi\u00f3n, precis\u00f3 que a la luz del Decreto 806 de 2020, \u00ab-vigente para la \u00e9poca de los hechos en los que se sustenta este resguardo -, el tr\u00e1mite de la segunda instancia estar\u00e1 regido por la escrituralidad, y no, como ocurre en el r\u00e9gimen de oralidad propio del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Memor\u00f3 precedente de la misma Sala, seg\u00fan el cual, <\/p>\n
(\u2026) a pesar de que las condiciones de tiempo y modo establecidas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 se muestran estimables frente a libertad de configuraci\u00f3n del legislador, a la hora de observar la tem\u00e1tica en el plano supralegal y en relaci\u00f3n con los casos concretos, no es admisible la aplicaci\u00f3n autom\u00e1tica e irreflexiva de la sanci\u00f3n que contempla la norma en el caso de que se sustente por escrito de forma prematura, esto es, antes de que inicie el conteo de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite el recurso o niega la pr\u00e1ctica de pruebas; pues, esa tarea debe estar soportada en un an\u00e1lisis ponderado en aras de establecer si las particularidades del caso permiten concluir que la sustentaci\u00f3n anticipada era suficiente para la resoluci\u00f3n de la alzada, sin que lo adelantado en esa gesti\u00f3n conlleve a sancionar al litigante de forma tan dr\u00e1stica como es el cercenamiento de la segunda instancia. <\/p>\n
En efecto, en el panorama actual (escrito) la desatenci\u00f3n de la parte en relaci\u00f3n con el momento preliminar en que sustenta su inconformidad no muestra implicaciones mayores que justifiquen la abstenci\u00f3n del ad quem de decidir de fondo, ya que, como la misiva contentiva de dicha sustentaci\u00f3n ya est\u00e1 al alcance del juez, resulta excesivo aplicar sin detenimiento la deserci\u00f3n. (Negrilla a prop\u00f3sito). (STC5790-2021; rad. n\u00ba 2021-00975-00, de 24 de mayo de 2021). <\/p>\n
Significa, lo anterior, que aunque se discrepe de la pretemporaneidad en la sustentaci\u00f3n del recurso, es decir, que se allegue previo a la oportunidad que se\u00f1ala el canon 14 del citado decreto, no se puede desconocer que ese escrito cumple con la carga de sustentar la apelaci\u00f3n, por lo tanto, resulta desproporcionado que se imponga como sanci\u00f3n la deserci\u00f3n del mismo, lo cual, ineludiblemente, conduce a la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que concluy\u00f3 la primera instancia. <\/p>\n
Coligi\u00f3, entonces, para el caso concreto, que: <\/p>\n
(\u2026) 4.3.- As\u00ed las cosas, se impone conceder el ruego constitucional, porque la decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Valledupar, a trav\u00e9s de la que declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el ac\u00e1 gestor, evidencia un exceso ritual manifiesto en los t\u00e9rminos ya indicados, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 dejar sin valor ni efecto la providencia cuestionada y la actuaci\u00f3n subsiguiente a ella, para que la citada autoridad proceda nuevamente a tramitar, en lo que corresponda, el mencionado mecanismo defensivo. <\/p>\n
2.- No comparto la determinaci\u00f3n, principalmente, porque la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por el precursor. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
2.1.- El Decreto 806 de 2020, adoptado como legislaci\u00f3n permanente en la Ley 2213 de 2022, modific\u00f3 la segunda etapa en la que, de conformidad con los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelaci\u00f3n de decisiones judiciales, esto es, ante el de juez de segunda instancia: admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. Modificaci\u00f3n que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite el recurso\u201d, actuaci\u00f3n cuya competencia est\u00e1 adscrita al superior y no al juez de primer nivel. <\/p>\n
Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la decisi\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Mucho menos, se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo rogado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n del recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la determinaci\u00f3n del juez plural confutado. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Previamente, el 8 de marzo de 2022, la colegiatura hab\u00eda adecuado el tr\u00e1mite del recurso a las disposiciones consagradas en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
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STC351-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC351-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00049-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Mario L\u00f3pez Aristiz\u00e1bal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70218","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70218","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70218"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70218\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70218"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70218"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70218"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}