STC356-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC356-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02154-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Helena Robledo G\u00f3mez contra el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, conformado por la \u00e1rbitra Betty Mercedes Mart\u00ednez C\u00e1rdenas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por el acusado. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abdeje si[n] efecto el auto dictad[o] el 30 de septiembre de 2022 y toda la actuaci\u00f3n posterior desplegada que dependa de tal prove\u00eddo\u00bb; y se \u00abordene al Tribunal accionado que cite a las partes a la audiencia de fijaci\u00f3n de honorarios y gastos conforme a los lineamientos que se fijen en la sentencia que decida esta acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 14 de julio de 2022 se instal\u00f3 Tribunal de Arbitramento en el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 para dirimir las diferencias surgidas entre Helena Robledo G\u00f3mez y la sociedad Inver Roberca SAS, pretendiendo que: (i) se declarara sin valor ni efecto la decisi\u00f3n aprobatoria de los estados financieros adoptada en asamblea de socios llevada a cabo el 31 de marzo de 2022, pues los valores registrados en las cuentas por cobrar a socios no eran reales y los registros contables carec\u00edan de objetividad, realidad econ\u00f3mica, soporte contable legal y profesionalismo; (ii) se ordenara la elaboraci\u00f3n de unos nuevos estados financieros; y (iii) se condenara al pago de $8.000.000 o al monto que fijara el Tribunal por el perjuicio moral causado. <\/p>\n
2.2. El 30 de septiembre de 2022 el referido Tribunal resolvi\u00f3 devolver el expediente al Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 a fin de que realizara la integraci\u00f3n de un nuevo Tribunal de acuerdo con las reglas del mismo y con base en la informaci\u00f3n revelada, as\u00ed como dispuso la cesaci\u00f3n de sus funciones. Esta decisi\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n pero se mantuvo. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la accionante que la demanda fue admitida y contestada dentro del plazo concedido; y que en la audiencia de conciliaci\u00f3n y fijaci\u00f3n de honorarios se dispuso devolver el expediente al Centro de Arbitraje, incurriendo con ello en los defectos f\u00e1ctico y sustantivo. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo General del Proceso determinaba como se establec\u00eda la cuant\u00eda, se\u00f1alando que era el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tener en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados; y que el libelo ten\u00eda dos pretensiones, la primera, dejar sin efecto la decisi\u00f3n de 31 de marzo de 2022 y, la segunda, el pago de $8.000.000, es decir, una declarativa y otra de condena, siendo esta \u00faltima la cantidad de dinero que se reclamaba. <\/p>\n
2.5. Adujo que esperaba que se tuviera en cuenta dicho valor econ\u00f3mico para fijar los honorarios y gastos que deb\u00edan asumirse por ambas partes, lo que no aconteci\u00f3, pues se consider\u00f3 que las pretensiones eran de \u00ab1.294 millones de pesos y no de 8 millones\u2026\u00bb, lo que imped\u00eda continuar con el tr\u00e1mite por tratarse de un proceso de mayor cuant\u00eda, debiendo ser designado el arbitro de la lista A y no de la B. <\/p>\n
2.6. Adujo que se desconoc\u00eda lo pedido en forma expresa; que no se solicit\u00f3 condena distinta al pago del da\u00f1o moral, por lo que lo dem\u00e1s era una desarcertada adici\u00f3n; y que la deuda de los socios de los a\u00f1os 2020 y 2021 no ten\u00eda alcance de pretensi\u00f3n sino de informaci\u00f3n, en tanto que no estaba ajustada a la realidad econ\u00f3mica y no exist\u00eda documento que sustentara la aceptaci\u00f3n de obligaciones a cargo de los socios minoritarios. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que el Tribunal no pod\u00eda anticiparse a vislumbrar los efectos que se pudieran derivar de la petici\u00f3n de nulidad deprecada y concluir as\u00ed el monto de lo pretendido; que no discut\u00eda que la declaratoria de invalidez ten\u00eda consecuencias pero no siempre conllevaba a una condena dineraria; que se le imposibilitaba acudir a la jurisdici\u00f3n ordinaria por la existencia de la cl\u00e1usula compromisoria; y que la demandada no cuestion\u00f3 la cuant\u00eda al replicar, ni el Tribunal al admitir el asunto. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 copia del expediente electr\u00f3nico. <\/p>\n
2. Betty Mercedes Mart\u00ednez C\u00e1rdenas indic\u00f3 que el proceso no se termin\u00f3, sino que se dispuso designar un nuevo \u00e1rbitro en consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda del asunto; que el Tribunal deb\u00eda limitar el valor econ\u00f3mico en disputa y la cuant\u00eda para establecer los honorarios; que se actu\u00f3 conforme al pacto arbitral invocado; que no se cumpl\u00edan con los requisitos de procedibilidad del amparo; que no exist\u00edan defectos constitutivos de v\u00eda de hecho en la decisi\u00f3n de 30 de septiembre de 2022, ni vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se advert\u00eda la incursi\u00f3n en defectos sustantivo y f\u00e1ctico denunciado, pues dentro de las particularidades del proceso arbitral promovido se encontraba que el reglamento determinaba la categor\u00eda de los \u00e1rbitros y los rangos en salarios m\u00ednimos para establecer la clase de lista de donde se designan; que en la primera pretensi\u00f3n se hizo una alusi\u00f3n a la certeza o veracidad de los valores de las cuentas por cobrar incluidos en los estados financieros cuya anulaci\u00f3n o invalidez se demandaba \u2013en cifras determinadas como dato necesario de la confrontaci\u00f3n-, las que otorgaban la plausibilidad echada de menos; que no se cerraba el acceso a esa especie de administraci\u00f3n de justicia, sino que qued\u00f3 diferido a la integraci\u00f3n de un tribunal acorde al sustrato del litigio y al respectivo reglamento; que lo pretendido era que se realizara un an\u00e1lisis y ponderaci\u00f3n entre las posturas jur\u00eddicas y f\u00e1cticas del litigio; que si la \u00e1rbitro vio que la cuant\u00eda del proceso era determinable y de ello depend\u00eda la fijaci\u00f3n de honorarios y la categor\u00eda de los falladores que deb\u00edan conocer, conforme a la interpretaci\u00f3n de la demanda y al reglamento del Centro de Arbitraje, desde la perspectiva constitucional, no se evidenciaba yerro garrafal que habilitara la intervenci\u00f3n del juez de tutela; y que se buscaba un nuevo pronunciamiento, lo que no se abr\u00eda paso, pues adem\u00e1s de no observarse arbitrariedad, no bastaba con la dispariedad de criterio para dejar sin piso una decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no se trataba de una disparidad de criterio sino de una desacertada interpretaci\u00f3n de la demanda arbitral. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el estrado del circuito criticado, en la providencia de 30 de septiembre de 2022, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026tras advertir este Tribunal que del estudio de las pretensiones de la demanda, la contestaci\u00f3n a la misma y lo establecido en la cl\u00e1usula compromisoria, se hizo necesario revisar la cuant\u00eda del proceso conforme con la informaci\u00f3n allegada al proceso a efectos de poder determinar la cuant\u00eda del proceso sobre los cuales se podr\u00edan fijar los honorarios del mismo, estudio que una vez realizado determina que se debe adoptar medidas para sanear vicios del proceso al tenerse que se encuentra indebidamente integrado el Tribunal, lo cual afecta su competencia y por ende al tr\u00e1mite. <\/p>\n
En efecto, constatado que la pretensi\u00f3n primera de la demanda est\u00e1 orientada a que se declare la nulidad y sin valor ni efecto alguno la decisiones adoptadas por la sociedad Inver Roberca S.A.S. en asamblea ordinaria del d\u00eda 31 de marzo de 2022 en el sentido de aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, cuentas que, conforme los hechos de la demanda generaron un inconformismo de la demandante respecto del aumento en las cuentas por cobrar por monto total de mil doscientos noventa y cuatro millones doscientos noventa mil setecientos setenta y cinco pesos con ocho centavos ($1.294.290.775,08), dentro de la cual el se\u00f1or Roberto Caldas Cano ten\u00eda a su cargo $5.314.249,67, Helena Robledo $539.258.488,39, Mateo Caldas Robledo $491.975.178,64 y Sofia Caldas Robledo $257.742.858,38, cuando ese mismo reporte para el a\u00f1o 2020 era de mil doscientos ochenta y nueve millones sesenta y un mil seiscientos ochenta y seis pesos con treinta centavos ($1.289.061.686,30) distribuidos as\u00ed: Roberto Caldas Cano $1.049.184.171,91, Helena Robledo $113.687.008,39, Mateo Caldas Robledo $19.972.112,oo y Sofia Caldas Robledo $84.522.124,oo, resultando notorio la disminuci\u00f3n de la deuda a cargo del se\u00f1or Roberto Caldas Cano y el aumento de las mismas respecto de sus hijos y exc\u00f3nyuge. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta evidente que la cuant\u00eda del caso en este asunto resulta determinable en funci\u00f3n del montos sobre el cual se funda la petici\u00f3n de nulidad consistente en la aparente irregularidad respecto del aumento de las deudas sobre los socios Helena Robledo, Mateo Caldas Robledo y Sofia Caldas Robledo y la disminuci\u00f3n de la misma en cabaza del se\u00f1or Roberto Caldas Cano, cuant\u00eda tasada en mil doscientos noventa y cuatro millones doscientos noventa mil setecientos setenta y cinco pesos con ocho centavos ($1.294.290.775,08), siendo esta, en raz\u00f3n a los efectos que acarrea la nulidad, la certera cifra sobre la cual podr\u00eda determinarse la cuant\u00eda del proceso. <\/p>\n
Ahora y teniendo en cuenta que la designaci\u00f3n del \u00e1rbitro se realiz\u00f3 por sorteo llevado a cabo el d\u00eda 16 de junio de 2022 de la lista \u201cB\u201d, tras no haberse designado de mutuo acuerdo en sesi\u00f3n del 14 de junio del mismo a\u00f1o, seg\u00fan consta en el Informe de Designaci\u00f3n de \u00e1rbitros, en el tr\u00e1mite de este arbitraje se aplica el Reglamento interno de Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1. Seg\u00fan este reglamento los asuntos de menor cuant\u00eda, es decir, inferior a los 400 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes \u2013 SMLMV, son conocidos por los \u00e1rbitros de la lista \u201cB\u201d y los de mayor cuant\u00eda, ello es, igualo superior a los 400 SMLMV, por los \u00e1rbitros que integran la lista \u201cA\u201d. En consecuencia y con el fin de evitar un eventual vicio de nulidad sobre el tr\u00e1mite arbitral, se hace necesario devolver el expediente al de Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, para que realice la designaci\u00f3n de un nuevo \u00e1rbitro de acuerdo con las reglas y la cuant\u00eda revelada con la informaci\u00f3n aportada en el proceso por las partes. <\/p>\n
En este sentido, el Tribunal adoptar\u00e1 las medidas de saneamiento pertinentes, disponiendo la devoluci\u00f3n del expediente al Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 y la cesaci\u00f3n de sus funciones. <\/p>\n
Y al resolver la reposici\u00f3n impetrada por el extremo actor, dispuso que: <\/p>\n
\u2026En\u2026 primer t\u00e9rmino, debe se\u00f1alar, como lo indic\u00f3 en el auto recurrido, que la decisi\u00f3n sobre la cual devel\u00f3 la cuant\u00eda del proceso no surgi\u00f3 de un ejercicio interpretativo de los hechos de la demanda, sino \u201c\u2026del estudio de las pretensiones de la demanda, la contestaci\u00f3n a la misma y lo establecido en la cl\u00e1usula compromisoria\u201d, es decir, de la litis, una vez trabada la misma, ejercicio que en sede de arbitraje y para los efectos de la determinaci\u00f3n de los honorarios del Tribunal resulta incluso necesario tener en cuenta, precisamente para validar tanto la integraci\u00f3n del Tribunal como la fijaci\u00f3n de la competencia en raz\u00f3n al monto econ\u00f3mico de los asuntos sometidos al arbitramento. <\/p>\n
En segundo lugar, y en ese orden, tenemos que la demanda considerada de manera aislada indujo en error tanto al Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 como al Tribunal en las etapas previas a la fijaci\u00f3n de honorarios, pues postulando una pretensi\u00f3n por concepto de perjuicios morales, apart\u00f3 del debate los efectos que acarrean la petici\u00f3n de nulidad. <\/p>\n
En tercer lugar y en sede de lo pedido en la pretensi\u00f3n primera de la demanda, no puede desconocerse que la raz\u00f3n de la petici\u00f3n de nulidad se pide \u201c\u2026por cuanto los valores que aparecen registrados en las cuentas por cobrar a los socios no son reales, y los registros contables con fundamento en los cuales se hicieron carecen de objetividad, realidad econ\u00f3mica, soporte contable legal y profesionalismo, es decir, no se ajustan a las prescripciones legales\u201d, dejando claro que podr\u00eda el Tribunal llegar a la conclusi\u00f3n de anular \u201cla decisi\u00f3n\u201d, incluso de manera absoluta, seg\u00fan lo que pudiere resultar de las pruebas en este caso, de haber evidencia que condujere a una nulidad absoluta, incluso de oficio, esto es aun sin petici\u00f3n de parte de conformidad con el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil. Este art\u00edculo 1742 del C.C. como aquellos que establecen la nulidad sus clases y efectos, en el T\u00edtulo XX del Libro IV del C\u00f3digo Civil, son aplicables en materia mercantil por efecto del art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Para de ilustrar lo anterior la Corte Suprema de Justicia en decisi\u00f3n del ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021), con ponencia del Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo (Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-31- 03-009-2015-00756-01), se\u00f1al\u00f3: \u201cEn otras palabras, el menoscabo viene a estar determinado en este caso por lo que le pueda suponer en t\u00e9rminos patrimoniales a la sociedad hasta ahora no solventar deudas libremente reconocidas, merced a la declaratoria de nulidad de los \u00edtems que las establec\u00edan, por cuanto ese reconocimiento desaparece y retrotrae el camino andado dejando a la compa\u00f1\u00eda en el estado en el que a\u00fan no deb\u00eda hacer la erogaci\u00f3n pertinente porque no ha aceptado d\u00e9bito alguno.\u201d (Destacado fuera del texto). <\/p>\n
As\u00ed las cosas el Tribunal no encuentra razones por la cuales deba revocar su decisi\u00f3n y en ese sentido confirmar\u00e1 lo decidido en el auto objeto del recurso. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n censurada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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