STC361-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC361-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2022-00450-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 7 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Restrepo Zapata contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2022-00279. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba allegados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El 16 de marzo de 2022, el gestor present\u00f3 acci\u00f3n popular contra Giovanny C\u00e1rdenas G\u00f3mez1, debido a que, supuestamente, el establecimiento de comercio G & C Tours no cuenta con \u00abconvenio actual con entidad id\u00f3nea certificada por el ministerio de educaci\u00f3n nacional, apta para atender la poblaci\u00f3n objeto de la ley 982 de 2005\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al fallador enjuiciado, quien mediante prove\u00eddo del d\u00eda 29 del mismo mes y a\u00f1o admiti\u00f3 la demanda y, luego de agotar el tr\u00e1mite de rigor, mediante sentencia del 11 de agosto de 2022 ampar\u00f3 el derecho colectivo al acceso a los servicios reclamados y a que la prestaci\u00f3n de los mismos sean eficientes y oportunos. <\/p>\n
Posteriormente, mediante autos del 24 de octubre de esa misma anualidad se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las costas procesales, y, se requiri\u00f3 a la parte accionada para que constituyera la p\u00f3liza que le fue ordenada en la sentencia, determinaciones que fueron atacadas en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n por el actor popular, pues en su criterio, \u00abFIJA[R] costas-agencias en derecho, EN SUMA DE $10 000 A MI FAVOR COMO ACTORPOPULAR, demerita mi labor, olvidando que gracias a mi vigilancia judicial, esfuerzo emocional, recursos, memoriales, tutelas, etc, se AMPARO (SIC) MI ACCI\u00d3N POPULAR; y por otro lado, \u00abrepongo el auto donde el juzgador cree poder modificar lo ordenado en la sentencia y ampl\u00eda el plazo para cumplir con lo ordenado, olvidando que no le est\u00e1 permitido en ley\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial convocada \u00abinmediatamente resolver la reposici\u00f3n EN T\u00c9RMINOS PERENTORIOS DE TIEMPO QUE LE IMPONE ART 120 CGP\u00bb; as\u00ed mismo pidi\u00f3 a la \u00abprocuradora general de la naci\u00f3n (\u2026) se pronuncie en derecho y adem\u00e1s ordene vigilancia judicial y administrativa para el despacho tutela en todas las acciones populares que tramite el juzgador, indicando dia (sic), mes y a\u00f1o en que la ordenara y demostrara en derecho la procuradora general naci\u00f3n de qu\u00e9 manera en derecho ACT\u00daA EL PROCURADOR DELEGADO EN ACCIONES POPULARES EN EL DESPACHO TUTELADO Y EN MI ACCION POPULAR GARANTIZANDO ART 29 CN o por el contrario consignar\u00e1 que dicho procurador delegado incumple su funci\u00f3n deber y le investigara (sic)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Procuradora Regional de Risaralda precis\u00f3 que su \u00abintervenci\u00f3n est\u00e1 orientada, de ser el caso, a la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026) sin que [cuente con la] facultad de tomar decisiones frente al tr\u00e1mite del proceso judicial\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el gestor no ha presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
2. El jefe de la oficina jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa entidad de las presentes diligencias, toda vez que \u00aben caso de ser requerida atenci\u00f3n por cualquier ciudadano residente en el territorio colombiano, este podr\u00e1 acudir a los canales institucionales dispuestos de conformidad con lo dispuesto en el documento denominado \u201cGu\u00eda para la gesti\u00f3n y parametrizaci\u00f3n en el sistema de las peticiones, quejas, denuncias, reclamos o sugerencias de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u201d aprobado el 19 de diciembre de 2019 y la Resoluci\u00f3n N\u00b0 9 de 2017; (\u2026) circunstancia que no se evidencia satisfecha en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Pereira tambi\u00e9n solicit\u00f3 ser apartada del tr\u00e1mite constitucional por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, al no tener injerencia alguna frente a lo reclamado por el interesado. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, tras relacionar cada una de las actuaciones desplegadas al interior del asunto constitucional criticado, pidi\u00f3 denegar la acci\u00f3n, por cuanto el ejercicio de la misma \u00abexige que el accionante no cuente con otros mecanismos que le permitan ejercer su derecho de defensa dentro de la actuaci\u00f3n donde alega la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando a diferencia de lo considerado por el inconforme, no ha existido demora alguna en el tr\u00e1mite del asunto revisado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al considerar que \u00abal haberse fijado el respectivo traslado [de los recursos interpuestos] el 25 de noviembre de este a\u00f1o, es decir en el curso de esta acci\u00f3n de tutela iniciada desde el 17 de noviembre pasado, se presenta un hecho superado frente a la demora en el tr\u00e1mite del recurso (el traslado por secretar\u00eda), sin que pueda predicarse en este momento demora del despacho en pronunciarse de fondo sobre el mismo pues, se repite, el t\u00e9rmino legal para ese efecto no ha vencido hasta el momento\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el convocante, se\u00f1alando ser \u00abLAMENTABLE QUE solo con tutelas y mas (sic) tutelas y tutelas, el accionado trate de cumplir terminos (sic) perentorios de tiempo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad querellada, dentro de la acci\u00f3n popular adelantada por el interesado frente a Giovanny C\u00e1rdenas G\u00f3mez en su condici\u00f3n de propietario del establecimiento de comercio G & C Tours (n\u00b0 2022-00279), lesion\u00f3 la garant\u00eda fundamental invocada al no resolver en t\u00e9rmino los mecanismos interpuestos contra las decisiones proferidas el 24 de octubre de 2022. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC2747-2022, 9 mar. 2022, rad. 00027-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo en raz\u00f3n a la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la situaci\u00f3n de mora judicial endilgada al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira en relaci\u00f3n con la falta de resoluci\u00f3n de los recursos de reposici\u00f3n interpuestos contra los prove\u00eddos proferidos el 24 de octubre de 2022, fue corregida por el estrado encartado durante el curso de esta salvaguarda, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
<\/p>\n
* Por \u00abAuto #03333\u00bb del 5 de diciembre de 2022, notificado oportunamente conforme a las disposiciones legales pertinentes, la autoridad convocada resolvi\u00f3 \u00abNo reponer el auto #02986 de fecha 24-10-2022 mediante el cual se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas procesales\u00bb, y conceder en el efecto devolutivo el recurso subsidiario interpuesto. <\/p>\n
<\/p>\n
* A trav\u00e9s de \u00abAuto #03334\u00bb de la misma data, tambi\u00e9n notificado en legal forma, la querellada resolvi\u00f3 \u00abNo reponer el auto #02987 de fecha 24-10-2022 mediante el cual se requiri\u00f3 al accionado para el cumplimiento del ordinal segundo de la sentencia de primera instancia [constituir p\u00f3liza]\u00bb. <\/p>\n
En las circunstancias descritas, el ruego tuitivo -cuya admisi\u00f3n se notific\u00f3 al accionado el 24 de noviembre de 2022- se muestra inviable, al constituir una carencia actual de objeto por hecho superado, figura esta respecto de la cual la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC3931-2022, 31 mar. 2022, rad. 00047-01, entre otras). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional <\/p>\n
En cuanto a la pretensi\u00f3n del gestor para que se ordene la vinculaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n al presente tr\u00e1mite constitucional para que se manifieste sobre las actuaciones all\u00ed desplegadas, basta con se\u00f1alar que no se acredit\u00f3 que tal cuesti\u00f3n fuera formulada oportunamente ante la autoridad convocada, lo que la torna improcedente, pues a este mecanismo de protecci\u00f3n solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se impone ratificar la denegaci\u00f3n del auxilio implorado, porque las circunstancias descritas como vulneradoras del derecho fundamental invocado fueron superadas durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Propietario del establecimiento de comercio \u00abG & C Tours\u00bb. <\/p>\n
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