STC363-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC363-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02605-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de diciembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Jorge Cristian Serna Mart\u00ednez le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades, extensiva a Dellys Margarita Herrera de Medina. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y m\u00ednimo vital, para que se ordenara, \u00abconminar al accionado a darle aplicabilidad a lo reglado en el art\u00edculo 309 del C.G. del P., lo que implica retrotraer la diligencia de secuestro realizada a efectos de abrir la etapa probatoria a que se tiene lugar, teniendo en cuenta fue atendida la carga procesal de aportar, en t\u00e9rmino oportuno, la prueba sumaria que da cuenta de las calidades que se aboga el accionante; todo ello, dentro del t\u00e9rmino de 48 horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de cierre por el juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo, que desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os es \u00abposeedor\u00bb del apartamento T2-0307 ubicado en la calle 99 No. 56-48, Conjunto Residencial Santillana de Barranquilla, secuestrado el 28 de septiembre de 2022 por la superintendencia accionada, en el tr\u00e1mite de intervenci\u00f3n judicial bajo la modalidad de \u00abtoma de posesi\u00f3n\u00bb que se le sigui\u00f3 a la Cooperativa Sigescoop y en el que fue vinculada Dellys Margarita Herrera (titular de dominio del bien). <\/p>\n
Indic\u00f3 que, dicha entidad rechaz\u00f3 la \u00aboposici\u00f3n\u00bb que formul\u00f3 contra el acto mencionado, y la solicitud de nulidad fundada, entre otras razones, en la falta de competencia para conocer del asunto, decisiones que, en su criterio, resultan arbitrarias, puesto que, debi\u00f3 darle curso a la primera, teniendo en cuenta la declaraci\u00f3n aportada como prueba sumaria de su \u00abposesi\u00f3n\u00bb y, al no haber procedido de tal forma, quebrant\u00f3 las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
Precis\u00f3, que \u00abconcomitante con la presente acci\u00f3n constitucional, present\u00e9 acci\u00f3n posesoria a efectos de salvaguardar los derechos que me asisten en mi calidad de poseedor. Aclarando, tal como viene rese\u00f1ado inicialmente, que este mecanismo se interpone con el \u00fanico prop\u00f3sito de obtener una decisi\u00f3n transitoria, en virtud que la entidad accionada, pasando por alto la situaci\u00f3n en detalle expuesta, fij\u00f3 como lanzamiento el pr\u00f3ximo 10 de noviembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Finalmente resalt\u00f3 que, son circunstancias habilitantes de la salvaguarda: i) su avanzada edad (66 a\u00f1os) y, ii) no contar con otro lugar para vivir. <\/p>\n
2.- la Directora de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades se opuso al amparo, por cuanto, \u00abla diligencia de secuestro llevada a cabo se dio en cumplimiento de lo ordenado en los autos de inicio de la intervenci\u00f3n de la se\u00f1ora Dellys Margarita Herrera Herrera (Autos 2020-01-351309 del 22 de julio de 2020 y 2020- 01-537039 de 8 de octubre de 2020) y del Auto 2022-01-689337 de 19 de septiembre de 2022, por medio de la cual se fij\u00f3 fecha as\u00ed como para practicar el embargo y secuestro de los bienes muebles que se encuentren en aquellos y de los que durante la diligencia sean denunciados como de propiedad de la intervenida\u00bb, disposiciones que se acompasan con \u00ablas normas que regulan dicho tr\u00e1mite en el C\u00f3digo General del Proceso, aplicables por expresa remisi\u00f3n del art\u00edculo 15 del Decreto 4334 de 2008 y la Ley 1116 de 2006 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el resguardo, al hallar razonables los prove\u00eddos combatidos por el quejoso, toda vez que, estuvieron apoyados \u00aben la realidad del proceso criticado, y la normatividad aplicable al caso en concreto\u00bb <\/p>\n
2.- Refut\u00f3 el precursor, aduciendo que, no pod\u00eda rechazarse su \u00aboposici\u00f3n a la entrega\u00bb, en tanto que, contra \u00e9l no tiene efecto la sentencia de la Superintendencia cuestionada, ni mucho menos, funge como tenedor del bien perseguido, sino como \u00abposeedor\u00bb, por lo que insisti\u00f3 en que, aquella debi\u00f3 ser admitida y, al no hacerlo, se \u00abatent[\u00f3] contra los derechos que me revisten no solo como ciudadano, sino como un tercero que ha adquirido derechos sobre el inmueble donde resido y que resulto ser ajeno a la situaci\u00f3n jur\u00eddica que se le achaca a la propietaria inscrita\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, reproch\u00f3 que el a quo pas\u00f3 por alto la afirmaci\u00f3n hecha en el escrito genitor, seg\u00fan la cual, al tiempo de interponer esta acci\u00f3n radic\u00f3 demanda \u00abposesoria\u00bb, la cual fue enviada a los Juzgados Civiles de esta ciudad, as\u00ed como tambi\u00e9n, su estado de vejez que hace necesaria la efectividad del remedio suplicado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario muy pronto se advierte el fracaso del auxilio y la ratificaci\u00f3n de lo opugnado, porque: i) La vulneraci\u00f3n es \u00abinexistente\u00bb; ii) No fue antojadiza la determinaci\u00f3n que frustr\u00f3 el medio de defensa propuesto por el impulsor; iii) Existe otro escenario en el que el querellante puede hacer efectivo su reclamo; y, iii) La \u00abcondici\u00f3n de adulto mayor\u00bb no resulta suficiente para habilitar el socorro. <\/p>\n
1.1. Afirmase as\u00ed porque, de la revisi\u00f3n del legajo surge que, contrario a lo que arguy\u00f3 el quejoso, la Superintendencia de Sociedades s\u00ed tramit\u00f3 la \u00aboposici\u00f3n\u00bb que aquel, por conducto de su apoderado, exterioriz\u00f3 en la \u00abdiligencia\u00bb de secuestro adelantada el 28 de septiembre de 2022 sobre el bien que aduce poseer, etapa en la que escuch\u00f3 el testimonio que en esta sede se tilda de desconocido, as\u00ed como tambi\u00e9n, atendi\u00f3 las distintas solicitudes, entre ellas, la de nulidad por \u00abfalta de competencia\u00bb. <\/p>\n
Cosa distinta a la narrada, es que, por una imprecisi\u00f3n en el acta que da cuenta de la actuaci\u00f3n referida, se consign\u00f3 que \u00abal rechazar la oposici\u00f3n presentada se continu\u00f3 con la diligencia en los t\u00e9rminos del numeral 8 del art\u00edculo 309 de (sic) CGP\u00bb (se destac\u00f3), yerro que, desde ning\u00fan punto de vista, resulta concluyente para el acogimiento de sus afirmaciones pues, tan solo es producto de un error mecanogr\u00e1fico que no var\u00eda el sentido de la providencia criticada. <\/p>\n
N\u00f3tese que, la resoluci\u00f3n desfavorable a los pedimentos de Serna Mart\u00ednez, tuvo como fuente la orfandad probatoria para acreditar el \u00abderecho\u00bb que aleg\u00f3, lo que llev\u00f3 al iudex a predicar que, no pod\u00eda \u00abdesprenderse el elemento subjetivo de la posesi\u00f3n, en primer lugar, porque los pagos realizados no logran probar la posesi\u00f3n (\u2026), ya que estos podr\u00edan ser realizados por un mero tenedor y, finalmente, porque como el mismo manifest\u00f3, su presencia en el inmueble obedeci\u00f3 a la entrega del inmueble por el no pago de un negocio celebrado, en calidad de cuidador\u00bb, conclusi\u00f3n que no revela capricho alguno de quien la emiti\u00f3, dado que, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia, de ah\u00ed que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del infolio. <\/p>\n
2. Ahora, si bien asiste raz\u00f3n al gestor en cuanto a que el Tribunal no se pronunci\u00f3 frente a su aserci\u00f3n de haber suscitado pleito declarativo para que le sea reconocida la categor\u00eda que asegura tener sobre al predio secuestrado, lo cierto es que, tal acotaci\u00f3n no cambia la improcedencia declarada por dicha Corporaci\u00f3n y, m\u00e1s bien, pone en evidencia la inobservancia del requisito de subsidiariedad que rige este mecanismo, en la medida que el promotor aun cuenta con las herramientas previstas en el ordenamiento jur\u00eddico para hacer visible, en el escenario legalmente dispuesto para ello, el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o que presume ostentar. <\/p>\n
3.- En lo que ata\u00f1e al argumento que sugiere una deferencia en la definici\u00f3n de la guarda, en raz\u00f3n de su edad, basta memorar lo sostenido por esta Corte en pret\u00e9ritas oportunidades, en cuanto que \u00ab(\u2026) las condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde c[uenta] con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC12541-2022, 21 sep. y STC14046-2022, 21 oct.). <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, como quiera que no tuvo lugar la infracci\u00f3n ius fundamental denunciada por el proponente, se convalidar\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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