STC369-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC369-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00073-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Juli\u00e1n Camilo Contreras Mart\u00ednez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso declarativo de impugnaci\u00f3n de paternidad radicado n\u00ba 2017-00077. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Se extrae de la demanda y anexos que, el se\u00f1or Jos\u00e9 del Carmen Contreras L\u00f3pez, voluntariamente decidi\u00f3 reconocer al ac\u00e1 actor como su hijo (pese a no serlo biol\u00f3gicamente), y se\u00f1alarlo ante su empleador \u2013 Ecopetrol \u2013 como su \u00abbeneficiario pensional\u00bb, de lo cual, seg\u00fan afirma el tutelante, la familia de aqu\u00e9l estaba enterada y \u00abnadie se opuso\u00bb. <\/p>\n
Luego del fallecimiento del se\u00f1or Jos\u00e9 del Carmen Contreras L\u00f3pez, ocurrido el 30 de diciembre de 2016, los familiares y\/o herederos de este, promovieron demanda de impugnaci\u00f3n de reconocimiento de paternidad, asunto que tramit\u00f3 el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bucaramanga que, el 23 de agosto de 2021 dict\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones, y por lo tanto, declar\u00f3 que el se\u00f1or Jos\u00e9 del Carmen \u00abNO es el padre del ni\u00f1o Juli\u00e1n Camilo Contreras (\u2026)\u00bb; decisi\u00f3n contra la cual el aqu\u00ed promotor interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El 18 de noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil Familia, confirm\u00f3 integralmente la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
Cuestiona el tutelante los fallos de ambas instancias, pues aduce que la impugnaci\u00f3n de paternidad \u00abno procede cuando el padre por acto testamentario o mediante otro instrumento p\u00fablico, reconoce al hijo como suyo, pues ese reconocimiento expreso impide a los terceros reclamar contra la paternidad del presunto hijo\u00bb. A\u00f1ade que, cuando el reconocimiento ocurre a partir de esa circunstancia, \u00abel legislador no da trascendencia al hecho de que a\u00fan no se haya extinguido el t\u00e9rmino que concede al marido para atacar la legitimidad de su hijo, precisamente porque el reconocimiento expreso del padre entra\u00f1a o comporta renuncia al derecho de impugnaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sostiene el actor que, el causante solicit\u00f3 a Ecopetrol que en caso de fallecimiento se le sustituyera la pensi\u00f3n en calidad de c\u00f3nyuge a la se\u00f1ora Rosa Myriam Su\u00e1rez Sanguino y a \u00e9l, en calidad de hijo menor, \u00abporque pese a tratarse de un documento p\u00fablico (sic), este tambi\u00e9n corresponde a una declaraci\u00f3n de voluntad del presunto padre, como lo exige y por lo tanto, se debe aplicar la excepci\u00f3n prevista en el inciso final del [art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil]\u00bb. <\/p>\n
Aduce tambi\u00e9n que, el tribunal accionado \u00abentra en error por violaci\u00f3n sustancial del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la ley 75 de 1968 que relaciona la posesi\u00f3n notoria del estado de hijo como presunci\u00f3n de paternidad extramatrimonial, la cual puede probarse conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos 5 y 6 de la ley 45 de 1936 y 398 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 9 de la ley 75 de 1968, norma que fue indebidamente aplicada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, recrimina que, el v\u00ednculo \u00abque decidi\u00f3 tener el se\u00f1or Jos\u00e9 del Carmen, a quien siempre consider\u00e9 como mi pap\u00e1, no fue visto por el tribunal ni por el juzgado que ni siquiera determinaron el acervo probatorio ni el testimonial y como el tribunal sala civil familia decidi\u00f3, tratando casi de ilegal el acto de Jos\u00e9 del Carmen, vinculando a todos los demandados como si fueran delincuentes, por reclamar lo que mi pap\u00e1 [\u2026] me quiso dar\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende, se dejen sin efectos los fallos atacados y se ordene declarar \u00abla caducidad sobre el derecho de impugnaci\u00f3n y [\u2026] reafirmar que el se\u00f1or Jos\u00e9 del Carmen Contreras (Q.E.P.D.) es mi padre [\u2026] como voluntad testada que hiciere \u00e9l en fecha de 30 de enero de 2013 el causante solicit\u00f3 que en caso de fallecimiento se le sustituyera en calidad de c\u00f3nyuge la se\u00f1ora Rosa Myriam Su\u00e1rez Sanguino y en calidad de hijo menor Juli\u00e1n Camilo Contreras Mart\u00ednez\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La secretar\u00eda de la Sala Civil Familia del tribunal accionado, aport\u00f3 copia de la providencia cuestionada dictada el 18 de noviembre de 2022 e inform\u00f3 que contra la misma ninguna de las partes interpuso recurso de casaci\u00f3n, el expediente fue devuelto al juzgado de origen el 29 de noviembre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2. La Juez S\u00e9ptima de Familia de Bucaramanga relacion\u00f3 lo acontecido en el tr\u00e1mite judicial en cuesti\u00f3n, en el que dict\u00f3 decisi\u00f3n de fondo el 23 de agosto de 2021, declarando que el se\u00f1or Jos\u00e9 del Carmen Contreras no es el padre del aqu\u00ed accionante Juan Camilo Contreras Mart\u00ednez y s\u00ed lo es el se\u00f1or Luis Alfonso Contreras Su\u00e1rez, providencia que confirm\u00f3 en su totalidad el ad quem, que devolvi\u00f3 el expediente \u00absin que la parte interpusiera recurso de casaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n en segunda instancia (\u2026)\u00bb. Solicit\u00f3 que se deniegue el amparo pues \u00ablas actuaciones surtidas a lo largo del proceso se encuentran enmarcadas dentro de la ley y la Constituci\u00f3n y se conservaron todas las garant\u00edas y derechos de las partes intervinientes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el amparo cumple con el presupuesto de la subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por el accionante con los fallos de instancia proferidos al interior del proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad radicado n\u00ba 2017-00022 (del 23 de agosto de 2021 y 18 de noviembre de 2022, del Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Bucaramanga y del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, Sala Civil Familia, respectivamente) al desconocer, supuestamente, lo previsto en el art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil y porque habr\u00eda operado respecto de la acci\u00f3n el fen\u00f3meno de la caducidad. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Conforme a las anteriores premisas, al examinar los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala declarar\u00e1 improcedente el auxilio implorado, comoquiera que no supera el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
De la incuria. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad emerge porque al dirigirse tambi\u00e9n la censura contra el fallo proferido el 18 de noviembre de 2022 por el juzgador ad quem del pleito radicado bajo el n\u00b0 2017-00022, la postura all\u00ed adoptada por el tribunal para ratificar la estimaci\u00f3n de pretensiones de impugnaci\u00f3n de paternidad, atinentes a la caducidad y a la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el canon 219 del C\u00f3digo Civil, comprend\u00eda discrepancias que el interesado pudo haber planteado en sede del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en lugar de pretender que se definiera por el juez constitucional. <\/p>\n
Ciertamente, por tratarse de sentencia dictada en proceso declarativo y en un asunto relativo al estado civil de las personas (art\u00edculo 334 del estatuto adjetivo general), el querellante cont\u00f3 con la posibilidad de poner de manifiesto sus reparos a trav\u00e9s del aludido mecanismo jur\u00eddico, y al no hacerlo -seg\u00fan lo inform\u00f3 la secretar\u00eda de la Sala Civil Familia de la colegiatura accionada \u2013, no puede pretender que el juez de tutela desborde su excepcional competencia para suplir la desidia de la parte interesada. <\/p>\n
En situaciones semejantes, donde se invoca el amparo sin haber procurado los recursos y acciones legales ante los jueces ordinarios, concurre la causal de improcedencia conforme a lo contemplado en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, en tanto el ordenamiento jur\u00eddico consagra instrumentos eficaces para controvertir la providencia. Sobre el particular, el precedente jurisprudencial se\u00f1ala que, \u00abel recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un requisito de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al mecanismo excepcional previsto en el art\u00edculo 86 Superior. De lo contrario la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de las controversias y se desvanecer\u00eda con ello su car\u00e1cter subsidiario y residual\u00bb (CC T-1217\/03). Se subraya. <\/p>\n
Entonces, al haberse desperdiciado el medio defensivo previsto en la ley, esta acci\u00f3n deviene improcedente por no cumplir el requisito de la subsidiariedad en la modalidad de incuria, pues en invariable l\u00ednea de pensamiento esta Corporaci\u00f3n ha dicho que cuando tal comportamiento omisivo acaece, la misma no tiene cabida, en tanto: <\/p>\n
\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada entre otras en STC15978-2022, 30 nov., rad. 03853-00). <\/p>\n
Se reitera que en casos como el que se examina, se ha declarado la improcedencia de la salvaguarda por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, siendo \u00e9ste un criterio jur\u00eddico insuperable que corresponde confirmar, por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n, pues no se avizora justificaci\u00f3n para que el reclamante, quien contaba con representante judicial, hubiese dejado de utilizar los recursos a su alcance. Sobre el particular, recu\u00e9rdese que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada, entre otras, en STC16258-2022, 7 dic., rad. 03953-00). <\/p>\n
En definitiva, y como la inobservancia del criterio de procedibilidad resaltado emerge suficiente para desestimar la s\u00faplica, no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas (como la juridicidad de las providencias atacadas), sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia, motivo por el cual se declarar\u00e1 la improcedencia del auxilio. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido en precedencia, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n por incumplir el requisito de la subsidiariedad en la modalidad de incuria, al no haberse agotado los recursos y procedimientos legales para definir las pretensiones alegadas en sede tutelar, ni surgir la posibilidad de concederla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo solicitado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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