STC377-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC377-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2022-00431-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 6 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda del Carmen Villanueva de Bonilla contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Guamo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2017-00272. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abdentro de la demanda incidental promovida por Benjam\u00edn Duque Villanueva [al interior del] proceso de petici\u00f3n de herencia, [seguido] contra los herederos reconocidos en la sucesi\u00f3n intestada del causante Antonio Vicente Villanueva Hern\u00e1ndez\u00bb, el Juzgado Promiscuo de Familia de Guamo \u00abno corri\u00f3 traslado\u00bb a los interesados, e incurri\u00f3 en \u00aberrores de hecho y de derecho, al no aplicar las normas (\u2026), violando los derechos fundamentales m\u00edos y de mis hermanos leg\u00edtimos\u00bb, tras lo cual dispuso el \u00ablevantamiento de embargo y secuestro del lote Ejidal No. 2651 y mejoras sembradas y construido por el causante\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que por esta v\u00eda se proceda a \u00abdejar sin valor ni efecto la providencia dictada el 23-12-2021 numeral primero, donde ordena el levantamiento de la medida cautelar y realizar la entrega del lote (\u2026), respecto del \u00e1rea de propiedad del se\u00f1or Benjam\u00edn Duque Villanueva\u00bb, y \u00abmantenga la medida de embargo y secuestro de las mejoras del inmueble\u2026, propiedad en com\u00fan y proindiviso de los demandados y herederos Mar\u00eda Yanire, Jos\u00e9 Luis, Danilo, Idaly y Alicia Villanueva Bocanegra\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El titular del despacho judicial acusado, inform\u00f3, en lo pertinente, que \u00abpresentado [por segunda vez] el incidente de desembargo sobre el terreno el ejidal, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el 06 de septiembre de 2021, reconoci\u00e9ndose personer\u00eda al apoderado judicial [de Alicia Villanueva Bocanegra] y ordenando correr traslado por el t\u00e9rmino de 03 d\u00edas a las partes procesales (\u2026)\u00bb, y tras advertir que \u00abno hubo pronunciamiento [de estas] y al ser procedente lo peticionado, [entre otras determinaciones para continuar el tr\u00e1mite del proceso], se orden\u00f3 el levantamiento de la medida cautelar (\u2026), decisi\u00f3n publicada por estado y de la cual no hubo solicitud de aclaraci\u00f3n o recurso alguno declar\u00e1ndose en firme y ejecutoriada\u00bb. Por lo antedicho, concluy\u00f3 que \u00abgarantiz\u00f3 el debido proceso, derecho de contradicci\u00f3n y defensa de las partes, [pidi\u00f3] denegar la acci\u00f3n de tutela, por no afectar ning\u00fan derecho fundamental, carecer de inmediatez (\u2026) y subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
2. Luis Hernando Quintero \u00c1lzate, quien dijo haber representado judicialmente a Alicia Villanueva Bocanegra, \u00abcomo parte demandada dentro del proceso de acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia\u00bb, indic\u00f3 que no actu\u00f3 como apoderado en el incidente de desembargo y que pese a que \u00e9l \u00abno es el indicado para pronunciarse al respecto\u00bb, al revisar la actuaci\u00f3n criticada advirti\u00f3 que \u00abpasaron 2 meses y el apoderado [de la ac\u00e1 interesada], aun conociendo la existencia del proceso de incidente de desembargo, no elev\u00f3 ning\u00fan tipo de oposici\u00f3n al respecto (\u2026), por lo tanto, el juzgado procedi\u00f3 en debida forma y conforme a la ley\u00bb. <\/p>\n
3. Luis Antonio Barrag\u00e1n Gallardo, \u00abobrando como apoderado de Mar\u00eda del Carmen Villanueva Bocanegra y otros\u00bb, manifest\u00f3 \u00abque me opongo a las pretensiones de la parte accionante Mar\u00eda del Carmen Villanueva de Bonilla, porque no le dio aplicabilidad al requisito de inmediatez para pedir el amparo exigido, ya que las actuaciones donde el operador judicial accionado presuntamente trasgredi\u00f3 sus derechos, datan para los a\u00f1os 2012, 2013, 2017, 2019, 20290, 2021 y 2022 (\u2026), y por haber sido proferida [la decisi\u00f3n de fondo] en audiencia, all\u00ed era la oportunidad para recurrirse y al haber silencio cobr\u00f3 su respectiva ejecutoria y qued\u00f3 para ser ejecutado\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al advertir que \u00abno se encuentran colmados los requisitos de inmediatez y subsidiariedad\u00bb, este \u00faltimo porque la accionante aleg\u00f3 \u00abque el hecho generador de la vulneraci\u00f3n [corresponde] al auto del 23 de diciembre de 2021 (\u2026), donde la autoridad judicial accionada resolvi\u00f3 ordenar el levantamiento de la medida cautelar que reca\u00eda sobre el ejido No. 2651 de 167.52 m2 (\u2026), decisi\u00f3n frente a la cual no se interpuso recurso alguno\u00bb; y en cuanto al temporal, indic\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela fue promovida 11 meses despu\u00e9s de ocurrida [la actuaci\u00f3n en comento] (\u2026), sin que en las presentes diligencias se encuentre justificada bajo alguna de las excepciones, la tardanza en [su] presentaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron la accionante y el vinculado Henry Villanueva Bocanegra, aduciendo ser \u00abdirectamente afectado[s] y perjudicado[s] de las decisiones tomadas en los estrados judiciales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la queja constitucional satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Promiscuo de Familia de Guamo, vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora al acceder al levantamiento de una medida cautelar dentro del proceso radicado bajo el n\u00b0 2017-00272. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
En l\u00ednea de principio, se ha reiterado que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, el amparo no procede contra este tipo de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
Al respecto, recu\u00e9rdese que por la naturaleza jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional de la tutela se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de los dem\u00e1s que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala respaldar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio, habida cuenta que no supera los aludidos presupuestos gen\u00e9ricos, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. De la Inmediatez. <\/p>\n
Por cuanto la censura expresada a trav\u00e9s del presente instrumento, la querellante la enfil\u00f3 contra lo resuelto por el Juzgado Promiscuo de Familia de Guamo en el \u00abincidente de levantamiento de embargo y secuestro\u00bb presentado por Benjam\u00edn Duque Villanueva, la Corte advierte -como tambi\u00e9n lo hizo el tribunal a-quo-, que tal reclamo deviene extempor\u00e1neo, en raz\u00f3n a que esa actuaci\u00f3n est\u00e1 contenida en auto proferido el 23 de diciembre de 2021, mientras que la instauraci\u00f3n de esta salvaguarda tuvo lugar el 23 de noviembre de 2022, es decir, excediendo el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la emanada de la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la procedencia del resguardo se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC11437-2022, 31 ago., rad. 00249-01). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Sobre el nivel de exigencia frente al criterio temporal, recu\u00e9rdese que tal presupuesto no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable superarlo o no, condici\u00f3n esta que le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al ruego tuitivo, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve. <\/p>\n
Con observancia en lo anterior, en este caso no se demostr\u00f3 alguna de las circunstancias descritas que evidencien situaciones ajenas a la voluntad de la censora, pues, entre otras, ha contado con la representaci\u00f3n judicial previamente constituida en el proceso, y con ello, la falta de justificaci\u00f3n que conlleve su imposibilidad para recurrir tempranamente a esta excepcional herramienta jur\u00eddica. <\/p>\n
3.2. De la incuria. <\/p>\n
Este impedimento gen\u00e9rico de procedibilidad tambi\u00e9n emerge en el caso sub j\u00fadice, comoquiera que frente a la providencia por la que ahora se duele la demandante, esto es, la adiada el 23 de diciembre de 2021, no fue objeto de los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n de que era susceptible, este \u00faltimo, en tanto corresponde al interlocutorio que -en proceso tramitado en primera instancia ante juez con categor\u00eda de circuito-, resolvi\u00f3 un incidente (art\u00edculo 321-5 del estatuto adjetivo general), e igualmente, a aquel que \u00abresuelve sobre una medida cautelar\u00bb (art\u00edculo 321-8 ibidem). <\/p>\n
As\u00ed, como la interesada desaprovech\u00f3 la oportunidad para refutar ante el juez cognoscente la resoluci\u00f3n ac\u00e1 censurada, utilizando para ello los mecanismos jur\u00eddicos consagradas para tales efectos, deviene infundado el resguardo por el desconocimiento de su car\u00e1cter subsidiario, residual e inmediato, pues ese es un criterio insuperable que corresponde confirmar, por constituirse en impedimento manifiesto y no estar edificado evento alguno que permita contemplar su flexibilizaci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, desde sus albores la jurisprudencia constitucional ha precisado que esta acci\u00f3n \u00abno ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes la opci\u00f3n de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el prop\u00f3sito claro y definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce\u00bb (CC T-01\/92). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que, al no haberse acreditado el agotamiento de los medios de defensa, cuya aptitud e idoneidad no est\u00e1 en entredicho, el estudio de fondo de esta acci\u00f3n se torna improcedente, en tanto que ello s\u00f3lo se habilita cuando la parte accionante ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para exponer su requerimiento y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual en este asunto no acontece. <\/p>\n
Sobre el punto, se dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citada entre otras en STC9222-2022, 19 jul. 2022, rad. 00431-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en el caso sub lite tampoco procede la tutela transitoria, porque aunado a la ausencia de reparo sobre la idoneidad del medio ordinario de defensa que la accionante desaprovech\u00f3, no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, en particular, que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), y porque esa modalidad \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario [pues de lo contrario] no podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se respaldar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, precisando que ser\u00e1 por su improcedencia al no superar los esenciales requisitos de inmediatez y de subsidiariedad, advirtiendo que, ante la inexistencia de excusa para recurrir temprana y adecuadamente a esta senda jur\u00eddica, tampoco se configuran las indispensables condiciones para otorgarla como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, con la precisi\u00f3n realizada en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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