STC379-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC379-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00433-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 18 de marzo de 20211, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Nohora \u00c1ngela G\u00f3mez Su\u00e1rez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito Adjunto de Bogot\u00e1 y citadas las partes e intervinientes en el proceso penal n\u00ba 2011-00698. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, seguridad jur\u00eddica, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y trabajo, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito Adjunto de Bogot\u00e1 mediante sentencia anticipada de 28 de septiembre de 2012, la conden\u00f3 a 32 meses de prisi\u00f3n, tras hallarla responsable por el delito de \u00abobtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso agravado por el uso en concurso con estafa\u00bb concedi\u00e9ndole el subrogado penal de suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, sujeta al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el articulo 65 del C\u00f3digo Penal, con un per\u00edodo de prueba de 2 a\u00f1os. <\/p>\n
Sostuvo que la vigilancia de la sanci\u00f3n fue asignada al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, autoridad que, ante el incumplimiento total de las obligaciones econ\u00f3micas, revoc\u00f3 el subrogado otorgado y libr\u00f3 orden de captura en su contra, la cual se hizo efectiva 7 de noviembre de 2018. <\/p>\n
Explic\u00f3 que posteriormente el 22 de enero de 2019, le fue concedida la prisi\u00f3n domiciliaria teniendo en cuenta que es madre cabeza de familia y tiene un hijo en condici\u00f3n de discapacidad, fecha en la que le fue impuesto el mecanismo de vigilancia electr\u00f3nica, beneficio que le fue revocado el 14 de mayo de 2020, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 16 de octubre de 2020, sin tener en cuenta que la sanci\u00f3n penal ya se encuentra prescrita. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que ha solicitado la libertad por extinci\u00f3n de la pena, petici\u00f3n que le fue negada. (No especific\u00f3 a trav\u00e9s de cu\u00e1les decisiones). <\/p>\n
Finalmente indic\u00f3 que acude a la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para que le sea concedida la libertad y poder trabajar y as\u00ed llevar el sustento a su hijo, mientras el Juzgado que vigila la pena resuelve de fondo su situaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 (i) dejar sin efecto todas las actuaciones procesales posteriores a 31 de enero de 2015 -fecha en la que oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n de la pena- y, (ii) que se ordene la extinci\u00f3n la acci\u00f3n penal y se archiven las actuaciones. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, sostuvo que confirm\u00f3 el auto de 14 de mayo de 2020 por el cual el Juzgado ejecutor revoc\u00f3 el benefici\u00f3 de prisi\u00f3n domiciliaria a la actora y manifest\u00f3 remitirse a las razones all\u00ed expuestas. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que el 26 de diciembre de 2018 otorg\u00f3 a la accionante la prisi\u00f3n domiciliaria, no obstante, en vista de su mal comportamiento, el 14 de mayo de 2020 le revoc\u00f3 el beneficio, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior el 16 de octubre de 2020. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en providencias de 23 de noviembre y 16 de diciembre de 2020, neg\u00f3 las solicitudes de libertad condicional que se presentaron en favor de la condenada, y, que, revisado el sistema no encontr\u00f3 petici\u00f3n alguna requiriendo la libertad por extinci\u00f3n de la pena y prescripci\u00f3n de la misma, no obstante, resalt\u00f3 que sobre el particular en auto de 7 de noviembre de 2018 se especific\u00f3 que no se encontraba cumplido el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 89 del C\u00f3digo Penal para aplicaci\u00f3n de dicha figura. <\/p>\n
3. El Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, como quiera que la actuaci\u00f3n adelantada contra Nohora \u00c1ngela G\u00f3mez Su\u00e1rez fue tramitada bajo la Ley 600 de 2000 y las decisiones fueron proferidas antes de la creaci\u00f3n de ese Despacho. <\/p>\n
4. El Procurador 26 Judicial I Apoyo a v\u00edctimas de esta ciudad, defendi\u00f3 la legalidad de los pronunciamientos del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, tras determinar que la decisi\u00f3n proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 16 de octubre de 2020, a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 la revocatoria de sustituci\u00f3n de la pena, resultaba razonable y no pod\u00eda predicarse de la misma una v\u00eda de hecho que afectara los derechos constitucionales de la reclamante. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, contrario a lo afirmado en el escrito de tutela, la revocatoria de la prisi\u00f3n domiciliaria no se debi\u00f3 a las fallas del mecanismo de vigilancia electr\u00f3nica, sino a las pruebas obrantes en el proceso, entre ellas los informes del INPEC en los que se establece que la condenada abandon\u00f3 el lugar de cautiverio sin autorizaci\u00f3n del Juzgado. <\/p>\n
Respecto de la petici\u00f3n de dejar sin efectos todas las actuaciones procesales posteriores al 31 de enero de 2015, indic\u00f3 que la misma debe presentarla ante el Juzgado que vigila la pena, pues el juez constitucional no puede entrometerse en los asuntos que son propios del juez natural. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante alegando que la decisi\u00f3n de primer grado no se ajusta a los hechos que motivaron la acci\u00f3n de tutela, puesto que, \u00abde acuerdo a las consideraciones de la Corte, como se observa en el escrito, se tiene por vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, pero no de la decisi\u00f3n con relaci\u00f3n a la revocatoria de la prisi\u00f3n domiciliaria, no siendo congruente del derecho vulnerado a lo que se\u00f1ala la Sala, se reitera que la vulneraci\u00f3n refiere a la decisi\u00f3n del Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas que vigila el cumplimiento de mi pena, en el sentido que revoc\u00f3 el beneficio de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, por el incumplimiento al pago de los perjuicios, pues como se demostr\u00f3 m\u00e1s adelante, carec\u00eda de los recursos econ\u00f3micos para dar cumplimiento de conformidad a lo se\u00f1alado en la sentencia condenatoria, as\u00ed como en el acta de compromiso firmada ante el juzgado fallador el d\u00eda 1 de enero de 2013, con un periodo de prueba de dos a\u00f1os\u00bb. (subrayas propias del texto, Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Agreg\u00f3, \u00abY es precisamente este aspecto al que refiero, pues la decisi\u00f3n de la revocatoria solo adquiri\u00f3 firmeza hasta el 25 de junio de 2018, es decir, transcurrieron m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os, posteriores al t\u00e9rmino de los dos (2) a\u00f1os de periodo de prueba se hab\u00eda extinguido, raz\u00f3n por la cual, el Juzgado Primero (1\u00ba) de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, hab\u00eda perdido competencia para revocar el subrogado penal, con relaci\u00f3n al cumplimiento de la reparaci\u00f3n a la v\u00edctima\u00bb. (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Indic\u00f3 igualmente, que contrario a lo afirmado por el juzgador constitucional, en el expediente existen solicitudes de nulidad de las actuaciones posteriores al 31 de enero de 2015 en relaci\u00f3n con el cumplimiento de la reparaci\u00f3n de los perjuicios, teniendo en cuenta que hab\u00eda prescrito, \u00abprecisamente por falta de vigilancia no solamente por parte del juez ejecutor\u00bb, desconociendo la Sala de Casaci\u00f3n Penal su propia jurisprudencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la cual, se abre paso a este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, entre otros, que se observe el requisito de la inmediatez, connatural a su ejercicio y, por supuesto, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (CSJ. STC11845-2021, STC1526-2022, STC6747-2022 y STC11866-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. Suscrita la Sala a lo manifestado por la accionante en el escrito de impugnaci\u00f3n, se advierte que su inconformidad radica en el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 le revoc\u00f3 el 8 de mayo de 2014, el beneficio de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena ante el incumplimiento del pago de los perjuicios a los que fue condenada, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad el 25 de junio de 2018. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, se advierte la inobservancia del presupuesto de la inmediatez, porque Nohora \u00c1ngela G\u00f3mez Su\u00e1rez no acudi\u00f3 en tiempo al juez constitucional para exponer los reparos que alega a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que, la tutela fue presentada el 25 de febrero de 2021, esto es, luego de transcurrir m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os y siete (7) meses de proferida la \u00faltima de las decisiones cuestionadas (25 de junio de 2018), t\u00e9rmino que supera con holgura el plazo de seis (6) meses establecido por esta Sala como suficiente para reclamar la protecci\u00f3n constitucional, exigencia sobre la que la Corte reiteradamente ha puntualizado, <\/p>\n
\u00ab[S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC. 14 sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 oct. 2011, exp. 2011-02245-00 y recientemente en STC1526-2022, STC6331-2022 y STC7548-2022, entre otras). <\/p>\n
3. Ahora, respecto a las pretensiones dirigidas a que se dejen sin efecto todas las actuaciones procesales posteriores a 31 de enero de 2015 -fecha en la que, en su sentir, oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n de la pena- y, se ordene la extinci\u00f3n la acci\u00f3n penal, se observa que el 7 de noviembre de 2018 el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 se pronunci\u00f3 sobre el particular y resolvi\u00f3 no decretar la prescripci\u00f3n de la pena impuesta, al no encontrarse cumplido el t\u00e9rmino prescriptivo establecido en el art\u00edculo 89 del C\u00f3digo Penal, decisi\u00f3n que se encuentra debidamente ejecutoriada y respecto de la cual, igualmente se advierte el incumplimiento del requisito echado de menos en estas diligencias. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada, pero por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala mediante oficio n\u00b0 34621 de 15 de diciembre de 2022 y asignada mediante Acta de reparto de 16 de diciembre de 2022. <\/p>\n
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