STC380-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC380-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-02504-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. De lo narrado en el escrito de tutela y las pruebas allegadas, se extraen como hechos relevantes los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 2 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades \u2013 Delegatura para Procedimientos de Insolvencia admiti\u00f3 a proceso de reorganizaci\u00f3n a la sociedad Dream Rest Colombia S.A.S. En esa tramitaci\u00f3n, la aqu\u00ed accionante, PTG Abogados S.A.S., funge como acreedor reconocido1. <\/p>\n
2.2. En mayo de 2021, Dream Rest Colombia S.A.S. present\u00f3 el proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n cr\u00e9ditos y derechos de voto. <\/p>\n
2.3. El 8 de julio ulterior, la aqu\u00ed impulsora puso en conocimiento de la autoridad accionada una denuncia formulada ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en contra de los accionistas y administradores de la deudora. <\/p>\n
2.4. Entre julio y agosto de 2021, la Superintendencia accionada corri\u00f3 traslado del proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de los derechos de voto, as\u00ed como del de inventario de bienes, y puso en conocimiento las objeciones que formularon los acreedores. <\/p>\n
2.5. El 25 de agosto de 2021, la querellada, sustentada en el art\u00edculo 29 de la Ley 1116 de 2006, inst\u00f3 al promotor designado a allegar los informes de que tratan los art\u00edculos 2.2.2.11.11.4 y 2.2.2.2.11.11.5 del Decreto 1074 de 2015. <\/p>\n
2.6. Sostiene la tutelante que, por fuera del t\u00e9rmino de 10 d\u00edas otorgado en el prove\u00eddo anterior, hasta el 29 de octubre de 2021 el promotor remiti\u00f3 el primer informe de conciliaciones; el segundo y el tercero, el 28 de enero y el 1 de febrero de 2022, respectivamente. <\/p>\n
2.7. Varios de los intervinientes del proceso de reorganizaci\u00f3n han presentado quejas en contra de la deudora, por incumplimiento de los gastos de administraci\u00f3n, que no han sido resueltas en su totalidad por la Superintendencia. <\/p>\n
2.8. El 13 de julio de 2022, la entidad convocada decret\u00f3 pruebas y dispuso que, en firme ese prove\u00eddo, convocar\u00eda -en los cinco d\u00edas siguientes- a audiencia para resolver las objeciones. <\/p>\n
3. La sociedad gestora censura que la autoridad accionada ha dilatado, injustificadamente y en contravenci\u00f3n de los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 30 de la Ley 1116 de 2006, la resoluci\u00f3n de las objeciones presentadas en contra de los proyectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de derechos de voto e inventario de bienes, pese a los m\u00faltiples pedimentos que se le han elevado en tal sentido. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, pide que se inste a la querellada a citar a audiencia para zanjar las oposiciones formuladas o, en su defecto, que se le ordene dar aplicaci\u00f3n a lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 46 de la Ley 1116 de 2006, que reglamenta el procedimiento a seguir cuando se denuncie el incumplimiento del deudor en cuanto al pago de los gastos de administraci\u00f3n. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Superintendencia de Sociedades solicit\u00f3 desestimar el ruego, ya que exist\u00edan dos pronunciamientos constitucionales previos, en los que se abord\u00f3 el asunto. En adici\u00f3n, indic\u00f3 que la tardanza en decidir las objeciones estaba justificada, habida cuenta del n\u00famero de procesos que ten\u00eda a cargo, las dificultades t\u00e9cnicas propiciadas por la pandemia del Covid-19 y la complejidad de la cuesti\u00f3n a resolver, por haberse planteado m\u00e1s de 40 objeciones. <\/p>\n
2. Dream Rest Colombia S.A.S. refiri\u00f3 que ya la jurisdicci\u00f3n constitucional se hab\u00eda referido a lo aqu\u00ed planteado por la gestora, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 denegar la salvaguarda, por temeridad. Dijo, asimismo, que no exist\u00eda mora judicial injustificada, por razones similares a las esgrimidas por la entidad atacada. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el auxilio peticionado, porque en las tutelas 110012203000202200259 y 110012203000202201250, la justicia constitucional se hab\u00eda pronunciado sobre los hechos y pretensiones aducidos por la sociedad accionante. <\/p>\n
La formul\u00f3 la censora, reiterando lo dicho en el escrito inicial y argumentando que no se configuraba la cosa juzgada ni una conducta temeraria, porque \u00abhan transcurrido cinco meses desde la anterior acci\u00f3n de tutela, sin que a la fecha se haya convocado (\u2026) a la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que se deb\u00eda tener en cuenta que \u00abno fue hasta tanto se interpuso la presente acci\u00f3n de tutela y pasados cinco meses desde el auto antes mencionado [el de 13 de julio de 2022], que la Superintendencia (\u2026) corri\u00f3 traslado de dos recursos de reposici\u00f3n\u00bb, los cuales, dice, son \u00abdilatorios\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pretende que se inste a la Superintendencia convocada a resolver las objeciones presentadas respecto de los proyectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de derechos de voto e inventario de bienes o, en su defecto, se le conmine a dar aplicaci\u00f3n a lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 46 de la Ley 1116 de 2006, que reglamenta el procedimiento a seguir cuando se denuncie el incumplimiento del deudor en cuanto al pago de los gastos de administraci\u00f3n. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, evidencia la Sala que en las tutelas 110012203000202200259 y 110012203000202201250, falladas en primera instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y en segunda por esta Corporaci\u00f3n (sentencias CSJ STC3432-2022 y STC8916-2022), la accionante controvirti\u00f3 lo mismo que ahora plantea, esto es, que como la autoridad querellada, injustificadamente, no ha zanjado las oposiciones que se plantearon, desde mediados de 2021, frente los aludidos proyectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de derechos de voto y el de inventario de bienes, se hace imprescindible la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional a fin de conjurar la mora en la cual la convocada ha incurrido. <\/p>\n
En el primero de los decursos referidos (110012203000202200259), esta Sala (STC3432 del 23 de marzo de 2022) ratific\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo peticionado, ya que la tardanza atribuida a la Superintendencia accionada estaba plenamente justificada dado el elevado n\u00famero de asuntos que ten\u00eda a cargo y la complejidad y cantidad de las objeciones presentadas, as\u00ed como que acredit\u00f3 haber realizado algunas gestiones tendientes a impulsar el tr\u00e1mite. <\/p>\n
En el segundo (110012203000202201250), la Corte comparti\u00f3 el criterio del a quo constitucional (CSJ STC8916 de 14 de julio de 2022), en el entendido de que la accionada incurri\u00f3 en una mora injustificada y, en consecuencia, confirm\u00f3 la orden impartida por aqu\u00e9l (\u00aben el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, si a\u00fan no lo ha hecho, proceda a dar continuidad al tr\u00e1mite de objeciones, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 30 de la Ley 1116 de 2006\u00bb)2. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta evidente que la jurisdicci\u00f3n constitucional ya se ha pronunciado sobre la problem\u00e1tica planteada en esta sede y decidi\u00f3 los aspectos que nuevamente se ponen de presente a trav\u00e9s de la acci\u00f3n que aqu\u00ed se decide, lo cual no es viable, por existir fallos en firme en torno al mismo tema, que tienen fuerza vinculante. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de contornos similares al ac\u00e1 decidido, esta Sala sostuvo que como <\/p>\n
\u2026el asunto fue sometido a discusi\u00f3n constitucional previa, se impone estarse a lo all\u00ed resuelto, pues tal y como lo ha dicho la jurisprudencia de la Sala, el tema controvertido ya fue conocido por esta Sala en sede de tutela y, por tanto, fue objeto de decisi\u00f3n constitucional, instancia en la que el juez del amparo est\u00e1 dotado de ampl\u00edsimas facultades para resolver los asuntos, de forma que, independientemente del resultado obtenido y de sus efectos en los procesos asociados, ello impide analizar nuevamente en esta sede lo relacionado (\u2026), pues previamente se surti\u00f3 un debate constitucional (CSJ STC12991-2021, reiterado en CSJ STC1542-2022). <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, es pertinente precisar que si la gestora considera que existe incumplimiento frente a lo ordenado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el proceso 110012203000202201250 a su alcance tiene la posibilidad de promover un incidente de desacato; circunstancia que, desde luego, impide a la Sala emitir un pronunciamiento sobre el particular, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo digital 2020-01-619891-000.PDF. La solicitud de admisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n es visible en el archivo digital 2020-07-005246-AAC.PDF. <\/p>\n
2\u0002 Dicho pronunciamiento fue excluido revisi\u00f3n por la Corte Constitucional en auto de 28 de octubre de 2022 (exp. T8954904). <\/p>\n
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