STC381-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC381-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00035-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la tutela que Luis Alberto Rojas Gait\u00e1n le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior y al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a Juan Felipe Uribe Londo\u00f1o, herederos determinados de Luis Alberto Rojas Casta\u00f1eda y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 2019-00439. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y familia, para que se ordenara a los estrados accionados \u00abDejar sin efecto los autos emitidos (\u2026) que denegaron la solicitud de medidas cautelares en el presente asunto\u00bb y, en consecuencia, accedieran a ellas. <\/p>\n
En compendi\u00f3 adujo que su padre Luis Alberto Rojas Casta\u00f1eda (q.e.p.d.), actuando como promitente vendedor en nombre propio y como mandatario de 10 de sus hijos (Diana Carolina, Doris Patricia, Gloria In\u00e9s, Jaime Bernardo, Jairo Alberto Sebasthian Marchyn Dhavyd, Juan Carlos, Mar\u00eda Consuelo, Marlene, Miryam y Nubia Rojas Acero), el 24 de marzo de 2011, \u00abprometi\u00f3\u00bb a Juan Felipe Uribe Londo\u00f1o la trasferencia de 11 inmuebles que compon\u00edan la hacienda la \u201cYolanda\u201d, dentro del cual se encontraba una posesi\u00f3n \u201cla Cristalina\u201d, no especificada en el negocio; no obstante, falleci\u00f3 sin que se cumpliera lo estipulado. <\/p>\n
Inform\u00f3 que en la sucesi\u00f3n de \u00e9ste (n\u00ba 2015-00213) no se incluy\u00f3 el anterior contrato, pese a que algunos herederos participaron all\u00ed y celebraron actos posteriores; adem\u00e1s, \u00abhay herederos ajenos a la promesa de venta que no tenemos conocimiento del presente negocio y por ende no hemos participado en actuaciones posteriores, ni somos partidarios de las mismas\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que en el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se tramita demanda que Juan Felipe Uribe Londo\u00f1o present\u00f3 contra los 14 legatarios, donde el 22 de diciembre de 2021 se celebr\u00f3 \u00abcontrato transaccional\u00bb con 12 de ellos; sin embargo, el 25 de julio de 2022 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 lo improb\u00f3. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que compareci\u00f3 al litigio y en reconvenci\u00f3n pidi\u00f3 la inscripci\u00f3n de la \u00abdemanda en los inmuebles contenidos en la promesa de compraventa de propiedad de LUIS ALBERTO ROJAS CASTA\u00d1EDA, es decir, LA PRADERA, LA BLANQUITA, VILLA DORIS, ACAPULCO y que pertenecen al activo sucesoral del causante. De igual manera, solicit\u00e9 el secuestro de la posesi\u00f3n denominada LA CRISTALINA, incluida tambi\u00e9n en el acervo herencial dentro del proceso de sucesi\u00f3n\u00bb, as\u00ed mismo, \u00abla inscripci\u00f3n de la demanda en bienes del demandante\u00bb; y luego, requiri\u00f3 la adici\u00f3n de las cautelas respecto de los predios \u00absan isidro\u00bb y \u00abla pista\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, el 4 de abril de 2022, el despacho accedi\u00f3 a sus pedimentos y fij\u00f3 cauci\u00f3n; empero, el 13 de junio revoc\u00f3 esa determinaci\u00f3n y las declar\u00f3 improcedentes, \u00abaunado a que no se refiri\u00f3 a las medidas cautelares de car\u00e1cter innominado, toda vez que: El abogado LUIS ALBERTO ROJAS GAITAN, demandante en reconvenci\u00f3n y quien act\u00faa en causa propia, solicit\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda en nueve predios y el secuestro de las posesi\u00f3n de cuatro; sin embargo, conforme a la naturaleza del asunto \u2013 declaraci\u00f3n de nulidad del contrato de compraventa \u2013 las mismas no se abren paso conforme el principio de taxatividad de las medidas cautelares, si se repara que no se cumplen los presupuestos de los literales a y b del art\u00edculo 590, ni del art\u00edculo 592 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u00bb, resoluci\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, pero el juzgador la mantuvo inc\u00f3lume (16 ag.) y el superior la reafirm\u00f3 (10 oct.), providencia \u00faltima de la que implor\u00f3 aclaraci\u00f3n, adici\u00f3n y modificaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 alleg\u00f3 link de acceso al expediente objetado y dijo que \u00abel auto de 10 de octubre de 2022 con el que el Tribunal confirm\u00f3 el prove\u00eddo de 13 de junio anterior, proferido por el Juzgado 38 Civil del Circuito de esta ciudad, mediante el cual neg\u00f3 el decreto de medidas cautelares de inscripci\u00f3n de la demanda y el secuestro de la posesi\u00f3n de unos inmuebles al interior del juicio confutado (n.\u00b0 20190043903), es producto de la aplicaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la materia, en concordancia con la jurisprudencia, raz\u00f3n por la cual este accionado se atiene a las argumentaciones all\u00ed vertidas, en las que se explic\u00f3, en forma clara, los fundamentos normativos que tornan improcedente su decreto: (i) la demanda no versa sobre el bien inmueble objeto de cautela, (ii) no se persigue el pago de perjuicios, (iii) el asunto no corresponde a uno de pertenencia, deslinde y amojonamiento, servidumbres, expropiaciones o divisi\u00f3n de bienes, y (iv) en general lo pretendido no es compatible con la medida solicitada dada la naturaleza declarativa de la misma, que no demuestra la existencia de un derecho cierto\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1, Carolina Ariza Zapata – en calidad de apoderada de Juan Felipe Uribe Londo\u00f1o-, Nicol\u00e1s Arturo Calder\u00f3n Garz\u00f3n en representaci\u00f3n de Gloria In\u00e9s, Mar\u00eda Consuelo, Jaime Bernardo, Miryam, Doris Patricia, Jairo Alberto Sebasthian Marchyn Dhavyd, Nubia Rojas Acero y de la sociedad Vma Ingenier\u00eda y Desarrollo de Proyectos SAS – Juan Carlos Rojas Acero, se opusieron al resguardo. <\/p>\n
Ruth Triana Mendoza coadyuv\u00f3 la s\u00faplica como procuradora judicial de la menor M.L.R.C. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Aunque el promotor atac\u00f3 tambi\u00e9n el pronunciamiento del Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 (13 jun. 2022), el an\u00e1lisis de esta Corporaci\u00f3n se circunscribir\u00e1 al emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al cerrar el debate suscitado (10 oct. 2022). <\/p>\n
Aclarado lo anterior, de entrada, se observa el decaimiento del amparo, debido a que el interlocutorio que ratific\u00f3 la negativa del decreto de \u00abmedidas cautelares\u00bb, no luce antojadizo, ni caprichoso; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa aplicable al caso y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
Para el efecto, inicialmente trajo a colaci\u00f3n precedente de la Corte Constitucional, donde se esboz\u00f3 que <\/p>\n
(…) las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisi\u00f3n adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisi\u00f3n que se adopte, porque los fallos ser\u00edan ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucci\u00f3n o afectaci\u00f3n del derecho controvertido\u00bb (Sentencias C-054 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-255 de 1998, M.P. Carmenza Isaza y Sentencia C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, citada por el Consejo de Estado en la Sentencia 2012-00835 de 6 de diciembre de 2012). <\/p>\n
Advirti\u00f3 que, en este caso, Luis Alberto Rojas Gait\u00e1n, a trav\u00e9s de <\/p>\n
demanda de reconvenci\u00f3n con el prop\u00f3sito principal que se declare la nulidad absoluta del contrato de la promesa de compraventa celebrado el 24 de marzo de 2011 entre el Se\u00f1or Juan Felipe Uribe Londo\u00f1o como mandante de la se\u00f1ora Marta Elena Agudelo Zapata y del se\u00f1or Andr\u00e9s G\u00f3mez Londo\u00f1o y los promitentes vendedores Luis Alberto Rojas Casta\u00f1eda, Gloria In\u00e9s Rojas Acero, Mar\u00eda Consuelo Rojas Acero, Miryam Rojas Acero, Marlene Rojas Acero, Nubia Rojas Acero, Jairo Sebasthian Marchyn Dhavyd Rojas Acero, Doris Patricia Rojas Acero, Jaime Bernardo Rojas Acero Juan Carlos Rojas Acero y, Diana Carolina Rojas Acero y, en consecuencia se retorne el negocio a su estado original y se proceda con la devoluci\u00f3n de dineros, inmuebles y el pago de frutos a su titular de dominio. Y con el prop\u00f3sito de que se garantice el cumplimiento de un posible fallo a su favor, solicit\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda y el secuestro de la posesi\u00f3n de los inmuebles referidos en su escrito, que son materia del contrato de promesa de compraventa y de la forma de pago del referido convenio\u00bb. <\/p>\n
Luego de analizar la actuaci\u00f3n desplegada por el a quo adver\u00f3 que el auto criticado deb\u00eda ser refrendado por las siguientes razones: <\/p>\n
i.- De conformidad con literal a del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abla procedencia de la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda se encuentra circunscrita a que la misma verse sobre el dominio u otro derecho real principal; empero, la viabilidad de dicha cautela no se agota all\u00ed, pues el legislador tambi\u00e9n previ\u00f3 que en trat\u00e1ndose de procesos en los que se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual, resulta posible su decreto, respecto de \u201cbienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado\u201d, de conformidad con lo estipulado en el literal b) 4 del mismo precepto\u00bb. <\/p>\n
ii.- En el sub lite lo perseguido es que se declare la nulidad de un contrato de promesa de compraventa, el cual no versa sobre la transmisi\u00f3n de \u00abderechos reales\u00bb, puesto que \u00abel pacto que se repudia nulo no se discute entonces el derecho de dominio sobre los bienes a que se refiere y, por consiguiente, no se hace viable el decreto de la inscripci\u00f3n de la demanda suplicada\u00bb. <\/p>\n
iii.- Tampoco se persigue el pago de perjuicios \u00abprovenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual, al que hace alusi\u00f3n el aludido literal b de la norma en comento, puesto que las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n son que se declare: i) la existencia de un contrato de mandato, ii) la nulidad del contrato de promesa de compraventa, iii) la nulidad del contrato de transacci\u00f3n del 22 de diciembre de 2020 suscrito en virtud del contrato de promesa de compraventa, iv) que el se\u00f1or Alberto Rojas Casta\u00f1eda y sus mandantes en el a\u00f1o 2011 \u201chicieron entrega de los bienes prometidos como tambi\u00e9n de la posesi\u00f3n de la denominada la cristalina al se\u00f1or Juan Felipe Uribe Londo\u00f1o y sus mandantes\u201d, v) que \u201cel se\u00f1or Luis Alberto Rojas Casta\u00f1eda explot\u00f3 su cuota parte en los bienes \u201cSan Isidro\u201d y \u201cLa Pista\u201d desde la fecha de entrega de los inmuebles hasta el 8 de agosto de 2013,\u201d vi) que la sucesi\u00f3n de Luis Alberto Rojas Casta\u00f1eda no se encuentra explotando los bienes inmuebles prometidos y pertenecientes al causante, y vii) que los demandados contin\u00faan usufructuando de forma continua e ininterrumpidamente los bienes \u201cSan Isidro\u201d y \u201cLa Pista\u201d; pretensiones en las que no se observa que se persiga la compensaci\u00f3n de los aludidos da\u00f1os. <\/p>\n
iv.- Este caso no corresponde a uno de pertenencia, deslinde y amojonamiento, servidumbres, expropiaciones o divisi\u00f3n de bienes comunes, \u00abpara que seg\u00fan lo reglado en el canon el art\u00edculo 592 de CGP, proceda la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Record\u00f3 que las \u00abcautelas\u00bb innominadas \u00abson aquellas que no est\u00e1n previstas en la ley, dada la variedad de circunstancias que se pueden presentar y hacen dif\u00edcil que sean contempladas todas por el legislador, que pueden ser dictadas por el juez acorde con su prudente arbitrio, para \u2018prevenir que pudiera quedar ilusoria la ejecuci\u00f3n del fallo o cuando hubiera fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de dif\u00edcil reparaci\u00f3n al derecho de la otra\u2019\u00bb (Corte Constitucional. Sentencia C-835 de 2013). <\/p>\n
Finalmente concluy\u00f3 que la determinaci\u00f3n debatida deb\u00eda ser convalidada, \u00abno sin antes memorar que la motivaci\u00f3n de esta providencia no comprende razonamientos propios del fallo con el que se resolver\u00eda, en el fondo y, en definitiva, la suerte del libelo genitor, pues lo aqu\u00ed decidido encontr\u00f3 su raz\u00f3n de ser simplemente en lo que devel\u00f3 un examen apenas ab initio de los medios de convicci\u00f3n hasta este momento recaudados; no se impondr\u00e1 condena en costas por no aparecer causadas (art. 365. 8, CGP)\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca el querellante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia para rebatir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3.- Son estas razones que llevan al fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela promovida por Luis Alberto Rojas Gait\u00e1n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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STC381-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC381-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00035-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se desata la tutela que Luis Alberto Rojas Gait\u00e1n le instaur\u00f3 a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70242","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70242","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70242"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70242\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70242"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70242"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70242"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}