STC383-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC383-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02135-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Elsa Edith Torres Moreno frente a la sentencia de 2 de noviembre de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en la tutela que instaur\u00f3 a la hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n No 4 de la Especializada en lo Laboral de esta misma Corporaci\u00f3n, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga y al Juzgado Cuarto Laboral de la misma ciudad, extensiva a las partes y a los intervinientes en el proceso ordinario laboral con rad. 2016-00026-001. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo, que se deje sin valor ni efecto la sentencia SL3996-2021 (9 ago. 2021) y que como consecuencia de ello se ordene emitir una nueva decisi\u00f3n que \u00abconceda las (\u2026) peticiones presentadas en la demanda\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que comoquiera que para el 1\u00ba de abril de 1994 ten\u00eda 38 a\u00f1os de edad y 162.15 semanas de cotizaci\u00f3n, espec\u00edficamente 903 al r\u00e9gimen de prima media y el extinto Instituto de Seguros Sociales – ISS neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez, promovi\u00f3 el juicio referido en l\u00edneas anteriores contra la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que pese a que acredit\u00f3 que era beneficiaria del del r\u00e9gimen de transici\u00f3n conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y le era aplicable el Decreto 758 de 1990 porque para la fecha en que cumpli\u00f3 55 a\u00f1os ten\u00eda 644.6485 semanas cotizadas en los \u00faltimos 20 a\u00f1os, la hom\u00f3loga de Descongesti\u00f3n Laboral de esta Corte, no cas\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal que confirm\u00f3 el fallo de primera instancia que neg\u00f3 las pretensiones relacionadas con la citada prestaci\u00f3n social e impuso costas procesales; en su criterio se realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del Acto Legislativo 01 de 2005 en la medida que se impusieron requisitos adicionales. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 PARISS y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, aunque en escrito separados, coincidieron en alegar su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el amparo con sustento en que \u00ablas autoridades judiciales accionadas actuaron en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales en el proceso ordinario laboral\u00bb. <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, para lo cual insisti\u00f3 en los mismos repararos expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Frente a las quejas expuestas en el escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n en punto al reproche contra el prove\u00eddo de la Sala de Descongesti\u00f3n que no cas\u00f3 la sentencia del Tribunal que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n que absolvi\u00f3 a Colpensiones S.A. de las pretensiones dirigidas a que reconozca una pensi\u00f3n de vejez a la aqu\u00ed actora (9 ago. 2021), pronto se advierte la denegaci\u00f3n del resguardo porque esa decisi\u00f3n no luce descabellada. <\/p>\n
Ciertamente, para obrar como lo hizo, al estudiar los dos cargos enrostrados al fallo de segunda instancia que se enfilaron a cuestionar en \u00faltimas la aplicaci\u00f3n indebida del par\u00e1grafo 4 del Acto Legislativo 01 de 20052 lo que conllev\u00f3 a perder los beneficios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de que trata el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, despu\u00e9s de citar jurisprudencia sobre la materia precis\u00f3 que de conformidad con el reporte de semanas cotizadas en pensiones: <\/p>\n
(\u2026), se observa que al 29 de julio de 2005, la demandante acredit\u00f3 un n\u00famero de 571,48 semanas de cotizaci\u00f3n, el cual es inferior al exigido por [el citado acto legislativo] (\u2026) para continuar siendo beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, lo que le impide obtener la pensi\u00f3n de vejez en los t\u00e9rminos previstos en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
En el anterior contexto, la demandante no continu\u00f3 cobijada por el r\u00e9gimen de transici\u00f3n y no ten\u00eda derecho a que se le extendiera hasta el a\u00f1o 2014, porque no acredit\u00f3 las 750 semanas de cotizaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino indicado. Por tanto, su derecho pensional est\u00e1 regulado por el art\u00edculo 33 de la Ley 100 de 1993, con la reforma que introdujo el art\u00edculo 9 de la Ley 797 de 2003. <\/p>\n
De otra parte, advirti\u00f3 que de conformidad, entre otras, con las sentencias SL1145-2021 y SL181-2020 proferidas por la Sala permanente de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte se ten\u00eda que la reforma introducida con la tan mentada norma, no desconoc\u00eda los principios de progresividad y no regresividad del r\u00e9gimen pensional en la medida que no se dio de una manera abrupta, concedi\u00f3 un t\u00e9rmino para cumplir con los requisitos, no se dio de manera arbitraria e inconsulta, sino que tuvo en cuenta los derechos adquiridos y plane\u00f3 una f\u00f3rmula de extinci\u00f3n paulatina del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, teniendo en cuenta las expectativas leg\u00edtimas de ciertos afiliados, adem\u00e1s de que estuvo justificada en la necesidad de lograr la sostenibilidad financiera del sistema pensional. <\/p>\n
Finalmente teniendo en cuenta que la aqu\u00ed actora interpuso el recurso extraordinario, que no tuvo \u00e9xito y fue objeto de r\u00e9plica por su contradictora, advirti\u00f3 que las costas estar\u00edan a su cargo; a m\u00e1s que de conformidad con el el canon 366 del C\u00f3digo General del Proceso fijar\u00eda agencias en derecho en suma de $4.400.000,oo. <\/p>\n
De lo anterior, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad convocada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, donde aun cuando la Corte proh\u00edje o no los motivos expuestos para no casar la sentencia de segundo grado, se advierte que se tuvieron en cuenta las normas que eran aplicables al caso concreto conforme la l\u00ednea jurisprudencial del \u00f3rgano de cierre laboral, sin que sea aceptable deslegitimar a trav\u00e9s del presente mecanismo, dicho an\u00e1lisis, cuando en realidad se incumple con los requisitos de cotizaci\u00f3n para el reconocimiento pensional pretendido. <\/p>\n
De manera que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
2. Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Las presentes diligencias fueron radicadas en la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil Familia Agraria de esta Corte hasta el 19 de diciembre de 2022. <\/p>\n
2\u0002 El r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en la Ley 100 de 1993 y dem\u00e1s normas que desarrollen dicho r\u00e9gimen, no podr\u00e1 extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho r\u00e9gimen, adem\u00e1s, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendr\u00e1 dicho r\u00e9gimen hasta el a\u00f1o 2014 (subrayado fuera del original). <\/p>\n
Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este r\u00e9gimen ser\u00e1n los exigidos por el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y dem\u00e1s normas que desarrollen dicho r\u00e9gimen. <\/p>\n
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