STC384-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC384-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00433-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 1\u00ba de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ap\u00eda, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Alcald\u00eda y Personer\u00eda de esa ciudad, la Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda del Pueblo Regionales de Risaralda y el Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales, as\u00ed como las partes e intervinientes en el litigio n.\u00ba 2022-00026. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de la garant\u00eda esencial de debido proceso, supuestamente vulnerada por la autoridad censurada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba, se destacan como hechos relevantes los siguientes: <\/p>\n
El gestor promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el \u00abestablecimiento de comercio Funeraria Inversiones y Planes de la Paz Ltda \u2013 Agencia Santuario\u00bb, en procura de que se ordenara la contrataci\u00f3n \u00abcon entidad id\u00f3nea [para] la atenci\u00f3n para la poblaci\u00f3n que manda la ley 982 de 2005\u00bb; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Ap\u00eda, bajo el radicado n\u00ba 2022-00026, quien, en prove\u00eddo del 22 de marzo de 2022, admiti\u00f3 la causa tendiente a salvaguardar los derechos colectivos invocados. <\/p>\n
Seguidamente, el libelista solicit\u00f3 \u00abnotificar la acci\u00f3n impetrada, so pena de desistir\u00bb1, frente a lo cual, el despacho enjuiciado se pronunci\u00f3 (i) recordando que \u00abla notificaci\u00f3n de la entidad accionada (\u2026) fue una carga procesal que se le impuso al accionante en [la determinaci\u00f3n] que admiti\u00f3 el libelo en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 21 de la ley 472, y sobre (\u2026) [la] cual, (\u2026) no interpuso recurso alguno\u00bb; y, (ii) no accediendo al \u00faltimo pedimento, pues advirti\u00f3 que \u00abdada la finalidad de la acci\u00f3n popular, no le es dable al actor popular disponer de los intereses colectivos que defiende\u00bb. <\/p>\n
Expuso el promotor que \u00ab[c]omo (\u2026) no se cumplen los terminos (sic) perentorios de tiempo que la ley 472 de 1998 le ordena a la tutelada, (\u2026) desisto de [la] (\u2026) accion (sic) popular\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en lo fundamental que se ordene a la autoridad censurada: (i) aceptar el desistimiento de la acci\u00f3n; (ii) \u00abaportar digitalmente todas las tutelas que he presentado a su contra y asi (sic) demostrar la mora judicial sistem\u00e1tica del tutelado\u00bb; y, (iii) \u00abcumplir terminos (sic) de tiempo que le impone la ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Ap\u00eda realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el juicio y remiti\u00f3 el expediente digital del asunto confutado. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda adujo que <\/p>\n
\u00abel [convocante] no ha presentado (\u2026) ninguna solicitud, queja o reclamo af\u00edn con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional y que haya ameritado intervenci\u00f3n ante el juez respectivo por parte de esta agencia del Ministerio P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador Provincial de Instrucci\u00f3n de Pereira reliev\u00f3 que el gestor no ha acudido a dicha entidad a pedir la intervenci\u00f3n judicial que reclama en la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n indic\u00f3 que la notificaci\u00f3n de este asunto \u00abfue trasladada a la Procuradur\u00eda Regional de Risaralda, en cumplimiento de lo previsto en el art\u00edculo 36 del Decreto 262 de 2000, y del numeral 4.11 del art\u00edculo 9 de la Resoluci\u00f3n 377 del 9 de noviembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el resguardo, argumentando que \u00abel interesado dej\u00f3 de recurrir en reposici\u00f3n los autos del 23-09-2022 y 10-11-2022 que, entre otras decisiones, negaron el desistimiento de la acci\u00f3n popular (\u2026) pese a su procedencia (Art.36, Ley 472). Mecanismo id\u00f3neo y eficaz para ventilar el problema jur\u00eddico ante el juez de conocimiento y pretiri\u00f3 emplearlo, sin justificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el recurrente, para se\u00f1alar que \u00abDESIST[E] DE LA ACCION POPULAR A FIN DE NO PERDER MAS (\u2026) TIEMPO, PUES LA JUZGADORA SE NIEGA A DAR CELERIDAD Y SE INAPLICA ART 84 LEY 472 DE 1998\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si el presente caso satisface el requisito de la subsidiariedad; de superarse lo anterior, si el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ap\u00eda vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental del querellante, por cuanto: (i) no accedi\u00f3 a la solicitud de desistimiento elevada por el gestor, en el marco de la acci\u00f3n popular rad. 2022-00026; y, (ii) presuntamente incumpli\u00f3 los t\u00e9rminos establecidos en la ley 472 de 1998 para fallar en primera instancia. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las resoluciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de [fallos] de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 la improcedencia del auxilio deprecado, puesto que: i) el resguardo incumple con el presupuesto de la subsidiariedad; y, ii) de las circunstancias se\u00f1aladas por el memorialista, no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas. <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su quebrantamiento ocurre no solo cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otras v\u00edas tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos. <\/p>\n
En el caso que se revisa, se configura la primera modalidad, dado que el gestor adopt\u00f3 una actitud negligente en el tr\u00e1mite de la precitada acci\u00f3n popular, toda vez que no formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra la determinaci\u00f3n del despacho de no acceder al desistimiento solicitado2, desaprovechando la oportunidad para exponer sus reparos ante la c\u00e9lula cognoscente. <\/p>\n
Al respecto, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
3.2. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Una vez verificado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial y de conformidad con la contestaci\u00f3n allegada por el estrado encartado, se pudo constatar que: <\/p>\n
\u00ab[La acci\u00f3n popular rad. 2022-00026] fue admitida por auto del 22 de marzo de esta anualidad, y all\u00ed mismo, se le impuso como carga procesal al actor popular, notificar a la parte accionada (\u2026) sin embargo, a la fecha no se ha verificado el cumplimiento. En providencia calendada del 29 de junio de 2022, con ocasi\u00f3n a la solicitud de la parte actora para que se citara a la audiencia especial de pacto de cumplimiento, se requiri\u00f3 al citado se\u00f1or para que gestionara la notificaci\u00f3n de la accionada; y mediante auto del 23 de septiembre de igual a\u00f1o, el Despacho se pronunci\u00f3 en relaci\u00f3n con una nueva petici\u00f3n elevada en sentido similar, neg\u00f3 el desistimiento de la acci\u00f3n, y se abstuvo de remitir las diligencias a la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial. Finalmente, el 10 de noviembre \u00faltimo, dando alcance a una nueva misiva enviada por el actor popular, se hizo alusi\u00f3n a la intervenci\u00f3n facultativa de los representantes del Ministerio P\u00fablico que se encontraban debidamente notificados, y no se accedi\u00f3 a la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Significa lo anterior, que la agencia judicial fustigada no mostr\u00f3 una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongar indebidamente el asunto bajo su conocimiento, en consecuencia, se colige que el juzgado ha realizado las gestiones pertinentes en procura de la definici\u00f3n de la instancia a su cargo. <\/p>\n
Por lo tanto, no se evidencia trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda esencial invocada a trav\u00e9s de este mecanismo, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego, pues se ha reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
4. Precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
Finalmente, en lo que respecta a las dem\u00e1s pretensiones invocadas a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n \u2013v. gr., que se \u00absolicite a la PROCURADORA GENERAL NACI\u00d3N, abre investigaci\u00f3n contra el delegado de dicha procuradur\u00eda al no actuar en acci\u00f3n popular referida Y (\u2026) designe un procurador a fin que presente tutelas a mi nombre\u00bb y que se \u00abordene al tutelado aportar digitalmente todas las tutelas que he presentado a su contra y asi (sic) demostrar la mora judicial sistem\u00e1tica del tutelado\u00bb \u2013, colige la Sala que nada obsta para que el censor acuda directamente ante la autoridad competente para formular los requerimientos que estime pertinentes; ya que, en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo, no est\u00e1 previsto para suplir las actuaciones o diligencias que corresponden a los interesados. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se impone respaldar la providencia cuestionada porque: (i) el resguardo incumple el presupuesto de la subsidiariedad puesto que la apat\u00eda en la utilizaci\u00f3n de los medios de control judicial pertinentes torna inviable la acci\u00f3n de tutela; y, (ii) no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n iusfundamental por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de Ap\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 De conformidad con el prove\u00eddo del 23 de septiembre de 2022. <\/p>\n
2\u0002 Auto del 23 de septiembre de 2022 <\/p>\n
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