STC388-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC388-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2022-00105-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto el 17 de noviembre de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Graciela Valenzuela de Rosero contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco y las se\u00f1oras Carmen Lorena y Cecilia Johana Benavides Qui\u00f1ones. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora -mediante procuradora judicial-, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, administraci\u00f3n de justicia, vida digna, igualdad y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerado por las autoridades cuestionadas al interior del tr\u00e1mite de tutela de radicado 2022-00150-00. <\/p>\n
2.1. En raz\u00f3n a ello, el Juzgado Primero Civil Municipal de Tumaco -con sentencia del 18 de agosto de 2022- concedi\u00f3 la salvaguarda. Y orden\u00f3 \u00aba la INSPECCI\u00d3N DE POLIC\u00cdA URBANA DE TUMACO, a trav\u00e9s de la inspectora de polic\u00eda urbana YAMIT LEUSSON M\u00c1RQUEZ o quien haga sus veces, que dentro del t\u00e9rmino de dos (2) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, proceda a SUSPENDER la decisi\u00f3n adoptada en audiencia p\u00fablica dentro del proceso policivo No. 2021-021 y confirmado en Resoluci\u00f3n No. 1854 de la Oficina Jur\u00eddica de la Alcald\u00eda Distrital de Tumaco, hasta tanto exista una resoluci\u00f3n de fondo en los procesos ordinarios que cursan en los despachos judiciales con respecto al bien inmueble objeto de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. Impugnada esa determinaci\u00f3n, fue confirmada por la autoridad debatida -con sentencia del 27 de septiembre de 2022-. <\/p>\n
2.3. La actora adujo que no fue notificada en debida forma de la decisi\u00f3n de segunda instancia, pues \u00fanicamente tuvo conocimiento de ella el 4 de octubre de 2022, cuando, luego de presentar derecho de petici\u00f3n ante el despacho accionado, le fuera remitido el expediente de tutela. Adem\u00e1s, explic\u00f3 las razones por las cuales no comparte lo resuelto en la providencia mencionada, pues no se causa un perjuicio irremediable a las accionantes y no se valor\u00f3 en debida forma las pruebas adosadas. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 que se revoque el fallo de tutela proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito el 27 de septiembre de 2022. En consecuencia, se ordene declarar la improcedencia de la solicitud de amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Tumaco1, manifest\u00f3 que, efectivamente conoci\u00f3 en primera instancia la acci\u00f3n de tutela de radicado 2022-00150-00, de la cual dict\u00f3 sentencia el 18 de agosto de 2022, concediendo el amparo, tr\u00e1mite en el que \u00abse respet\u00f3 el derecho al debido proceso de las partes y se fall\u00f3 teniendo en cuenta todos los supuestos f\u00e1cticos, jur\u00eddicos y los elementos probatorios, teniendo as\u00ed una providencia ajustada al ordenamiento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco2, pidi\u00f3 que se declare que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante. <\/p>\n
3. Carmen Lorena y Cecilia Benavides Qui\u00f1ones3, expresaron que el inmueble que fue propiedad de su madre est\u00e1 ubicado en la zona rural de Tumaco, el cual no es adecuado para vivir y no lo habitan. Por lo tanto, han vivido de arrimadas sin tener recursos econ\u00f3micos para pagar una vivienda, hasta que, por sugerencia de una t\u00eda, quien les entreg\u00f3 las llaves para abrir el primer port\u00f3n, optaron por vivir en la propiedad de su padre, casa que encontraron vac\u00eda y a la que hicieron varias reparaciones. <\/p>\n
Destacaron, que la gestora ocupa un predio comprado por su padre, pero a nombre de ella, que nunca ha vivido en ninguna de las dos casas ubicadas en el barrio Avenida del Aeropuerto La Florida, zona urbana de Tumaco, que no ha sido su poseedora y tampoco se encuentra en estado de desprotecci\u00f3n, pues tiene hijos profesionales con buenos recursos econ\u00f3micos, paga servicios p\u00fablicos mensuales de energ\u00eda en estrato cuatro y la casa donde vive cuenta con cinco habitaciones. Es decir, que lleva una existencia digna, teniendo la posibilidad de contratar con varios abogados para su defensa en los diferentes procesos, muy diferente a la situaci\u00f3n de ellas al no contar con recursos. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala de Decisi\u00f3n Civil, Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto declar\u00f3 improcedente el amparo. Consider\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n que nos ocupa no procede respecto de un asunto de igual linaje, ya que el legislador defini\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos asuntos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate sobre la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, e incluso la insistencia en caso de negarse esta\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora, insistiendo en los mismos argumentos esbozados en el escrito inicial. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio \u00abla valoraci\u00f3n de la prueba en conjunto que acompa\u00f1a la Acci\u00f3n de Tutela, permite concluir de forma pac\u00edfica la actuaci\u00f3n an\u00f3mala del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tumaco(N), puesto que se desconoci\u00f3, que el conflicto presentado dentro del fallo de la acci\u00f3n de tutela con radicaci\u00f3n No: 528354003001-2022-00150-00, encuentra instancias judiciales espec\u00edficas para su soluci\u00f3n transitoria y definitiva\u00bb. Adem\u00e1s, aleg\u00f3 que \u00ablas se\u00f1oras Benavides Qui\u00f1ones gracias a su idoneidad, am\u00e9n de poseer formaci\u00f3n que se encuentran trabajando, pueden procurarse su sustento, y tienen recursos econ\u00f3micos que les permiten la posibilidad real de gozar de un espacio material delimitado y exclusivo, en el cual las accionantes y su familia puedan habitar y realizar sus proyectos de vida, en condiciones que les permitan desarrollarse como individuos dignos\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la gestora, con ocasi\u00f3n del fallo de tutela proferido el 27 de septiembre de 2022, con el cual se confirm\u00f3 la sentencia del 18 de agosto de la misma calenda, que ampar\u00f3 los derechos invocados por las se\u00f1oras Benavides Qui\u00f1ones, en contra de la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
2. La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente la improcedencia para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de tutela. En esa direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado que <\/p>\n
L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto (CSJ STC 20 de abr. de 2020, Rad. 2020-00852-00). <\/p>\n
2.1. De lo anterior, se sigue que no es esta v\u00eda el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en estas actuaciones. Toda vez que, de permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual naturaleza, aparte de hacer interminable el tr\u00e1mite, se atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, la Sala no desconoce que la Corte Constitucional con sentencia SU-627 de 2015 sostuvo que la guarda procede, excepcionalmente, contra un fallo de la misma naturaleza cuando se configure una de las siguientes causales: <\/p>\n
\u2026cuando (i) exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, (ii) cumpla con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; (iii) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. La acci\u00f3n de tutela solo procede contra fallos de la misma naturaleza, cuando no han sido proferidas por la Corte Constitucional y exista fraude, y contra actuaciones surtidas en el proceso de tutela siempre y cuando no busque el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia. <\/p>\n
3. Bajo esos lineamientos, en el caso en concreto, es claro que la libelista pretende dejar sin efectos el fallo tutelar proferido por el Juzgado del Circuito debatido el 27 de septiembre de 2022, con el cual se resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n propuesta en la acci\u00f3n de tutela referida. <\/p>\n
4. Sobre el particular, se advierte la improcedencia del amparo invocado. Ello pues, la inconformidad de la quejosa es con el fondo de la decisi\u00f3n que defini\u00f3 el asunto constitucional rebatido, lo que torna inviable el estudio del resguardo, m\u00e1xime cuando no se acreditaron hechos constitutivos de una situaci\u00f3n fraudulenta, lo cual, como qued\u00f3 visto, habilitar\u00eda la procedencia de este mecanismo excepcional. <\/p>\n
5. Sumado a lo anterior, deviene imperioso resaltar que una vez sea remitida la citada acci\u00f3n ante la Corte Constitucional, la actora tendr\u00e1 a su alcance el medio de defensa previsto por el ordenamiento jur\u00eddico para atacar \u00abel fallo de tutela\u00bb mediante la revisi\u00f3n ante la citada Corporaci\u00f3n. Incluso, de no ser seleccionada podr\u00e1 elevar la solicitud de insistencia, lo cual cierra la posibilidad de auscultar por este camino un prove\u00eddo dictado en un tr\u00e1mite de similar temperamento. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992) (STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada en STC10007-2020; STC568-2021, citadas en STC16306-2021 y STC3147-2022). <\/p>\n
6. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-3. Anexo 010 CONTESTACION JUZGADO 1\u00b0 CIVIL DEL CIRCUITO DE TUMACO.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-10. Anexo 012 CONTESTACION VINCULADAS CARMEN Y CECILIA BENAVIDES QUI\u00d1ONES.pdf <\/p>\n
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STC388-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC388-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 52001-22-13-000-2022-00105-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70246","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70246","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70246"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70246\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70246"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70246"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70246"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}