STC390-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC390-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02120-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 26 de octubre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fredy de Jes\u00fas D\u00edaz Ib\u00e1\u00f1ez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn, los Juzgados Segundo y Tercero Penales del Circuito Especializados de Antioquia y las Fiscal\u00edas Primera Especializada y Setenta y Nueve Seccional de Apoyo, ambas de la capital antioque\u00f1a y el despacho Setenta y Uno adscrito a la Unidad Nacional de Fiscal\u00edas para los Desmovilizados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor, actuando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera quebrantado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los elementos de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que contra el actor, quien adujo ser exmiembro de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, se adelantaron las siguientes causas penales: <\/p>\n
2.1. Proceso 2017-00440 por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado, dentro del cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, mediante sentencia anticipada de 22 de agosto de 2017, lo conden\u00f3 a 191 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n
Tal sanci\u00f3n alcanz\u00f3 firmeza luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia la confirmara el 15 de marzo de 2018, sin que en su contra se hubiera formulado recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Procesos 2017-01142 y 2017-01143, tramitados ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, ambos por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en los que se le conden\u00f3, mediante sentencias de 14 de junio y 10 de julio de 2018, respectivamente, solo por los atentados contra la vida precluy\u00e9ndose la investigaci\u00f3n del punible contra la seguridad p\u00fablica dado que su juzgamiento se hab\u00eda verificado en el asunto 2017-00440 donde se analiz\u00f3 su pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia. <\/p>\n
3. D\u00edaz Ib\u00e1\u00f1ez acude a este instrumento pues, de un lado, considera injusta la condena irrogada en su contra al interior de la primera causa mencionada habida cuenta que \u00ablos postulados Ovidio Pascual N\u00fa\u00f1ez Cabrales, alias el indio [y] Jhon Jairo \u00c1lvarez Manco, alias el mono, aceptaron su responsabilidad en la muerte del se\u00f1or Ovidio Higuita Torres, adem\u00e1s de aceptar su pertenencia al grupo armado ilegal conocido como Frente Alex Hurtado del Bloque Bananero de las hoy extintas Autodefensas Unidas de Colombia\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, estima quebrantada la garant\u00eda del non bis in \u00eddem pues el proceso distinguido con radicaci\u00f3n 2017-00440 y el sumario 21185 \u00abtuvieron como soporte [su] pertenencia\u2026 en las autodefensas\u00bb, de all\u00ed que pueda predicarse en ambos asuntos, identidad de persona, objeto y causa. <\/p>\n
4. Pide que se d\u00e9 \u00abaplicaci\u00f3n a la norma rectora del art\u00edculo 8 de la Ley 599 de 2000 que establece la prohibici\u00f3n de imputar m\u00e1s de una vez la misma conducta punible\u2026 y por tanto se d\u00e9 aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 39 de la Ley 600 de 2000 precluyendo la investigaci\u00f3n en raz\u00f3n a que esta no puede proseguirse\u2026 disponi\u00e9ndose en consecuencia el archivo definitivo de toda la actuaci\u00f3n\u00bb, de igual forma impetra \u00ab[su] libertad inmediata\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS <\/p>\n
Y DEM\u00c1S VINCULADOS <\/p>\n
1. Una magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medell\u00edn inform\u00f3 que el quejoso \u00abhizo parte del Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero donde fue conocido con el alias de \u201cMario\u201d \u2026 sin que\u2026 aparezca como desmovilizado o postulado del citado Frente\u00bb. <\/p>\n
Se opuso a la prosperidad del resguardo pues \u00aben modo alguno ha desconocido el derecho respecto del cual demand\u00f3 protecci\u00f3n el actor, al no estar vinculado al proceso de Justicia y Paz en calidad de postulado ni asignado por conocimiento a [ese] despacho\u00bb. <\/p>\n
2. Un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia dio cuenta de lo actuado al interior del proceso 2017-00440 y se\u00f1al\u00f3 que en las providencias all\u00ed proferidas \u00abse analiz\u00f3 el principio de non bis in \u00eddem y el sentenciado no interpuso casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia se refiri\u00f3 a la misma causa penal confirmando que mediante sentencia de 22 de agosto de 2017 conden\u00f3 al quejoso como autor de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado, la cual fue ratificada por el Tribunal Superior de aquel distrito judicial el 15 de marzo de 2018. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que no ha quebrantado derecho fundamental alguno en la medida que \u00abactu\u00f3 conforme a derecho emitiendo una sentencia condenatoria teniendo en cuenta que se estructuraban todos los presupuestos del tipo penal adem\u00e1s se contaba con sustento probatorio para ello\u00bb. <\/p>\n
En torno al desconocimiento del principio del non bis in \u00eddem aseguro \u00abdesconocer\u2026 los motivos por los cuales se alega tal situaci\u00f3n cuando de los documentos que aporta\u2026 se advierte que desde el d\u00eda 11 de enero de 2018 la Fiscal\u00eda 92 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado procedi\u00f3 a precluir la investigaci\u00f3n como quiera que al parecer s\u00ed se present\u00f3 menoscabo del mencionado principio\u00bb. <\/p>\n
4. Una empleada del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Antioquia se refiri\u00f3 a los procesos 2017-01142 y 2017-01143 adelantados contra el ac\u00e1 promotor, dentro de los cuales se profiri\u00f3 condena por el delito de homicidio en persona protegida y se precluy\u00f3 respecto de los cargos de concierto para delinquir agravado en garant\u00eda de la prohibici\u00f3n de doble incriminaci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, en este caso \u00abse configura una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva frente a [ese] despacho, toda vez que\u2026 no ha sido responsable de la omisi\u00f3n o realizaci\u00f3n de conductas que est\u00e9n vulnerando los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
5. La Procuradora 128 Judicial II Penal de Medell\u00edn recalc\u00f3 que \u00abel 11 de enero de 2018 la Fiscal\u00eda 92 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Valledupar precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n que adelantaba contra Fredy de Jes\u00fas D\u00edaz Ib\u00e1\u00f1ez por los delitos de concierto para delinquir agravado y otros, al advertir la existencia de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia\u2026 por su pertenencia a las autodefensas, y con ello evitar incurrir en una doble incriminaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello advirti\u00f3 que \u00abcon la preclusi\u00f3n\u2026 se evit\u00f3 la configuraci\u00f3n del principio de non bis in \u00eddem, y en consecuencia se torna improcedente la acci\u00f3n de amparo\u00bb. <\/p>\n
6. El Fiscal 92 Seccional de Apoyo al despacho 46, adscrito a la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional, corrobor\u00f3 la informaci\u00f3n brindada por la delegada del Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
7. El Fiscal 157 Seccional de Apoyo al despacho 48, adscrito a la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional, refiri\u00f3 que si bien D\u00edaz Ib\u00e1\u00f1ez es desmovilizado del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, no tiene la calidad de postulado a los beneficios de la Ley 975 de 2005. <\/p>\n
8. El Fiscal Primero Delegado ante el Tribunal Superior de Medell\u00edn y la Fiscal 79 Local adscrita al CAVIF de la misma ciudad manifestaron no haber tenido a su cargo actuaci\u00f3n alguna en contra del promotor. <\/p>\n
9. Una empleada del Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn y Antioquia solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa dependencia de apoyo habida cuenta que \u00abno vulner\u00f3 o violent\u00f3 derecho fundamental alguno de Fredy de Jes\u00fas D\u00edaz Ib\u00e1\u00f1ez, toda vez que no [es] competente para decidir de fondo frente a alguna solicitud del accionante, y a qui\u00e9n corresponde tomar decisiones sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica de este es al Juzgado 5\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
10. Por \u00faltimo, compareci\u00f3 un abogado que dijo haber actuado como defensor de D\u00edaz Ib\u00e1\u00f1ez dentro del proceso penal 2017-01142 que culmin\u00f3 con decisi\u00f3n mixta de condena por homicidio en persona protegida y preclusi\u00f3n por el delito de concierto para delinquir agravado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el resguardo reclamado por cuanto no encontr\u00f3 configurada la lesi\u00f3n al principio de prohibici\u00f3n de doble incriminaci\u00f3n pues \u00absi bien existieron varias actuaciones judiciales en contra del accionante por id\u00e9nticos supuestos de hecho\u2026 integrar el grupo armado de las autodefensas, lo cierto es que en solo una de ellas, la distinguida con el radicado 2017-00440, se produjo sentencia condenatoria, en tanto que las restantes dieron alcance a la prerrogativa del non bis in \u00eddem y determinaron la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por ese comportamiento delictivo\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que la queja contra las sentencias proferidas al interior del proceso penal 2017-00440 desatend\u00eda los presupuestos de subsidiariedad, en la modalidad de incuria, e inmediatez. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n reiterando los argumentos del libelo inicial y aduciendo que la ausencia de agotamiento de todas las herramientas de defensa y la tardanza en acudir a esta salvaguarda obedecieron a que no cont\u00f3 con una adecuada defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas lesionaron los derechos fundamentales de Fredy de Jes\u00fas D\u00edaz Ib\u00e1\u00f1ez, dentro de las actuaciones penales que se adelantaron en su contra porque, seg\u00fan dice, los delitos por los que se le conden\u00f3 fueron cometidos por personas diferentes a \u00e9l y con afectaci\u00f3n del principio de non bis in \u00eddem. <\/p>\n
2. Del caso concreto <\/p>\n
2.1. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye, en consonancia con la sala a quo, que el cuestionamiento que se hace frente a las actuaciones adelantadas al interior de la causa 2017-00440 no atiende el postulado que viene coment\u00e1ndose, ya que la providencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, por medio de la cual confirm\u00f3 la sentencia anticipada proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado del mismo distrito judicial, data del 15 de marzo de 2018; mientras que la presente tutela se radic\u00f3 el 5 de octubre de 2022; es decir, transcurridos m\u00e1s cinco a\u00f1os desde la consumaci\u00f3n del presunto hecho lesivo. <\/p>\n
Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presunto afectado con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no; sin embargo, en este caso, no se adujeron razones v\u00e1lidas que sirvan de justificaci\u00f3n para la tardanza en promover el resguardo, al tiempo que no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del quejoso que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
Ahora bien, aunque el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda ser\u00eda criterio suficiente para respaldar la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, observa la Corte que, en este caso, el amparo tampoco consulta el requisito de procedibilidad que pasa a estudiarse. <\/p>\n
2.2. De la subsidiariedad <\/p>\n
El resguardo desatiende el citado presupuesto por v\u00eda de incuria, habida cuenta que el promotor, pese a haber tenido a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone sobre su ajenidad con los hechos por los que fue condenado anticipadamente en la causa 2017-00440, injustificadamente lo desaprovech\u00f3. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la informaci\u00f3n extra\u00edda de los medios de convicci\u00f3n allegados a la presente actuaci\u00f3n, D\u00edaz Ib\u00e1\u00f1ez no hizo uso del recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra el fallo de segundo grado, escenario propicio para que el Tribunal de cierre, en ejercicio de las facultades que le otorga el ordenamiento jur\u00eddico, examinara la presunta afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales que hoy alega por esta v\u00eda subsidiaria, mostr\u00e1ndose as\u00ed de acuerdo con lo decidido por las instancias ordinarias y permitiendo, con ello, la firmeza de los fallos censurados. <\/p>\n
Entonces, como esta Sala ha enfatizado, la procedencia del resguardo se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
Significa lo anterior que, el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad conlleva la inviabilidad de la protecci\u00f3n deprecada, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, comoquiera que es deber del interesado agotar todas las herramientas de defensa antes de ejercer la acci\u00f3n tuitiva. <\/p>\n
Sobre el agotamiento de los medios ordinarios como requisito para acudir a esta v\u00eda, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01) <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido se ratificar\u00e1 la sentencia de primer grado porque: <\/p>\n
3.1. El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional; es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, asimismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
3.2. El resguardo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad habida consideraci\u00f3n que el gestor desaprovech\u00f3 la oportunidad procesal para oponerse, a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, a la condena irrogada en el asunto 2017-00440, lo que constituye incuria. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC390-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC390-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02120-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[58],"tags":[],"class_list":["post-70247","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-enero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=70247"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/70247\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=70247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=70247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=70247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}