STC391-2023<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC391-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01885-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n que promovieron Cristian Andr\u00e9s V\u00e1squez Herrera y el abogado Gustavo Figueroa Porras contra el fallo de 20 de septiembre de 2022, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela que los recurrentes instauraron contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 y el Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito de Chaparral, extensiva a las autoridades partes e intervinientes en el proceso penal No. 730676000459-2020-00015-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Los gestores pretenden: i) que se ordene a las autoridades judiciales accionadas que resuelvan la nulidad que promovieron y que para tal fin den aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 450 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal; ii) que se deje sin valor y efecto el auto que declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n que impetraron, iii) que se modifique el lugar de reclusi\u00f3n hasta la ejecutoria de la sentencia, iv) que se permita el acceso al expediente con el fin de preparar los recursos que sean necesarios; v) que se garantice el derecho de su menor hijo a estar con su padre y vi) que se tramite y resuelva la casaci\u00f3n impetrada cuya sustentaci\u00f3n no ha sido posible por las omisiones en el traslado del expediente a quienes promovieron la misma. <\/p>\n
A juicio de los censores, el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral, en la sentencia de primera instancia, omiti\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a lo reglado en el art\u00edculo 450 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y se\u00f1al\u00f3 que el cumplimiento de la sentencia se dar\u00eda hasta su ejecutoria; sin embargo, \u00abpor fuera de lo decidido en su sentencia\u00bb orden\u00f3 la reclusi\u00f3n en establecimiento carcelario a quien ostentaba detenci\u00f3n domiciliaria y aunque solicit\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n, no hubo pronunciamiento. Respecto de la actuaci\u00f3n del Tribunal se duelen porque, seg\u00fan ellos, la magistratura no devolvi\u00f3 el expediente al a quo, pese a que le comunic\u00f3 que la petici\u00f3n de anulaci\u00f3n del tr\u00e1mite no fue resuelta y, en consecuencia, vulner\u00f3 el derecho a la doble instancia; adem\u00e1s, tampoco tuvo en cuenta la solicitud de nulidad y precedi\u00f3 a emitir sentencia de segundo grado. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que, pese a que elevaron varias solicitudes, el Tribunal no permiti\u00f3 el acceso al expediente y aun as\u00ed declar\u00f3 desierto el recurso de casaci\u00f3n impetrado. Tambi\u00e9n manifestaron que el cuerpo colegiado descart\u00f3 el valor probatorio de los dict\u00e1menes efectuados al hijo menor de edad del procesado por provenir de m\u00e9dicos particulares. <\/p>\n
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2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 adujo que, en la decisi\u00f3n de segunda instancia, expresamente se pronunci\u00f3 sobre la solicitud de nulidad; adem\u00e1s, hizo una valoraci\u00f3n integral y suficiente de los medios de prueba aportados. Tambi\u00e9n adujo que no se satisface el principio de subsidiariedad, toda vez que contra el fallo de segunda instancia el actor interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, es decir, se trata de un proceso en curso en el cual no procede la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n
El Juzgado Penal del Circuito de Chaparral inform\u00f3 que <\/p>\n
que la nulidad propuesta por el defensor del procesado fue presentada el 25 de mayo de 2022, despu\u00e9s de 7 meses de concedido el recurso de apelaci\u00f3n, cuando no ten\u00eda competencia para pronunciarse sobre el asunto. Destac\u00f3 que los gestores pretenden usar la acci\u00f3n de tutela para reabrir debates jur\u00eddicos ya resueltos. <\/p>\n
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2. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el resguardo tras se\u00f1alar que el abogado Gustavo Figueroa Porras carece de legitimaci\u00f3n en la causa para promover la tutela toda vez que no pretende el amparo de prerrogativas propias y tampoco cuenta con poder especial para agenciar derechos ajenos. Respecto de la protecci\u00f3n reclamada por Cristian V\u00e1squez se\u00f1al\u00f3 que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que, para la fecha de presentaci\u00f3n del ruego, estaba en curso el recurso de reposici\u00f3n que el interesado present\u00f3 contra el auto que dispuso declarar desierto el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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2. Los actores impugnaron. Manifestaron que Gustavo Figueroa Porras s\u00ed tiene legitimidad en la causa para promover la solicitud de amparo, toda vez que, en su condici\u00f3n de abogado, es parte procesal en la causa penal; adem\u00e1s, su inter\u00e9s es defender los derechos de su cliente. De otro lado manifestaron que el proceso penal no est\u00e1 en curso, toda vez que el recurso de casaci\u00f3n fue declarado desierto; adem\u00e1s, insisti\u00f3 en la lesi\u00f3n de sus derechos debido a que no se le permiti\u00f3 el acceso al expediente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 ratificada toda vez que el abogado Gustavo Figueroa carece de legitimaci\u00f3n para promover el amparo; adem\u00e1s, la protecci\u00f3n reclamada por Cristian V\u00e1squez fue promovida prematuramente, am\u00e9n que no se evidencia lesi\u00f3n alguna de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
A pesar de la informalidad que se impone en este tipo de tr\u00e1mite preferente y sumario, el legislador ha establecido unas directrices encaminadas a identificar a los sujetos que se hallan facultados para incoarlo, ello, en aras de velar por su adecuado y efectivo empleo. As\u00ed, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 consagr\u00f3: <\/p>\n
LEGITIMIDAD E INTER\u00c9S. La acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1 ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. (Resaltado propio) <\/p>\n
Tal es la trascendencia del asunto que esta Corte ha sentado sobre el particular que: <\/p>\n
(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [canon] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026)\u201d STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02, reiterada en STC2657-2021 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, revisado el escrito de tutela se observa que Gustavo Figueroa manifest\u00f3 obrar en este asunto en calidad de apoderado de Cristian V\u00e1squez, con el fin de censurar las actuaciones jurisdiccionales que dentro del proceso penal en comento se han adelantado; sin embargo, es evidente la improcedencia del resguardo porque el mencionado accionante no ostenta la titularidad de las prerrogativas fundamentales que invoca. <\/p>\n
En efecto, los derechos que eventualmente puedan resultar lesionados con ocasi\u00f3n del pleito que se somete a revisi\u00f3n, pertenecen a quienes all\u00ed detentan la calidad de partes y no a sus mandatarios judiciales, quienes de ninguna manera act\u00faan ante la jurisdicci\u00f3n en defensa de atributos propios, sino en ejercicio de la postulaci\u00f3n que les asiste. De all\u00ed que, para el caso concreto, no se evidencie circunstancia alguna que permita colegir la lesi\u00f3n a los derechos del impulsor. <\/p>\n
De otro lado, en lo que respecta a la protecci\u00f3n reclamada por Cristian V\u00e1squez, se advierte que la acci\u00f3n de tutela fue promovida prematuramente, toda vez que para la fecha de su radicaci\u00f3n (9 septiembre 2022) se encontraba en curso el recurso de reposici\u00f3n que promovi\u00f3 contra el prove\u00eddo por medio del cual fue declarado desierto el recurso de casaci\u00f3n, medio de impugnaci\u00f3n en el cual se expuso la queja referente a la falta de acceso al expediente. Ahora, aunque dicha defensa fue resuelta mediante auto calendado el 26 de septiembre de 2022, all\u00ed qued\u00f3 demostrado que el enlace de acceso al expediente fue remitido, a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, por el Juzgado de primera instancia y su recepci\u00f3n fue confirmada por el apoderado del condenado. <\/p>\n
Por lo expuesto, se convalidar\u00e1 la decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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