STC394-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2022-02551-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Luisa Marina Guti\u00e9rrez Villamil contra los Juzgados Setenta y Uno Civil Municipal y Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esta ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a los Juzgados Diecisiete y Cuarenta y Tres Civil del Circuito y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, la Oficina de Catastro Distrital, el Instituto Agust\u00edn Codazzi y a las partes e intervinientes de los procesos 2009-00238 y 2014-00613. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, petici\u00f3n, vivienda digna, la propiedad privada, buena fe y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados en el juicio de pertenencia de radicado 2014-00613. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que la actora y Carlos Ernesto Losada Morantes promovieron un proceso de pertenencia (rad. 2009-00238), para obtener la declaratoria de prescripci\u00f3n adquisitiva del inmueble identificado con el FMI 50C-1490736 de Bogot\u00e1, el cual afirmaron poseer por m\u00e1s de 17 a\u00f1os, en virtud a contrato de promesa de compraventa suscrito con el demandado William Fernando Villanueva Ruiz, asunto en el que el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 29 de junio de 2012, dado que el material probatorio no logr\u00f3 demostrar la intervenci\u00f3n del t\u00edtulo, al no evidenciar \u00abel \u00e1nimo de se\u00f1ores y due\u00f1os que dicen tener los actores y menos durante el tiempo que ordena el compendio legal\u00bb. <\/p>\n
2.1. Posteriormente, los mismos demandantes instauraron otro proceso con id\u00e9nticas pretensiones contra William Fernando Villanueva Ruiz y Deisy Olivia Torres Leguizamo (rad. 2014-00613), en el que el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 sus s\u00faplicas, providencia que fue ratificada por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 24 de junio de 20221. <\/p>\n
3. La tutelante argumenta que en los fallos proferidos en el proceso 2014-00613 no se realiz\u00f3 una correcta valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas ni se apreci\u00f3, como correspond\u00eda, la inspecci\u00f3n judicial practicada ni los elementos trasladados del juicio de pertenencia promovido con anterioridad (2009-00238), que demostraban la posesi\u00f3n del bien en disputa por m\u00e1s de 17 a\u00f1os, planteamiento que no fue controvertido por los accionados oportunamente. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que: i) no se tuvo en cuenta lo ordenado en una tutela previa (rad. 2018-00364), que exhort\u00f3 al Juzgado de conocimiento a \u00abcambiar la competencia por vencimiento de los t\u00e9rminos procesales\u00bb; ii) que es injusto que despu\u00e9s de dos procesos de (2009-238 y 2014-613) se concluya que no cumplen con los requisitos de la pertenencia; y iii) que sobre la excepci\u00f3n de cosa juzgada se hab\u00eda advertido que ser\u00eda objeto de an\u00e1lisis en la sentencia, pero se omiti\u00f3 tal pronunciamiento. <\/p>\n
Sostiene que vive de la m\u00fasica y no tiene recursos suficientes para para sostener a su familia, por lo que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta y se considera un sujeto de especial protecci\u00f3n. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3 que se revoquen o modifiquen los fallos proferidos en el proceso de radicado 2014-00613. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 advirti\u00f3 que la accionante pretende utilizar la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional, lo cual es inviable. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 (transitoriamente 53 de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple) afirm\u00f3 que la sentencia emitida estaba acorde con el material probatorio recaudado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Quien adujo ser el apoderado de William Fernando Villanueva Ruiz solicit\u00f3 denegar el amparo invocado, por cuestionar una sentencia judicial ejecutoriada. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
5. El Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dio cuenta de la sentencia proferida el 27 de julio de 2018 en la tutela 2018-00364, que neg\u00f3 el amparo deprecado y exhort\u00f3 al Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 para que examinara los t\u00e9rminos del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. Precis\u00f3 que la tutela no se enfilaba contra ese Despacho. <\/p>\n
<\/p>\n
6. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital afirm\u00f3 que la accionante no figuraba como propietaria ni poseedora de alg\u00fan predio inscrito y que no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
7. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi pidieron su desvinculaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo invocado, en raz\u00f3n a que frente a la sentencia emitida el 28 de junio de 2012 en el proceso 2009-00238 no se cumpl\u00eda con el requisito de inmediatez y porque el fallo proferido el 24 de junio de 2022 en el juicio 2014-00613 era razonable y contaba con suficiente sustento normativo, jurisprudencial, f\u00e1ctico y probatorio. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien insisti\u00f3 en los argumentos expuestos en su escrito inicial. Afirm\u00f3 que las pruebas allegadas daban cuenta de que, el 23 de marzo de 2005, el demandado entreg\u00f3 la posesi\u00f3n del inmueble a los demandantes, conforme lo acordado en la promesa de venta, aspecto que no fue analizado, como tampoco lo fue la denuncia penal que curs\u00f3 por la \u00abventa del inmueble realizada entre los demandados y la cual se demostr\u00f3 que era falsa ante el JUZGADO 55 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA y JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considerada vulnerados con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 24 de junio de 2022 por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, pues, en su criterio, se incurri\u00f3 en varios defectos y no se realiz\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. En efecto, en la mencionada sentencia que clausur\u00f3 el asunto, el Juzgado ad quem confirm\u00f3 el fallo que desestim\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda, para lo cual precis\u00f3 que el requisito esencial para demostrar la posesi\u00f3n es el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o (aspecto subjetivo), cuya definici\u00f3n complement\u00f3 citando la sentencia CSJ SC10294 de 2014 de esta Corte, concluyendo que la prueba de ese presupuesto \u00abes la que determina la prosperidad de las pretensiones en el proceso de pertenencia, a fin de que quien ha detentado el bien por el tiempo requerido por la ley, se le declare como titular del dominio\u00bb. <\/p>\n
2.1. Al respecto y frente a la prueba testimonial, precis\u00f3 que los testigos de Ra\u00fal Reyes Plata, Martha Isabel Am\u00e9zquita Rodr\u00edguez y Miriam Lucero Vargas, si bien expresaron que los demandantes eran los propietarios del inmueble, tambi\u00e9n \u00abmanifestaron no tener conocimiento que ellos pagaran los impuestos y dem\u00e1s erogaciones que genera el bien o que conozcan de manera directa quienes fueron los que plantaron las mejoras\u00bb e indicaron que lo afirmado fue conocido en forma indirecta, es decir, eran testigos \u00abde o\u00eddas\u00bb, raz\u00f3n por la cual sus declaraciones no resultaban suficientes para lograr la prosperidad de las pretensiones, pues tampoco encontraban apoyo en otros medios probatorios, \u00abya que ni siquiera se allegaron facturas, contratos de obra o de construcci\u00f3n para mejoras de la casa\u00bb. <\/p>\n
2.2. De otro lado, el Juzgado destac\u00f3 que el demandante Carlos Ernesto Losada Morantes, en su interrogatorio, indic\u00f3 que los impuestos y cuotas de administraci\u00f3n fueron pagados parcialmente por los accionados cuando firmaron la promesa \u00aby otros por el demandado cuando realiz\u00f3 el negocio de venta del bien en el a\u00f1o 2013 con Deisy Oliva Torres Leguizamo (\u2026), al considerar que deb\u00eda hacerlos por estar en pleito y al figurar como \u201cdue\u00f1o\u201d\u00bb, adem\u00e1s, asever\u00f3 que \u00abWilliam se consideraba propietario [y] ten\u00eda que haber pagado la administraci\u00f3n\u00bb y que no recordaba las fechas de los pagos que aduc\u00eda haber cancelado. <\/p>\n
2.3. Resalt\u00f3, igualmente, que la testigo Miriam Gonz\u00e1lez Ortiz inform\u00f3 que el apartamento en disputa ten\u00eda deuda por m\u00e1s de seis millones de pesos, por la cual estaba en curso un cobro coactivo contra el accionado, William Villanueva, dejando entrever \u00abel reconocimiento de derechos a favor del demandado, esto es, admitieron de esta manera dominio sobre dicho bien en cabeza de \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
2.4. En relaci\u00f3n con la inspecci\u00f3n judicial practicada, citando la sentencia CSJ SC10189 de 2016, consider\u00f3 que su prop\u00f3sito era \u00abel \u201cexamen ocular, es determinar la situaci\u00f3n f\u00edsica del inmueble para la fecha en que el funcionario de conocimiento se traslada a \u00e9l\u201d\u00bb por lo que resultaba insuficiente y \u00abexiguo a efectos de acreditar los actos posesorios ejercidos por espacio de varios a\u00f1os, como resultaba forzoso en el sub judice si se pretend\u00eda obtener una decisi\u00f3n estimatoria de la pretensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. Finalmente, el Juzgado de conocimiento advirti\u00f3 que no se demostr\u00f3 la intervenci\u00f3n del t\u00edtulo a cabalidad, pues no se acredit\u00f3 el momento preciso en el que abandonaron la condici\u00f3n precaria de tenedores para autodenominarse propietarios, pues, incluso, en el 2013 cuando el demandado vendi\u00f3 el inmueble a Deisy Oliva Torres, los actores reconocieron a este como due\u00f1o, al indicar que el pago de impuestos y cuotas de administraci\u00f3n era su obligaci\u00f3n en calidad de propietario. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, al margen de que sea o no compartida, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n motivada de la normatividad que gobierna el asunto y de las probanzas valoradas, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Tal evaluaci\u00f3n razonada, contrario a lo afirmado por la tutelante, se soport\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de los testimonios, el interrogatorio de uno de los accionantes, los documentos e inspecci\u00f3n judicial obrantes en el proceso, lo cual condujo a que el operador judicial descartara la procedencia de la pertenencia alegada, pues las probanzas no evidenciaban que los demandantes ejercieran el anim\u00f3 de se\u00f1or y due\u00f1o frente al inmueble pretendido, aunado a que algunos elementos de juicio indicaban que el titular del derecho realiz\u00f3 actuaciones en esa condici\u00f3n, que fueron reconocidas y aceptadas por los actores, de manera que no estando suficientemente acreditado ese presupuesto inviable era estudiar los dem\u00e1s. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01, precis\u00f3 que el juez de tutela no es el llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
3.2. Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues <\/p>\n
(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…). (CSJ STC 25 ene. de 2012, rad. 2011-02659-00 reiterado en CSJ STC7213-2020). <\/p>\n
En este caso, como se indic\u00f3, se analizaron las probanzas allegadas, bajo criterios de sana cr\u00edtica, sin que pueda el juez de tutela invalidar las apreciaciones a las cuales arrib\u00f3 el juez natural ni imponer su propio criterio. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo proferido por el a quo constitucional, en cuanto neg\u00f3 el amparo invocado, pero por las razones esbozadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Por auto del 9 de noviembre de 2022 se rechaz\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado por la demandante, porque el fallo de segunda instancia no fue emitido por un Tribunal. <\/p>\n
<\/p>\n
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