STC396-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC396-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2022-00235-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Antioquia el 5 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Linda Tamayo Silva contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de R ionegro, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2015-00414. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que considera quebrantado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del asunto refiri\u00f3, que Virgelina Henao Gonz\u00e1lez demand\u00f3 ejecutivamente a Juan de la Cruz Tamayo Arias ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro, Antq. (2015-00414), libr\u00e1ndose la respectiva orden de pago el 4 de noviembre de 2015. <\/p>\n
Refiere que ante el fallecimiento del deudor el 19 de diciembre de esa anualidad, junto con Andr\u00e9s Felipe Tamayo Isaza registraron la sucesi\u00f3n del causante en calidad de herederos. <\/p>\n
Aduce que luego de la nulidad decretada por el superior, acudi\u00f3 al coercitivo formulando medios exceptivos; que como en el transcurrir del proceso el otro heredero Andr\u00e9s Felipe Tamayo Isaza fue admitido por la Superintendencia de Sociedades \u00abcomo controlante de la empresa Comunidad Terap\u00e9utica San Bartolom\u00e9 S.A.S, (\u2026) en proceso de reorganizaci\u00f3n mediante auto N\u00b0 610-002311 del 12 de octubre de 2021\u00bb, esto es, en tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n de emergencia, se solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n y el levantamiento de las medidas cautelares, lo que fue negado en auto del 18 de agosto de 2022, decisi\u00f3n que fue cuestionada sin \u00e9xito a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios por ambos herederos, pues mediante prove\u00eddo del 16 de noviembre de la misma anualidad fueron rechazados. <\/p>\n
Se\u00f1ala que aunque el 20 de octubre de 2022 la Supersociedades solicit\u00f3 la remisi\u00f3n de las diligencias a esa entidad, el juzgado no ha acatado dicha disposici\u00f3n y neg\u00f3 la nulidad invocada, quebrantando as\u00ed sus garant\u00edas esenciales, pues, \u00abEs claro que el se\u00f1or ANDRES FELIPE TAMAYO reconoci\u00f3 la deuda de la se\u00f1ora VIRGELINA HENAO ante la Superintendencia de Sociedades en su proceso de Reorganizaci\u00f3n y la se\u00f1ora Virgelina se hizo parte de dicho proceso (\u2026) Siendo as\u00ed, no puede pretender la apoderada de la se\u00f1ora VIRGELINA que se siga la ejecuci\u00f3n [en su contra], ya que no pueden pretender el pago doble de la acreencia\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, que se ordene a la autoridad judicial convocada \u00abtraslad[ar] el expediente a la superintendencia de sociedades por competencia privativa\u00bb, y, \u00abdar aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 121 del c\u00f3digo General del Proceso debido a que ha pasado m\u00e1s de un a\u00f1o desde que se dict\u00f3 el mandamiento de pago sin proferir sentencia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Primera Civil del Circuito de Rionegro solicit\u00f3 denegar el resguardo por incumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que al no haberse recurrido las decisiones criticadas, ello \u00abimpide que la acci\u00f3n constitucional emerja en reemplazo de los mecanismos ordinarios que le legislador tiene previstos\u00bb. <\/p>\n
2. El vinculado Andr\u00e9s Felipe Tamayo Isaza puso de presente, que \u00abse encuentra totalmente de acuerdo con las razones que motivan la acci\u00f3n constitucional y en atenci\u00f3n a que la providencia objeto de reproche resuelve varias solicitudes, es menester puntualizar los aspectos precisos con los que no se encuentra el suscrito\u00bb, teniendo en cuenta la \u00abCOSA JUZGADA DENTRO DEL TR\u00c1MITE DE REORGANIZACI\u00d3N EMPRESARIAL DEL DECRETO 560 DE 2020\u00bb, el \u00abPRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACI\u00d3N\u00bb y la \u00abFALTA DE SUSTENTO JUR\u00cdDICO DE LA DECISI\u00d3N DE NO REMITIR EL PROCESO A LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES\u00bb. <\/p>\n
4. El Jefe de la oficina asesora jur\u00eddica de la Superintendencia de Notariado y registro, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de las presentes diligencias por falta de legitimaci\u00f3n, comoquiera que los hechos mencionados en la tutela \u00abno guardan relaci\u00f3n con las competencias de [esa entidad], toda vez que no existe ning\u00fan soporte de alg\u00fan tr\u00e1mite adelantado frente a esta o laguna Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del pa\u00eds donde nos encontremos abstray\u00e9ndonos de ejecutar alguna de las funciones que nos concierne\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
La colegiatura a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por incumplirse con el presupuesto de subsidiariedad, habida cuenta que lo pretendido por la gestora es \u00ablograr a trav\u00e9s de una acci\u00f3n de resguardo, como la presente, el adelantamiento de un tr\u00e1mite propio y exclusivo del juez natural o remediar la incuria en la que incurri\u00f3 al dejar trascurrir el t\u00e9rmino de ley sin formular los mecanismos judiciales con los que contaba para controvertir la negativa del fallador de acceder a su pretensi\u00f3n de terminaci\u00f3n del proceso y levantamiento de medidas cautelares en raz\u00f3n del tr\u00e1mite de insolvencia que cursa ante la Superintendencia de Sociedades. Adicionalmente, y en lo relativo a la negativa de la solicitud de nulidad pretendida por la actora, \u00ablo cierto es que tampoco se cumplir\u00eda con el [mentado] requisito (\u2026) de la acci\u00f3n frente a dicho t\u00f3pico, en tanto la decisi\u00f3n del recurso pende por ser resuelta\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La querellante disinti\u00f3 de la determinaci\u00f3n insistiendo en sus argumentos iniciales, y se\u00f1alando que \u00abSi miramos detenidamente el historial del proceso y las fechas en las cuales se ha dado cada actuaci\u00f3n, vemos como el despacho accionado es lento, paquid\u00e9rmico, donde varias veces la apoderada de la demandante le ha dicho, manifestado al despacho que le de (sic) impulso procesal al expediente, pareciera ser que ese expediente no le interesara, no le presentara ning\u00fan redito dentro de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada lesion\u00f3, dentro del recaudo adelantado por Virgelina Henao Gonz\u00e1lez contra Juan de la Cruz Tamayo Arias -donde la accionante funge como sucesora procesal del deudor- (n\u00ba 2015-00414), la garant\u00eda esencial al debido proceso, (i) al desestimar la terminaci\u00f3n del litigio y el levantamiento de las medidas cautelares; (ii) no dar aplicaci\u00f3n a la sanci\u00f3n prevista en el art. 121 del C\u00f3digo General del Proceso; (iii) denegar la nulidad alegada por indebida representaci\u00f3n; y (iv) no remitir el expediente a la Superintendencia de Sociedades para que forme parte del tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n empresarial de Andr\u00e9s Felipe Tamayo Isaza. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
3.1. De la incuria respecto a la decisi\u00f3n de no atender la solicitud de terminaci\u00f3n del cobro <\/p>\n
En consecuencia, la prenotada omisi\u00f3n en el uso correcto de los mecanismos de defensa que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para presentar sus argumentos releva a esta particular justicia de ahondar en las dem\u00e1s tem\u00e1ticas expuestas por la recurrente, pues, se itera, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente del interesado, en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
3.2. Existencia de otro medio de defensa frente a la aplicaci\u00f3n del art. 121 del C\u00f3digo General del proceso <\/p>\n
Aunque la acci\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 encaminada a censurar la declaratoria de p\u00e9rdida de competencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro, Antq., por haber transcurri\u00f3 m\u00e1s de un (1) a\u00f1o desde que se libr\u00f3 la orden de pago reclamada, la accionante no acredit\u00f3 que antes de acudir a la tutela, se haya dirigido a la autoridad competente para poner de presente su reproche. <\/p>\n
Lo anterior, porque en raz\u00f3n a su naturaleza subsidiaria y residual, al auxilio solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los dem\u00e1s medios que se hallan a disposici\u00f3n del interesado, ya que de otra manera se convertir\u00eda en uno adicional para revivir las oportunidades clausuradas o para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como la que aqu\u00ed se discute. <\/p>\n
Al respecto cabe recordar que el juez constitucional no puede arrogarse facultades que le corresponde decidir al de conocimiento, pues la tutela no se estableci\u00f3 \u00abpara sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales [y que] mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada en STC16113-2022, 1\u00b0 dic. 2022, rad. 02333-01, entre otras). <\/p>\n
3.3. Acci\u00f3n prematura frente a la nulidad denegada <\/p>\n
As\u00ed mismo, al encontrarse dirigida la tutela tambi\u00e9n contra la decisi\u00f3n del 16 de noviembre de 2022, de \u00abRECHAZA[R] de plano la solicitud de nulidad interpuesta\u00bb, frente a la cual la aqu\u00ed interesada interpuso \u00abrecurso de reconsideraci\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n\u00bb, el cual est\u00e1 pendiente de ser desatado, no se cumple el presupuesto gen\u00e9rico de la subsidiariedad en la modalidad de prematura. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada en STC12818-2021, 29 sep. 2021, rad. 01824-01, entre otras). Se subraya. <\/p>\n
3.4. Inexistencia de vulneraci\u00f3n en cuanto a la no remisi\u00f3n del expediente a la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
Finalmente, aunque la aqu\u00ed interesada tambi\u00e9n se duele de la no remisi\u00f3n del expediente a la Supersociedades para que haga parte del \u00abTr\u00e1mite de Negociaci\u00f3n de Emergencia en un Acuerdo de Reorganizaci\u00f3n\u00bb seguido por Andr\u00e9s Felipe Tamayo Isaza, est\u00e1 demostrado dentro del plenario que, antes de presentarse el amparo1, por del auto dictado el 16 de noviembre pasado el juzgado querellado orden\u00f3 \u00abOficiar a la Superintendencia comunicando la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso conforme al auto del 18 de agosto de 2022, inform\u00e1ndole que el embargo que aqu\u00ed obra, no lo fue sobre los bienes del se\u00f1or ANDRES FELIPE, sino del causante a quien sucedi\u00f3 procesalmente, por lo que no se levantar\u00e1n las mismas para la insolvencia\u00bb. <\/p>\n
En este orden, la controversia que plante\u00f3 sobre la citada situaci\u00f3n resulta infundada, si se tiene en cuenta que el juez cognoscente de la ejecuci\u00f3n ya le inform\u00f3 a la Superintendencia acerca de la imposibilidad de remitir el asunto coercitivo, de donde se desprende que, ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n el querellado ha amenazado y, menos quebrantado, los intereses superiores de la gestora, lo que conlleva la inexistencia de yerro procesal, sustantivo o de otra \u00edndole que pueda habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional frente a esa tem\u00e1tica. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data la Corte Constitucional ha sostenido que seg\u00fan el canon 86 de la Constituci\u00f3n y los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, \u00absin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u00bb (SU-975\/03), por tanto, al no poderse endilgar conducta transgresora al accionado, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que \u00abpara que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan\u00bb (CC T-883\/08). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La acci\u00f3n de amparo incumple con el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que (i) no se encuentra instituida para revivir herramientas procesales desperdiciadas por el descuido de la parte interesada; (ii) si no se han agotado todos los recursos que brinda el ordenamiento procesal, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez ordinario; y (iii) no es un mecanismo que permita de manera anticipada exigir al juez constitucional un pronunciamiento que le corresponde de manera exclusiva al funcionario competente. Adem\u00e1s, es inexistente el quebrantamiento alegado en relaci\u00f3n a la falta de remisi\u00f3n del ejecutivo a la Supersociedades. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 24 de noviembre de 2022 <\/p>\n
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