STC400-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC400-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-02082-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP- frente al fallo de 18 de octubre de 2022, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la recurrente contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial se esta ciudad, partes e intervinientes en el juicio n\u00b0 1100131050062017-00316-00 (Rad. Corte 87836). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La convocante solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia proferida por la Sala acusada (CSJ SL1446-2022, 26 abr.) y, en consecuencia, se le ordene \u00abdictar nueva sentencia ajustada a derecho (\u2026)\u00bb o, en subsidio, se suspenda transitoriamente. <\/p>\n
En sustento, adujo que Claudia Maritza Penagos Plazas present\u00f3 demanda en su contra y de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S. A. como vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n \u2013 PAR ISS, con el fin de obtener entre otras declaraciones, el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n pactada en la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo 2001-2004 suscrita entre el ISS y Sintraseguridadsocial. Correspondi\u00f3 el asunto al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de esta ciudad quien neg\u00f3 las pretensiones respecto del reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n convencional y, conden\u00f3 a Fiduagraria S.A. al pago de $75.841.097 por concepto de despido injusto (27 may. 2019), apel\u00f3 la convocante y el Tribunal modific\u00f3 el monto en $21.098.283.68 (4 jul. 2019), la demandante postul\u00f3 casaci\u00f3n y la Corte cas\u00f3 la sentencia del juez colegiado y concedi\u00f3 la prestaci\u00f3n extralegal a cargo de la accionante \u00aba partir del 1\u00ba de abril de 2015 y el equivalente de las mesadas generadas hasta la fecha del fallo\u00bb (CSJ SL1446-2022, 26 abr.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la magistratura acusada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho porque reconoci\u00f3 una prestaci\u00f3n \u00absin dar observancia al t\u00e9rmino de la vigencia de la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004 (\u2026)\u00bb, sin el lleno de los requisitos de edad y tiempo de prestaci\u00f3n de servicios, abuso del derecho y grave perjuicio al erario. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n accionada resisti\u00f3 los anhelos y defendi\u00f3 la legalidad de su prove\u00eddo. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales respaldo la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- El a quo desestim\u00f3 al hallar acreditada la razonabilidad del pronunciamiento objeto de censura. <\/p>\n
4.- Recurri\u00f3 la libelista y reiter\u00f3 las alegaciones planteadas en el escrito inaugural. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
En efecto, el mencionado precepto contempla la posibilidad de acudir eficazmente a esa v\u00eda para refutar eficazmente, entre otras, aquellas providencias en las que se comprometan \u00absumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Sobre el punto, dicho canon establece que: <\/p>\n
(\u2026) [l]as providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
En ese mismo sentido, agrega que: <\/p>\n
[l]a revisi\u00f3n se tramitar\u00e1 por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo y podr\u00e1 solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo c\u00f3digo\u00bb y ser\u00e1 viable en cualquiera de los siguientes supuestos: \u00aba) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb, y \u00abb) Cuando la cuant\u00eda del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convenci\u00f3n colectiva que le eran legalmente aplicables\u00bb. (Resaltado fuera de texto). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, queda en evidencia que excepcionalmente los denominados \u00abactos de ejecuci\u00f3n o cumplimiento de sentencias judiciales\u00bb, incluidas las de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Laboral, son pasibles de discusi\u00f3n a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que, en todo caso, deber\u00e1 ser impulsado dentro de los plazos que para tal efecto previ\u00f3 el legislador en la Ley 712 de 2001, por virtud de las causales establecidas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003. Cuyo criterio fue reiterado por esta Colegiatura en un caso de contornos muy similares (CSJ STC574-2020, STC4595-2022, STC7508-2022 entre otros). <\/p>\n
Bajo ese entendido, no procede la intromisi\u00f3n superlativa, pues, am\u00e9n de que la divergencia planteada no hizo parte del c\u00famulo de argumentos sobre los que se le dio atribuci\u00f3n a la Sala enjuiciada para resolver la casaci\u00f3n dirimida el 16 de julio de 2021, lo cierto es que los efectos de esta \u00faltima decisi\u00f3n s\u00ed pueden ser debatidos por la senda establecida en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 si lo que con ello se busca es defender el tesoro p\u00fablico, conforme lo refiri\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-835 de 2003, en la que se destac\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) [e]l art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 consagra una acci\u00f3n especial o sui g\u00e9nesis de revisi\u00f3n y ordena que se tramite por el procedimiento se\u00f1alado para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por el respectivo c\u00f3digo, esto es el procedimiento contencioso administrativo o laboral, o normas que los modifiquen y como quiera que se declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n en cualquier tiempo, mientras el legislador establece un nuevo plazo, se tendr\u00e1 como tal el que el legislador contempla actualmente para el recurso extraordinario de revisi\u00f3n ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, seg\u00fan sea el \u00f3rgano competente en cada caso.(Memorada entre otras en CSJ STC5016-2022, 27 abr.) <\/p>\n
Igualmente importa recordar que tal medio de control es el id\u00f3neo y eficaz para confrontar los puntos que fueron aducidos por la inconforme en este sendero residual, sin perder de vista que, conforme lo reliev\u00f3 el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional, dicho dispositivo debe ser ejercitado dentro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 32 de la Ley 712 de 2001. <\/p>\n
Precisamente, en un caso que guarda cierta similitud con el de ahora, esta Sala sent\u00f3 que: <\/p>\n
[n]o obstante, y en caso de aceptarse el reparo frente a la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la regla 20 de la Ley 797 de 2003, consigna la posibilidad de intentarse la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para controvertir providencias judiciales en las cuales se comprometan \u201csumas peri\u00f3dicas a cargo del tesoro p\u00fablico o de fondos de naturaleza p\u00fablica. (CSJ. STC16105-2015, STC5016-2022 reiteradas en STC15966-2022). <\/p>\n
Con todo, no sobra decir que la UGPP est\u00e1 habilitada para instaurar la acci\u00f3n revisor\u00eda especial, porque dicha atribuci\u00f3n se la asign\u00f3 el art\u00edculo 6 del Decreto 575 del 22 de marzo de 2013, seg\u00fan el cual, corresponde a esa entidad \u00abadelantar o asumir cuando haya lugar, las acciones previstas en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen\u00bb. <\/p>\n
Basten estos breves razonamientos para convalidar la decisi\u00f3n confutada por ser evidente que la libelista no satisfizo la subsidiariedad como requisito general de procedibilidad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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