STC408-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC408-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-01264-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n1 interpuesta frente a la sentencia proferida el 1 de julio de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 el amparo reclamado por C\u00e9sar Juli\u00e1n Orozco S\u00e1nchez contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Mocoa y el Juzgado 2\u00b0 Promiscuo del Circuito de Puerto As\u00eds. Al tr\u00e1mite se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes del proceso penal de radicado 2016-00248. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y a la defensa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El actor indic\u00f3, que el 19 de agosto de 2015, la Fiscal\u00eda 100 Especializada de la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en su contra, por la desaparici\u00f3n forzada de dos ciudadanos colombianos, ocurrida en Puerto As\u00eds, decisi\u00f3n que fue confirmada el 14 de marzo de 2016 por la Unidad de Fiscal\u00edas Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. El Juzgado 2\u00ba Promiscuo del Circuito de Puerto As\u00eds, en auto del 28 de junio de 2016, orden\u00f3 correr el traslado del art\u00edculo 400 de la Ley 600 del 2000 hasta el 19 de julio de 2016. <\/p>\n
2.3. El 22 de julio de dicha anualidad, fue recibido en el Despacho un memorial de su apoderado, en el cual requer\u00eda la pr\u00e1ctica de unas pruebas, documento que fue presentado personalmente ante el Notario 8 del C\u00edrculo de Santiago de Cali el 19 de julio anterior, esto es, en el t\u00e9rmino otorgado, de manera que dicha solicitud no pod\u00eda ser descartada por extempor\u00e1nea, como se dispuso, en la audiencia del 28 de septiembre de 2020, decisi\u00f3n que, en su criterio, err\u00f3neamente fue confirmada por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Mocoa el 26 de noviembre de 2020. <\/p>\n
2.4. El tutelante reprocha las decisiones del 28 de septiembre y 26 de noviembre de 2020, porque considera que no se tuvo en cuenta que el escrito de pruebas fue presentado personalmente, ante Notario, en el t\u00e9rmino otorgado para el efecto, autoridad que \u00abda fe p\u00fablica de estos actos legales\u00bb, por lo que no pod\u00eda. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pretende que se invaliden las decisiones referidas y que se ordene fijar fecha para realizar nuevamente la audiencia preparatoria, a fin de estudiar y analizar la solicitud probatoria radicada por la defensa. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala \u00danica del Tribunal Superior de Mocoa pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo, por carecer del principio de la inmediatez y porque su decisi\u00f3n consult\u00f3 los c\u00e1nones legales y constitucionales aplicables al caso concreto, sin desconocer derecho alguno. <\/p>\n
2. La Secretar\u00eda del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto As\u00eds adujo que no vulneraron los derechos deprecados y que la decisi\u00f3n judicial se encuentra en firme, pues fue confirmada en segunda instancia. <\/p>\n
3. Quien dijo ser el apoderado del accionante apoy\u00f3 los argumentos de la tutela, entizando que el escrito de pruebas fue radicado en el t\u00e9rmino previsto por la norma aplicable. <\/p>\n
4. El Procurador 99 Judicial II Penal de Mocoa manifest\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela era improcedente, en la medida en que se trata de un proceso en curso al interior del cual las partes tienen la oportunidad de exigir el respeto de sus derechos fundamentales. De otro lado, afirm\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo invocado, al encontrar que las autoridades accionadas, al momento de resolver el asunto concreto, \u00abrealizaron una interpretaci\u00f3n razonable y ponderada de las normas jur\u00eddicas vigentes, sin que se observe imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela\u00bb. A su vez, advirti\u00f3 que, al tratarse de un proceso en curso, cualquier solicitud de protecci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario y, en su caso, tampoco podr\u00eda concederse la tutela como mecanismo transitorio, por no evidenciarse un perjuicio irremediable. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el gestor, a trav\u00e9s de su apoderado, argumentando que las autoridades judiciales s\u00ed vulneraron las garant\u00edas fundamentales reclamadas. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, el accionante alega la afectaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, con ocasi\u00f3n de las determinaciones proferidas por las autoridades accionadas el 28 de septiembre de 2020 y del 26 de noviembre de la misma anualidad. <\/p>\n
2. Al respecto, esta Sala advierte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, en tanto no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se emiti\u00f3 la \u00faltima de las providencias recriminadas -26 de noviembre de 2020 (notificada personalmente al procesado el 2 de diciembre de 20202)- y la fecha de presentaci\u00f3n del resguardo -21 de junio de 20213-, pues se super\u00f3 el plazo de 6 meses que se ha estimado razonable para acudir a esta senda extraordinaria, sin que se adviertan razones que justifiquen la tardanza. <\/p>\n
Al respecto, conviene destacar que, acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014). <\/p>\n
3. A lo anterior se suma que, como el proceso penal sigui\u00f3 su curso, la tutela es improcedente. Al respecto, ha manifestado la Corte que: <\/p>\n
En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, de entrada, se advierte la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, en la medida en que los reproches de los censores se enfilaron a derruir el decreto probatorio dispuesto por el ad-quem en el juicio penal seguido en su contra, porque, en su sentir, con ello se valid\u00f3 la inclusi\u00f3n de medios suasorios il\u00edcitos. <\/p>\n
\u2026la salvaguarda deviene improcedente por desatender el principio de subsidiariedad connatural a este medio excepcional de protecci\u00f3n, comoquiera que el proceso penal se halla en curso, ni siquiera se ha dictado sentencia de primer grado, la que de resultarles adversa ser\u00e1 susceptible de apelaci\u00f3n y, en caso de que eventualmente tampoco comportan la determinaci\u00f3n del ad-quem, podr\u00e1n acudir al recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego, muy a pesar de sus alegaciones, su reclamo se muestra presuroso, pues este no es el mecanismo id\u00f3neo para elucidar aspectos como los que aqu\u00ed plantean, ya que la ley penal ofrece a los sujetos procesales precisas herramientas de defensa judicial para que expongan ante el juez natural sus argumentaciones o inconformidades, sin que las mismas puedan ser soslayadas so pretexto de invocar vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, de donde configurada est\u00e1 la causal establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, referente a la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela \u2018[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u2019. (Se resalta) (CSJ STC2674-2020, reiterada en CSJ STC1550-2021 y en CSJ STC8612-2022)). <\/p>\n
En otra oportunidad, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3: <\/p>\n
\u2026se advierte que en el proceso se han decretado distintos medios de prueba, por ende, la inspecci\u00f3n judicial de la que se duele el actor no es el \u00fanico elemento de juicio allegado al tr\u00e1mite, de manera que no se evidencia una situaci\u00f3n que habilite, en forma extraordinaria, la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En este aspecto, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u2018Es entonces, por mandato normativo, otro el escenario en el que debe discutirse lo concerniente al medio de convicci\u00f3n dejado de decretarse[4], el que no obstante parecer de relevancia para la finalidad del juicio, no es el \u00fanico con tal vigor decretado en el mismo sentido, y que a la postre pudiera resultar inocuo para la decisi\u00f3n a emitirse, eventualidad \u00e9sta que deja al descubierto, adem\u00e1s, la falta de la urgencia e impostergabilidad requeridas para habilitar la intervenci\u00f3n en el asunto por parte del juez de tutela, pues de otro modo se estar\u00eda interfiriendo el marco de competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico vigente, y el amparo se convertir\u00eda en una herramienta paralela, lo que choca con los dictados de la doctrina constitucional\u2019 (CSJ STC1702-2020 del 19 de febrero de 2020, rad. 2019-02413-01). (Se resalta) (CSJ STC1550-2021, reiterada en CSJ STC8612-2022). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las razones aqu\u00ed esbozadas. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ver constancia secretarial (Archivo 0014 117681). El asunto fue remitido a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 7 de diciembre de 2022. <\/p>\n
2\u0002 Archivos 13NotificacionProcesado y 18ConstanciaSecretarialNotificacionyEjecutoria.pdf del expediente digital del proceso penal-cuaderno Tribunal. <\/p>\n
3\u0002 Archivo 003 117681 ActaReparto.pdf y revisi\u00f3n efectuada en el sistema de Registro de Consulta de Procesos. <\/p>\n
4\u0002 Relativo a una providencia que \u00abneg\u00f3 una prueba testimonial en el marco del proceso penal\u00bb CSJ STC1702-2020. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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