STC410-2023 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
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STC410-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2022-00252-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
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Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo dictado el 24 de noviembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la acci\u00f3n de tutela que Sergio Daniel Gaviria Ram\u00edrez le interpuso al Juzgado Sexto de Familia de esa ciudad, la Polic\u00eda Metropolitana de Manizales \u2013 CAI El Carmen Cuadrante 1, y el Juzgado Promiscuo Municipal de La Dorada, extensiva a los intervinientes en el proceso 2021-00342-00. <\/p>\n
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ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- El accionante protest\u00f3 porque el 5 de noviembre de 2022 la Polic\u00eda inmoviliz\u00f3 el veh\u00edculo de placa MVP 832, mientras rodaba por la ciudad de Manizales. Lo anterior, por \u00f3rdenes del Juzgado Promiscuo Municipal de La Dorada, quien fue comisionado por el Sexto de Familia de Manizales, a prop\u00f3sito del embargo y secuestro decretado en el ejecutivo que le promovi\u00f3 por alimentos Maryory Usma Casta\u00f1a, progenitora de su menor hija. <\/p>\n
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Adujo que la detenci\u00f3n del veh\u00edculo fue arbitraria, ya que el bien, que iba conducido por su hermana, fue perseguido cuando se encontraba cerca de la vivienda de su hija, y, adem\u00e1s, fue realizado en Manizales, cuando la orden de aprehensi\u00f3n fue dirigida a la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito y Transporte de La Dorada. <\/p>\n
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A\u00f1adi\u00f3 que inst\u00f3 la devoluci\u00f3n del automotor a la agencia comitente el 16 de noviembre de 2022, pero su ruego no fue resuelto de fondo en la providencia de la misma fecha, en la que, adem\u00e1s, de forma presurosa decret\u00f3 el secuestro del bien. <\/p>\n
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En consecuencia, pidi\u00f3 para la protecci\u00f3n de sus derechos de \u00abpetici\u00f3n\u00bb, locomoci\u00f3n, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abordenar al Juzgado Sexto de familia del Circuito y a la Polic\u00eda Nacional Metropolitana de Manizales, en cabeza de quien corresponda, realizar[le] la devoluci\u00f3n del veh\u00edculo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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2.- La Defensor\u00eda del Pueblo, Regional Caldas, coadyuv\u00f3 el amparo. El Juzgado Sexto de Familia de Manizales, la Procuradur\u00eda 15 Judicial II de Familia y la Defensor\u00eda de Familia defendieron la legalidad de la actuaci\u00f3n. El Juzgado Promiscuo Municipal de La Dorada indic\u00f3 que se limit\u00f3 a cumplir con la delegaci\u00f3n conferida por su superior. Finalmente, Maryory Usma Casta\u00f1a, impulsora del asunto objeto de queja constitucional, precis\u00f3 que el interesado contaba con otras herramientas para ventilar sus protestas. <\/p>\n
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4.- Recurri\u00f3 el actor, destacando que el a quo constitucional no tuvo en cuenta que uno de los puntos de la tutela fue la violaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por falta de respuesta a su reclamo, as\u00ed como que la Defensor\u00eda del Pueblo inst\u00f3 la concesi\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1.- El veredicto se ratificar\u00e1, toda vez que, contrario a lo alegado por el censor, el Juzgado respondi\u00f3 la solicitud presentada el 16 de noviembre de 2022 para que se realizara la devoluci\u00f3n del automotor. Y, por otro lado, la tutela es improcedente para determinar si las actuaciones denunciadas vulneran los derechos fundamentales de los actores, por no cumplirse el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
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Lo primero, porque como se evidencia del expediente, el servidor reprochado mediante prove\u00eddo de 16 de noviembre neg\u00f3 el reclamo del censor porque la aprehensi\u00f3n del veh\u00edculo era el fruto de una medida cautelar, sin que se cumplieran los supuestos previstos por el art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso para levantarla. As\u00ed, advirti\u00f3: \u00ab[d]e otro lado, la parte ejecutada solicita se realice la devoluci\u00f3n del veh\u00edculo, petici\u00f3n a la que no se accede por cuanto el art\u00edculo 597 del CGP establece las causales para el levantamiento de las cautelas que corresponden (\u2026)\u00bb. Y a continuaci\u00f3n, se refiri\u00f3 a las irregularidades alegadas frente a la diligencia de aprehensi\u00f3n, esbozando: <\/p>\n
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Frente al argumento que en el expediente digital del proceso 2021-342 no se encontraban las actuaciones ante el comisionado, el Juzgado responde que se trata de dos despachos judiciales independiente y solo hasta el pasado 9 de noviembre de 2022 se remiti\u00f3 [sic] las diligencias a esta c\u00e9dula, y para pronunciarse sobre ello, se cuenta con el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, plazo que no fue sobrepasado. <\/p>\n
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En cuanto a las dem\u00e1s manifestaciones sobre el actuar de la Polic\u00eda Nacional, se pone de presente que son ajenas al despacho, pero que en todo caso no se avizora irregularidad [consecutivo \u201c51OrdenaSecuestro2021342\u201d, enlace expediente 20210034200]. <\/p>\n
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Luego, no es cierto que el fallador reprochado no haya desatado de fondo la exigencia de devoluci\u00f3n del veh\u00edculo radicada el 16 de noviembre de 2022. <\/p>\n
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En cuanto a los hechos por los cuales el recurrente tilda de ilegal la aprehensi\u00f3n del automotor, y asimismo acude a este sendero para obtener su restituci\u00f3n, se afirma que el ruego es improcedente por falta del requisito de subsidiariedad, debido a que, seg\u00fan se evidencia del decurso controvertido, no recurri\u00f3 la citada determinaci\u00f3n, mediante la cual sus protestas al respecto fueron desatadas. <\/p>\n
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Mem\u00f3rese que, para acudir a esta herramienta, es necesario que el afectado haya agotado la totalidad de los mecanismos que ten\u00eda a su alcance para remediar la lesi\u00f3n invocada. Esto, porque dado su car\u00e1cter residual y excepcional, a este camino solo puede acudirse cuando el interesado carezca de otros instrumentos para defender sus prerrogativas o teni\u00e9ndolos no los hubiese desaprovechado. De suerte \u00ab(\u2026) no basta (..) que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto (\u2026)\u00bb (STC10652-2022, entre otras). <\/p>\n
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Entonces, si el impugnante no refut\u00f3 la negativa del Juzgado Sexto de Familia de Manizales a devolverle el veh\u00edculo, la intromisi\u00f3n constitucional es inadmisible. <\/p>\n
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2.- En suma, el fallo de tutela de primera instancia debe ser avalado porque el servidor de Manizales resolvi\u00f3 el requerimiento que echa de menos el quejoso, y la providencia a trav\u00e9s de la cual aquel fue dilucidado no fue impugnada por el interesado. <\/p>\n
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DECISI\u00d3N <\/p>\n
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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. <\/p>\n
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Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
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Presidente de Sala <\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
3 <\/p>\n
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