STC411-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC411-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02200-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de enero dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 1\u00ba de noviembre de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por James Fuentes Barrera contra el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga y la Sala Cuarta de decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor \u2013a trav\u00e9s de apoderada- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades cuestionadas en el proceso penal adelantado en su contra de radicado 08-638-31-89-002-2015-00327-001. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que el 13 de agosto de 2015, con ocasi\u00f3n a una orden de allanamiento y registro, fue capturado junto con otras personas por la Polic\u00eda Nacional. Luego, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sabanalarga -con funciones de garant\u00edas- legaliz\u00f3 la captura y realiz\u00f3 la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, donde se le acusaba por los delitos de da\u00f1o en los recursos naturales y explotaci\u00f3n il\u00edcita de yacimientos mineros y otros materiales. Sin embargo, el mencionado juez se abstuvo de imponer medida de aseguramiento. <\/p>\n
2.1. Surtidas algunas actuaciones propias del proceso, correspondi\u00f3 el asunto al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Sabanalarga, el cual, en m\u00faltiples oportunidades requiri\u00f3 a la Fiscal\u00eda a fin de que aportara los datos de notificaci\u00f3n del promotor. No obstante, estos estaban desactualizados. <\/p>\n
2.2. Ante la ausencia del accionante a las audiencias, el juez orden\u00f3 nombrar defensor p\u00fablico. Y, finalmente, el 27 de enero de 2020 profiri\u00f3 sentencia condenatoria en contra del actor y orden\u00f3 su respectiva captura. <\/p>\n
2.3. Apelada la decisi\u00f3n por la defensa, la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal de Barranquilla -con sentencia del 14 de febrero de 2020- confirm\u00f3 el fallo de primer grado. <\/p>\n
2.4. El promotor alega que los datos de notificaci\u00f3n aportados por la Fiscal\u00eda estaban desactualizados, por lo que no pudo ejercer su derecho de defensa en el proceso. Y que tuvo conocimiento de los fallos condenatorios -hasta el 29 de agosto de 2021- cuando fue capturado. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla solicit\u00f3 que se declare improcedente el amparo. Indic\u00f3 que el fallo que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n se profiri\u00f3 el 14 de febrero de 2020. Y que en el proceso no es posible afirmar que existe un error de car\u00e1cter procedimental pues, el actor \u00abS\u00cd conoc\u00eda de la causa penal adelantada en su contra, pues en audiencias preliminares decidi\u00f3 la NO aceptaci\u00f3n de cargos; y adem\u00e1s el procesado durante el juicio estuvo asistido por defensor contractual\u00bb3. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente el amparo. Advirti\u00f3 que no se cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto \u00abla decisi\u00f3n atacada data del 15 de febrero de 2020 y la radicaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela fue el 21 de octubre del a\u00f1o que avanza\u00bb. Asimismo, y en consideraci\u00f3n a lo referido por el actor sobre su falta de conocimiento del proceso, concluy\u00f3 que, de igual forma, \u00abdesde el 21 de agosto de 2021 al 21 de octubre de 2022, trascurrieron exactamente 14 meses, sin que el demandante o su apoderada ofrezcan una justificaci\u00f3n de la inactividad\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, manifest\u00f3 que no se evidencia la configuraci\u00f3n del defecto procedimental alegado, dado que la vinculaci\u00f3n del accionante al proceso \u00abse dio a trav\u00e9s de la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n celebrada el 14 de agosto de 2015 ante el Juzgado 2\u00ba Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Sabanalarga\u00bb, en la cual, se le puso en conocimiento su calidad de imputado, y donde el mismo promotor refiri\u00f3 como direcci\u00f3n de notificaciones la que posteriormente fue aportada por la Fiscal\u00eda4. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo. Insisti\u00f3 sobre los hechos presentados en el escrito inicial. Adem\u00e1s, con relaci\u00f3n al requisito de inmediatez, indic\u00f3 que solo tuvo conocimiento del proceso al momento de su captura -el 29 de agosto de 2021- \u00abmomento para el cual nos encontr\u00e1bamos en pandemia del covid19\u00bb. Y que para ese entonces \u00abno contaba con dinero para contratar un profesional del derecho\u00bb5. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine corresponde a la Corte establecer si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, con ocasi\u00f3n al presunto defecto procedimental -indebida notificaci\u00f3n del acusado- dentro del proceso penal adelantado en su contra de radicado 08-638-31-89-002-2015-00327-006. <\/p>\n
2. Sobre el particular, esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional deprecado. Y, por tanto, la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, del estudio del material probatorio7, se observa que el fallo que termin\u00f3 el proceso se profiri\u00f3 el 14 de febrero de 20208 y el amparo fue presentado el 21 de octubre de 2022. Del mismo modo, y a\u00fan si se tuviera en cuenta lo manifestado en la tutela, el actor indic\u00f3 haber tenido conocimiento de la decisi\u00f3n el 29 de agosto de 2021, en ambos escenarios transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses definidos como razonables por la jurisprudencia para acudir a la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
2.1. Sobre el particular, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. (\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante.9 <\/p>\n
2.2. Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad de los interesados para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras. Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb10. <\/p>\n
2.3. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes de este requisito. Ello pues, aunque el promotor adujo que tuvo conocimiento del proceso -hasta el 29 de agosto de 2021, fecha en que fue capturado-, dicho argumento no es justificante de la tardanza evidenciada, por cuanto el amparo fue solicitado hasta el 20 de octubre de 2022, es decir, m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s. <\/p>\n
3. Asimismo, se comparten los argumentos del a quo en lo referente a la inexistencia del defecto procedimental -indebida notificaci\u00f3n-. Esto pues, el actor fue vinculado al proceso en la audiencia de legalizaci\u00f3n de captura y formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n -el 14 de agosto de 2015- adelantada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sabanalarga, en la cual, aunque no se le impuso medida de aseguramiento, s\u00ed se le dio a conocer su calidad de imputado. <\/p>\n
Lo anterior, sumado a que en esa etapa procesal fue \u00e9l quien aport\u00f3 la direcci\u00f3n donde se realizaron las posteriores notificaciones, por lo que, si en el transcurso del proceso cambi\u00f3 de residencia, era su deber informar y averiguar sobre el estado del proceso. As\u00ed las cosas, al no hallarse ninguna conducta atribuible a las autoridades convocadas respecto de la cual pueda determinarse una amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, debe declararse la improcedencia del presente amparo. (T-013 de 2017). (CC T-130\/14; reiterada en T330\/2022. Citada por esta Sala, entre otras, en STC137-2021). <\/p>\n
4. En definitiva, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Con c\u00f3digo \u00fanico de investigaci\u00f3n 11001-60-00000-2015-01246-01. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c0004Demanda.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folio 4-6, archivo \u201c0011Memorial.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c0013Sentencia.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c0016Memorial.pdf\u201d y \u201c0021Memorial.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Con c\u00f3digo \u00fanico de investigaci\u00f3n 11001-60-00000-2015-01246-01. <\/p>\n
7\u0002 Folio 778, archivo \u201c0002Anexos.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Notificada en estrados y le\u00edda el 23 de junio de 2020. Folio 789, archivo \u201c0002Anexos.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 CSJ STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01. <\/p>\n
10\u0002 CC T-410\/2013 y T-206\/2014. <\/p>\n
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